Saúl Lucas Abreu Bautista

Expediente 292/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
292/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
11/11/2020

Partes del expediente

  • Saúl Lucas Abreu Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que el auto de diecisiete de marzo de dos mil veinte, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso el recurso que prevé el artículo 97, fracción I, inciso a, de la Ley de la Materia, en contra de dicho proveído. Por tanto, al ser un asunto totalmente concluido con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia se ordena el archivo del presente juicio de amparo; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    AVISO; se hace efectivo el aviso y se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de veinte de octubre del presente año, así como el diverso de diecisiete de marzo del año en curso, que son de la literalidad siguientes: "En Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se ordenó notificar personalmente al quejoso ***; sin embargo, a la presente data no se encuentra notificado. Por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso ***, el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Notifíquese personalmente al quejoso ***, el presente proveído, así como el diverso de diecisiete de marzo de dos mil veinte. Así lo proveyó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante, Teresa de Jesús Serrano Jiménez, secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe." "En Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de marzo de dos mil veinte. Se tiene por recibido el ocurso de demanda suscrito por ***por propio derecho. ANOTACIONES En consecuencia, se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el número 292/2020-III-A, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); asimismo, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, intégrese tanto el expediente impreso como el electrónico. PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si se toma como punto de partida de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia J/4, visible en la página 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.". Al respecto, es necesario precisar que del contenido de la demanda se advierte que el acto reclamado, consiste en: ? Los autos de cinco y diez de marzo de dos mil veinte, pronunciados en el juicio de controversia de violencia familiar 1620/2019, del índice del Juzgado Segundo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México; y, su ejecución. Ahora bien, este Juzgador Federal considera que, en el particular se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.).". Del dispositivo trascrito se infiere que los elementos con los cuales se integra la causa de improcedencia en cita, son los siguientes: a) El acto reclamado debe emanar de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de confirmación, modificación o revocación. d) Que el acto reclamado, no sea uno de los que prevé como prohibidos el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni privativo de la libertad como orden de aprehensión, reaprehensión, vinculación a proceso, arresto y que el medio de defensa no sea de interpretación adicional. En el caso, se colman los tres requisitos antes identificados, ya que, respecto al número uno, los actos reclamados fueron emitidos por una autoridad jurisdiccional, al tratarse del Juez Segundo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Asimismo, se cumple el número dos, en virtud de que los actos reclamados pueden ser revisados a través del recurso de revocación, de conformidad con los numerales 5.74, en relación con los diversos 1.362 a 1.365, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales establecen: "Artículo 5.74.- Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales.". "Artículo 1.362.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó.". "Artículo 1.363.- La revocación se interpondrá, expresando agravios, al día siguiente de notificado el recurrente.". "Artículo 1.364.- Interpuesta la revocación se dará vista a la parte contraria, por tres días y transcurridos, el Juez resolverá dentro del tercer día". "Artículo 1.365.- La resolución que decida la revocación no admite recurso.". De lo anterior se conoce, que con la revocación, una resolución pronunciada por alguna autoridad Judicial, puede ser revocada, modificada o confirmada. De ahí que, se actualiza el número tres, pues con dicha interposición, la parte quejosa puede obtener su modificación, revocación o confirmación. Por otra parte, este juzgador estima que no se actualiza ninguna de las excepciones al principio de definitividad contempladas en el numeral 61, fracción XVIII de la ley de la materia, pues la parte quejosa no reclama ninguno de los actos mencionados en el inciso a, b, c, y d, de dicho numeral. Asimismo, el principio de definitividad supone el agotamiento de todas las acciones o recursos que la ley que rige el acto reclamado prevea para impugnarlo, de tal suerte que, de existir alguna acción ordinaria de defensa que no sea agotada traerá como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo, salvo que se configure alguna excepción, como se ha visto. Este principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa de los derechos fundamentales de las personas, por lo que, previo a su promoción, deben agotarse todas aquellas instancias ordinarias de modificación, revocación o confirmación del acto reclamado legalmente establecidos. El reconocimiento constitucional del principio de definitividad responde también a la necesidad de evitar el abuso de la acción de amparo, pretendiendo el constituyente que su promoción y la consecuente activación del control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación, sólo acontezca cuando el acto de autoridad impugnado posea el carácter de definitivo según la ley que lo rija, destacando que dicho principio no opera de manera absoluta; por el contrario, admite excepciones constitucionales, legales y de la interpretación efectuada por los órganos legalmente facultados para hacerlo, como se dijo en los párrafos precedentes. Esta consideración encuentra sustento analógicamente, en lo conducente, en la jurisprudencia 18, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 27 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, actualización 2001, cuyo rubro es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA.". Así como por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia P./J. 11/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 8, Tomo I, junio de 2018, Décima Época, bajo el registro 2017117, de rubro: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN." Consecuentemente, contra los actos que por esta vía se reclaman, procede el recurso de revocación, pues los autos por los cuales se resolvió sobre las medidas de protección preventiva, fueron emitidos en relación con los ordinales 5.74 y 1.362 a 1.365, todos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de los cuales se advierte procede un medio de defensa regido por la ley de donde emanan los actos reclamados, por lo que al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio, con apoyo en el artículo 113 de la propia codificación legal. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones las listas, lo anterior hasta en tanto señale domicilio para tal efecto dentro de la residencia de este Órgano Jurisdiccional (municipio de Naucalpan de Juárez), y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las otras personas que refiere. No obstante lo anterior, dada la naturaleza del presente proveído, por única ocasión, notifíquese el presente auto en el domicilio que para tal efecto preciso en su escrito inicial, siendo el ubicado en calle ***. Por otra parte, se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Ortiz Lemus, y en términos de la parte final del segundo párrafo del numeral en cita a las otras personas que refiere; en virtud de no tener permiso temporal para ejercer la abogacía registrado en este Juzgado, como tampoco en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Y SECRETARIOS En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario o secretarios adscritos a este Juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Saúl Martínez Lira, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, ante, Alyn Aseret Guido Huerta, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se ordenó notificar personalmente al quejoso ; sin embargo, a la presente data no se encuentra notificado. Por tanto, se comisiona de nueva cuenta al actuario judicial de la adscripción para que notifique personalmente al quejoso , el proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte.

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