Saúl Lozano Calderón
Expediente 906/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Saúl Lozano Calderón
Actuaciones
- Principal
Agréguese el escrito de cuenta signado por la apoderada del quejoso, como lo solicita con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvase la prueba documental que exhibió en el presente juicio y déjese en su lugar copia certificada a su costa... Finalmente, se tiene como autorizado a la persona que indica para recibir los referidos documentos, previa identificación y razón de su entrega que se asiente en autos.
- Principal
De la certificación de cuenta se advierte que el quejoso no impugnó dentro del plazo legal el desechamiento de la demanda; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado... Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido... Ahora, con base en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que se desechó la demanda, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN... Finalmente, se advierte que se encuentran documentos de la parte quejosa; en consecuencia, se le requiere para que acuda a este juzgado dentro de un plazo de noventa días a recogerlos, apercibido que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente original.
- Principal
Con fundamento en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por *** en representación de su apoderado *** contra actos del director de Desarrollo Social del Municipio de San Felipe, Guanajuato, y otra autoridad. Tal como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, previo a admitir la demanda de amparo debe examinarse en su integridad, a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia . Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado: ? El corte de servicio de agua potable, en el domicilio del quejoso, ubicado en Comunidad de Rancho Nuevo del Salto, Municipio de San Felipe, Guanajuato. Bien, el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] De tal disposición se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve fuera del plazo que la ley de la materia prevé para tal efecto, caso en el cual se reputará consentido tácitamente el acto reclamado. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. De tales preceptos se advierte que el juicio de amparo debe promoverse en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente al en que: a) Haya surtido efecto, conforme a la ley que rige el acto, la notificación al quejoso de la resolución que reclame; b) En que el quejoso hubiere tenido conocimiento del acto reclamado; y c) Aquél se hubiere ostentado sabedor del acto reclamado o su ejecución. La anterior regla opera siempre que no se actualice alguno de los supuestos de excepción, a saber: Se reclame una norma general autoaplicativa o el procedimiento de extradición, pues el plazo para promover la demanda será de treinta días; Se controvierta la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, ya que dicho plazo será de ocho años; Los actos tengan como efecto o puedan privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, caso en el cual el plazo será de siete años; Cuando el acto implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; también, por la incorporación forzada a las Fuerzas Armadas Nacionales, supuesto en el que la demanda se podrá presentar en cualquier tiempo. En el caso, se materializa el supuesto precisado en el inciso b. Se considera de ese modo, pues la apoderada del quejoso señaló bajo protesta de decir verdad: ..ello fue motivo para que el presidente del comité del agua potable que aquí se señala como autoridad responsable, procediera al corte del servicio del agua potable en el domicilio de mi poderdante, habiendo realizado dicho corte en el mes de noviembre del año 2018, sin embargo, ante la imperiosa necesidad del líquido vital el cual es indispensable para la vida cotidiana, mi poderdante volvió a conectar nuevamente el servicio de agua potable en su domicilio el día 05 de noviembre de 2019, pero tiene temor porque Presidente del comité del agua potable de la comunidad vuelva a realizar el corte del servicio. De ahí que se advierta que el acto reclamado tuvo lugar desde el mes de noviembre de dos mil dieciocho, fecha en la que tuvo conocimiento del acto que reclama, tan es así que, dice, una vez que le fue cortado el suministro, volvió a conectar el servicio de agua potable. Por tanto, esa fecha se considera precisa para efectuar el cómputo del plazo de quince días aludido. Cierto, de acuerdo con la naturaleza de ese acto, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días porque no se ubica en alguno de los supuestos de excepción previstos en la Ley de Amparo. Sobre esa base, aun cuando no se advierta el día exacto en el cual tuvo conocimiento, lo cierto es que fue en el mes de noviembre de dos mil dieciocho; esto es, aun cuando hubiera sido el último día del citado mes, su demanda resulta extemporánea. Ello es así porque, si la demanda de amparo fue presentada hasta el doce de noviembre de dos mil diecinueve, tal y como se advierte del sello de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, como se desprende del escrito inicial (foja 2), es evidente que trascurrió un año tornándose su promoción extemporánea, por lo que debe considerarse consentido tácitamente el acto reclamado. Es aplicable la tesis (IV Región) 2o.7 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, publicada en la página 2926, Tomo IV, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO GENÉRICO DE 15 DÍAS PARA SU PRESENTACIÓN RESPETA EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, al establecer que la demanda deberá presentarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, respetan el derecho humano a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el plazo referido es razonablemente extenso para permitir a los gobernados preparar una adecuada impugnación de los actos de autoridad que consideren lesivos de su esfera jurídica; situación que resulta congruente con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente. En efecto, la fijación de dicho plazo no significa un obstáculo para el acceso a la jurisdicción constitucional, pues su extensión permite que desde la notificación del acto reclamado hasta la resolución del juicio de amparo en que se controvierta, sea pronta; además de que tal temporalidad es apta para que los particulares afectados estén en aptitud material de preparar su defensa, porque al referirse a días hábiles (numeral 19 de la citada ley) se traduce, aproximadamente, a tres semanas naturales, lapso en el cual el quejoso puede allegarse de las constancias necesarias para sustentar su pretensión, o bien, solicitar las que no estén a su disposición, así como efectuar las reflexiones sobre qué otros medios probatorios puede ofrecer y los estudios jurídicos necesarios para argumentar en favor de la inconstitucionalidad, inconvencionalidad o ilegalidad del acto de autoridad. Consiguientemente, la previsión en la Ley de Amparo de un plazo genérico de quince días para ejercer la acción constitucional, es congruente con el referido derecho a la tutela judicial efectiva y, por ende, con los principios de justicia pronta y expedita. Así, al materializarse la causa de inviabilidad en estudio, sin que pudieran llevar a convicción distinta los elementos que eventualmente se allegaran al sumario, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, primer párrafo y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo.
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