Saúl Jahir Escárrega González
Expediente 393/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Saúl Jahir Escárrega González
Actuaciones
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación y razón de cuenta que antecede, de la que aparece que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 393/2016. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de la Materia, se declara que el auto de cuatro de julio de dos mil dieciséis, que desechó la demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, en virtud de que la parte quejosa no interpuso recurso en contra del citado proveído. Háganse las anotaciones en el libro respectivo; y, en su oportunidad, archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, en virtud de haberse desechado la demanda de amparo, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. TRANSFERIR el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del citado Acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, cuatro de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito aclaratorio de demanda signado por Saul Jahir Escárrega González, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de seis de junio del año en curso, y señala que aún no lo han cesado de sus funciones como docente en la plaza en que le fue notificada la rescisión de la relación laboral, asimismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. En atención a lo anterior, agréguese a los autos el escrito de cuenta, y como lo solicita, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Ahora bien, y dado el sentido que habrá de sustentar la presente determinación, resulta pertinente señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.183/2005, publicada en el Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 778, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA."; ha sostenido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; criterio que permite considerar que su estudio incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan su entendimiento cuando es obscura o imprecisa y permiten al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso. Así pues, del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama de las autoridades responsables, lo siguiente: La omisión de llevar a cabo la notificación del documento o convocatoria a la práctica de evaluación de su desempeño como docente. La pretensión de cesarlo la plaza de docente que aduce, ocupa desde hace muchos años, en virtud de no haberse presentado a la evaluación señalada en la reforma a la Ley General del Servicio Profesional Docente; y, La pretensión de retener su salario, en caso de llevarse a cabo el cese que reclama. Sin embargo, de los anexos que acompañó a la misma, destaca, por su importancia al caso, el oficio 143.136/DGSA/183/2016, signado por el Director General de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con sede en Culiacán, Sinaloa, por el cual, le notifica al quejoso la rescisión de la relación laboral, así como la terminación de los efectos de su nombramiento en la categoría de maestro frente a grupo, con plaza 11301072503E028100.0251284, a partir del dos de mayo de dos mil dieciséis. En tales condiciones, efectuado el análisis del escrito de demanda y de sus anexos como un todo, es evidente que el acto final desplegado por las autoridades, y que afecta la esfera jurídica del quejoso lo es, precisamente, la rescisión de la relación laboral y la terminación de los efectos de su nombramiento en la categoría de maestro frente a grupo, contenida en el oficio antes referido, por ser una consecuencia del omisivo citado en el inciso a), en tanto que los precisados en los incisos b) y c), constituyen una consecuencia del aquí precisado. SE DESECHA DEMANDA. Así pues, de conformidad a lo previsto en el numeral 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; numeral cuyo tenor literal es el siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se obtiene que el juzgador debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y, de ser el caso, examinar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así pues, en el caso, este juzgado de Distrito advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, con relación a los diversos numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De dichos dispositivos, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que es el que en la especie no se estima que pueda recaer a los actos reclamados por el promovente del amparo. Para demostrar lo anterior, es preciso tener en cuenta diversas puntualizaciones que se vinculan necesariamente con tal premisa, como son las relativas a los conceptos de "autoridad responsable", "acto de autoridad" y a la clasificación teórica de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación; a partir de las cuales se entiende a plenitud la conformación de un acto de autoridad, y sus diferencias con los actos de particulares. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, ha sido interpretado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de máximo intérprete de la Constitución General de la República, tal como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, página 118, cuyo rubro y texto son los siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Al tomar en cuenta las consideraciones contenidas en el criterio invocado, es dable concluir que una autoridad para efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público otorgadas por la norma jurídica, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales, a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Dicho de otro modo, es autoridad aquella persona física o moral perteneciente a la federación, los estados o los municipios, que con facultades de facto o de jure, en uso del poder público de decisión o ejecución, o bien de ambas, de manera unilateral y obligatoria, crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas, de hecho o jurídicas, en perjuicio del gobernado; todo lo cual, válidamente, permite estimar, a su vez, que los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, son los siguientes: a) Que su emisor tenga características de órgano público. b) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. c) Que sea dictado unilateralmente afectando la esfera jurídica del gobernado. Así, como antes se precisó del análisis integral de la demanda de amparo se evidencia que el acto último llevado a cabo por las autoridades que el quejoso señala como responsables, lo es el oficio el oficio 143.136/DGSA/183/2016, signado por el Director General de Servicios Administrativos de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, con sede en Culiacán, Sinaloa, por el cual, le notifica al quejoso la rescisión de la relación laboral, así como la terminación de los efectos de su nombramiento en la categoría de maestro frente a grupo, con plaza 11301072503E028100.0251284, a partir del dos de mayo de dos mil dieciséis. Por tanto, es evidente que en el caso no se satisfacen los requisitos necesarios para tener, a las señaladas por el promovente, como autoridades responsables para efectos del juicio de amparo. Lo anterior, tomando en cuenta que la relación jurídica existente entre las partes, no corresponde a la de autoridad y gobernado (supra a subordinación), sino a una relación laboral entre patrón-trabajador, y cualquier hecho suscitado no genera que se transforme en una de supra a subordinación. Lo que se afirma, pues las autoridades señaladas como responsables al emitir y ejecutar los actos reclamados (rescisión de la relación laboral, así como la terminación de los efectos de su nombramiento en la categoría de maestro), actuó en el ámbito laboral que rige a la parte quejosa con sus superiores, por lo tanto, se sitúan en el mismo plano que los gobernados. Lo que es así, porque de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, se desprende que desde el año dos mil cuatro, mantiene una relación laboral con la Secretaría de Educación del Estado de Sinaloa, desempeñando el cargo de maestro, en la Escuela Primaria Federal "Netzahualcóyotl", ubicada en esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa, con nombramiento de base. Circunstancia que se corrobora con las pruebas documentales que acompaña a su escrito de demanda, las que tienen valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, y que hacen prueba plena de la relación laboral que existe entre el quejoso y las autoridades que señala como responsables. Luego, es evidente que la actuación impugnada no reviste el carácter de acto de autoridad, toda vez que la autoridad educativa al momento de emitirla, no se ubica en una posición de supra a subordinación con el quejoso, pues la rescisión de la relación de trabajo, es en base, precisamente a la relación de trabajo que lo une con dicha dependencia. Por ende, las decisiones que se adopten en las instituciones oficiales, que tengan vinculación con el desempeño de las labores de sus trabajadores, no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como hechos o actos derivados de la relación laboral, en donde la respectiva institución actúa como patrón frente a sus empleados. Así pues, si los actos reclamados provienen de un nexo de índole laboral, entonces carecen de las particularidades para ser calificados como actos de autoridad. Por lo que, es inconcuso que el acto reclamado por el promovente del amparo, queda comprendido dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta como patrón con su trabajador, por lo cual aquél quedó sometido a las prevenciones del derecho laboral, como cualquier particular, por ende, cualquier cuestión derivada con la terminación de trabajo, como en el presente caso, debe ventilarse ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Circunstancia que en el presente asunto se encuentra acreditado de manera manifiesta e indudable, pues de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se puede constatar que el quejoso intenta combatir a través del juicio de amparo, la omisión notificarle el documento o convocatoria a la práctica de evaluación de su desempeño como docente, lo trajo como consecuencia, la rescisión de la relación laboral, así como la terminación de los efectos de su nombramiento en la categoría de maestro, que le fue notificada mediante oficio 143.136/DGSA/183/2016, de veinticinco de abril de dos mil dieciséis, en términos del numeral 47 de la Ley Federal del Trabajo; lo cual se traduce en una terminación de la relación laboral. Al respecto, los artículos 46 y 47 de la Ley Federal del Trabajo disponen: Artículo 46. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad. Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón: I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeñe el trabajo; IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del perjuicio; VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y/o acoso sexual contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo; IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa; X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, sin permiso del patrón o sin causa justificada; XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado; XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda del periodo a que se refiere la fracción IV del artículo 43; y XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas en que se cometieron. El aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento mismo del despido o bien, comunicarlo a la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes, en cuyo caso deberá proporcionar el último domicilio que tenga registrado del trabajador a fin de que la autoridad se lo notifique en forma personal. La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. La falta de aviso al trabajador personalmente o por conducto de la Junta, por sí sola determinará la separación no justificada y, en consecuencia, la nulidad del despido." Por su parte, los artículos 52, 53, Octavo y Noveno transitorios de la Ley General del Servicio Profesional Docente prevén la posibilidad de que el personal que a la entrada en vigor de la nueva ley contara con nombramiento provisional o definitivo, sea separado del servicio en los siguientes casos: Tratándose de personal con NOMBRAMIENTO DEFINITIVO: Si no se sujeta a los procesos de evaluación o no se incorpora a los programas de regularización. Tratándose de personal con NOMBRAMIENTO PROVISIONAL: En caso de ser insuficientes los resultados en la primera y segunda evaluaciones, deberán sujetarse a los procedimientos de regularización, siendo que, si la tercera evaluación refleja un resultado insuficiente, procederá la separación del servicio sin responsabilidad alguna para la autoridad educativa. De igual manera, procederá la separación en caso de que no se sujeten a los procesos de evaluación, o bien se nieguen a incorporarse a los programas de regularización. Las resoluciones antes mencionadas, en tanto implican la separación del servicio, y no únicamente cuestiones relacionadas con la correcta aplicación del proceso de evaluación, generan la posibilidad de plantear un conflicto individual de trabajo ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral, pues así lo dispone expresamente el artículo 83 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, al señalar: "Artículo 83. Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta Ley con las Autoridades Educativas y Organismos Descentralizados se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta Ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta Ley podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral." De este modo, si algún docente estima que no se aplicó correctamente el proceso de evaluación, una vez se haya dictado la resolución definitiva, tiene a su alcance el juicio extraordinario -de ser procedente- o los medios ordinarios de defensa como es el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la Ley General del Servicio Profesional Docente, o bien el juicio en sede contenciosa administrativa, donde las violaciones procesales podrán ser combatidas conjuntamente con la separación del servicio, ya que ésta última solamente será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral, previsto en el artículo 83 de la citada ley. Esta conclusión, en cuanto a la separación de las impugnaciones en vía administrativa o laboral, resulta acorde con lo expuesto en la iniciativa que dio origen a la Ley General del Servicio Profesional Docente, de cuya exposición de motivos se transcribe, en la parte que interesa, lo siguiente: ".En el Capítulo de la resolución de controversias se establece la competencia del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y de los correspondientes en las entidades federativas para resolver los conflictos individuales de carácter laboral, en su caso, así como la competencia para resolver las controversias de carácter administrativo del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Todo lo anterior para hacer expeditos los derechos de quienes se consideren afectados por la aplicación de las normas derivadas de la ley que se propone.". De lo anterior resulta, que el juicio de amparo no es el medio idóneo para combatir los actos que aquí se reclaman, en virtud que el inconforme tiene a su alcance la vía procesal ordinaria, tramitable ante las autoridades de trabajo competentes, para hacer valer sus derechos, de acuerdo al vínculo existente entre ella y las autoridades que señala como responsables, revistiendo en tales circunstancias el carácter de actos meramente entre particulares. Sirve de apoyo a esta consideración la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Abril de 1996, página 347, que es de rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." De igual forma, es aplicable al caso, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Octubre de 1991, página 164, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO LABORAL, DESECHAMIENTO DE LA. CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS NO PROVIENEN DE UNA AUTORIDAD PROPIAMENTE DICHA. Las autoridades administrativas, representadas por sus funcionarios, al despedir a sus servidores públicos no actúan como tales, sino como patrones o sujetos de un contrato de trabajo; y por ende, las relaciones entre ellos no son de gobernante a gobernado, sino de carácter obrero- patronal, puesto que en los tratos que sostienen con sus empleados se conducen como personas de derecho privado. Por ello, si el quejoso considera que el despido de que fue objeto es ilegal, debe acudir al tribunal de arbitraje y agotar el procedimiento laboral que establece la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; pero si antes de hacerlo promueve amparo, éste resulta notoriamente improcedente porque los actos reclamados no provienen de una autoridad propiamente dicha, sino de una que actúa como particular (patrón), debiendo desecharse de plano la demanda de garantías en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable, por similitud jurídica, la tesis número VII.2o.A.T.10 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Febrero de 1999, página 487, del contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal." Finalmente, cabe citar la Jurisprudencia p./J.32/2015 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el veinticinco de Septiembre de dos mil quince, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, localizable a página 6 del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, en materia Constitucional, correspondiente a la Décima Época, con registro 2009988, que dice: "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA. Los artículos citados, al establecer los supuestos de cesación o readscripción de los docentes que hayan obtenido por tercera vez un resultado desfavorable en la evaluación, no vulneran su derecho de audiencia, toda vez que de la lectura integral de la Ley General del Servicio Profesional Docente se advierte que si algún docente estima que no se le aplicó correctamente el proceso de evaluación tiene a su alcance el recurso de revisión previsto en los artículos 80, 81 y 82 de la propia ley, o bien, el juicio en sede contenciosa administrativa, en el entendido de que si lo que impugna es la separación del servicio, ésta sólo será reclamable a través del juicio ante las autoridades jurisdiccionales en materia laboral." Por tanto, al considerarse que el acto reclamado no vulnera algún derecho sustantivo o fundamental de la parte quejosa, se estima que el juicio de amparo interpuesto en su contra, resulta improcedente, y bajo estas consideraciones, acorde a lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 112, 113 y fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO por su notoria improcedencia. Por otra parte, este órgano de control constitucional concluye que con lo determinado en el presente acuerdo, no se viola en perjuicio del quejoso alguno de los Derechos Humanos protegidos por la Constitución y los Tratados Internacionales en que México es parte, dado que los requisitos de procedencia del juicio de amparo no vulneran el derecho humano de acceso a la justicia, o bien el principio que caracteriza a los mismos, precisamente porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el sentido de que el derecho humano de acceso a la justicia también comprende dichas formalidades, previo al estudio del fondo. Ello, dado que las causas de improcedencia no configuran una denegación de justicia; pues no pueden calificarse de irracionales, porque su razonabilidad se justifica en el derecho fundamental a recibir justicia pronta y expedita, tutelada por el artículo 17 Constitucional, en la medida en que evita que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el citado derecho fundamental, debido a la demora en la solución de los conflictos. Asimismo, debe destacarse que la causa de improcedencia en análisis, no es de tal naturaleza que despoje al derecho de su esencia, ni tampoco es discriminatoria, pues no existe ninguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del gobernado de que se trate. Resulta aplicable a lo expuesto la jurisprudencia suscrita por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, localizable en la obra Jurisprudencia Interamericana Sobre Derechos Humanos, Criterios Esenciales, editado por la Dirección de Difusión de la Dirección General de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, primera edición, México 2011, del rubro y texto siguientes: "RECURSO EFECTIVO. FORMALIDADES PARA SU ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, PREVIAMENTE A ABORDAR EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. La Corte considera que en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre las cuales se encuentran también las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a las mismas. Por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad de los recursos internos, de carácter judicial o de cualquier otra índole. De tal manera, si bien esos recursos internos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado, así como eventualmente proveer la reparación adecuada, no cabría considerar que siempre y en cualquier caso los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que les es planteado, sin que importe la verificación de los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del particular recurso intentado (Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C No. 158)". Tal pronunciamiento también encuentra respaldo en la tesis XVI.1º.A.T2K (10ª.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, el libro IV, tomo 2, marzo de 2012, página 1167, que dispone lo siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74, DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Del examen de la compatibilidad de los artículos 73 y 74 de la Ley de Amparo con el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos no se advierte que el derecho interno desatienda los estándares que pretenden proteger los derechos humanos en dicho tratado, por regular causas de improcedencia y sobreseimiento que impiden abordar el estudio de fondo del asunto en el juicio de amparo, en virtud de que el propósito de condicionar el acceso a los tribunales para evitar un sobrecargo de casos sin mérito, es en sí legítimo, por lo que esa compatibilidad, en cuanto a los requisitos para la admisibilidad de los recursos dependerá, en principio, de los siguientes criterios: no pueden ser irracionales ni de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia, ni discriminatorios y, en el caso, la razonabilidad de esas causas se justifica por la viabilidad de que una eventual sentencia concesoria tenga un ámbito de protección concreto y no entre en conflicto con el orden jurídico, no son de tal naturaleza que despojen al derecho de su esencia ni tampoco son discriminatorias, pues no existe alguna condicionante para su aplicabilidad, en función de cuestiones personales o particulares del quejoso. Por tanto, las indicadas causas de improcedencia y sobreseimiento no son compatibles con el citado precepto 25.1, pues no impiden decidir sencilla, rápida y efectivamente sobre los derechos fundamentales reclamados como violados dentro del juicio de garantías." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Finalmente, agréguese en autos el oficio 3230/2016, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual remite debidamente diligenciada la comunicación oficial 297/2016 (exhorto 205/2016-III-A), derivada del presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, acúsese recibido de estilo, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE; personalmente al quejoso.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Se tiene recibido el oficio 3106/2016-I, firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual acusa recibo de la comunicación oficial 297/2016 (exhorto 205/2016-III-A), derivado del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, seis de junio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio sin número signado por la Gerente del Área de Servicios Jurídicos de la Delegación IV Sinaloa, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en Culiacán, mediante el cual, remite copia con firma autógrafa de los oficios de treinta de mayo del presente año, girados a Pensiones Banorte Generalli, Sociedad Anónima de Capital Variable, Grupo Financiero Banorte, y al Titular de la Jefatura de Prestaciones Económicas y Social del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa; lo anterior, a fin de acreditar los trámites realizados para efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, se tiene a la autoridad responsable en vías de cumplimiento de la sentencia de amparo. Notifíquese.
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