Saul Hernandez Mendieta
Expediente 983/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 47 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 983/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 47
- Última actuación
- 03/03/2023
Partes del expediente
- Saul Hernandez Mendieta
- Saul Hernandez Mendieta y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 47.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de marzo de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de las presentes actuaciones, se advierte que feneció el plazo concedido a la parte quejosa en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, para exhibir la publicación de los edictos ordenados a fin de emplazar a la tercera interesada víctima de identidad reservada L.S.M., sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia. En efecto, el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó (.)." El precepto transcrito estipula la causa de sobreseimiento relativa a la falta de entrega o exhibición por parte del quejoso, de la publicación de los edictos ordenada en el juicio de amparo, a efecto de realizar el emplazamiento de la parte tercero interesada. Lo anterior, pues el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de emplazar a los terceros interesados mediante edictos, de conformidad con las reglas previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y de no acreditarse la entrega de los mismos para su publicación, deberá sobreseerse el juicio constitucional. Ello es así, pues al no exhibir la publicación de los edictos ordenada para emplazar a juicio al tercero interesado impide cumplir con un presupuesto procesal, que se erige como formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por lo que se actualiza la causa de sobreseimiento en estudio. En efecto, el artículo 27 invocado, establece la obligación de la autoridad de amparo de dictar las medidas que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue el domicilio donde se pueda realizar el llamamiento a juicio de la aludida tercero interesada y si a pesar de la investigación se desconoce, impone a la parte quejosa la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos, en esta hipótesis, una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio de la tercero, ya sea porque la parte quejosa lo ignora o bien porque no corresponde al que señaló en su demanda, además de que el juzgador dicte las medidas pertinentes para investigarlo y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, mismos que serán a costa de la parte quejosa. Es decir, el emplazamiento a la parte tercero interesada, que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionada a que la quejosa recoja y entregue para publicación los edictos respectivos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 3/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. libro 5, abril de 2014, tomo I, página 727, que dispone: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, QUE PREVÉ LA NOTIFICACIÓN POR EDICTOS A COSTA DEL QUEJOSO, NO PRIVA DEL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JURISDICCIÓN A QUIENES CARECEN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA SUFRAGARLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 108/2010, de rubro: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", sostuvo que el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, prevé que agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado favorable, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión; además, señaló que en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial, por lo que en tal circunstancia, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar ese pago, entonces el juzgador pueda determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado. Tal alcance interpretativo del citado artículo 30, delinea con precisión el contenido de la carga procesal legal impuesta al quejoso, pero además, prevé la posibilidad de eximirlo de su cumplimiento estricto cuando manifieste tener imposibilidad para cubrir el gasto correspondiente y así lo aprecie el juzgador indiciariamente en autos del juicio constitucional. Por tanto, el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo abrogada, aun cuando prevé que corre a cargo del quejoso el costo de la publicación de los edictos para emplazar al tercero perjudicado cuyo domicilio se desconoce, no priva del derecho humano de acceso a la jurisdicción a quienes carecen de recursos para cubrir esa carga económica, ya que en tal caso, puede alcanzarse la continuación del juicio de amparo mediante la manifestación que haga el quejoso al juzgado sobre la circunstancia precaria que le afecta, aunado a los indicios que en tal sentido se hubieren allegado al expediente de amparo, pues con ello el juzgador puede eximirle del pago de las publicaciones y ordenar la continuación del trámite del juicio, mediante la publicación de los edictos a cargo del Consejo de la Judicatura Federal." Ahora, en el caso no se integró la relación jurídico procesal entre las partes, ya que no se logró llamar a juicio a la tercera interesada víctima de identidad reservada L.S.M., por el desinterés del quejoso en la tramitación de esta acción constitucional, al haber omitido recoger y, por ende, entregar los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de la Ley de Amparo, pese a habérsele requerido para ello, atento a lo ordenado en el acuerdo de siete de octubre de dos mil veintidós, notificados vía electrónica el once de octubre siguiente. Aunado a que no acreditó de manera fehaciente su incapacidad económica para sufragar los gastos de publicación de edictos. Asimismo, del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que este juzgado de Distrito agotó todos los medios necesarios para lograr la localización y emplazamiento de la tercera interesada víctima de identidad reservada L.S.M., sin que se haya tenido éxito; por tanto, en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se ordenó dicha diligencia mediante la publicación de edictos, otorgándose a la parte quejosa un plazo de veinte días para que se presentara a recoger los ejemplares y en su caso exhibiera las publicaciones respectivas, sin que lo hiciera a pesar de estar debidamente notificado para tal efecto. En consecuencia, resulta inconcuso que tal omisión encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II del numeral 63 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional. Háganse las anotaciones respectivas y del conocimiento a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y ocho minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, se ordenó emplazar a la tercera interesada L.S.M., por medio de edictos a costa de la parte quejosa, y se le concedió un término de veinte días, para que acredite ante este Juzgado haber entregado los edictos; término que a la fecha se encuentra transcurriendo, en virtud de haber notificado al quejoso el treinta y uno de enero del año en curso. En consecuencia, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. ***
- Incidental
Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. ESCRITO Visto el escrito signado presuntamente por el quejoso Saúl Hernández Mendieta, mediante el cual pretende revocar los nombramientos que realizó respecto a los autorizados que mencionó en su escrito inicial de demanda y solicita que se le expida copia simple de lo actuado; toda vez que a simple vista se advierte, sin necesidad de tener conocimientos especiales en grafología, que la firma que se encuentra estampada es notoriamente distinta a la que obra en su escrito inicial de demanda, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: Escrito inicial de demanda: Escrito con registro de correspondencia 2300: En consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles comparezca de manera personal, en el local de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con identificación oficial vigente a efecto de ratificar, de ser el caso, la firma del líbelo de cuenta; en el entendido que deberá de presentar identificación oficial vigente; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207,437, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En ese orden, se hace del conocimiento al quejoso que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. "
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL AVISO RESPECTIVO, SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL PROVEÍDO DE VEINTE DE FEBRERO DE 2023 POR MEDIO DE LISTA: "Toluca, Estado de México, veinte de febrero de dos mil veintitrés. ESCRITO Visto el escrito signado presuntamente por el quejoso Saúl Hernández Mendieta, mediante el cual pretende revocar los nombramientos que realizó respecto a los autorizados que mencionó en su escrito inicial de demanda y solicita que se le expida copia simple de lo actuado; toda vez que a simple vista se advierte, sin necesidad de tener conocimientos especiales en grafología, que la firma que se encuentra estampada es notoriamente distinta a la que obra en su escrito inicial de demanda, tal y como se advierte de las siguientes imágenes: Escrito inicial de demanda: Escrito con registro de correspondencia 2300: En consecuencia, requiérasele para que dentro del plazo de tres días hábiles comparezca de manera personal, en el local de este Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, con identificación oficial vigente a efecto de ratificar, de ser el caso, la firma del líbelo de cuenta; en el entendido que deberá de presentar identificación oficial vigente; apercibido que de no hacerlo se tendrá por no presentado el escrito de cuenta, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 3a./J. 24 (7/89), aprobada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 385, tomo III, Primera Parte, Enero a Junio de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 207,437, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." En ese orden, se hace del conocimiento al quejoso que los que afirman hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado, pueden encuadrar en la hipótesis regulada en el capítulo III, denominado (DELITOS), artículo 261 de la Ley de Amparo, de ser el supuesto, se dará vista al Agente del Ministerio Publico de la Federación a efecto de que inicie la investigación correspondiente en su contra y resuelva lo que en derecho corresponda. Para tal efecto, en caso de existir duda sobre la ratificación y las diversas firmas que obran en autos, el suscrito juzgador ordenará de oficio la prueba pericial en materia de grafoscopía y caligrafía y según el resultado, acordará lo que legalmente corresponda. Apoya la anterior consideración la jurisprudencia III.2o.C. J/17, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Septiembre de 2002, Página 1269, de la Novena Época, cuto rubro y texto a continuación se citan: "FIRMA, PARA DETERMINAR SU AUTENTICIDAD SE REQUIERE PRUEBA PERICIAL GRAFOSCÓPICA. Para determinar en un procedimiento judicial si la firma impugnada de falsa es o no original de una persona (autógrafa), no basta la simple comparación con otra atribuida a la misma mano que realice el juzgador, sino que es necesario llevar a cabo la verificación de su falsedad o autenticidad mediante prueba pericial grafoscópica que se aporte al sumario, ya que aunque la diferencia en la forma pudiera resaltarse con una mera observación superficial, mediante la prueba señalada se puede determinar si fue estampada por la persona a quien se considera autora, o bien, por otra distinta. ""
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