Saúl Guillermo Navarrete Holguin

Expediente 708/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
708/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2023

Partes del expediente

  • Saúl Guillermo Navarrete Holguin

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dos de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurrió en exceso el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el amparista en su caso, interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de julio último, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Saúl Guillermo Navarrete Holguín por ende, se declara que dicho auto ha causado estado. Ahora bien, toda vez que de las actuaciones del presente juicio, se advierte que no existe diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, aunado a lo anterior, de conformidad con el párrafo segundo, del artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, se constató que las constancias que integran la versión electrónica del expediente en que se actúa, se encuentran debidamente digitalizadas y vinculadas en el sistema Integral de Seguimiento de Expediente (S.I.S.E.). En tal orden de ideas, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente de este juzgado para su resguardo. Por otra parte, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 20 fracción IV del Acuerdo General en cita, toda vez que en este asunto se desechó la demanda de amparo. Asiéntense los anteriores datos en las carátulas de los expedientes mencionados; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de control de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta, téngase por presentada la demanda de garantías promovida por ******************** por derecho propio, contra actos de la Directora de Recursos Humanos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, con sede en esta municipalidad; fórmese expediente; regístrese en el libro electrónico respectivo y en el SISE, bajo el expediente número 708/2023-II. Ahora bien, como cuestión previa se considera necesario analizar la procedencia de la acción de protección de derechos humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 113, de la Ley de Amparo, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del precepto transcrito se advierte, que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. En relación con ello, diversos Tribunales se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a aquella se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable por identidad de razón, la jurisprudencia sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, del Tomo XX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, registro digital 180663, de texto y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es de señalarse, que el más alto Tribunal ha sustentado reiteradamente, el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo para determinar con exactitud la intención del promovente y así, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, a fin de poder determinar de manera clara y precisa, el acto o actos reclamados. Consideración que encuentra fundamento, en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, leíble en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, publicado en abril de 2000, registro digital 192097, que expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte, que el promovente reclama de la responsable, lo siguiente: ".acudo a interponer demanda de amparo indirecto, contra el proveído de fecha dieciocho de julio del año dos mil veintitrés, mediante el cual la Directora de Recursos Humanos del Municipio de Juárez, me deniega el derecho constitucional de recibir el pago de finiquito correspondiente, a los servicios que el suscrito presente a partir del 27 de octubre del 2019 hasta el 15 de octubre de 2021, a favor del Municipio de Juárez, por ocasionarme los agravios que a continuación se expresan.". De lo anterior, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los diversos numerales 1, fracción I, 5 fracción II y 6, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:.- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". Numerales transcritos, que ponen de manifiesto que el juicio de amparo, tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, entre otros, por leyes o actos de la autoridad que violen los derechos fundamentales. Asimismo, se considera como autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; además autoridad responsable, es aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de sus atribuciones que les confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad, por ello a fin de establecer si a quien se le atribuye el acto, tiene ese carácter para efectos del juicio constitucional, se debe atender a la naturaleza propia del acto que se le reclame; esto es, a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública, o bien, a través de otras potestades. Así, la interpretación lógica y sistemática de la fracción II del numeral 5º transcripto, debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad, por lo que, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. En tal orden de ideas, respecto al carácter de la relación jurídica ante los sujetos vinculados, se conoce que el Estado en su actuación puede vincularse de distinta manera, y surgen relaciones jurídicas que producen efectos que pueden o no dar lugar a actos autoritarios, tales relaciones se clasifican en: ( Las relaciones de coordinación, se desarrollan entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad; por lo que para dirimir sus diferencias se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. ( Las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. ( Las relaciones de supra a subordinación, que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado por la otra. El calificativo de suceso de autoridad, involucra al órgano del Estado quien ejecuta ciertos hechos en ejercicio del poder de imperio, que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con su ejecución, o bien por ambas, en una posición de supra a subordinación; es decir, los particulares como gobernados y el Estado investido con su imperio. Al respecto, se cita la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 118, del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en febrero de 1997, registro digital 199459, que dispone: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades". Para una mejor comprensión del motivo de inoperancia que se analiza, es oportuno establecer que los artículos 29, 77 y 78 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua establecen en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 29. La o el Presidencia Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Presidir las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto y convocar al Ayuntamiento a sesiones extraordinarias; II. Nombrar y remover libremente al funcionariado y personas empleadas de la Administración Municipal, cuando no esté determinado de otro modo en las leyes. Proponer mediante terna al Ayuntamiento la aprobación de la persona titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal o su equivalente; y someter a conocimiento del Ayuntamiento la suspensión o destitución, del empleo, cargo o comisión o inhabilitación temporal para desempeñarlos en el servicio público, que haya decidido la autoridad competente, en caso de haber incurrido en alguna falta que así lo amerite, en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. III. V. Resolver los conflictos de competencia entre las dependencias municipales; VI. Designar con la aprobación del Ayuntamiento, a las y los integrantes de los Consejos de Administración, Juntas Directivas u órganos equivalentes, a quienes ocupen la Presidencia, Dirección o Gerencia y Comisarías de los organismos descentralizados y empresas de participación municipal; en los casos de la designación de los Consejos de Administración, a quienes ocupen la Presidencia, Dirección o Gerencia de los organismos operadores municipales del agua, se atenderá a lo dispuesto por la Ley del Agua del Estado de Chihuahua; VII. IX. Con respeto de la garantía de audiencia, imponer a las y los servidores públicos municipales, las correcciones disciplinarias que fijen las leyes y reglamentos, con motivo de las faltas y responsabilidades administrativas en que incurran en el desempeño de sus funciones; X. XII. Representar al Municipio, con todas las facultades de un apoderado general; nombrar asesores y delegados y otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas; XIII. XX. Imponer las sanciones, que correspondan por infracciones a las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales; XXI. XLVI. Las demás que le confieren las leyes y reglamentos." "Artículo 77. En la relación laboral entre el municipio y sus trabajadores se sujetará, en lo no previsto en este ordenamiento, a lo dispuesto en la primera parte, libro único, título IV, del Código Administrativo del Estado. .". "Artículo 78. En cada municipio existirá un Tribunal de Arbitraje, el cual podrá funcionar accidental o permanentemente, para resolver los conflictos de trabajo individuales o colectivos. El Tribunal de Arbitraje será competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, así como del personal de los cuerpos de policía, tránsito y bomberos, de acuerdo al régimen especial que los norma. El Tribunal de Arbitraje se integrará por un representante del municipio, una o uno de los trabajadores y, otro, designado de común acuerdo entre ellos, quien tendrá el carácter de Presidente, y deberá quedar constituido dentro de los cuarenta y cinco días siguientes, contados a partir del día de inicio del período de la Administración Municipal correspondiente, sujetándose al procedimiento establecido en el Código Administrativo del Estado. Una vez constituido el Tribunal de Arbitraje Municipal, la persona titular de la Presidencia Municipal deberá proceder de manera inmediata a fijar en los estrados de la Presidencia Municipal, el aviso que contenga el nombre y los puestos de quienes lo conforman, su lugar de ubicación y demás información que se considere necesaria. Habiendo transcurrido el plazo de cuarenta y cinco días señalado en el segundo párrafo del presente artículo, para que el Tribunal de Arbitraje se haya constituido, y sin que ello ocurra, se procederá en los términos que establece la ley de la materia". Por su parte, los artículos del 161 al 165 del Código Administrativo del Estado de Chihuahua, disponen: "Articulo 161. Los miembros del Tribunal contarán con los secretarios que fueren necesarios y con el personal inferior indispensable, teniendo los primeros el carácter de actuarios para evacuar todas las diligencias que les fueren encomendadas por los árbitros. Los secretarios y empleados del Tribunal estarán sujetos al presente Código; pero los conflictos que se suscitaren con motivo de la aplicación del mismo, serán resueltos por las autoridades locales del Trabajo. "Artículo 162. Los gastos que origine el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje y Juntas Arbitrales serán cubiertos, por partes iguales, por el Estado y la organización de trabajadores al servicio del mismo. "Artículo 163. Las Juntas Arbitrales serán competentes para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores. "Artículo 164. El Tribunal de Arbitraje del Estado será competente: I. Para resolver en revisión los conflictos individuales que se susciten entre la Administración o sus representantes y sus trabajadores; II. Para conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre la organización sindical y el Estado; y III. Para llevar a cabo el registro del sindicato y la cancelación del mismo registro. "Artículo 165. El procedimiento para resolver todas las controversias que se sometan al Tribunal y Juntas Arbitrales se reducirá a la presentación de la demanda respectiva que deberá hacerse por escrito o verbalmente por medio de comparecencia, a la respuesta que se dé en igual forma y a una sola audiencia en la que se presentarán las pruebas y alegatos de las partes y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal o Juntas se requiera la práctica de diligencias posteriores, en cuyo caso se ordenará se lleven a cabo, y, una vez efectuadas, se dictará la resolución que corresponda". Preceptos trascritos, de los que se advierte que las controversias que existan entre el funcionario de una unidad burocrática con sus trabajadores serán dirimidas ante el Tribunal de Arbitraje Municipal y Tribunal de Arbitraje del Estado de Chihuahua, en atención a que la relación jurídica que une al Estado con sus trabajadores no lo hace con su potestad de autoridad sino como patrón; también se deduce, que compete a las juntas arbitrales el conocimiento de los conflictos individuales que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores, lo que significa que comprende todo tipo de controversias relacionadas con un conflicto individual de naturaleza laboral, por tanto, el derecho que en su caso asiste al quejoso a disfrutar las prestaciones que dice tener como lo es la liquidación de un finiquito por haber prestado sus servicios como trabajador del Municipio Juárez, tienen su origen en la existencia de ese vínculo laboral, ya que todo aquel que se encuentre vinculado a otra persona, de manera permanente o eventual, por una relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y con indiferencia de la personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón, debe ser sujeto de controversia ante un Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Por último, resta mencionar que el artículo 115 último párrafo, constitucional, dispone que las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, cuyo apartado B estatuye en sus fracciones VIII, IX, X, XI y demás relativas, los derechos de los servidores de base, y en las fracciones XI y XIV, principalmente, los derechos de los servidores de confianza, instituyendo un tribunal jurisdiccional para dirimir los conflictos individuales, sin que en este aspecto excluya a los de confianza, por lo que se concluye que el Tribunal de Arbitraje del Municipio Juárez, Estado de Chihuahua, es competente para conocer de los conflictos laborales que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores, como lo es el caso, ya que se itera el acto reclamado es la negativa por parte de autoridades municipales, de otorgar un finiquito al quejoso con motivo de los servicios que prestó como empleado al municipio de que se trata, en el período que indica, es decir, tal problemática deriva de una relación del servicio, debe ser conocida y resuelta por el Tribunal de Arbitraje mencionado, en virtud de que de los preceptos constitucionales y legales mencionados; por lo que el quejoso tiene a salvo sus derechos para impugnar las controversias que se susciten en materia laboral, entre las autoridades municipales y él como trabajador, mismas que serán resueltas por el Tribuna indicado. Lo anterior, encuentra sustento en la tesis de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo VIII, Materia Laboral, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, editado en septiembre de 1991, registro digital 207889, que dispone: "COMPETENCIA. TRIBUNAL DE ARBITRAJE MUNICIPAL DE CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA. A EL Y NO A LA JUNTA LOCAL CORRESPONDE CONOCER DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO ENTRE DICHO MUNICIPIO Y SUS SERVIDORES, AUNQUE ESTOS SEAN DE CONFIANZA. De acuerdo con el artículo 115, último párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes locales con base en lo dispuesto en el artículo 123 constitucional, cuyo apartado B estatuye en sus fracciones VIII, IX, X, XI y demás relativas, los derechos de los servidores de base, y en las fracciones XI y XIV, principalmente, los derechos de los servidores de confianza, instituyendo un tribunal jurisdiccional para dirimir los conflictos individuales, sin que en este aspecto excluya a los de confianza. Por tanto, la demanda planteada por un servidor de confianza del municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, en contra de éste, con motivo de la relación del servicio, debe ser conocida y resuelta por el Tribunal de Arbitraje de dicho Municipio y no por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, aunque el Código Municipal de esa Entidad Federativa, los excluya por no ser de base, en virtud de que de los preceptos constitucionales mencionados no se desprende tal distinción, máxime si se toma en cuenta que una cosa es la competencia del tribunal que es lo que se dirime, y otra lo procedente o fundado de la acción deducida". Así como por las razones que la componen la jurisprudencia P./J. 10/90, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizada en la página 92, del Tomo VI, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Julio-Diciembre de 1990, registro digital 205876, del tenor literal: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. Entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.", subyace una contradicción trascendente sobre la naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional, donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular destacan las disposiciones contenidas en las fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización, circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación, como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución". También se invoca, por mayoría de razón, la jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 529, del Tomo V, del Apéndice 2000, registrada con el número 915788, de contenido: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal de Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse". En tal orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio prevista en el artículo 61 fracción XXIII en relación con los numerales 1 fracción I, 5 fracción II y 6, de la Ley de Amparo, con fundamento en el numeral 113 de la Ley en cita y ante el motivo manifiesto e indudable destacado, procede desechar la demanda de garantías promovida por ********************, contra el acto reclamado de la Directora de Recursos Humanos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua. Desechamiento, que no implica una denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su demanda, a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento y al actualizarse una de ellas, se imparte justicia. Se cita la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 921, del Tomo XXIV, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, editado en junio de 2006, registro digital 174737, que indica: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad. Asimismo, se le tiene proporcionando como correo electrónico noefgarciaf@hotmail.com y celular 656-771-4629, solamente como medio de comunicación entre el personal de este Juzgado y el amparista. Se hace saber que todos los acuerdos y oficios en los que consten las evidencias criptográficas correspondientes, es innecesario agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa, y que, para el caso que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, el fedatario correspondiente queda facultado para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes en forma física, en tanto que, las promociones que se presenten de manera electrónica solo obrarán en el expediente de esta naturaleza y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren a fin de consten de manera digital en términos del numeral 22 reformado del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; debiendo el secretario cerciorarse de que las constancias que obren el expediente impreso o físico coincida con el expediente electrónico. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el licenciado José Erasmo Barraza Grado, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Arturo Vázquez Ortiz, secretario que autoriza las actuaciones y da fe. Doy fe. JEBG/AVO/dhvp

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