Saúl Guereca Díaz
Expediente 898/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 22/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Saúl Guereca Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el cuaderno de sigilo y el duplicado del incidente, de conformidad con las fracciones I y III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténganse ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda el oficio 148/2018, signado por el licenciado *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual da cumplimiento a lo ordenado en proveídos de trece y veintiuno de los corrientes, remitiendo al efecto copia certificada de los registros audiovisuales de las audiencias de formulación de imputación, celebrada el veintinueve de enero y vinculación a proceso, llevada a cabo el uno de febrero, ambas del año en curso, relativas a la causa penal ******* de su índice, instruida al aquí quejoso *******. Acúsese recibo de estilo. Atento a lo informado por la autoridad oficiante, en el caso, ha operado un cambio de situación jurídica respecto de los actos reclamados en el presente asunto, lo que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el diecinueve de octubre de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el día hábil siguiente, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otras autoridades, de quienes reclamó la orden de aprehensión decretada en su contra, así como su respectiva ejecución. Por acuerdo de veinte de octubre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 898/2017-II; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; asimismo, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos informa que el veintinueve de enero del año en curso la representación social formuló imputación a *******, por el delito de abuso sexual, cometido contra la persona menor de edad de iniciales *******, y que el uno de los corrientes, la autoridad oficiante, dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso; para acreditar su dicho, remite copia certificada de los registros audiovisuales de las citadas audiencias, celebradas dentro de los autos de la causa penal ******* de su índice. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cual estatuye: 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [...] El texto del precepto transcrito consagra la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. Dicha porción normativa contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. La intelección del precepto normativo en estudio, permite determinar que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a. Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b. Un acto dentro de ese procedimiento, susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c. Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y, d. Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia aludida, de modo que, al actualizarse dichos principios, es inevitable que el juicio resulte improcedente. Robustece lo anterior, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 51, en la página 39, tomo VI, común, sección precedentes relevantes S.C.J.N., del Apéndice 1917-2000 al Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso, el acto reclamado se hizo consistir, en esencia, en la orden de aprehensión dictada contra el quejoso, así como su eventual ejecución. Ahora, como se precisó, a solicitud de este Juzgado Federal, el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, informó que mediante audiencias de veintinueve de enero pasado y uno de los actuales, se formuló imputación y se dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso *******, en la causa penal ******* de su estadística. Lo anterior conduce a estimar que han quedado irreparablemente consumados los actos reclamados en el presente asunto, ya que no se puede analizar sobre su constitucionalidad en el presente procedimiento de amparo sin afectar la situación jurídica que se suscitó con motivo del auto de vinculación, dictado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. En ese tenor, el cambio de situación jurídica al que se hace referencia, constituye un motivo de improcedencia que conduce a sobreseer en el juicio, pues existe una imposibilidad jurídica para emprender el examen constitucional de la orden de detención, presentación o aprehensión, porque el aquí quejoso ahora tiene el carácter de procesado. Lo anterior implica que en el procedimiento judicial haya operado un cambio de situación jurídica, de modo que las violaciones que en todo caso hubieran sido cometidas, se consideran irreparablemente consumadas, y precisamente por tal motivo, se surte una causa de improcedencia que da lugar al sobreseimiento en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las nueve horas con diez minutos del veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, en virtud de que del estado de los autos, se infiere que no se encuentra emplazada a juicio la tercero interesada de iniciales *******. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo vigente, se difiere la citada audiencia y se señalan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su desahogo. Por otro lado, vista la constancia actuarial que antecede, se desprende que no fue posible llevar a cabo el emplazamiento que nos ocupa, en virtud de que la menor tercero interesada de iniciales *******, así como quien legalmente la representa, *******, no radican en el domicilio que aparece en las documentales remitidas por la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad y el Norma Desarrollo Psicosexual Zona Norte, encargada del número único de caso *******, a fin de que dentro del plazo de tres días computados legalmente, proporcione el domicilio procesal o personal que tenga registrado de quien legalmente represente a la citada menor; lo anterior, a fin de estar en posibilidad de emplazarla a juicio. Con el apercibimiento, que de incumplir con lo que aquí se ordena dentro del plazo que para ello se otorga, con fundamento en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; once de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio enviado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, Licenciado **azar, mediante el cual atiende el requerimiento de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete; atento a su contenido, se le tiene informando que no cuenta domicilio donde pueda ser emplazada **, quien representa legalmente a la menor de iniciales **. En consecuencia, requiérase al Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Especializada en la Investigación de Delitos contra la Libertad y Seguridad y el Norma Desarrollo Psicosexual Zona Norte encargada del número único de caso 37-2017-0013775, a fin de que dentro del plazo de tres días computados legalmente, proporcione el último domicilio registrado de quien legalmente represente a la citada menor; lo anterior, a fin de estar en posibilidad de emplazarla a juicio. Con el apercibimiento, que de incumplir con lo que aquí se ordena dentro del plazo que para ello se otorga, con fundamento en el artículo 237, fracción I de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones del titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de noviembre de dos mil diecisiete, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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