Saúl González Saldaña

Expediente 862/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
862/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
18/03/2021

Partes del expediente

  • Saúl González Saldaña
  • Porfirio Méndez Pérez
  • Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en la fracción I, inciso a) del artículo 20 del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que cumpla seis meses de archivo como asunto concluido. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 862/2019, en la que concedió a Saúl González Saldaña, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable procediera en los términos siguientes: ".1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada; y 2) Emitir otra en la que, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, con plenitud de jurisdicción analice si en el caso, acorde a los parámetros objetivos y el elemento subjetivo, se actualiza o no la usura en los intereses moratorios" (foja 59). Este Órgano Colegiado, por auto de uno de octubre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 630/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, el amparo directo 862/2019, con la sentencia dictada en el mismo, el expediente 160/2017 y un pagaré contenido en un sobre; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 63). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista al quejoso y al tercero interesado (foja 82); la que solamente desahogó el primero de ellos (foja 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el siete de octubre de dos mil veinte dictó una nueva sentencia, en la que dejó insubsistente la reclamada (foja 72), y siguiendo los lineamientos del fallo protector: a) Dejó intocado lo que no fue materia de la concesión, esto es, lo condena al pago de la suerte principal por la cantidad de $45,000.00, previa desestimación de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada (fojas 75 y 76); lo mismo que la condena al pago de gastos y costas, previa su cuantificación en etapa de ejecución de sentencia (foja 79). b) Con plenitud de jurisdicción determinó que los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción, a razón del 10% mensual, resultan usurarios. Por lo mismo, también con libertad de decisión, los redujo a una tasa del 6% mensual sobre el monto de la suerte principal, desde la fecha en que el demandado se constituyó en mora (fojas 78 reverso a 80). Para ello, la responsable aludió a los siguientes parámetros que la ejecutoria de amparo le impuso ponderar (fojas 77 y 78): I. El tipo de relación existente entre las partes. II. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor de encuentra regulada. III. El destino o finalidad del crédito. IV. El monto del crédito. V. El plazo del crédito. VI. La existencia de garantías para el pago del crédito. VII. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya prestación únicamente constituye un parámetro de referencia. VIII. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. IX. Las condiciones del mercado. X. Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Asimismo, ponderó la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor con relación al acreedor (elemento subjetivo destacado en la ejecutoria). Con lo cual se advierte satisfechas las exigencias impuestas en la sentencia de amparo. II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de trece de octubre de dos mil veinte (foja 82), el quejoso Saúl González Saldaña se pronunció en el sentido que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable. Ello, ya que estima que la tasa de interés del 3.75% a que aludió la responsable como el parámetro de referencia consistente en las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, no debió tenerse en cuenta porque resulta aplicable para febrero de dos mil dieciséis, y el vencimiento del pagaré ocurrió hasta agosto del mismo año. Asimismo, considera incorrecta la cifra que la responsable tuvo en cuenta al referirse al parámetro consistente en la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. Agrega que otra referencia que debió considerar la responsable son las tasas de interés efectivas promedio que aplican las instituciones bancarias a sus clientes por la utilización de tarjetas de crédito, por constituir un hecho notorio. En relación también al índice inflacionario nacional, igualmente considera incorrecta la ponderación hecha por la responsable, bajo el argumento que durante la vigencia real del adeudo el monto de la suerte principal no sufrió devaluación. Respecto al parámetro relativo a "las condiciones del mercado", considera incorrecta la apreciación del juzgador quien indicó que carecía de los documentos necesarios para ello, por no manejarlos ese órgano. Enseguida, refiere que continúa siendo usuraria la tasa del 6% mensual determinado por la responsable en la nueva sentencia. Finalmente, cuestiona el indicador denominado "otras cuestiones que generen convicción en el juzgador", lo mismo que el elemento subjetivo consistente en la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor. En cuanto al primero, por estimar que no se computa correctamente el tiempo que trascurrió desde que incurrió en mora y hasta que se pronunció la sentencia con la que se busca cumplimentar la ejecutoria de amparo; mientras que el segundo, al asegurar que si bien no presenta él alguna discapacidad, no se toma que por la pandemia que actualmente se enfrenta, se cerraron fuentes de trabajo, se limitó el poder adquisitivo y ello repercutió en la economía nacional y mundial. III. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos el quejoso pretende cuestionar determinaciones de la nueva sentencia, respecto de las cuales no estaba vinculada la autoridad responsable a pronunciarse en algún sentido, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. Esto es así, porque si bien en la ejecutoria de amparo se impuso a la responsable la obligación de ponderar aquellos parámetros, lo cierto es que de ningún modo se le constriñó a atenderlos en alguna forma u otra, ni siquiera a considerarlos aplicables todos ellos en el caso concreto, pues su actualización o no quedaba sujeta al examen que se hiciera con libertad de jurisdicción, se reitera, por tratarse sólo de parámetros que orientan la actividad del juzgador al momento de definir la existencia o no de la usura. De ahí que la legalidad o no de tales determinaciones de fondo no pueda ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". (El subrayado no es de origen). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 862/2019, en la que concedió a Saúl González Saldaña, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable procediera en los términos siguientes: ".1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada; y 2) Emitir otra en la que, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, con plenitud de jurisdicción analice si en el caso, acorde a los parámetros objetivos y el elemento subjetivo, se actualiza o no la usura en los intereses moratorios" (foja 59). Este Órgano Colegiado, por auto de uno de octubre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 630/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, el amparo directo 862/2019, con la sentencia dictada en el mismo, el expediente 160/2017 y un pagaré contenido en un sobre; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 63). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista al quejoso y al tercero interesado (foja 82); la que solamente desahogó el primero de ellos (foja 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el siete de octubre de dos mil veinte dictó una nueva sentencia, en la que dejó insubsistente la reclamada (foja 72), y siguiendo los lineamientos del fallo protector: a) Dejó intocado lo que no fue materia de la concesión, esto es, lo condena al pago de la suerte principal por la cantidad de $45,000.00, previa desestimación de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada (fojas 75 y 76); lo mismo que la condena al pago de gastos y costas, previa su cuantificación en etapa de ejecución de sentencia (foja 79).b) Con plenitud de jurisdicción determinó que los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción, a razón del 10% mensual, resultan usurarios. Por lo mismo, también con libertad de decisión, los redujo a una tasa del 6% mensual sobre el monto de la suerte principal, desde la fecha en que el demandado se constituyó en mora (fojas 78 reverso a 80). Para ello, la responsable aludió a los siguientes parámetros que la ejecutoria de amparo le impuso ponderar (fojas 77 y 78): I. El tipo de relación existente entre las partes. II. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor de encuentra regulada. III. El destino o finalidad del crédito. IV. El monto del crédito. V. El plazo del crédito. VI. La existencia de garantías para el pago del crédito. VII. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya prestación únicamente constituye un parámetro de referencia. VIII. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. IX. Las condiciones del mercado. X. Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Asimismo, ponderó la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor con relación al acreedor (elemento subjetivo destacado en la ejecutoria). Con lo cual se advierte satisfechas las exigencias impuestas en la sentencia de amparo. II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de trece de octubre de dos mil veinte (foja 82), el quejoso Saúl González Saldaña se pronunció en el sentido que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable. Ello, ya que estima que la tasa de interés del 3.75% a que aludió la responsable como el parámetro de referencia consistente en las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, no debió tenerse en cuenta porque resulta aplicable para febrero de dos mil dieciséis, y el vencimiento del pagaré ocurrió hasta agosto del mismo año. Asimismo, considera incorrecta la cifra que la responsable tuvo en cuenta al referirse al parámetro consistente en la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. Agrega que otra referencia que debió considerar la responsable son las tasas de interés efectivas promedio que aplican las instituciones bancarias a sus clientes por la utilización de tarjetas de crédito, por constituir un hecho notorio. En relación también al índice inflacionario nacional, igualmente considera incorrecta la ponderación hecha por la responsable, bajo el argumento que durante la vigencia real del adeudo el monto de la suerte principal no sufrió devaluación. Respecto al parámetro relativo a "las condiciones del mercado", considera incorrecta la apreciación del juzgador quien indicó que carecía de los documentos necesarios para ello, por no manejarlos ese órgano. Enseguida, refiere que continúa siendo usuraria la tasa del 6% mensual determinado por la responsable en la nueva sentencia. Finalmente, cuestiona el indicador denominado "otras cuestiones que generen convicción en el juzgador", lo mismo que el elemento subjetivo consistente en la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor. En cuanto al primero, por estimar que no se computa correctamente el tiempo que trascurrió desde que incurrió en mora y hasta que se pronunció la sentencia con la que se busca cumplimentar la ejecutoria de amparo; mientras que el segundo, al asegurar que si bien no presenta él alguna discapacidad, no se toma que por la pandemia que actualmente se enfrenta, se cerraron fuentes de trabajo, se limitó el poder adquisitivo y ello repercutió en la economía nacional y mundial. III. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos el quejoso pretende cuestionar determinaciones de la nueva sentencia, respecto de las cuales no estaba vinculada la autoridad responsable a pronunciarse en algún sentido, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. Esto es así, porque si bien en la ejecutoria de amparo se impuso a la responsable la obligación de ponderar aquellos parámetros, lo cierto es que de ningún modo se le constriñó a atenderlos en alguna forma u otra, ni siquiera a considerarlos aplicables todos ellos en el caso concreto, pues su actualización o no quedaba sujeta al examen que se hiciera con libertad de jurisdicción, se reitera, por tratarse sólo de parámetros que orientan la actividad del juzgador al momento de definir la existencia o no de la usura. De ahí que la legalidad o no de tales determinaciones de fondo no pueda ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice:"RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". (El subrayado no es de origen). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a once de febrero de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de veintiocho de febrero de dos mil veinte, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán Sinaloa, en cumplimiento a los Acuerdos Generales 52/2008, 42/2011, 43/2011 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y del oficio SECNO/STCCNO/80/2020, del Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, y punto de acuerdo CAR 21/2020-III, de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, dictó sentencia en el amparo directo 862/2019, en la que concedió a Saúl González Saldaña, la protección constitucional para el efecto que la autoridad responsable procediera en los términos siguientes: ".1) Dejar insubsistente la sentencia reclamada; y 2) Emitir otra en la que, dejando intocado lo que no fue materia de concesión, con plenitud de jurisdicción analice si en el caso, acorde a los parámetros objetivos y el elemento subjetivo, se actualiza o no la usura en los intereses moratorios" (foja 59). Este Órgano Colegiado, por auto de uno de octubre de dos mil veinte, tuvo por recibido oficio 630/2020, signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán Sinaloa, el amparo directo 862/2019, con la sentencia dictada en el mismo, el expediente 160/2017 y un pagaré contenido en un sobre; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin de que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo e informara del mismo (foja 63). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista al quejoso y al tercero interesado (foja 82); la que solamente desahogó el primero de ellos (foja 102). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, y con fundamento también en la fracción VII del artículo único del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares; se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que el siete de octubre de dos mil veinte dictó una nueva sentencia, en la que dejó insubsistente la reclamada (foja 72), y siguiendo los lineamientos del fallo protector: a) Dejó intocado lo que no fue materia de la concesión, esto es, lo condena al pago de la suerte principal por la cantidad de $45,000.00, previa desestimación de las excepciones y defensas opuestas por la parte demandada (fojas 75 y 76); lo mismo que la condena al pago de gastos y costas, previa su cuantificación en etapa de ejecución de sentencia (foja 79).b) Con plenitud de jurisdicción determinó que los intereses moratorios pactados en el documento base de la acción, a razón del 10% mensual, resultan usurarios. Por lo mismo, también con libertad de decisión, los redujo a una tasa del 6% mensual sobre el monto de la suerte principal, desde la fecha en que el demandado se constituyó en mora (fojas 78 reverso a 80). Para ello, la responsable aludió a los siguientes parámetros que la ejecutoria de amparo le impuso ponderar (fojas 77 y 78): I. El tipo de relación existente entre las partes. II. La calidad de los sujetos que intervienen en la suscripción del pagaré y si la actividad del acreedor de encuentra regulada. III. El destino o finalidad del crédito. IV. El monto del crédito. V. El plazo del crédito. VI. La existencia de garantías para el pago del crédito. VII. Las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, cuya prestación únicamente constituye un parámetro de referencia. VIII. La variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. IX. Las condiciones del mercado. X. Otras cuestiones que generen convicción en el juzgador. Asimismo, ponderó la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor con relación al acreedor (elemento subjetivo destacado en la ejecutoria). Con lo cual se advierte satisfechas las exigencias impuestas en la sentencia de amparo. II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de trece de octubre de dos mil veinte (foja 82), el quejoso Saúl González Saldaña se pronunció en el sentido que existe defecto en el cumplimiento de la ejecutoria pretendido por la responsable. Ello, ya que estima que la tasa de interés del 3.75% a que aludió la responsable como el parámetro de referencia consistente en las tasas de interés de las instituciones bancarias para operaciones similares a las que se analizan, no debió tenerse en cuenta porque resulta aplicable para febrero de dos mil dieciséis, y el vencimiento del pagaré ocurrió hasta agosto del mismo año. Asimismo, considera incorrecta la cifra que la responsable tuvo en cuenta al referirse al parámetro consistente en la variación del índice inflacionario nacional durante la vida real del adeudo. Agrega que otra referencia que debió considerar la responsable son las tasas de interés efectivas promedio que aplican las instituciones bancarias a sus clientes por la utilización de tarjetas de crédito, por constituir un hecho notorio. En relación también al índice inflacionario nacional, igualmente considera incorrecta la ponderación hecha por la responsable, bajo el argumento que durante la vigencia real del adeudo el monto de la suerte principal no sufrió devaluación. Respecto al parámetro relativo a "las condiciones del mercado", considera incorrecta la apreciación del juzgador quien indicó que carecía de los documentos necesarios para ello, por no manejarlos ese órgano. Enseguida, refiere que continúa siendo usuraria la tasa del 6% mensual determinado por la responsable en la nueva sentencia. Finalmente, cuestiona el indicador denominado "otras cuestiones que generen convicción en el juzgador", lo mismo que el elemento subjetivo consistente en la condición de vulnerabilidad o desventaja del deudor. En cuanto al primero, por estimar que no se computa correctamente el tiempo que trascurrió desde que incurrió en mora y hasta que se pronunció la sentencia con la que se busca cumplimentar la ejecutoria de amparo; mientras que el segundo, al asegurar que si bien no presenta él alguna discapacidad, no se toma que por la pandemia que actualmente se enfrenta, se cerraron fuentes de trabajo, se limitó el poder adquisitivo y ello repercutió en la economía nacional y mundial. III. Los anteriores argumentos resultan inoperantes, pues a través de ellos el quejoso pretende cuestionar determinaciones de la nueva sentencia, respecto de las cuales no estaba vinculada la autoridad responsable a pronunciarse en algún sentido, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. Esto es así, porque si bien en la ejecutoria de amparo se impuso a la responsable la obligación de ponderar aquellos parámetros, lo cierto es que de ningún modo se le constriñó a atenderlos en alguna forma u otra, ni siquiera a considerarlos aplicables todos ellos en el caso concreto, pues su actualización o no quedaba sujeta al examen que se hiciera con libertad de jurisdicción, se reitera, por tratarse sólo de parámetros que orientan la actividad del juzgador al momento de definir la existencia o no de la usura. De ahí que la legalidad o no de tales determinaciones de fondo no pueda ser materia de análisis al pronunciarse sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice:"RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". (El subrayado no es de origen). De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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