Saul Garcia Varela

Expediente 1074/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1074/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2021

Partes del expediente

  • Saul Garcia Varela

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos, mediante el cual informa que la parte quejosa no ha comparecido a recibir el cheque 3897 que se encuentra a su disposición. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo dese vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a efecto de que manifieste lo que a su interés convenga, bajo el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna este juzgado de Distrito resolverá respecto del cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el juicio de amparo en que se actúa y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del uno de septiembre del dos mil veintiuno, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, primero de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, se provee como sigue. 1).- Registro de demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número progresivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. 3).- Desechamiento. Con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, dado que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Del artículo 107, fracción V, en cita1, se advierte que el legislador fue claro en establecer que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación y, mediante interpretación auténtica, explicó qué se entiende por este tipo de actos, acotándolos a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por contrapartida, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra todos aquéllos actos que impliquen alguna violación de carácter procesal, los que, en su caso, podrían reclamarse en amparo directo, principal o adhesivo. Así, del referido 107, fracción V, de la Ley de Amparo y su interpretación, se obtiene que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación se requiere la presencia de dos requisitos indispensables para que puedan ser considerados como tal, a saber: 1. Que los derechos objeto de la afectación sean de naturaleza sustantiva y no únicamente de índole formal o adjetiva, por más relevantes o graves que sean y su trascendencia en el resultado de la resolución; y 2. Tratándose de derechos sustantivos, su afectación necesita producir una afectación material, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual su ejercicio, incluso, antes del dictado de la resolución definitiva. 1 "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Tales argumentos fueron expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), con registro 2066589, emitida por dicho Pleno, publicada el seis de junio de dos mil quince en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". Con lo cual se ha determinado que ya es inaplicable el criterio contenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2001 de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO"2. En éste, fundamentalmente, se sostuvo que conforme a la legislación anterior -Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis- era posible interpretar que el amparo indirecto procedía, no sólo contra actos que afectaran directamente derechos sustantivos, sino que podía considerarse como actos de imposible reparación, excepcionalmente, tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales que afecten a las partes en grado predominante o superior, entre las cuales se encontraba el caso de la falta de personalidad, que constituye un presupuesto procesal sin el que no queda debidamente integrada la litis. Ahora bien, tratándose de la omisión de acordar promociones o de proseguir en tiempo el juicio, por regla general el juicio de amparo es improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; tal y como lo señala la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.)3, de la Segunda Sala de la 2 Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 190368, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tesis P./J. 4/2001 Tomo XIII, enero de 2001, número de página 11. 3 Consultable en la página 1086, del Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011580 y rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Con esas bases, es necesario explicar qué debe entenderse por "abierta dilación" del procedimiento en el contexto de la procedencia del amparo indirecto sólo contra actos en juicio de imposible reparación, esto es, aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos. Pues bien, para que exista una abierta dilación del procedimiento que dé lugar a la procedencia del juicio de amparo por considerarse que constituye un acto de imposible reparación, debe regir la misma regla que para estos últimos actos, es decir, las consecuencias de esa dilación deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho; pues no debe perderse de vista que el término "abierto" en este caso es utilizado como un adjetivo que significa "claro, patente, indudable"4, atribuido a la dilación que califica. Así, no cualquier dilación tiene el carácter de "abierta" y para establecer cuándo se está ante un supuesto jurídico de tal naturaleza, por lo general debe atenderse a las peculiaridades de cada caso en concreto; y es posible dejar en claro que no se está ante un supuesto jurídico de dilación abierta en aquellos casos en los que entre la presentación de un escrito cuya omisión de acordar se reclama y la fecha de la presentación de la demanda de amparo tan sólo media un lapso breve observado razonablemente, sobre todo dentro de contextos de impartición de justicia saturados y con problemáticas de limitación de recursos indispensables para que su eficacia sea óptima. De manera que en esos casos, aun cuando se sobrepasen los plazos que la ley que regula el acto establezca para proveer lo conducente -en algunas ocasiones podría ser el doble e incluso el triple dependiendo de la brevedad de algunos plazo-, lo cierto es que el transcurso de unos cuantos días más tan solo constituye una simple dilación y no puede considerarse una "abierta" dilación, que retrase de tal manera el procedimiento que dé lugar a decretar la procedencia del juicio de amparo, pues no produce en el quejoso un acto de imposible reparación que afecte clara, patente o ineludiblemente su derecho de acceso a la justicia pues no obstruye de manera evidente el acceso a la misma. En ese sentido, no debe perderse de vista las particularidades de la impartición de justicia de los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, cuyos actos son materia del juicio de amparo, los cuales, por lo general se encuentran rebasados en sus capacidades por el cúmulo de trabajo que tienen a su cargo; de ahí que esa carga laboral debe administrarse a efecto de que todos los justiciables y no solo aquéllos que promuevan amparo, se les 4 Confróntese al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española que señala: "abierto, ta Del part. de abrir; lat. apertus. (.) 4. adj. Claro, patente, indudable. Abierta enemistad. (.)" administre justicia de la manera más pronta posible y dentro de los plazos que marca la ley y de ser el caso de que reciban justicia fuera de dichos plazos, que esa tardanza sea razonable, y no constituya una abierta dilación que es lo que produce injusticia. Y es que la procedencia del juicio de amparo en los casos en los que exista abierta dilación tiene como finalidad que vía amparo se otorgue justicia en aquellos casos en los que verdaderamente exista una injusticia manifiesta y no para ajustar la administración de justicia de las autoridades señaladas como responsables a los plazos procesales de manera estricta, frente a una realidad imperante de recursos limitados de administración de justicia. Finalmente, hay que agregar que la propia promoción del juicio de amparo en los casos en que no exista una abierta dilación del procedimiento, es un despropósito porque la práctica refleja que el propio trámite del amparo dilata un tiempo considerable aunado a que provoca que las autoridades señaladas como responsables se vean en la necesidad de realizar los trámites inherentes a la defensa del acto reclamado, lo que ocasiona una dilación mayor en el procedimiento. Expuesto lo anterior, en este caso el acto reclamado se hace consistir en: la omisión de acordar el escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, petición que la parte quejosa aduce presentó ante la autoridad responsable el dos de agosto de dos mil veintiuno; pero ello no afecta de manera material y actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni en los Tratados Internaciones de los que el Estado Mexicano es parte, precisamente porque la fecha en que la autoridad responsable fue omisa en proveer respecto del referido escrito y la fecha de la presentación de la demanda de amparo acaecida el treinta de agosto de dos mil veintiuno, presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, únicamente mediaron veintiocho días naturales. Por tanto, tomando en cuenta las consideraciones expuestas en párrafos precedentes, ese lapso - veintiocho días- no produce una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; de ahí que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contracción de tesis 294/2018, que originó la jurisprudencia 2a./J.33/2019 que resolvió el juicio de amparo contra dilaciones procesales procede cuando han transcurrido cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en el concluyó el plazo que tiene la autoridad responsable esto es, a partir del proveído en el cual la autoridad responsable debió proveer sobre el escrito presentado; por tanto, en el presente asunto el computo inició a partir del cinco de agosto de dos mil veintiuno, y a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, han transcurrido únicamente veintiséis días, por lo que, no existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización. La jurisprudencia en mención es del rubro siguiente5: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Y dicha causal de improcedencia es manifiesta e indudable porque aun de sustanciarse el juicio de amparo, no cambiaría el hecho de que en el caso no existe una abierta dilación en el procedimiento ni su paralización total pero además es evidente, claro y fehaciente en tanto que basta la lectura del escrito inicial de demanda para percatarse de ello; de ahí que resulte innecesario substanciarse el juicio para actualizar la referida causa de improcedencia. 4).-Domicilio de parte quejosa y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de cuenta y en los términos que propone a las personas que refiere, lo anterior, por tratarse de un asunto en materia de trabajo. 5).- Autorización de copias. 5 Décima Época, Materia Común Laboral, del Semanario Judicial de la Federación, publicada el uno de marzo de dos mil diecinueve, registro 2019400. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto; sin perjuicio de que se permita a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que dicha entrega se realizará en términos del artículo 2, fracción VII y 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, esto es, mediante cita previa que genere en el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal de Servicios en Línea, micrositios "Servicios Judiciales". No obstante lo anterior, y tomando en consideración que el referido sistema es un proceso automatizado que permite generar citas cada media hora, lapso en el cual no es seguro que se obtengan las copias solicitadas, debido a la considerable carga de trabajo que impera, tanto en este órgano jurisdiccional como en el centro de fotocopiado, se previene al promovente para que, de ser el caso, y a fin de evitar la concentración de personas, en su primer cita lleve a cabo los trámites inherente al encargo y pago de dichas copias en el referido centro de fotocopiado, se retire y genere nueva cita para la entrega de esas constancias. Sin perjuicio de lo anterior, se le hace de su conocimiento que los Acuerdos Generales 12 y 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal exhortan al uso de medios electrónicos para la tramitación de los asuntos competencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación, por tanto, está en aptitud de solicitar el acceso al expediente electrónico y descargar las constancias que necesite, las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 36, segundo párrafo, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando incluyan la evidencia criptográfica se considerarán como copias certificadas electrónicamente. 6).- Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. 7).- De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, el artículo 261 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos." 8).- Transparencia y acceso a la información pública. Finalmente, se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

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