Saúl García Ávila

Expediente 1228/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1228/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Saúl García Ávila

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México; trece de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio enviado vía electrónica por el Actuario Judicial del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas por auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, e informa que radicó el asunto con el número de Amparo Directo ********************; asimismo, se advierte que se reservó acordar lo conducente en torno a la incompetencia planteada, hasta en tanto la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, le remita las constancias de las que se originó el acto reclamado; circunstancias de las que se toma conocimiento, estando a la espera de la determinación que tenga a bien tomar. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Saúl García..., por derecho propio, fórmese y regístrese el expediente bajo el número 1228/2023-I. INCOMPETENCIA Este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 34, 47 y 170, todos de la Ley de Amparo, pues se estima que quien debe conocer del asunto es un Tribunal Colegiado de Circuito. Para corroborar tal determinación, debe analizarse lo relativo a la competencia como presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional. En ese contexto, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia de los órganos jurisdiccionales, entre los que se encuentran, la materia, la cuantía, el grado y el territorio. En dicho aspecto, la Ley de Amparo contempla los siguientes parámetros: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. Ahora, para efectos del estudio pretendido, en el presente asunto interesa destacar la tercera de dichas hipótesis; es decir, la definida por el grado. La competencia por grado, también llamada funcional o vertical, se refiere a la competencia estructurada piramidalmente, que deriva de la organización jerárquica, en la que las facultades se ordenan por grados y, como consecuencia de ello, los órganos inferiores no pueden desarrollar materias reservadas a los superiores o viceversa. Al respecto, los numerales 34 y 170 de la Ley de Amparo, establecen, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos." De dicha transcripción se obtiene que el amparo directo procede cuando se reclama una sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, y conforme al ordinal 170, fracción I, párrafo segundo, de la ley de la materia, se entenderá por sentencias definitivas aquellas que deciden el juicio en lo principal y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que lo dan por concluido. Ahora, para analizar si este juzgado es o no competente para resolver el presente juicio de amparo en atención al criterio delimitativo ya señalado, deben establecerse, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, los actos reclamados por la parte quejosa, atribuidos a la Primera Sala Colegiada Civil en Tlalnepantla, Estado de México, consistentes en: La sentencia emitida el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca 452/2022, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el Amparo Directo 12/2022. Respecto de la precisión de los actos reclamados, se advierte que la nueva resolución dictada por la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, que modificó la diversa sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, constituye una sentencia que puso fin al juicio ordinario civil. Por tanto, se considera que la determinación reclamada consistente en la sentencia emitida el siete de septiembre de dos mil veintitrés, en el toca 452/2022, del índice de la Primera Sala Colegiada Civil de Tlalnepantla, Estado de México, en cumplimiento a la ejecutoria del amparo dictada el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, de la estadística del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en el Amparo Directo 12/2022, constituye una sentencia respecto de la cual no procede ningún recurso ordinario a través de la cual pueda revocarse o modificarse. En consecuencia, la nueva determinación de siete de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de origen, es reclamable a través del juicio de amparo directo. Sustenta a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 168729, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, octubre de 2008, página 2031, cuyo rubro y texto es el siguiente: "AMPARO DIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. SU CONOCIMIENTO ES COMPETENCIA DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE DICTÓ EL FALLO QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. El amparo directo promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento a una ejecutoria pronunciada en un juicio de garantías uniinstancial, es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que dictó el fallo que concedió la protección constitucional, pues es precisamente a dicho órgano al que corresponde pronunciarse sobre el particular, y no a uno diverso, en la medida en que la resolución del juicio de amparo primeramente intentado fue de su conocimiento. En efecto, el criterio de rubro: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. A QUÉ TRIBUNAL COLEGIADO CORRESPONDE SU CONOCIMIENTO.", emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 341, Tomo V, marzo de 1997, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, resulta orientador para establecer que la resolución de los diversos juicios de amparo que se promuevan en contra de las sentencias que cumplimentan una ejecutoria de amparo, previamente dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, compete al órgano jurisdiccional que previno en su conocimiento, debido a que lo más conveniente es que conozca de él, a efecto de privilegiar la prevalencia del principio de seguridad jurídica que opera en favor de los quejosos. Lo anterior no se contrapone al contenido de los Acuerdos Generales 13/2007 y 12/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ya que en casos como el de la especie no se trata de dilucidar una cuestión inherente al turno de asuntos, de conformidad con las reglas y sistemas previstos para tal efecto, sino de establecer una cuestión de carácter competencial en relación con el conocimiento de un juicio de garantías uniinstancial, vinculado con el cumplimiento de una sentencia de amparo, tal como lo sostuvo la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, al resolver el conflicto competencial 159/2007, en cuya ejecutoria determinó que atendiendo al principio de seguridad jurídica, compete al Tribunal Colegiado de Circuito que hubiere prevenido en el conocimiento de una primera demanda de amparo y, por ende, que pronunció sentencia en el juicio en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, el conocimiento del segundo o ulteriores juicios de garantías promovidos en contra de las resoluciones en que se hubiere dado cumplimiento al fallo protector." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos numerales 34, 47 y 170 de la Ley de Amparo. Por ende, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los autos originales de este juicio de amparo y anexo al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno, para los efectos legales a que alude el artículo 47 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír citas y notificaciones únicamente de carácter personal, el señalado en su demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo; y las listas que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, para el resto de las determinaciones. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ténganse como números telefónicos los que indica a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario y no para oír y recibir notificaciones, toda vez que la ley de la materia no los contempla como medio oficial para tal efecto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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