Saul Fugueroa Casares
Expediente 1360/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1360/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Saul Fugueroa Casares
- Sala del Segundo Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicial del Estado de Morelos
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de dos de diciembre del año en curso, en el recurso de queja 327/2021, interpuesto por la parte quejosa en el presente asunto, concluyendo con el punto resolutivo que es del tenor siguiente: ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja. En mérito de lo anterior, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y las capturas respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) que para tal efecto se llevan en este órgano jurisdiccional y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo, se ordena tramitar por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 147/2021-V, promovido por ANTONIO GERMAN DE LA VEGA LLANO, por derecho propio, contra actos únicamente de la ASOCIACIÓN DE COLONOS PARAÍSO COUNTRY CLUB, ASOCIACIÓN CIVIL. INFORME PREVIO De conformidad con el artículo 138, fracción III de la Ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberá rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación del presente auto, para cuyo efecto se envía copia simple de la demanda, apercibida que de no rendirlo dentro del término que se concede, se presumirá cierto el acto reclamado, con fundamento en el numeral 142 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental, sin la asistencia de las partes. Data que se señala en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, conforme al artículo 144 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia incidental, lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria y las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID19). En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. ACTO RECLAMADO La parte quejosa señala como acto reclamado el oficio a través del cual se realiza el cobro del suministro del servicio de agua potable en el domicilio sito en Departamento C-402, Clúster Tres del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en libramiento al D.I.E.Z. sin número, Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos, y la posible suspensión ante el incumplimiento de no cubrir con las cuotas establecidas para dicho suministro en el fraccionamiento. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA SUSPENSIONAL Ahora bien, de acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Amparo, con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará siempre que la solicite el quejoso y cuando con su otorgamiento no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Conforme al artículo invocado, tenemos que una de las exigencias legales que debe colmarse para el otorgamiento de la suspensión, es que su otorgamiento no contravenga disposiciones de orden público o perjudique el interés social. El orden público y el interés social son nociones vinculadas, en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. Así, el concepto de disposiciones de orden público comprende las normas previstas en los ordenamientos legales que tienen como fin inmediato y directo, tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación, que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno público. Con base en los citados razonamientos, tenemos que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Lo anterior encuentra apoyo en las tesis con número de registro 2002421 y 805484 de rubros: "SUSPENSIÓN. NOCIÓN DE ORDEN PÚBLICO Y SU FINALIDAD" y "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA.", respectivamente. Ahora, con base en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Respecto al derecho de la persona a la protección de la salud, a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, y a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, el artículo 4º constitucional establece como derecho fundamental el acceso a la seguridad social, a un medio ambiente sano y a una vivienda digna y decorosa. Por su parte, el derecho humano a una vivienda es reconocido en el párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al que se incorporó el Estado Mexicano a través de la firma del Instrumento de Adhesión, el día dos del mes de marzo del año de mil novecientos ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de mayo del mismo año. En concordancia, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo creado para la verificación del cumplimiento del pacto internacional antes citado, elaboró la Observación General Número 4 (OG4), de trece de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la cual con el fin de profundizar en los elementos y el contenido mínimo que una vivienda debe tener para poder considerar que las personas tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado, se consideró como partes elementales del citado derecho a la vivienda, la accesibilidad en la adquisición de un inmueble, el acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad y la adecuación cultural, entre otros. En el particular la quejosa reclama de las autoridades responsables el corte de suministro del servicio de agua potable en el domicilio ubicado en Departamento C-402, Clúster Tres del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en libramiento al D.I.E.Z. sin número, Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos. Asimismo, se concluye que las autoridades responsables son las encargadas de proporcionar el servicio de agua potable en el indicado inmueble al únicamente auxiliarse de la asociación civil indicada. En los términos de los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de mayo de mil novecientos ochenta y uno, de aplicación obligatoria conforme al artículo 133 constitucional, así como de la Observación General 15, acerca de dicho pacto, realizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, se reconoce el derecho humano al acceso de agua potable, como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. La Observación General 15 interpreta el Pacto Sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, reafirmando el derecho al agua en la legislación internacional. Esta Observación proporciona algunas orientaciones para la interpretación del derecho al agua, enmarcándolo en dos artículos: el artículo 11, que reconoce el derecho a un nivel de vida adecuado, y el artículo 12, que reconoce el derecho a disfrutar del más alto nivel de salud posible. La Observación establece de forma clara las obligaciones de los Estados Parte en materia de derecho humano al agua y define qué acciones podrían ser consideradas como una violación del mismo. El artículo 1 estipula que "...El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos". Así, el derecho al agua ha sido reconocido en un gran número de documentos internacionales, tales como tratados, declaraciones y otras normas. Por su parte, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. En este sentido, con apoyo en el artículo 14 Bis 5, fracciones I y XXII de la Ley de Aguas Nacionales, el Estado debe garantizar que el derecho al agua sea seguro, aceptable, accesible y asequible tanto para uso personal como doméstico, erigiéndose como un beneficio colectivo que debe basarse en criterios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas. Ahora, atento al acto combatido por la parte promovente, consistente en el posible (inminente) corte del suministro de agua potable en el inmueble ubicado en Departamento C-402, Clúster Tres del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en libramiento al D.I.E.Z. sin número, Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos, y tomando en consideración que el quejoso acredita su interés suspensional de manera indiciaria con la documental privada consistente en copia del recibo oficial de folio 454356 de fecha uno de diciembre de dos mil veinte, expedido por la Dirección de Ingresos del Municipio de Emiliano Zapata, del inmueble de referencia, documental de las que se desprende que el aquí quejoso ejerce derechos sobre la propiedad y habita el referido inmueble, lo que se corrobora con la documental privada allegada. En ese tenor, conforme al artículo 147 de la ley de la materia señala que el órgano jurisdiccional de amparo deberá fijar las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio, asimismo, ordenará que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta en tanto se resuelva la litis constitucional. Por tanto, con apoyo en los artículos 125, 128, 136, 138 y 139 de la Ley de Amparo se concede la suspensión provisional del acto reclamado en los siguientes términos: Para el efecto de que las autoridades señaladas como responsables continúen suministrando el servicio de agua potable al quejoso condómino en el inmueble ubicado en Departamento C-402, Clúster Tres del Conjunto Urbano Paraíso Country Club, ubicado en libramiento al D.I.E.Z. sin número, Palo Escrito, Emiliano Zapata, Morelos, en el entendido que la parte quejosa esté al corriente de los pagos del servicio de suministro de agua potable. SALVEDADADES En caso de existir adeudo por parte del quejoso en relación al indicado servicio, el efecto será únicamente para que se otorgue el mínimo vital del servicio de agua respectivo. En caso de actualizarse dicha hipótesis, la autoridad responsable deberá remitir copia certificada visible y legible de las documentales que lo acredite. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis PC.VI.A. J/17 A (10a.) Décima Época, con registro 2022756, sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 83, Febrero de 2021 Tomo III, Página 2150, cuyo rubro es "SERVICIO CONCESIONADO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, DRENAJE Y/O ALCANTARILLADO PARA USO DOMÉSTICO. LA MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA CONTRA SU SUSPENSIÓN PROCEDE SIN EXIGIRSE REQUISITO DE EFECTIVIDAD ALGUNO, PARA EL EFECTO DE QUE SE OTORGUE EL MÍNIMO VITAL.". La anterior determinación surte efectos, hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva, pues sólo en tales condiciones se estará en aptitud de conservar la materia del juicio de amparo sin afectar el interés de la colectividad en que los juicios se prosigan hasta su resolución. Se precisa que la presente medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado emana del cumplimiento de una sentencia de amparo o si fue emitida por diversas autoridades de las señaladas como responsables. Comuníquese a las autoridades responsables que conforme a la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientas Unidades de Medida y Actualización -esto en relación con lo dispuesto en el artículo 238 de esa ley-, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el incidente de suspensión, no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. FIJACIÓN DE GARANTÍA Ahora bien, esta medida cautelar surte efectos desde luego; empero, dejará de surtirlos si la parte quejosa no cumple con los requisitos que más adelante se detallan. En ese sentido, toda vez que es procedente la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa debe otorgar garantía para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, continúe provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta suspensión definitiva en el juicio de amparo como lo establece el artículo 147 de la materia; por tanto, esta suspensión surte efectos de inmediato; sin embargo, en términos de los artículos referidos de la Ley de Amparo, este juzgador fija de manera discrecional la exhibición de garantía por la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional), como requisito de efectividad de la suspensión, que la parte quejosa, si a su derecho conviene, deberá exhibir dentro del término de cinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto; en el entendido que de no exhibir la garantía, este juzgador procederá conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 136 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perjuicio de que el monto de la garantía se modifique al contar con mayores elementos que se desprendan del informe previo, tal como que las autoridades informen la prestación del servicio con el mínimo vital. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 879 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita que inserte la leyenda siguiente: "el referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". NOTIFICACIONES En otro orden de ideas, se instruye al actuario para que los subsecuentes acuerdos que lleguen a dictarse cuya trascendencia no amerite su notificación personal, se practique a las partes, incluidas las autoridades responsables pero con excepción del quejoso, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia incidental no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. El razonamiento que antecede abarca a las autoridades responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia incidental. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2002576, visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, Décima Época, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". DOMICILIO PROCESAL Y PERSONAS AUTORIZADAS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas propuestas. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Nestor Paul Lagunas Verastegui, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la parte quejosa SAÚL FIGUEROA CASARES, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de quince de octubre de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja en contra del auto quince de octubre de dos mil veintiuno. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil veintiuno, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. En ese sentido, acorde a lo dispuesto por el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en lo concerniente a que todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinario cuenta con las constancias físicas. JORGE MANUEL DIAZ CARRANZA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.97 20/11/21 11:53:54 Establecido lo anterior, efectúese la remisión vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, del aludido expediente para la substanciación de la queja interpuesta. Por tanto, mediante oficio que al efecto se libre efectúese el turno del asunto por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, al que deberá adjuntarse el original y copia del escrito de expresión de agravios, para la substanciación de la queja interpuesta. Por consiguiente, se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal de Alzada. En caso de que sean requeridas las constancias impresas del asunto, se ordena eventualmente formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio signado por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Jiutepec, Morelos, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veinte de septiembre de dos mil veintiuno; por consiguiente, téngase a la autoridad responsable haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, mediante oficio que al efecto se libre remítase por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia, para la substanciación del recurso referido. En ese sentido, acorde a lo dispuesto por los artículos 73 y 74 Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que en lo concerniente señalan que en los casos de la interposición de recursos los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF, vía interconexión. Atento a lo anterior, integrado que sea el presente asunto, efectúese la remisión vía interconexión para la sustanciación del recurso referido al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, que le corresponda conocer del recurso de revisión. Se instruye al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, para que habilite la consulta del expediente electrónico al Tribunal de Alzada. En caso de que sean requeridas las constancias impresas del asunto, se ordena eventualmente formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, y córrase traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción del recurrente. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Secretario Nestor Paul Lagunas Verastegui, que autoriza y da fe.
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