Saúl Eleutorio Jaimes Jaimes
Expediente 526/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/10/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Saúl Eleutorio Jaimes Jaimes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Del estado procesal del juicio de amparo en que se actúa, así como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto. Al respecto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletoriamente aplicado, procede declarar que la sentencia con la cual, por una parte, se sobreseyó y, por otra se negó el amparo a la parte quejosa, CAUSÓ EJECUTORIA. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo, por una parte sobreseído y, por otra negado, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. No es óbice a la anterior determinación, la circunstancia de que no se cuente con los acuses de recibo relativos a los oficios a través de los cuales se hizo del conocimiento de las autoridades responsables foráneas la sentencia dictada en este juicio de amparo; lo anterior es así, ya que la misma no afecta directamente el acto que de ellas se reclamó en términos de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo, pues como se dijo en líneas precedentes este asunto fue sobreseído y negado.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, así como en lo dispuesto por los artículos 74, 75, 76, y demás relativos a la Ley de Amparo, procede resolver lo siguiente: R E S O L U T I V O S: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***** contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en el resultando único, por los motivos expuestos en el considerando tercero y cuarto, apartado 4.1 de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA a ***** contra los actos reclamados a las autoridades responsables residentes en Villa Aldama, Veracruz, por los motivos precisados en el considerando cuarto, apartado 4.2 de esta sentencia. TERCERO. Como está ordenado en el considerando quinto, entréguese copia autorizada del presente fallo a la parte que lo solicite y esté legitimada para ello. CUARTO. Cúmplase lo establecido en el considerando último de esta resolución.
- Principal
La autoridad responsable perteneciente al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco "Oriente", con residencia en Villa Aldama, Veracruz, cumple con el requerimiento efectuado en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con su contenido, así como con el de las documentales que anexó dese vista a las partes por el término de TRES DÍAS para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, y tómense en cuenta al momento de resolver este asunto de conformidad con los artículos 75 y 124 de la Ley de Amparo.
- Principal
De la certificación secretarial que antecede, se advierte que la celebración de la audiencia constitucional está señalada para hoy; por otra parte, del análisis íntegro del escrito de demanda y demás constancias que obran en autos, se observa que los actos reclamados por la parte quejosa, entre otros, consisten en la negativa de las autoridades responsables de proporcionarle atención médica en relación con los padecimientos que aduce; asimismo, que dichas autoridades negaron la existencia de tales actos al rendir su informe justificado y remitieron copia certificada de las constancias relativas a la atención médica que le es proporcionada fojas 86, 87 y 99 a 101. No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase únicamente al Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente con residencia en Villa Aldama, Veracruz, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remita copia certificada legible y completa de las constancias relativas al expediente médico del quejoso Saúl Eleuterio Jaimes Jaimes, incluso el dictamen médico efectuado en términos del artículo 50, párrafo segundo, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de las autoridades requeridas. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Novena Época Registro: 199454 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo V, Febrero de 1997 Materia(s): Común Tesis: P./J. 17/97 Página: 108 PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra podrá por deberá, se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Acorde con lo anterior, procede diferir la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy; en su lugar, se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo, con base en la disponibilidad de fechas que presenta la agenda de audiencias.
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