Saul Eduardo Moreno Rosas
Expediente 49/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 13 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 08/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Saul Eduardo Moreno Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito; mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión celebrada por ese Tribunal Colegiado, el veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, en el recurso de queja *** en la que, en su único punto resolutivo establece: "ÚNICO.- Se declara sin materia el presente recurso de queja interpuesto por el DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO FEDERAL DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL MORELOS (CEFEREPSI)." Acúsese el recibo de estilo correspondiente; efectúense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se ordena archivo Ahora bien, toda vez que por auto de veinte de marzo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional, se reservó acordar lo conducente, respecto al archivo del presente asunto, hasta en tanto se resolviera la queja interpuesta en auto; lo que ya aconteció. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de destrucción...
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Cuernavaca, Morelos, a veinte de marzo de dos mil diecinueve. Estado procesal Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veinticinco de febrero de dos mil diecinueve, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Del Recurso pendiente Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto de catorce de enero del año en curso, el cual se encuentra radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el toca de queja **; en consecuencia, hágase del conocimiento de dicho tribunal el contenido del presente auto para que proceda en los términos legales correspondientes. De la reserva de archivo En mérito de lo anterior, este Órgano Jurisdiccional se reserva a ordenar el archivo respectivo hasta en tanto sea resuelto el recurso a que se hace referencia en el apartado anterior. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios remitidos por el Director General del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, mediante el cual remite diversas constancias solicitadas por auto de dieciocho de febrero actual, en las que se advierte que el quejoso *** egresó de dicho centro penitenciario en atención a la sentencia absolutoria dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, en la causa penal ***; por tanto, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado en auto de misma fecha, por lo que se deja sin efecto el apercibimiento ahí decretado. Ahora bien, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: ... Así también es conveniente citar la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, Tomo VII, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y ocho, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas; sin embargo, conforme al texto de la ley de la materia y a las interpretaciones jurisprudenciales citadas, la procedencia del juicio de amparo está condicionada, entre otros supuestos, a que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Así, el motivo de improcedencia a que alude la fracción XXII del numeral 61 de la ley de la materia, surge a partir de que aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba se modificó sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten. Lo hasta ahora expuesto, tiene relevancia en el caso concreto, en virtud que el quejoso reclamó en esta instancia constitucional la reubicación de modulo, así como la tortura física y psicología con motivo de dicho cambio. Ahora bien, de las copias certificadas de cuenta, remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el quejoso ***, egresó del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en virtud de que mediante oficio ***, signado por el Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, fue ordenada su inmediata libertad por haber obtenido sentencia absolutoria a su favor, única y exclusivamente por cuanto al delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, previsto y sancionado en el diverso arábigo 4, fracción I, inciso B), ambos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la causa penal *** Luego entonces, a pesar de que en la fecha en que se puso en movimiento a este órgano de control constitucional (catorce de enero de dos mil diecinueve), aún se encontraba recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, en Ayala, Morelos, el treinta y uno de enero del año en curso, el quejoso egresó de dicho centro penitenciario en el que guardaba reclusión por haber obtenido a su favor sentencia absolutoria única y exclusivamente por el delito y causa penal descritos en el párrafo inmediato anterior, por lo cual deja de existir la materia sobre el cual se solicitó la protección de la justicia de la Unión. Así las cosas, aun cuando subsiste en el mundo fáctico la materia de reclamo a través del presente juicio constitucional, con motivo del egresó del impetrante de amparo el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se destruyó el objeto de la petición del solicitante del amparo, por ende, en caso de concluirse que los actos reclamados que se combaten son inconstitucionales, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estima violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, pues el mismo ha egresado del centro penitenciario en donde se podría hacer cumplir dicha determinación. En tal virtud, y aun cuando subsiste el acto reclamado (la reubicación de modulo, así como la tortura física y psicología con motivo de dicho cambio) la concesión de amparo que pudiera alcanzar el quejoso no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, dado que el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, el quejoso egresó del centro penitenciario en donde se encontraba recluido, de lo que se colige que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el juicio de conformidad con el precepto 63, fracción V, de la Ley de la Materia. Cobra aplicación, por su contenido jurídico la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo XXIV, correspondiente al mes de diciembre de dos mil seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Por tanto, desde este momento se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DOCE MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE. Ahora bien, toda vez que en el presente asunto se encuentra pendiente de resolver el recurso de queja interpuesto por la autoridad responsable en contra del auto de catorce de enero de la presente anualidad, el cual se encuentra radicado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el recurso de queja ***; en consecuencia, hágase del conocimiento de dicho tribunal el contenido del presente auto para que proceda en los términos legales correspondientes. Finalmente, tomando en consideración el egreso de la quejosa del centro penitenciario en donde se le practicaban las diligencias de notificación en el presente juicio de amparo, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte, el presente auto y los subsecuentes, por medio de las listas de acuerdos que se fijan en un lugar visible de este Juzgado Federal. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón actuarial asentada por el fedatario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar al quejoso ****, el auto de doce de febrero del año en curso, en virtud de que al constituirse en el Centro Federal Rehabilitación Psicosocial, fue informado por personal del departamento jurídico de dicho centro, que el quejoso de referencia egresó de dicho centro penitenciario, el treinta y uno de enero actual, en cumplimiento a la sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, por lo que no fue posible llevar a cabo la diligencia encomendada. En mérito de lo expuesto, requiérase al Director General de dicho Centro Penitenciario, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación del presente auto, remita copia certificada, legible y completa del acta que acredite, tal circunstancia. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior o de no informar dentro del mismo plazo el impedimento legal o material que tuviere para no hacerlo, se hará acreedor a una medida de apremio, consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo 237, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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