Saul de los Santos de Jesús

Expediente 1067/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1067/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2018

Partes del expediente

  • Saul de los Santos de Jesús

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDO A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: DESECHAMIENTO En veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, se da cuenta al Juez de Distrito con el escrito registrado con el número 19052. Conste. Xalapa, Veracruz, veinticinco de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por SAÚL DE LOS SANTOS DE JESÚS, contra actos del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, con sede en Villa Aldama, Veracruz y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 1067/2018, que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano, conforme a lo que en seguida se expone. Sirve de apoyo la tesis I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1318, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. En el caso, de manera oficiosa se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia, pues en el caso se considera se actualiza la prevista en el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]. Del precepto transcrito se desprende, que el juicio de garantías se torna improcedente cuando se hace valer en contra de actos de autoridad que hayan sido consentidos tácitamente, esto es, aquellos en contra de los cuales no se haya promovido el juicio de amparo dentro de los términos previstos por el artículo 17, en correlación con el numeral 18, ambos de la Ley de la materia. En este tenor, es pertinente citar el contenido de los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Como se aprecia en lo que interesa de la anterior transcripción, el numeral 17 establece como regla general, que la demanda de derechos humanos debe presentarse dentro del plazo de quince días, salvo algunos casos de excepción, entre ellos, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, supuesto en el que la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. El artículo 18 previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el referido plazo genérico de quince días, la primera de ellas, relativa a que el término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; la segunda hipótesis consiste en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el inconforme se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado; y la tercera estriba en que el término para la presentación de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, con excepción de la hipótesis prevista en la fracción I del citado artículo 17 de la Ley de la materia. En este contexto, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo, sea a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis anteriormente identificadas, que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno entre ellas; por lo que, el plazo respectivo debe computarse a partir de que se configure cualquiera de los supuestos normativos descritos, el que ocurra primero, y no otra. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época, Materia Común, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. En el caso, el acto reclamado por el quejoso SAÚL DE LOS SANTOS DE JESÚS consiste en: ? El acta administrativa en donde se le impuso un correctivo disciplinario de setenta y seis días, sin derecho a recibir visitas familiares o íntimas, no hacer uso de llamadas y restricción temporal del tránsito en el interior del centro penitenciario, es decir, prohibición de abandonar su celda, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario, la que dice el quejoso le fue notificada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, Ahora, la determinación reclamada que impuso el citado correctivo disciplinario al quejoso, se dictó dentro de un procedimiento, como se advierte de los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, los cuales establecen: Artículo 82. Para la imposición de las correcciones disciplinarias, se otorgará al probable infractor la garantía de audiencia, a fin de que manifieste por escrito lo que a su derecho convenga. Previo análisis y valoración de los argumentos que haga valer el probable infractor, el Consejo resolverá lo conducente. Con independencia de lo anterior, se deberán adoptar las medidas inmediatas, urgentes y necesarias para garantizar la seguridad del Centro Federal. El Director General, con base en la resolución que emita el Consejo, impondrá la sanción correspondiente. En todo caso, la resolución deberá estar fundada y motivada, describir en forma sucinta las causas por las que se impute la falta de que se trate al interno, contener las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la corrección disciplinaria impuesta, en los términos del Reglamento y del Manual correspondiente. Artículo 83. El interno, sus familiares, defensor, representante común, persona de confianza o cualquier otra persona al efecto designada, podrán inconformarse por escrito ante el Coordinador General en contra de la corrección disciplinaria impuesta, en un término de tres días hábiles contados desde el de su notificación. El Coordinador General dispondrá de igual término para emitir la resolución que proceda y comunicarla al Director General para que ordene su ejecución y al interesado para su conocimiento, agregándose copia de ambas al expediente único del interno. De la transcripción que antecede se advierten las características del procedimiento penitenciario que se instruye para la imposición de las correcciones disciplinarias a los internos infractores, entre las que se tienen, que se debe respetar su derecho de audiencia, a fin de que manifiesten por escrito lo que a su interés legal convenga. Además, se debe realizar un análisis y valoración de los argumentos que esgrime el probable infractor, a fin de que el Consejo Técnico Interdisciplinario se encuentre en posibilidades de emitir la resolución correspondiente, la cual deberá estar fundada y motivada, describir en forma sucinta las causas por las que se impute la falta al interno, contener las manifestaciones que en su defensa haya hecho y la corrección disciplinaria que se imponga; adicionalmente, se brinda la posibilidad al interno, sus familiares, al defensor, al representante común, a su persona de confianza para recurrir dicha determinación. Así lo determinó la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al emitir la jurisprudencia 1a./J. 39/2016 (10a.), publicada en la página 861, Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II, Décima Época, registro 2013063, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EN CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. EL TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA, ES EL GENÉRICO DE QUINCE DÍAS, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, si bien es un acto restrictivo de la libertad personal, es una determinación dictada "dentro de procedimiento", toda vez que se emite como resultado del procedimiento administrativo disciplinario previsto en los artículos 82 y 83 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y los artículos 20, 22, 23, 24 y 25 del Manual de Estímulos y Correcciones Disciplinarias de los Centros Federales de Readaptación Social, procedimiento en el que se prevén las exigencias mínimas básicas del debido proceso, a efecto de respetar el derecho de audiencia y defensa al reo, previo a la emisión de la determinación que le impone el correctivo disciplinario. Por tanto, respecto de ese acto, la regla aplicable para juzgar la oportunidad en la promoción del juicio de amparo en su contra, es la genérica de quince días, prevista en el párrafo primero del artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se ubica en el supuesto de excepción establecido en la fracción IV de ese dispositivo para que la demanda se pueda presentar en cualquier tiempo, ya que éste se refiere exclusivamente a los actos que constituyan ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. En ese contexto, se puede concluir válidamente que un correctivo disciplinario, aunque constituye un acto que afecta la libertad personal, en el ámbito particular de los internos de un Centro Federal de Readaptación Social, se dicta con posterioridad al desarrollo de un procedimiento establecido expresamente en la ley y, por ende, la impugnación de su constitucionalidad a través del juicio de amparo está sujeta al plazo genérico de quince días, previsto en el artículo 17 de la actual ley de la materia. Así, del contenido de la demanda de amparo y de la manifestación realizada por el promovente SAÚL DE LOS SANTOS DE JESÚS, en el capítulo del acto reclamado y antecedentes respectivo se observa que el correctivo disciplinario de setenta y seis días impuesto, le fue notificado el propio treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. En efecto, la manifestación hecha por el quejoso en cuanto a la fecha en que se le notificó el acta administrativa que le impuso el correctivo disciplinario que reclama en esta instancia, entraña una confesión expresa, por ende, sobre el conocimiento del acto, que se traduce en una prueba plena de ese hecho, según lo dispone el artículo 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, a la Ley de Amparo. En esas condiciones, el plazo mencionado de quince días hábiles con que contaba el quejoso para presentar su demanda de amparo en contra de la aludida determinación, debe computarse a partir del día hábil siguiente al en que surtió efectos, conforme a la ley del acto, la notificación del acto reclamado. Entonces, como el acta administrativa que en donde se le impuso el correctivo disciplinario a decir del propio quejoso le fue notificada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, el plazo genérico de quince días hábiles para promover el juicio de amparo en su contra, transcurrió del tres al veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, toda vez que deben excluirse del cómputo los días: ocho, nueve, quince, dieciséis, veintidós y veintitrés de septiembre del presente año, por corresponder a sábados y domingos, y catorce de septiembre de dos mil dieciocho, los cuales son inhábiles según lo establece el artículo 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De modo que si el quejoso presentó la demanda de amparo hasta el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad (foja 2), turnada a este Juzgado en la propia fecha, es evidente que había transcurrido en exceso el plazo genérico de quince días hábiles con que contaba, para presentar su demanda. Tal como se ilustra en el siguiente recuadro: AGOSTO 2018 Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 SEPTIEMBRE 2018 Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 OCTUBRE 2018 Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 Notificación Fecha de presentación Fenecimiento del término En apoyo de lo expuesto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 38, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, Materia Común, de rubro: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. En consecuencia, al actualizarse la causal prevista en el numeral 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 del propio ordenamiento, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita el quejoso, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como su autorizado únicamente en términos del artículo 24, párrafo segundo de la Ley de Héctor Jesús Aparicio Barradas, toda vez que dentro de la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no aparece el registro correspondiente. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable. Notifíquese personalmente al quejoso. Así, lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante María Felícitas Ponce Durán, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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