Saúl Cruz Hernández
Expediente 557/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 557/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Saúl Cruz Hernández
Actuaciones
- Principal
... el escrito signado por el quejoso ... expídasele a su costa copias certificadas de las constancias que indica, y hágasele entrega de las mismas al ocursante, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia....
- Principal
... se declara que ha causado estado el referido auto. ...archívese este juicio como concluido. ... este expediente es susceptible de ser destruido...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Saúl Cruz Hernández, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 557/2019/I-A. DESECHAMIENTO. Como aspecto previo, este órgano jurisdiccional, en atención al artículo 113 de la Ley de Amparo, debe proceder al análisis de la demanda de amparo que se plantea para que, en caso de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Así, de la demanda de cuenta, se desprende que los actos reclamados consisten, en: El acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 1043/18-13-01-9 del índice de la Sala Regional Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, que tuvo por contestada la demanda por parte de la autoridad demandada. La resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, dictada en ese controvertido, que resolvió el recurso de reclamación que promovió la parte aquí quejosa, contra el citado auto que tuvo por contestada la demanda por parte de la autoridad demandada, la cual declaró procedente pero infundado dicho medio de impugnación. Una vez precisado lo anterior, se advierte que respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el expediente 1043/18-13-01-9 del índice de la Sala Regional Golfo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, en donde se tuvo por contestada la demanda por parte de la autoridad demandada; se actualiza la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues contra el acuerdo reclamado la parte quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto el tres de mayo del año en curso y en donde, se confirmó el auto de doce de junio de dos mil dieciocho. De ahí, que se considere que ésta última resolución (interlocutoria del recurso de reclamación) sustituyó procesalmente al diverso auto de doce de junio de dos mil dieciocho, pues la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad. En relación con lo anterior, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, incluso ha razonado que se actualiza la cesación de efectos, por virtud de la sustitución procesal de actos, en la jurisprudencia número J/22, visible a página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, la cual se trascribe. "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así las cosas, si la parte quejosa señala como acto reclamado un auto en contra del cual hizo valer un medio defensa ordinario, como lo es el recurso de reclamación, el primero cesa en sus efectos, porque sus consecuencias jurídicas quedaron insubsistentes y no puede ser analizado por tratarse de un estado procesal diferente. Además, de que no es factible decidir la situación jurídica anterior al quedar legalmente sustituida con la decisión que recayó al recurso de reclamación hecho valer con posterioridad. En consecuencia, con motivo de la nueva decisión, se reitera, se considera no puede ser analizada la situación jurídica que prevalecía inicialmente, al ser objeto de estudio de la nueva determinación que la ha sustituido. Lo anterior encuentra apoyo por analogía, en la tesis I.2o.P.4 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible a página 2546, Tomo IV, Libro 38, Enero de 2017, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA". Por otro lado, conviene señalar que de acuerdo con los preceptos 107, fracción III, inciso b, de la Constitución Federal, 61, fracción XXIII, 62, y 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento por regla general, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación; entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. De lo anterior, se tiene que la interpretación realizada por el Tribunal del país en torno a la legislación constitucional y secundaria que rige actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ha sido en el sentido de que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, de libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga resolución favorable a sus pretensiones. Así, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyen para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa; en cambio, salvo excepciones, la afectación a derechos adjetivos, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que inciden dentro del procedimiento legal, según la intervención de las partes con vista a la obtención de una sentencia favorable; por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del gobernado. Luego, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versará en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento. Por lo tanto, no puede ser considerado como acto de imposible reparación aquél que tiene como consecuencia una afectación de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de actos son formales y desaparecen si el afectado obtiene sentencia favorable. Se invoca por similitud jurídica, la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 47/90, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." Por tanto, se estima que respecto al acto reclamado consistente en la resolución de tres de mayo de dos mil diecinueve, que resolvió el recurso de reclamación promovido por el aquí quejoso, contra del auto que tuvo por contestada la demanda, el juicio que se intenta es improcedente, pues tal acto, no implica una ejecución de imposible reparación, que afecten de manera directa e inmediata los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal o en algún tratado internacional del que México sea parte, sino que se trata de una transgresión a las leyes del procedimiento, que tiene efectos meramente procesales, ya que a través de la citada resolución sólo se confirmó el auto de doce de mayo de dos mil dieciocho, en donde se tuvo por contestada la demanda en el juicio de nulidad. Incluso, debe tomarse en consideración el contenido del artículo 172, de la Ley de la Materia, que contempla de manera enunciativa, más no limitativa, cuáles son las violaciones a las leyes del procedimiento, que afectan las defensas del quejoso trascendiendo al resultando del fallo. De donde se desprende, que las violaciones que llegaren a cometerse en perjuicio de la parte promovente, puede quedar subsanada con posterioridad, si en el caso, la sentencia que se dicte en el referido expediente 1043/2018-13-01-9, es favorable a sus intereses, o bien puede impugnarse tal violación por la vía directa, si así lo estima conveniente, alegándolo como violación procesal en los conceptos de violación correspondientes. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 54/2011 (9a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 772, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "DEMANDA. EL PROVEÍDO QUE LA TIENE POR CONTESTADA EN SENTIDO NEGATIVO NO ES, POR REGLA GENERAL, UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y PUEBLA)". En conclusión la resolución reclamada no afectan de manera real, actual, ni directa, el ejercicio de alguno de las prerrogativas fundamentales, sino en todo caso, derechos de carácter formal o adjetivo. Incluso debe precisarse quien pide el amparo es la parte actora en el juico administrativo de origen, es decir, en todo caso a quien le puede irrogar un perjuicio la resolución reclamada es a su contraria. En consecuencia, se actualizan las causas de improcedencia del juicio, previstas en las fracciones XXI y XXIII del artículo 61, ésta última en relación con el 107, fracción V, interpretado contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, los estrados de este órgano jurisdiccional, por así haberlo solicitado expresamente y como autorizados de su parte con las restricciones que impone el artículo 12 de la Ley de Amparo a Luis Federico Vázquez Pacheco, María Fernanda Hernández Lara, Eduardo Alejandro Vázquez Pacheco y Aurelio Vela Torales, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que no tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, lo que se corrobora con las constancias de registro correspondientes. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Ismael Arroniz Palacios, que autoriza y da fe.
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