Saul Cervantes Gonzalez

Expediente 715/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
715/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Saul Cervantes Gonzalez

Actuaciones

  1. Incidental

    ...Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con dos copias simples de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, fórmese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 715/2020, promovido por *** por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** contra actos que reclama de la Magistrada de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato capital y otra autoridad, que considera violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INFORME PREVIO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento en que reciban el oficio correspondiente, rindan por duplicado informe previo, en el que manifiesten si son ciertos o no los actos reclamados por la parte quejosa y en su caso, las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido, de que el informe solicitado, podrá ser remitido a este Juzgado vía ordinaria, fax al teléfono 462 62 4 40 81, vía telegráfica, o bien por correo institucional 10jdo16cto@correo.cjf.gob.mx; pero únicamente por una de las vías antes señaladas. En la inteligencia, que de no rendir su informe previo se presumirá cierto el acto que se le reclama y se impondrá por omisa, una multa de cien veces la unidad de medida y actualización vigente, en términos de lo dispuesto en el artículo 260, fracción I, en relación con el diverso 238 de la misma ley. Para efecto de lo anterior, remítase a la responsable copia simple de la demanda de amparo y anexos. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia incidental durante el transcurso del incidente, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlo en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." AUDIENCIA INCIDENTAL Para que tenga verificativo el desahogo de la audiencia incidental se señalan las TRECE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE; la que se fija en atención a las cargas de trabajo con las que cuenta este juzgado. ESTUDIO DE LA MEDIDA CAUTELAR De la interpretación sistemática de los artículos 125 a 158 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción X, del artículo 107 constitucional, se tiene que fuera de los casos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, la paralización de los actos reclamados en el juicio de amparo se encuentra condicionada a la integración de todos los presupuestos jurídicos siguientes: Solicitud de la medida y señalamiento del acto que pretende paralizarse. Certeza de los actos reclamados. Existencia de materia para la suspensión o medida cautelar. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; e, Interés jurídico que, de ser el caso, implica que se compruebe la apariencia del buen derecho (juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante del amparo frente a las violaciones alegadas, de modo que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se concederá la protección de la Justicia de la Unión del acto impugnado); lo cual de colmarse, debe sopesarse respecto del perjuicio que pueda ocasionarse al interés social con la concesión de la medida. Se precisa que la ausencia de cualquiera de dichas condiciones tiene como consecuencia que deba negarse la medida cautelar. SOLICITUD DE LA MEDIDA CAUTELAR FIJACIÓN DEL ACTO A PARALIZAR El numeral 128, fracción I de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos para la procedencia de la suspensión que exista petición de parte; en tal virtud, es necesario que el quejoso señale claramente los actos cuya suspensión se solicita. En el caso, se cumple con dicho requisito, pues la parte quejosa solicitó la medida cautelar e indicó que el acto que pretende paralizar consiste en: La resolución de seis de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación *** de la estadística de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital del mismo nombre, en la que confirmó la interlocutoria de trece de julio del año en curso, dictada por el Juez Civil de Partido Especializado en Oralidad Familiar de esta ciudad, en el juicio oral ordinario *** y se condenó al aquí quejoso al pago de $612,230.59 (seiscientos doce mil doscientos treinta pesos 59/100 Moneda Nacional), por concepto de dos mensualidades generadas de pensión alimenticia no cubierta en el periodo del veintidós de octubre de dos mil diecinueve al día veintiuno de febrero de dos mil veinte. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos, salvo que las manifestaciones vertidas por la parte quejosa desvirtúen su existencia, pues no puede partirse del supuesto de que los actos son ciertos cuando el propio inconforme lo reconoce en los hechos de la demanda; sin que ello prejuzgue sobre su procedencia pues para tal efecto deben analizarse los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para efectos de la suspensión provisional, los actos en estudio deben tenerse por ciertos con base en la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza el quejoso en relación con su emisión e inminencia, lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas, con lo que cualquier afectación sobre sus derechos se presumen ciertos. Lo anterior, conforme a lo establecido en la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206395 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 68, Agosto de 1993 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 5/93 Página: 12 "SUSPENSION PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis. Varios 34/91. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito. 11 de enero de 1993. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Maximiliano Toral Pérez. Tesis de Jurisprudencia 5/93. Aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal, en sesión privada de veintiocho de junio de mil novecientos noventa y tres, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Presidente Noé Castañón León, Atanasio González Martínez, Carlos de Silva Nava, José Manuel Villagordoa Lozano y Fausta Moreno Flores. Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, tesis 528, página 347. NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS (MATERIA PARA LA SUSPENSIÓN) Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar, medularmente, para que no se lleve a cabo provisionalmente los actos tendientes a la ejecución de la sentencia incidental. En ese sentido, resulta procedente la medida solicitada, respecto de tales efectos, pues consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de diversas acciones, esto es, la continuación del juicio de origen, que puede culminar en la ejecución de la resolución impugnada, lo que puede derivar en una eventual trasgresión, molestia o privación de bienes o derechos del gobernado. PONDERACIÓN DEL INTERÉS PARTICULAR SOBRE EL INTERÉS SOCIAL Y LAS DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. SUBSISTENCIA DEL ACREEDOR ALIMENTARIO En ese sentido, considerando los efectos por los que se consideró procedente la medida cautelar, para realizar el pronunciamiento correspondiente, esta Juzgadora debe asegurar la subsistencia de los acreedores alimentarios en el juicio de origen mientras dure el juicio principal. Ahora bien, a fin de realizar el estudio correspondiente este órgano jurisdiccional tomará en cuenta el salario mínimo vigente a la fecha en que se dicta la presente suspensión provisional, el cual asciende a $123.22 (ciento veintitrés pesos 22/100 moneda nacional); que multiplicado por ciento ochenta días (seis meses) que es el tiempo estimado para resolver el juicio de amparo del que deriva el presente incidente, arroja un importe de $22,179.60 (veintidós mil ciento setenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), por concepto de subsistencia para los beneficiarios alimentarios, por lo que por regla general respecto de dicha cantidad debe negarse la medida cautelar solicitada. En tales condiciones, al no reunirse los requisitos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional solicitada respecto del concepto estudio. B) EFECTOS Y CONSECUENCIAS En diverso aspecto, por lo que ve a los efectos y consecuencias del acto reclamado, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes o derechos que difícilmente recuperaría. INTERÉS SUSPENSIONAL ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, causen daños de imposible o difícil reparación a la parte quejosa en su esfera jurídica. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego" En ese sentido, la parte quejosa acredita, al menos de manera indiciaria, el interés que tiene para que se le conceda la medida de que se trata, con la manifestación que, bajo protesta de decir verdad, realiza en el sentido que es parte demandada en el juicio de origen y que le depara perjuicio el hecho de que se proceda al remate de los bienes embargados, por la cantidad que le reclaman por el pago de alimentos caídos, ordenado en el auto de trece de julio de dos mil veinte dentro del juicio *** del índice del Juzgado Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, auto que fue confirmado por ese mismo órgano jurisdiccional a través de la resolución del recurso de revocación que data del seis de octubre de dos mil veinte; lo cual merece valor probatorio merced al principio de probidad que rige el juicio de amparo que implica considerar que las partes se conducen con verdad y que sus afirmaciones son ciertas; por tanto, cualquier transgresión a sus derechos les afecta. Lo anterior tiene sustento en la tesis VII.2º.A.T.12 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página mil seis, tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, LOS ARGUMENTOS REALIZADOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN LA DEMANDA DE AMPARO, DEBEN TOMARSE EN CONSIDERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE LA, SIEMPRE QUE SEAN VEROSÍMILES. El Juez de Distrito actuó contrariamente a derecho al negar la suspensión provisional de los actos reclamados, por considerar básicamente que la quejosa no acreditó contar con licencia expedida por las autoridades competentes que autorizaran el funcionamiento de la negociación clausurada, pues omitió observar que aquélla manifestó en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que sí contaba con la licencia respectiva, sólo que no podía presentarla en ese momento debido a que se encontraba en el interior de la negociación, a la que lógicamente no tenía acceso, argumentos que son razonables y verosímiles, por lo que es evidente que si en ese momento procesal no se contaba con medios de convicción que desvirtuaran lo aseverado por la promovente, el a quo debió darles credibilidad a las afirmaciones referidas." Así, se satisfacen con los requisitos para la concesión de la presente medida precautoria, esto es, que la solicita la parte quejosa, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad; en caso de ejecutarse los actos reclamados serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían a la parte quejosa porque se le podría privar de bienes que difícilmente recuperaría. Por tanto, con fundamento en los artículos 128 y 131 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional solicitada. EFECTOS DE LA CONCESIÓN. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, procede otorgar la medida cautelar a la parte quejosa, para el efecto de que no se ejecute en su contra la resolución reclamada, únicamente por cuanto hace a la cantidad que exceda del monto que se fijó para la subsistencia de los acreedores alimentarios. Ello, en tanto las responsables reciban comunicación sobre la suspensión definitiva que se dicte en la presente incidencia, siempre y cuando a la fecha del dictado del presente acuerdo no haya acontecido, pues de ser así se estaría en presencia de actos consumados contra los que resulta improcedente otorgar la suspensión solicitada. Apercibidas las responsables, que de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. REQUISITOS PARA QUE SURTA EFECTOS LA MEDIDA CAUTELAR. Ahora bien, es importante precisarse que, por un lado el otorgamiento de la medida cautelar establece un mecanismo que atiende a la naturaleza del acto reclamado y a los efectos individuales y sociales que con ella se pudieran provocar; por otro lado, en cuanto a los requisitos que debe cumplir la parte quejosa para que surta efectos la suspensión que se le haya conferido, se incorpora el principio general consistente en que para ello será necesario que se otorgue caución bastante que responda por los daños y perjuicios que puedan ocasionar a la parte tercera interesada. Por ello, de conformidad con el artículo 138, primer párrafo y 139 de la Ley de Amparo, la presente medida cautelar surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la parte quejosa no presenta garantía que equivale a la suma de los daños y perjuicios que pudieren ocasionarse a la tercera interesada, así como la correspondiente a la subsistencia de los acreedores alimentarios, en los siguientes términos. En efecto, toda vez que los daños y perjuicios que se ocasionan con la concesión de la suspensión que se concede, están representados, los primeros (daños) con la depreciación o pérdida del valor adquisitivo de la cantidad que no ingresó al patrimonio del ejecutante vencedor y, los segundos (perjuicios) por las ganancias lícitas que obtendría al tener bajo su dominio el monto de la condena cuya ejecución se paraliza, hasta que se resuelva en definitiva el presente incidente. De tal manera, en principio, se toma en cuenta que el tiempo estimado para resolver la suspensión definitiva en el presente incidente de suspensión es de un mes; de ahí que, la caución fijada es la suma de los daños y perjuicios que pudieran causarse, la cual se cuantificará con base en el monto al que asciende la cantidad líquida a que le fue reclamada a la parte demandada -aquí quejosa- a través del acto reclamado, descontando la suma fijada para la subsistencia de los acreedores alimentarios. Resulta aplicable a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), con número de registro 2008219, obligatoria a partir del diecinueve de enero de dos mil quince, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en el Libro 14, Enero de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación." En ese sentido, la cantidad que se tomará en consideración para hacer el cálculo de los daños y perjuicios es la suma de $590,050.76 (quinientos noventa mil cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), que se obtiene de descontar de la cantidad a la que fue condenado, que asciende a $612,230.36 (seiscientos doce mil doscientos treinta pesos 36/100 moneda nacional), relativa al concepto de alimentos caídos, la suma de $22,179.60 (veintidós mil ciento setenta y nueve pesos 60/100 moneda nacional), fijada para la subsistencia de los acreedores alimentarios. Así, para el cálculo de los daños se debe tomar como base el aumento del índice nacional de precios al consumidor por el tiempo en que se considera puede resolverse sobre la suspensión definitiva (índice inflacionario) al día en que se emite la presente resolución; de lo que se obtiene que con relación al índice inflacionario de noviembre-diciembre de dos mil veinte, fue de 2.68% (dos punto sesenta ocho por ciento); por tanto, aplicando el porcentaje estimado de inflación en el mes aludido, al producto de la operación aritmética relativa a la cantidad a que asciende la ejecución, da la cantidad de $15,813.36 (quince mil ochocientos trece pesos 36/100 moneda nacional). En el caso de los posibles perjuicios, se calculan de acuerdo a la tasa de interés interbancaria de equilibrio a veintiocho días en el momento de la presente resolución, que equivale a 4.4930% (cuatro punto cuatro mil novecientos treinta por ciento) anual, según información que se trae de la página http://www.banxico.org.mx; la cual, dividida entre doce meses, arroja un porcentaje mensual de 0.3744% (cero punto tres mil setecientos cuarenta y cuatro por ciento). De modo que, si el tercero interesado dispusiera de la cantidad líquida de $590,050.76 (quinientos noventa mil cincuenta pesos 76/100 moneda nacional), se considera que dejaría de obtener como ganancia lícita en un período de un mes, el monto equivalente a $2,209.15 (dos mil doscientos nueve pesos 15/100 moneda nacional). En consecuencia, la parte quejosa deberá exhibir garantía por la cantidad de $18,022.51 (dieciocho mil veintidós pesos 51/100 moneda nacional), que equivale a la suma de los daños y perjuicios calculados con anterioridad. Por lo tanto, se determina que la suspensión provisional concedida, surte sus efectos desde este momento, pero dejará de hacerlo si la quejosa no exhibe dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de esta determinación, una garantía por la suma de los daños y perjuicios que han sido cuantificados, esto es, $18,022.51 (dieciocho mil veintidós pesos 51/100 moneda nacional), conforme a lo señalado en los párrafos que anteceden, en cualquiera de las formas permitidas por la ley. Hágase la observación de que si la garantía es presentada en billete de depósito, éste deberá ser constituido por la parte quejosa como depositante y si se garantiza mediante póliza de fianza, la compañía afianzadora que la expida se someterá de manera expresa a la jurisdicción de este juzgado; pero en ambas, el texto deberá ser el siguiente: "para garantizar la suspensión provisional concedida a *** por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** en el incidente de suspensión 715/2020". De igual manera, dentro del mismo plazo (cinco días) la parte quejosa deberá acreditar haber depositado ante el Juez Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad la cantidad considerada como necesaria para que subsistan los acreedores alimentarios; lo cual también constituye un requisito de efectividad. Apercibidas las responsables, que de no obedecer la presente resolución, se procederá en su contra en términos de lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD Por otra parte, en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables que de resultar ciertos los actos reclamados, proporcionen los datos que tenga a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional resolver el presente asunto en definitiva; apercibidas, que de hacer caso omiso a este requerimiento en los términos indicados, o bien de no manifestar el impedimento legal para ello, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación con el 259, ambas de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES VÍA ELECTRÓNICA Y CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el buzón electrónico del Poder Judicial de la Federación a través del usuario *** que al efecto proporciona. En atención a lo anterior, no ha lugar a tenerlo para los efectos que precisa, ello es así, pues esa vía no se encuentra contemplada en la Ley de Amparo para oír y recibir notificaciones; sin embargo, toda vez que señala un usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, de acuerdo a la Ley de la materia, aquellas notificaciones que tengan el carácter de personales, le serán practicadas por vía electrónica. Atento a lo anterior, practíquense al promovente, por vía electrónica, las notificaciones que tengan el carácter de personales. Asimismo, a fin de privilegiar el uso de tecnologías en la impartición de justicia, se autoriza a la parte promovente la consulta electrónica del presente expediente. DUDAS O REPORTE SOBRE FALLAS DEL SISTEMA Se informa a los usuarios que para la resolución de dudas sobre el uso del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, podrán contactarse al Escritorio de Soporte a través del correo electrónico escritoriodesoporte@correo.cjf.gob.mx, o bien, comunicarse a los números telefónicos: (55) 5449 9500 extensión 1507. (55) 5647 6050. 800 836 95 25 (Lada sin costo) Por otra parte, en caso de que el Sistema presente fallas técnicas que impidan el envío de documentación y la consulta de las actuaciones judiciales, deberán informar sobre la respectiva problemática en el vínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", o bien, de no poder utilizar dicha herramienta, levantar un reporte al correo electrónico: soportejuridicopslpjf@correo.cjf.gob.mx, para que el área correspondiente rinda un informe en que precise la existencia o no de la falla reportada y, de ser el caso, la causa, el momento a partir del cual se suscitó, su alcance y el día y la hora en que se subsanó, a efecto de que este juzgado provea lo conducente. De modo que, este juzgado no podrá pronunciarse sobre la existencia de fallas que llegaran a alegar las partes, sin que medie el informe que rinda el área correspondiente, por lo que es obligación del usuario dar aviso a dicha unidad administrativa en los términos señalados en el párrafo que antecede. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento que el expediente físico queda a su disposición para su consulta; en el entendido que para su revisión se deberá agendar una cita para que se permita el acceso a este juzgado, lo cual se tendrá que realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx . Además, se le comunica que, al contar con acceso al expediente electrónico, podrá descargar copia de las constancias que obran en el expediente electrónico, las cuales, de contener la evidencia criptográfica, se consideran como copias certificadas electrónicamente, y las que no la incluyan, se consideran como copias simples. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO. Se invita a las partes a que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tal medio, en los casos en que se estime pertinente. Ello, sin perjuicio del domicilio señalado para oír y recibir notificaciones. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS A las personas que señala, descritas en la certificación de cuenta, se les tiene como autorizados de la parte quejosa en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia, y a *** en términos restringidos del citado numeral, por los motivos expuestos en la certificación de cuenta, así como a la diversas personas que señala en dichos términos, por así haberlo solicitado. TERCERO INTERESADO Con apoyo en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoce el carácter de tercera interesada a *** quien tienen su domicilio en *** En consecuencia, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que se constituya en el domicilio de referencia y le notifique el presente acuerdo, corriéndole traslado con copia autorizada del mismo. Se hace la observación al funcionario que corresponda, que el citado domicilio no corresponde al procesal, por lo que la diligencia encomendada deberá realizarse en términos del artículo 27, fracción I, incisos a) y b), de la Ley de Amparo. En la inteligencia que por economía procesal y para una mayor agilidad en la integración del presente asunto, se faculta al actuario respectivo, para que de no encontrar a la persona buscada, y si se entera de un domicilio diverso donde pueda ser notificada, podrá constituirse en el lugar que se le informe y llevar a cabo la diligencia de que se trata, ello, sin necesidad de previo acuerdo. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" En ese orden, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. ATENCIÓN DE MEDIDAS DE HIGIENE EN DILIGENCIAS ACTUARIALES Se conmina a los actuarios a que las diligencias que se ordenen en este sumario las realicen atendiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación...

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