Saúl Cazarín Aguilar

Expediente 202/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
202/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/04/2021

Partes del expediente

  • Saúl Cazarín Aguilar

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, siete de abril de dos mil veintiuno. Vistas las constancias que integran este expediente y la certificación de cuenta, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Director del Reclusorio Penalito, con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número **********, que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado consiste en: El Inconstitucional, ilegal e infundado "traslado" del aquí quejoso del penalito a otro reclusorio fuera de la ciudad y del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Se encuentra actualmente recluido en el Penalito en Veracruz, Veracruz, con motivo del proceso penal 222/2020 del índice del Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, seguido en su contra por el delito de violación agravada. También refiere se llevó a cabo el once de este mes. Aunque más adelante vuelve a mencionar estar privado de su libertad en ese mismo lugar. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, estipulan: Capítulo V. Traslados. "Artículo 49. Previsión general. Las personas sujetas a prisión preventiva deberán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos al lugar donde se está llevando a cabo su proceso. Las personas sentenciadas podrán cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad en los Centros Penitenciarios más cercanos a su domicilio. Esta disposición no aplica en el caso de delincuencia organizada y respecto de otras personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad en los términos del penúltimo párrafo del artículo 18 Constitucional." "Artículo 50. Traslados voluntarios. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operarán cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. En estos casos no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo del artículo 18 de la Constitución. Cuando exista el interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro Centro Penitenciario, el Juez de Ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de la persona que sea su defensora. No procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad a otro país operarán cuando exista un tratado internacional en términos de lo dispuesto en el párrafo séptimo del artículo 18 de la Constitución." "Artículo 51. Traslados involuntarios. El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación. En audiencia ante el Juez de Ejecución se podrá solicitar el traslado. La Autoridad Penitenciaria podrá solicitar el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio. En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, el traslado podrá realizarse a petición del Ministerio Público ante el Juez de Control, en términos de lo establecido en el Código." "Artículo 52. Excepción al Traslado voluntario. La Autoridad Penitenciaria, como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, en los siguientes supuestos: I. En casos de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; II. En casos de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad, y III. En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del Centro Penitenciario. En todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado. En contra de la resolución judicial se podrá interponer el recurso de apelación en los términos previstos en esta Ley. En caso que dentro del plazo establecido, la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa." Artículo 117. Controversias sobre condiciones de internamiento, el plan de actividades y cuestiones relacionadas con ambas. Los sujetos legitimados por esta Ley para interponer peticiones administrativas también tendrán acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los siguientes aspectos: III. Los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados. Esta acción podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado, dentro de los diez días siguientes a la misma, o dentro de los diez días siguientes a su ejecución, cuando la persona privada de la libertad no hubiese sido notificada previamente, y." "Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla." "Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: [.] VII. Traslados; [.]" De la interpretación de los citados preceptos, se obtiene que el precepto 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé las consideraciones que se deben tomar para determinar los lugares de reclusión en que las personas sujetas a prisión preventiva y sentenciadas deben cumplir con la resolución judicial privativa de la libertad. Por su parte, los diversos 50 y 51 del ordenamiento invocado, disponen los requisitos legales para los traslados voluntarios e involuntarios, respectivamente. En el primer caso -traslado voluntario-establece que para que opere un traslado voluntario de una persona privada de la libertad, debe existir un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino. O, en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación, de acuerdo con el párrafo tercero del artículo 18 de la Constitución. Así también, como requisito, el Juez de Ejecución debe requerir el consentimiento expreso de la persona sentenciada en presencia de la persona que sea su defensora. Sin que opere el traslado a petición de parte tratándose de personas sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. El segundo supuesto -traslado involuntario-, instituye que éste deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el Juez de Control o de Ejecución, en su caso. Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la Autoridad Penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la aludida resolución judicial a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento antes invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En ese orden de ideas, en la especie, se advierte actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 49, 50, 51, 52 117, fracción III, 131 y 132, fracción VIII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el numeral 61, fracciones XVII y XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no pasa desapercibido que en el presente, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, que le instruye la causa penal 222/2020 de ese índice, por el ilícito de violación agravada. Pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda. Sin embargo, la orden de traslado combatida la atribuye tanto a dicho juez como a diversas autoridades administrativas. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto puede ser -según la autoridad que la hubiera emitido- la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XVIII, como la diversa XX de la Ley de la materia, que establecen el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, que le instruye el proceso penal 222/2020, para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada. En términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de ser emitida por el juez señalado como responsable, de conformidad con el artículo 131 de la normatividad recién citada, podrá recurrirla en apelación ante el Tribunal de Alzada correspondiente para revisión que puede ser confirmada, modificada o revocada. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualizan las causales a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, las previstas por el arábigo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de la materia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por **********, contra actos del 1. Director del Reclusorio Penalito, con sede en Veracruz, Veracruz y otras autoridades. Regístrese con el número **********, que le correspondió. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro Uno de Juzgado relativo al índice de juicios de amparo. Captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). De la lectura de la demanda de amparo se advierte el acto reclamado consiste en: El Inconstitucional, ilegal e infundado "traslado" del aquí quejoso del penalito a otro reclusorio fuera de la ciudad y del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz. Se encuentra actualmente recluido en el Penalito en Veracruz, Veracruz, con motivo del proceso penal ********** del índice del Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, seguido en su contra por el delito de violación agravada. También refiere se llevó a cabo el once de este mes. Aunque más adelante vuelve a mencionar estar privado de su libertad en ese mismo lugar. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Antes de indicar la causal que se estima actualizada en el presente asunto, es menester precisar el marco legal que actualmente rige en relación con los traslados. Los preceptos 49, 50, 51, 52, 117, fracción III, 131 y 132, fracción VII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ... Contra esa resolución, otorga a la persona privada de la libertad o sentenciada, la posibilidad de impugnarla a través del recurso de apelación Por su parte, también el diverso 52, luego de disponer que la Autoridad Penitenciaria podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad, mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de realizado el traslado, bajo la condición de que en todos los supuestos de excepción a los traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación para calificar la legalidad de la determinación administrativa de traslado, permite impugnar la aludida resolución judicial a través de la interposición del recurso de apelación en los términos previstos en esa Ley. Asimismo, el dispositivo 117, fracción III del ordenamiento antes invocado, otorga a la persona privada de su libertad, en materia de traslados el derecho de interponer acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, dentro de los diez días siguientes a la notificación del traslado o, en su caso, de no haber sido notificado, lo puede hacer en el plazo posterior a la ejecución. En ese orden de ideas, una interpretación funcional y extensiva de los preceptos 49, 50, 51, 52 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, permiten concluir que en materia de traslados, las determinaciones de las autoridades administrativas deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Asimismo, la persona privada de su libertad o sentenciada, tiene a su alcance la posibilidad de revocar las determinaciones del Juez de Control o Ejecución, según corresponda, ya sea contra traslados voluntarios o involuntarios, a través del recurso de apelación, previsto por los diversos 131 y 132, fracción VII de esa normativa. En ese orden de ideas, en la especie, se advierte actualizada la causal de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 49, 50, 51, 52 117, fracción III, 131 y 132, fracción VIII, todos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el numeral 61, fracciones XVII y XX de la Ley de Amparo. Ello es así, pues no pasa desapercibido que en el presente, la parte quejosa señaló como autoridad responsable al Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, que le instruye la causa penal 222/2020 de ese índice, por el ilícito de violación agravada. Pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en su demanda. Sin embargo, la orden de traslado combatida la atribuye tanto a dicho juez como a diversas autoridades administrativas. De ahí que la causa de improcedencia actualizada en este asunto puede ser -según la autoridad que la hubiera emitido- la contemplada por el arábigo 61, en su fracción XVIII, como la diversa XX de la Ley de la materia, que establecen el juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. Así, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional para promover la demanda que se analiza, la parte quejosa debe agotar la instancia ordinaria necesaria. En caso de ser emitida la orden de traslado por autoridad administrativa, recurrirla ante el Juez de Control de Juzgado C de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito XVII, con sede en Veracruz, Veracruz, que le instruye el proceso penal 222/2020, para que, en su caso, sea confirmada, modificada o revocada. En términos del artículo 117, fracción III de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y en caso de ser emitida por el juez señalado como responsable, de conformidad con el artículo 131 de la normatividad recién citada, podrá recurrirla en apelación ante el Tribunal de Alzada correspondiente para revisión que puede ser confirmada, modificada o revocada. En consecuencia, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de cuenta por su notoria improcedencia contra el acto reclamado consistente en la orden de traslado, pues se actualizan las causales a que se hizo referencia en el cuerpo de este auto, esto es, las previstas por el arábigo 61, fracciones XVIII y XX de la Ley de la materia...

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