Saúl Casillas Pérez

Expediente 880/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
880/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Saúl Casillas Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio que signa el Fiscal Ejecutivo de la Investigación Criminal del Estado de Jalisco, mediante el cual en atención al requerimiento de veintiocho de noviembre del año en curso (foja 416), devuelve el sobre cerrado que le fue solicitado en dicho proveído. En virtud de lo anterior, al resultar innecesaria su retención remítase el anexo de mérito (sobre cerrado), al Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza en el Estado de Jalisco, que fue la autoridad responsable que lo allegó a este sumario, para que acuerde lo que en derecho corresponda en relación a su destino. Finalmente, se tiene por recibido el oficio que signa la Delegada de las autoridades responsables pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, mediante el cual realiza manifestaciones en torno al requerimiento de veintiocho de noviembre del año en curso (foja 416); promoción que se ordena agregar únicamente para que obre como constancia toda vez que en párrafos anteriores se proveyó lo conducente respecto a la devolución del sobre cerrado, objeto de dicho comunicado. Notifíquese.

  2. Principal

    ***Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 393), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportaron las autoridades responsables; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa personalmente el siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 395), fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si las autoridades señaladas como responsables dieron el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado a Saúl Casillas Pérez, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; Director de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en sus respectivas competencias, dejen insubsistentes el proceso de evaluación de control y confianza que se practicó al quejoso, el reporte integral en el que se le consideró como no aprobado, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo P.S. 105/2017, sin que dichas actuaciones puedan surtir algún efecto legal en perjuicio del quejoso, al ser ilegales desde su origen; en la inteligencia que la anterior concesión no impide que el peticionario del amparo, pueda ser sometido a un nuevo proceso de evaluación de control y confianza." Al respecto, por oficios CESP/CEECC/JC/1014/2019, CESP/CEECC/JC/1050/2019 y SS/DGJ/DA/3141/2019 (fojas 354 a 360, 372 a 377 y 389 a 393), el Director General y el Coordinador de Entorno Socioeconómico, ambos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, así como el Director General de Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitieron diversas constancias, entre ellas el acuerdo en el que se advierte que las responsables dejaron insubsistente el proceso de evaluación de control y confianza que se practicó al quejoso, y el reporte integral con número de folio 19417-2, en el que se le consideró como no aprobado, asimismo, se aprecia que se dejó insubsistente el oficio CESP/CEECC/4226/2017; así como remitieron copia certificada del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve dentro del procedimiento de separación número 105/2017 de su índice, en el que se dejó insubsistente todo lo actuado en tal procedimiento. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y las actuaciónes de las autoridades responsables frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme al artículo vigésimo primero, fracción III, del acuerdo en comento, que el original es depurable una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la suspensión solicitada. En tanto que el duplicado es susceptible de destrucción en términos de la fracción III del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución cuaderno de prueba y sobre cerrado. Por último, toda vez que mediante proveído de dieciocho de mayo y seis de junio de dos mil dieciocho, se recibieron un sobre cerrado y diversas constancias con las que se ordenó formar cuaderno de prueba, por lo que resulta innecesaria la retención de dichas constancias, por lo tanto devuélvanse a las autoridades que las remitieron, a efecto de que sean ellas quienes acuerden lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese.

  3. Principal

    AVISO PRINCIPAL. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 393), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportaron las autoridades responsables; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa, este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, no obstante que el mencionado acuerdo se notificó a la parte quejosa personalmente el siete de noviembre de dos mil diecinueve (foja 395), fue omisa en emitir pronunciamiento al respecto. Sin embargo, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si las autoridades señaladas como responsables dieron el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: "En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado a Saúl Casillas Pérez, para el efecto de que las autoridades responsables Director del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; Director de Asuntos Internos y Auditoria Preventiva de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en sus respectivas competencias, dejen insubsistentes el proceso de evaluación de control y confianza que se practicó al quejoso, el reporte integral en el que se le consideró como no aprobado, así como todo lo actuado en el procedimiento administrativo P.S. 105/2017, sin que dichas actuaciones puedan surtir algún efecto legal en perjuicio del quejoso, al ser ilegales desde su origen; en la inteligencia que la anterior concesión no impide que el peticionario del amparo, pueda ser sometido a un nuevo proceso de evaluación de control y confianza." Al respecto, por oficios CESP/CEECC/JC/1014/2019, CESP/CEECC/JC/1050/2019 y SS/DGJ/DA/3141/2019 (fojas 354 a 360, 372 a 377 y 389 a 393), el Director General y el Coordinador de Entorno Socioeconómico, ambos del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza del Estado de Jalisco, así como el Director General de Jurídico de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, remitieron diversas constancias, entre ellas el acuerdo en el que se advierte que las responsables dejaron insubsistente el proceso de evaluación de control y confianza que se practicó al quejoso, y el reporte integral con número de folio 19417-2, en el que se le consideró como no aprobado, asimismo, se aprecia que se dejó insubsistente el oficio CESP/CEECC/4226/2017; así como remitieron copia certificada del acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve dentro del procedimiento de separación número 105/2017 de su índice, en el que se dejó insubsistente todo lo actuado en tal procedimiento. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedido por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y las actuaciónes de las autoridades responsables frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos; por tanto, resulta evidente que las responsables no incurrieron en exceso, porque no se extralimitaron en el cumplimiento, ya que no fueron más allá de lo ordenado en la ejecutoria; tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de las entidades obligadas al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto por una parte sobreseyó y por otra se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Destino de los cuadernos incidentales. Por otra parte, por lo que respecta a los cuadernos del incidente de suspensión, se considera conforme al artículo vigésimo primero, fracción III, del acuerdo en comento, que el original es depurable una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, en virtud de que se concedió la suspensión solicitada. En tanto que el duplicado es susceptible de destrucción en términos de la fracción III del artículo vigésimo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, lo que podrá hacerse una vez transcurridos seis meses, como lo indica el referido punto. Devolución cuaderno de prueba y sobre cerrado. Por último, toda vez que mediante proveído de dieciocho de mayo y seis de junio de dos mil dieciocho, se recibieron un sobre cerrado y diversas constancias con las que se ordenó formar cuaderno de prueba, por lo que resulta innecesaria la retención de dichas constancias, por lo tanto devuélvanse a las autoridades que las remitieron, a efecto de que sean ellas quienes acuerden lo que en derecho corresponda en relación con su destino. Notifíquese. Así lo proveyó Rodrigo Torres Padilla, Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el licenciado Ernesto Montoya Chávez, secretario que autoriza, da fe y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coincide en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico.

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