Saul Canul Jimenez
Expediente 2172/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2172/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Saul Canul Jimenez
- Juez de Distrito Especilizado En el Sistema Penal Acusatorio Maria Isabel Reyes Servin
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el veintiuno de octubre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en los artículos, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEYÓ en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del Acuerdo General antes mencionado, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la suspensión provisional y se declaró sin materia dicho incidente, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es destruible, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Incidental
Por lo expuesto y considerado, con fundamento en los artículos 140 y 143 de la Ley de Amparo y el diverso 146 de la referida Ley, se: RESUELVE PRIMERO. SE NIEGA a *******, contra actos del Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica en Yucatán; el Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; el Director de la Policía Municipal; el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán y Asistente de Despacho Judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. Se declara SIN MATERIA el incidente de suspensión promovido por *******, contra un acto que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez; lo anterior, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Agréguense a estos autos los informes justificados rendidos por Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez y Asistente de Despacho Judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán; asimismo, tómese nota que la autoridad responsable dio acceso al expediente electrónico de la causa penal 51/2016, de su índice; hágase lo anterior, conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, para que realice las acciones necesarias a fin de lograr la vinculación de los expedientes correspondientes. Ahora bien, atento al contenido del informe del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez, la suscrita advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente, la cual establece literalmente, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" Respecto de esta causal, conviene acotar lo siguiente: un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En la especie, el quejoso ******, se duele de la orden de aprehensión y/o detención dictada en su contra, así como su ejecución. Ahora bien, de lo comunicado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez, se advierte lo siguiente: Por audiencia de veintinueve de julio de dos mil dieciséis, celebrada en el proceso penal 51/2016, se libró orden de aprehensión en contra del imputado Francisco Peralta Hernández, en virtud de que no se presentó a la continuación de la audiencia inicial, en su fase de vinculación. Mediante escrito de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso *******, se puso a disposición del Juez de Control para la continuación del proceso; derivado de lo anterior, se fijó fecha y hora para la celebración de audiencia inicial. En audiencia inicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, el aquí quejoso manifestó llamarse correctamente ******y no *****; una vez desarrollada la audiencia en todas sus etapas procesales, se dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la biodiversidad, en la modalidad de acopio de especie acuática en veda isostichopus badiootus, comúnmente conocido como pepino de mar con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción II, en relación con el último párrafo de ese precepto, del Código Penal Federal. En este orden de ideas, si en el presente juicio de amparo, en un principio, el hoy quejoso, reclamó la orden de aprehensión y/o detención emitida en su contra, y con posterioridad a la orden reclamada, es decir, el veintitrés de septiembre del año en curso, en el proceso penal 51/2016, se decretó auto de vinculación a proceso al quejoso ******, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito contra la biodiversidad, en la modalidad de acopio de especie acuática en veda isostichopus badiootus, comúnmente conocido como pepino de mar con fines de comercio, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción II, en relación con el último párrafo de ese precepto, del Código Penal Federal; es claro, que cambió la situación jurídica del peticionario de amparo, siendo que ante tal situación, la consecuencia legal de la orden en principio narrada quedó insubsistente y ahora ya no puede ser analizada, pues ésta en todo caso ha quedado insubsistente con la determinación que resolvió la situación jurídica del nombrado quejoso, que es un estado procesal diferente a la orden de aprehensión reclamada. En mérito de lo anterior, al aparecer un cambio de situación jurídica en el presente asunto, resulta obvio concluir, el amparo solicitado por Saúl Canul Jiménez, pues es improcedente por haberse resuelto su situación jurídica con el dictado del auto de vinculación a proceso, con posterioridad a la mencionada orden de captura y a la promoción del amparo (seis de septiembre de dos mil veintidós), y por ende, se surte la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por lo que respecta a los actos reclamados a las responsables, con apoyo en la fracción V del artículo 63 del invocado ordenamiento. No obstante lo anterior, cabe precisar que en el caso no se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, esto es, cesación de efectos del acto reclamado, pues si bien la parte quejosa reclamó la orden de aprehensión dictada en su contra, ésta dejó de surtir sus efectos; pues lo cierto es que, para que dicha causal de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que aun sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Dicho lo anterior, en el caso concreto no se actualiza el supuesto, pues como ya se dijo, si bien la orden de aprehensión ha dejado de existir, lo cierto es que de manera alguna surtió sus efectos, pues el quejoso compareció en el procedimiento penal de origen, de ahí que en el caso no se actualice la causa de improcedencia citada. Por consiguiente, esta Juzgadora Federal, decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. Sirve de orientación a la determinación anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia I.7º.P.25P, cuyo rubro es: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Por otra parte, y respecto de los actos reclamados a las diversas autoridades responsables, se actualiza la causal de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. (.)" Como se advierte de los informes que rindieron el Encargado del Despacho de la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República en Yucatán; el Director de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; el Director de la Policía Municipal; el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que integra la Organización regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Yucatán y Asistente de Despacho Judicial adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, se tiene que éstos negaron los actos que se les atribuyó consistentes en la orden de aprehensión y detención dictada en contra de la parte quejosa, y señalaron los motivos en los que sustentaron su negativa; en consecuencia, ante la negativa de las responsables debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto de las mismas. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto u omisión reclamada en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. La razón de ello, es porque los fines que persigue el juicio de amparo al otorgar la protección constitucional a la parte agraviada es para invalidar el acto u omisión reclamada, restituyendo a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales conculcados y regresando las cosas al estado que tenían con antelación a la emisión o ejecución del mismo por parte de la responsable. De ahí que ante la inexistencia de los actos reclamados a dichas autoridades, ello impide que esta juzgadora pueda analizar los actos reclamados, haciéndose imposible restituirle del goce de los derechos fundamentales respecto de actos que no existen. En consecuencia, al no existir los actos reclamados a las autoridades responsables, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a estas autoridades, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Erika Esther Góngora Barbosa, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, catorce de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio remitido por la Directora y Director, ambos Contenciosos adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos "C" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual acusan recibo de los oficios con los que se les notificó la interposición del recurso de revisión por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y por la Directora General Adscrita a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del diverso recurso de revisión interpuesto por el Presidente de la República, los cuales fueron recibidos el siete de octubre pasado. De lo que se toma conocimiento para los fines legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
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