Saúl Camacho Quezada

Expediente 1483/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 24 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1483/2018
Año
2018
Actuaciones
24
Última actuación
07/05/2019

Partes del expediente

  • Saúl Camacho Quezada

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    MESA VI Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que la parte quejosa dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformó contra el proveído de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expuesto lo anterior y visto el estado procesal del presente juicio de amparo se evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectivas. Ello es así, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia, pues en el presente juicio se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII del Acuerdo de referencia), asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese

  2. Principal

    MESA VI. UN ACUERDO CON NOTIFICACION PERSONAL

  3. Principal

    MESA VI. CITATORIO (QUEJOSO S.C.Q.) SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICAN POR LISTA LOS AUTOS DE 04 DE MARZO Y 01 ABRIL DE 2019, QUE DICEN: "Toluca, Estado de México; cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar: El presente juicio se promovió por *** quien señaló como acto reclamado el auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente **/2017, por medio del cual se aplicó al quejoso la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Ahora, mediante sentencia de siete de enero de dos mil diecinueve, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *** contra el acto y la autoridad precisada en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, para los efectos precisados en la última parte del considerando octavo de este fallo". Por su parte, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución **/2017. b) Emita una nueva determinación en la que proceda a dar contestación a lo peticionado por el aquí quejoso, en cuanto al cambio de modalidad del programa en prelibertad, al que se encuentra sujeto, atendiendo para ello, a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México y a los requisitos en ella establecidos para su procedencia, con base en la cual le fue concedido el primer beneficio, resolviendo lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo; y al efecto exhibió copia certificada del expediente de ejecución de sentencia **/2017. De dicho auto se advierte que la responsable dejó insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución **/2017; así como también emitió una nueva determinación en la que procedió a dar contestación a lo peticionado por el aquí quejoso, en cuanto al cambio de modalidad del programa en prelibertad, al que se encuentra sujeto; a través de ello, concedió al sentenciado *** el beneficio de la remisión parcial de la pena y en consecuencia acortar la pena privativa de libertad de siete años, seis meses, en virtud que reveló otros datos de efectiva reinserción social. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la multicitada responsable, misma que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, se atendieron los efectos del fallo protector, pues la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, "dejó insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución **/2017, y dictó una nueva determinación en la que concedió al quejoso el régimen de prelibertad en la sexta modalidad, es decir, con presentaciones semanales hasta su total compurga (que será hasta el trece de marzo de dos mil veintiuno), ante el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México, en los siguientes términos: "En esta tesitura en virtud de que la Legislación que le fue aplicada al quejoso para el "otorgamiento del beneficio que a la fecha goza, lo es la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México, que contienen la reforma publicada en la Gaceta De Gobierno del veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, y que como lo remarca la autoridad federal en su ejecutoria amparante es la que mayor le beneficia, consecuentemente, y advirtiéndose que la protección federal tiene como origen la solicitud del cambio de modalidad del programa en prelibertad al que se encuentra sujeto el quejoso, a efecto de que se le ubique en la diversa modalidad seis (presentación semanal al centro penitenciario), establecida en la resolución de data trece de septiembre de dos mil diecisiete; y si bien a la fecha se encuentra en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su título quinto, establece los "Beneficios Preliberacionales", que el Juez de Ejecución de Sentencias podrá conceder a las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de los artículos 136, 137 (libertad condicionada) y artículo 141 (libertad anticipada), y que para acceder a dichos beneficios establece como requisito que se haya cubierto el pago de la reparación del daño y la multa impuestas en la sentencia de condena; y la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México, no preveé esta condicionante, la cual representa beneficiosa, en virtud de que fue condenado a la reparación del daño material de *** así como una multa de *** por tanto el aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal sería exigible su pago para acceder a alguno de los beneficios aludidos en razón de que en autos no se advierte haber realizado pago alguno; luego entonces al ser más favorable la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México con la que se le concedió el beneficio preliberacional del que goza, en ese orden, con fundamento en los artículos 38, 40, 41 y 42 del Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, es procedente el cambio de modalidad del régimen preliberacional concedida mediante resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete en términos del artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México indicada, SE CONCEDE AL QUEJOSO *** EL RÉGIMEN DE PRELIBERTAD EN LA SEXTA MODALIDAD, ES DECIR CON PRESENTACIONES SEMANALES HASTA SU TOTAL COMPURGA (que será el trece de marzo de dos mil veintiuno), ante el centro ´Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México". Por tanto, se concluye que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese." "Toluca, Estado de México; primero de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal de los autos, se advierte que no obra constancia de que el quejoso *** le haya sido notificado personalmente el auto de cuatro de marzo de dos mil diecinueve para que en el plazo de quince días contados a partir de la legal notificación de dicho proveído, manifestara su conformidad o no respecto a la valoración realizada por este órgano, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente al quejoso el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa." SRG

  4. Principal

    MESA VI Vista la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por tanto, al atender el estado procesal de los autos y en términos de lo dispuesto en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a determinar si la sentencia se encuentra cumplida o no, si existe exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. A fin de establecer lo anterior, es necesario precisar El presente juicio se promovió por **, quien señaló como acto reclamado el auto de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, en el expediente 23/2017, por medio del cual se aplicó al quejoso la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Ahora, mediante sentencia de siete de enero de dos mil diecinueve, se resolvió el presente asunto en los términos siguientes "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a **, contra el acto y la autoridad precisada en los considerandos tercero y cuarto de esta sentencia, para los efectos precisados en la última parte del considerando octavo de este fallo". Por su parte, la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, realizara lo siguiente Deje insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución 23/2017. Emita una nueva determinación en la que proceda a dar contestación a lo peticionado por el aquí quejoso, en cuanto al cambio de modalidad del programa en prelibertad, al que se encuentra sujeto, atendiendo para ello, a lo dispuesto por la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del Estado de México y a los requisitos en ella establecidos para su procedencia, con base en la cual le fue concedido el primer beneficio, resolviendo lo que en derecho corresponda. Atento a lo anterior, mediante proveído de veintidós de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio signado por la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, mediante el cual comunicó la forma en que dio cumplimiento a la sentencia de amparo; y al efecto exhibió copia certificada del expediente de ejecución de sentencia 23/2017. De dicho auto se advierte que la responsable dejó insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución 23/2017; así como también emitió una nueva determinación en la que procedió a dar contestación a lo peticionado por el aquí quejoso, en cuanto al cambio de modalidad del programa en prelibertad, al que se encuentra sujeto; a través de ello, concedió al sentenciado **, el beneficio de la remisión parcial de la pena y en consecuencia acortar la pena privativa de libertad de siete años, seis meses, en virtud que reveló otros datos de efectiva reinserción social. En tal contexto, del examen de las documentales allegadas por la multicitada responsable, misma que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria tienen pleno valor probatorio, se desprende que, se atendieron los efectos del fallo protector, pues la Jueza de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, "dejó insubsistente la determinación de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente de ejecución 23/2017, y dictó una nueva determinación en la que concedió al quejoso el régimen de prelibertad en la sexta modalidad, es decir, con presentaciones semanales hasta su total compurga (que será hasta el trece de marzo de dos mil veintiuno), ante el Centro Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México, en los siguientes términos "En esta tesitura en virtud de que la Legislación que le fue aplicada al quejoso para el "otorgamiento del beneficio que a la fecha goza, lo es la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México, que contienen la reforma publicada en la Gaceta De Gobierno del veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, y que como lo remarca la autoridad federal en su ejecutoria amparante es la que mayor le beneficia, consecuentemente, y advirtiéndose que la protección federal tiene como origen la solicitud del cambio de modalidad del programa en prelibertad al que se encuentra sujeto el quejoso, a efecto de que se le ubique en la diversa modalidad seis (presentación semanal al centro penitenciario), establecida en la resolución de data trece de septiembre de dos mil diecisiete; y si bien a la fecha se encuentra en vigor la Ley Nacional de Ejecución Penal, que en su título quinto, establece los "Beneficios Preliberacionales", que el Juez de Ejecución de Sentencias podrá conceder a las personas sentenciadas que se encuentren en los supuestos de los artículos 136, 137 (libertad condicionada) y artículo 141 (libertad anticipada), y que para acceder a dichos beneficios establece como requisito que se haya cubierto el pago de la reparación del daño y la multa impuestas en la sentencia de condena; y la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México, no preveé esta condicionante, la cual representa beneficiosa, en virtud de que fue condenado a la reparación del daño material de $3,486,082,03 (tres millones cuatrocientos ochenta y seis mil ochenta y dos pesos 03/100 M.N.), así como una multa de $8,901.20 (ocho mil novecientos un peso 10/100 M.N.), por tanto el aplicar la Ley Nacional de Ejecución Penal sería exigible su pago para acceder a alguno de los beneficios aludidos en razón de que en autos no se advierte haber realizado pago alguno; luego entonces al ser más favorable la Ley de Ejecución de Penas Privativas de la Libertad del Estado de México con la que se le concedió el beneficio preliberacional del que goza, en ese orden, con fundamento en los artículos 38, 40, 41 y 42 del Reglamento de los Juzgados de Ejecución de Sentencias del Poder Judicial del Estado de México, es procedente el cambio de modalidad del régimen preliberacional concedida mediante resolución de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete en términos del artículo 200 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México indicada, SE CONCEDE AL QUEJOSO ** EL RÉGIMEN DE PRELIBERTAD EN LA SEXTA MODALIDAD, ES DECIR CON PRESENTACIONES SEMANALES HASTA SU TOTAL COMPURGA (que será el trece de marzo de dos mil veintiuno), ante el centro ´Penitenciario y de Reinserción Social "Santiaguito", Almoloya de Juárez, México". Por tanto, se concluye que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por la responsable en sus términos y no se incurrió en exceso o defecto. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, que establece "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por último, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese.

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