Saul Camacho Quezada
Expediente 1160/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1160/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/09/2018
Partes del expediente
- Saul Camacho Quezada
- Juez Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
III La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, a través del cual se desechó la demanda de amparo sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa contenida en el precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el presente sumario como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, se precisa que el presente expediente por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo, es susceptible en su oportunidad de ser destruido. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el Punto Segundo inciso XVIII) del Acuerdo citado; asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
iii)( SE LISTA AVISO PARTE QUEJOSA)N Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el escrito signado por Ignacio Camacho Quezada, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de uno de agosto de los actuales, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza diversas personas para tales efectos. En relación con el domicilio que señala y autorizados que refiere para oír y recibir notificaciones, dígase que deberá estarse a lo acordado en el mencionado auto. Ahora bien, con la finalidad de establecer sí se ha dado cumplimiento a la mencionada prevención, así como verificar la procedencia del juicio, es necesario destacar que del escrito inicial de demanda y sus desahogos de quince y veinticuatro de agosto del año en curso, se advierte lo siguiente: Acto reclamado El auto de once de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de revocación en contra del auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, por el que interpuso incidente de nulidad de notificación, dentro del expediente 39/2017, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Antecedentes del acto reclamado: a). El diez de octubre de dos mil diecisiete, se presentó nulidad de notificaciones ante la autoridad mencionada. b). Por acuerdo de once siguiente, se desechó dicha nulidad por improcedente. c). El veintidós de junio de dos mil dieciocho, solicitó se resolviera la nulidad, por lo que en respuesta a ello el veinticinco siguiente la autoridad señalada como responsable refirió al quejoso que debía estarse a lo resuelto en auto de once de octubre de dos mil diecisiete, donde se desechó la nulidad de notificaciones por improcedente. d). El nueve de julio de dos mil dieciocho, nuevamente presentó recurso de revocación, mismo que mediante auto de once siguiente se desechó por notoriamente improcedente debido a que se presentó fuera de tiempo. Como puede verse desde la fecha indicada en el antecedente c), el quejoso a través del recurso de revocación pretende inconformarse en contra del acto de autoridad de once de octubre de dos mil diecisiete, es decir pasaron más de ocho meses para que intentara dicha inconformidad. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones hechas por el quejoso en dichos ocursos se procede a analizar las causas de improcedencia de manera oficiosa por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Lo anterior, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 393,973, publicada en el página 12, del tomo VI, del Apéndice de 1995, quinta época de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse a la quejosa que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito. Connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe significar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis con número de registro 232011, publicada en la página 9, 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio a la parte quejosa, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que la parte quejosa se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, o bien, a la inversa, de manera subsecuente, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, como se ha señalado, el acto reclamado consiste en el auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia ahora Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, dentro del incidente de nulidad de notificaciones. En relación con dicho acto, se considera que existen manifestaciones de la parte quejosa que entrañan su consentimiento, pues como se advierte de los antecedentes destacados tiene su origen en la determinación de once de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión mismo que instó aproximadamente ocho meses después. Lo cual, deja expuesto que en la especie se actualizan los supuestos descritos pues válidamente se puede considerar la expresión de su voluntad para consentir el acto reclamado, al no haber recurrido el auto en el que se decretó la improcedencia del recurso de nulidad de notificación. Además de considerar procedente lo intentado sería tanto como permitir que las partes vulneren la firmeza jurídica de las determinaciones que no sean impugnadas en el tiempo procesalmente establecido para cada caso, que al tratarse de revocación conforme a las máximas de la experiencia en ningún caso excede de ocho meses. Por lo cual, se estima tiene el carácter de un acto consentido y se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por consiguiente, lo que rige es desechar en el presente asunto respecto del acto precisado con anterioridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
iii)Toluca, Estado de México; veintisiete de agosto de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el escrito signado por Ignacio Camacho Quezada, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de uno de agosto de los actuales, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza diversas personas para tales efectos. En relación con el domicilio que señala y autorizados que refiere para oír y recibir notificaciones, dígase que deberá estarse a lo acordado en el mencionado auto. Ahora bien, con la finalidad de establecer sí se ha dado cumplimiento a la mencionada prevención, así como verificar la procedencia del juicio, es necesario destacar que del escrito inicial de demanda y sus desahogos de quince y veinticuatro de agosto del año en curso, se advierte lo siguiente: Acto reclamado El auto de once de julio de dos mil dieciocho, en el que se desechó el recurso de revocación en contra del auto de diez de octubre de dos mil diecisiete, por el que interpuso incidente de nulidad de notificación, dentro del expediente 39/2017, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México. Antecedentes del acto reclamado: a). El diez de octubre de dos mil diecisiete, se presentó nulidad de notificaciones ante la autoridad mencionada. b). Por acuerdo de once siguiente, se desechó dicha nulidad por improcedente. c). El veintidós de junio de dos mil dieciocho, solicitó se resolviera la nulidad, por lo que en respuesta a ello el veinticinco siguiente la autoridad señalada como responsable refirió al quejoso que debía estarse a lo resuelto en auto de once de octubre de dos mil diecisiete, donde se desechó la nulidad de notificaciones por improcedente. d). El nueve de julio de dos mil dieciocho, nuevamente presentó recurso de revocación, mismo que mediante auto de once siguiente se desechó por notoriamente improcedente debido a que se presentó fuera de tiempo. Como puede verse desde la fecha indicada en el antecedente c), el quejoso a través del recurso de revocación pretende inconformarse en contra del acto de autoridad de once de octubre de dos mil diecisiete, es decir pasaron más de ocho meses para que intentara dicha inconformidad. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones hechas por el quejoso en dichos ocursos se procede a analizar las causas de improcedencia de manera oficiosa por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento." Lo anterior, en relación con la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 393,973, publicada en el página 12, del tomo VI, del Apéndice de 1995, quinta época de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." La causa de improcedencia que alberga el precepto transcrito, parte del principio de que no pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo aquellos actos que para los efectos del amparo se consideran consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La ratio legis de dicho precepto responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que él mismo haya exteriorizado por sí o a través de sus apoderados o representantes de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. Entonces, esta disposición resulta coherente con la sanción que debe imponerse a la quejosa que adopta una actitud pasiva frente al acto de autoridad que a pesar de que le causa perjuicio, se somete a él en todos sus efectos y consecuencias, sea porque con ello obtiene algún beneficio o por simple desinterés para controvertirlo, pero posteriormente pretende impugnarlo a pesar del consentimiento previo que manifestó. En ese sentido, es pertinente destacar que de acuerdo con la disposición imperativa en estudio, puede decirse que el acto reclamado comprende tanto lo que la doctrina considera en sí mismo al consentimiento expreso como lo que se entiende por consentimiento tácito. Connotaciones que el Código Civil Federal recoge en su artículo 1803, conforme a las cuales el consentimiento expreso es aquél cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, mientras que el tácito, resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente. Cabe significar que la anterior conclusión no debe confundirse con la hipótesis normativa de la fracción XIV del artículo 61 en consulta, pues esta última se refiere al consentimiento tácito que se presume de la presentación extemporánea de la demanda de amparo al no promoverse oportunamente dentro de los plazos señalados en la ley de la materia, en tanto que el consentimiento tácito que se deriva de la fracción XIII, se refiere a la presunción que se desprende de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, es decir, por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. Ahora bien, respecto de los actos derivados de otros consentidos, debe decirse que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cuáles son los supuestos que deben reunirse para que se actualice la causa de improcedencia en comento, según la tesis con número de registro 232011, publicada en la página 9, 217-228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, séptima época que se cita a continuación: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." De acuerdo con el criterio en consulta, la causa de improcedencia de que se trata se actualiza cuando se reúnen los siguientes requisitos: a) La existencia de un acto anterior al reclamado, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se haya ponderado en sus beneficios o perjuicios, así como los fundamentos y motivos expresados en él. b) Que el acto primigenio cause un agravio a la parte quejosa, pues si no fuera así, aunque estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para el amparo promovido contra la subsecuente actuación ni, desde luego, habría la necesidad de combatirlo a través de los recursos ordinarios. c) Que la parte quejosa se hubiese conformado con el sentido en que se dictó ese acto o que haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. d) Se tenga una relación directa e inmediata entre los actos -anterior y posterior- de modo tal que no guarden autonomía. En síntesis, los supuestos para que opere la causa de improcedencia de que se trata son la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de uno posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél, o bien, a la inversa, de manera subsecuente, esto es, supone la existencia de una relación necesaria de causa a efecto entre dos o más actos de autoridad. En el caso, como se ha señalado, el acto reclamado consiste en el auto de once de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Cuarto Penal de Primera Instancia ahora Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, dentro del incidente de nulidad de notificaciones. En relación con dicho acto, se considera que existen manifestaciones de la parte quejosa que entrañan su consentimiento, pues como se advierte de los antecedentes destacados tiene su origen en la determinación de once de octubre de dos mil diecisiete, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión mismo que instó aproximadamente ocho meses después. Lo cual, deja expuesto que en la especie se actualizan los supuestos descritos pues válidamente se puede considerar la expresión de su voluntad para consentir el acto reclamado, al no haber recurrido el auto en el que se decretó la improcedencia del recurso de nulidad de notificación. Además de considerar procedente lo intentado sería tanto como permitir que las partes vulneren la firmeza jurídica de las determinaciones que no sean impugnadas en el tiempo procesalmente establecido para cada caso, que al tratarse de revocación conforme a las máximas de la experiencia en ningún caso excede de ocho meses. Por lo cual, se estima tiene el carácter de un acto consentido y se actualiza la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; por consiguiente, lo que rige es desechar en el presente asunto respecto del acto precisado con anterioridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
III Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, por recibido el escrito signado por Ignacio Camacho Quezada, a través del cual pretende desahogar la prevención formulada en proveído de uno de agosto de los actuales, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y autoriza diversas personas para tales efectos. En relación con el domicilio que señala y autorizados que refiere para oír y recibir notificaciones, dígase que deberá estarse a lo acordado en auto de uno de agosto del año en curso. Ahora bien, el uno de agosto de dos mil dieciocho, la aludida prevención se ordenó en los siguientes términos: a). Bajo protesta decir verdad señalara la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado. b). Precisará los actos controvertidos en relación al expediente al que va dirigido y tipo de juicio. c). Bajo protesta decir verdad formulara una narración sucinta y cronológica de los hechos y abstenciones que le consten, lo cuales constituyen los antecedentes del acto reclamado; y, d). El contenido del auto de once de julio de dos mil dieciocho. No obstante lo anterior, una vez analizado en su integridad el ocurso por el cual ahora pretende dar cumplimiento la parte quejosa, se advierte que no desahogó los supuestos de prevención destacados con anterioridad, habida cuenta que no se hizo pronunciamiento alguno en relación a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues si bien señaló que en el emitido el once de julio de dos mil dieciocho se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto, y que el mismo le fuera notificado el siete de junio de la misma anualidad, cierto es que la fecha de la aludida notificación no guarda congruencia cronológica con la de emisión del acto reclamado. Por otro lado, refiere que el mencionado acto fue emitido dentro del expediente 39/2017, relativo al incidente de ejecución de sentencia del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, no obstante ahora se refiere a diversa autoridad a la señalada como responsable en el escrito inicial de demanda que lo fue Juzgado Primero Penal de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. Además, en el punto tres de su escrito aclaratorio refiere diversos antecedentes del acto reclamado, pero no se advierte que se hayan expuesto de manera cronológica, ni explicativa entre cada uno de los hechos ahí narrados. Todo lo anterior, impide a esta autoridad de amparo conocer con certeza el momento en que se notificó el acto reclamado y su naturaleza, lo que resulta necesario a efecto de fijar de manera precisa la litis en este juicio. En consecuencia, subsiste la prevención y el apercibimiento decretado en auto de uno de agosto de dos mil dieciocho, para que de cumplimiento a dichos requerimientos, en razón de que según el cómputo del término concedido, se encuentran en posibilidad de desahogarla. En el entendido que el plazo otorgado para tales efectos, se interrumpe por única ocasión, y deberá reanudarse hasta el día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído.
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