Sául Camacho Quezada
Expediente 386/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 04/05/2016
Partes del expediente
- Sául Camacho Quezada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el inciso a) de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente juicio de garantías, en tal virtud, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse con base en los elementos que obran en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad vinculada con su acatamiento. En primer lugar, se precisa: 1. Que el treinta de enero de dos mil quince, se emitió sentencia en el juicio de amparo que nos ocupa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Supervisión, Productos y Consultoría, Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 103 a 109). 2. Resolución que causó ejecutoria el veintiséis de marzo de dos mil quince; motivo por el cual se requirió el cumplimiento del fallo protector a las autoridades responsables, actuación en la cual se decretaron los apercibimientos estatuidos en los numerales 192 y 267 de la Ley de Amparo. Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público, lo anterior, con apoyo en la Jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO (10ª Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Libro 12, Noviembre de 2014, Materia Común). I. Alcances del estudio. La materia de la presente determinación, conforme a lo previsto por los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, todos de la Ley de Amparo, consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y/o de los argumentos hechos valer por el impetrante; de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución; todo ello de manera fundada y motivada. Los preceptos antes citados disponen: "Artículo 196. ... La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos." "Artículo 213. En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente." "Artículo 214. No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada." II. Lineamientos de concesión del amparo y cumplimiento. Este Juzgado de Distrito concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin que se atendieran los lineamientos, respecto de los cuales se ha dado cumplimiento, atento al siguiente análisis: Los efectos de la concesión de amparo son: [.] Para el efecto de que el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: - Deje insubsistente el mandamiento de ejecución folio 155072C7110830107, de veintisiete de enero de dos mil catorce, que emitió en contra de la peticionaria por la omisión de pagar los créditos fiscales 152072C7110830107, 152073C7110830107, 152074C7110830107, 152075C7110830107, 152076C7110830107, 152081C7110830107, 152082C7110830107 y 152083C7110830107; - Deje insubsistente el oficio INMOV/MEX/649/2014 con folio INFONAVITMEX/2014/000531, mediante el cual solicitó la inmovilización de recursos en las cuentas bancarias a nombre de la persona jurídico colectiva quejosa. La protección constitucional se hace extensiva respecto de los actos de ejecución que se reclamaron de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, integrante del Grupo Financiero Banamex, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, institución de Banca Múltiple, el Director General de Atención de Autoridades y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. [.] (sic) En ese tenor, la autoridad responsable, Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, mediante oficio número 21438, recibido en este Juzgado el cuatro de agosto de dos mil quince, remitió copias certificadas del correo electrónico enviado al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para acreditar que solicitó respuesta sobre el bloqueo de cuentas bancarias; oficio de desinmovilización de las cuentas bancarias con número de folio SIARA INFOONAVITMEX/2015/000280 y con número de identificación del requerimiento MEX/DESIN/284/2015 a través del cual se giró la instrucción al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de desbloquear las cuentas bancarias materia del presente juicio y oficio mediante el cual se revoca el mandamiento de ejecución folio 155072C7110830107 de veintisiete de enero de dos mil catorce. Por su parte la Directora General de Atención a Autoridades, por sí y como Delegada del Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, remitió copias certificadas de las respuestas de las instituciones financieras Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, BBVA Bancomer, Sociedad Anónima, HSBC México, Sociedad Anónima y Banco Azteca, Sociedad Anónima, de las que se deprende que las cuentas bancarias de la quejosa fueron liberadas por lo que se encuentran a disposición de la misma. Constancias a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en vigencia. Establecido lo anterior, al hacer análisis de las constancias que integran el juicio en que se actúa, este órgano de control constitucional concluye que la autoridad responsable vinculada con la concesión de amparo cumplió con los lineamientos de la sentencia constitucional, pues, como se indicó en el párrafo que antecede, ordenó la desinmovilización de las cuentas bancarias a nombre de la quejosa; y giró la instrucción al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a efecto de desbloquear las cuentas bancarias de la quejosa; asimismo, revocó el mandamiento de ejecución folio 155072C7110830107 de veintisiete de enero de dos mil catorce. Luego, atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que el Gerente de Recaudación Fiscal en la Delegación Regional del Estado de México del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dejó insubsistente la inmovilización de cuentas bancarias de la quejosa y revocó el mandamiento de ejecución descrito en el párrafo que antcede, con lo cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de documentos originales en el presente expediente, quedan a disposición de las partes que los presentaron en la secuela procesal del presente asunto, en el entendido que deberán presentarse a recogerlos personalmente, o bien sus autorizados en términos amplios, dentro del término de 90 días contados legalmente, a fin de ponderar por su seguridad; apercibidos que en caso de no hacerlo, podrán ser destruidos junto con el expediente en que se actúa, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo primero, párrafo tercero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de os mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad a lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del multicitado acuerdo, el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio es susceptible de destruir, pues se negó la medida cautelar respecto el acto reclamado; de ahí que únicamente se deberá glosar el original de dicho incidente. En ese sentido, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.
- Principal
Visto el oficio signado por la Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el escrito signado por José Luis Agustín Rondero Guerra y Osvaldo Rebollo Ruíz, en su carácter de apoderados del tercero interesado A A L; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, intégrese al sumario en que se actúa para que surta los efectos legales a que haya lugar y acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, respecto del escrito presentado por los apoderados del tercero interesado, del que se advierte que se apersona a juicio, designa autorizados, señala domicilio y solicita se autorice la toma de fotografías del presente sumario; de conformidad con los numerales 12 y 27, fracción I, de la ley de la materia se tienen como autorizados del tercero interesado a las personas descritas para los efectos que refiere, como su domicilio el que indica, y se autoriza la toma de fotografías del presente expediente tal como lo solicitó. Finalmente, en atención a lo que establece el arábigo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase la devolución solicitada de la copia certificada del instrumento notarial número doce mil ochocientos setenta y dos, consistente en un poder general para pleitos y cobranzas de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, que fuera anexado por los apoderados del tercero interesado, previo cotejo y certificación para debida constancia legal; asimismo, ténganse por autorizadas a las personas designadas únicamente para recibirlo.
- Principal
RECEPCIÓN DE CONSTANCIAS. Por recibido el oficio 3218, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo directo 71/2016, lo anterior, en virtud que mediante auto de dieciocho del presente mes y año, determinó no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, al considerar que el acto reclamado no es de los que ponen fin al juicio, y al no tratarse de una sentencia definitiva que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que lo de por concluido sin decidir nada en los relativo a la cuestión principal, por lo que no puede ser materia de estudio en dicho juicio unistancial no decide el juicio en lo principal, ni lo da por concluido, por lo cual es legalmente competente este órgano de control constitucional. En esas condiciones, éste órgano jurisdiccional no insiste en declinar la competencia del conocimiento del asunto; ya que en esta fecha se reciben los autos originales del presente asunto, glósense las actuaciones originales posteriores a la formación del cuaderno de antecedentes. Acúsese el recibo de estilo a la superioridad. Atento a lo anterior... se desecha la demanda de amparo.
- Principal
Se advierte que este órgano de control constitucional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, por lo que rempitase al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno.
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