Saúl Bedolla García
Expediente 1533/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1533/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Saúl Bedolla García
Actuaciones
- Incidental
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. SE FORMA CUADERNO DE SUSPENSIÓN Tramítese en un solo tanto el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1533/2023, como se ordenó en auto de este misma fecha en el expediente principal. SOLICITUD DE INFORME PREVIO Pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, la que deberá: Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia de ley, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1395. Además deberá precisar bajo protesta de decir verdad que dicho informe coincide con su original. Además, solo en el caso de que estime indispensable remitir constancias junto con su informe, deberá formular la protesta antes referida, también respecto de las constancias anexadas. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida Actualización, equivalente a $********************, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia incidental. Debe aclararse que si bien en términos del artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia incidental debe programarse dentro de los siguientes cinco días hábiles posteriores a la emisión del presente proveído, atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, así como a la naturaleza misma del asunto que nos ocupa, es que dicha audiencia se fijó para la fecha y hora apuntada. Máxime que es un hecho notorio para este Juzgado Federal, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, que en los asuntos donde se ha fijado la fecha de la audiencia dentro del plazo legal referido, constantemente se difiere por falta de informes previos, recargando innecesariamente la agenda y las labores diarias de este juzgado de Distrito. Sin que dicha determinación constituya una afectación a las partes, en la medida que lo que se busca es evitar una serie de diferimientos y carga de trabajo innecesarios; y en su lugar programar la audiencia para una fecha más remota, aunque asegurando en mayor medida su celebración. Ello en aras de privilegiar los principios de economía procesal y gestionar de una manera los recursos humanos y materiales con los que cuenta este juzgado; lo cual en conjunto beneficia el derecho de acceso a una justicia pronta en beneficio de las partes. Apoya lo anterior la siguiente tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, de rubro: "AUDIENCIA INCIDENTAL SEÑALADA FUERA DEL TERMINO LEGAL. QUEJA INFUNDADA". SE ADMITEN PRUEBAS De conformidad con el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa ofreciendo las documentales que adjunta a su demanda, así como del escrito de cuenta, y que obran en el juicio del que derivan el presente cuaderno incidental de las que se ordena agregar copia certificada, sin perjuicio de hacer relación de éstas en el acto de audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO La parte quejosa reclama en la presente vía de amparo la determinación de veinte de octubre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente ********************, mediante el cual se radicó e inició el procedimiento en la etapa de instrucción en su contra como elemento de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, por la comisión de hechos contrarios al régimen disciplinario. Debe precisarse que el peticionario de amparo solicita la medida cautelar para los efectos de que "no se siga ejecutando el procedimiento disciplinario al que fue sometido", respecto de lo cual este órgano jurisdiccional proveerá lo conducente. Así las cosas, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión provisional del acto reclamado, esto es, i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.)4, y XXVII.3o. J/2 (10a.)5 de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". (i) Solicitud expresa. Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por la parte quejosa. (ii) Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad y al documento original que anexa a su demanda, consistente en la determinación reclamada. (iii) Posibilidad de suspensión. En la especie, la parte quejosa solicita la suspensión para el efecto de que no se siga ejecutando el procedimiento disciplinario en su contra. Por su naturaleza, los actos reclamados de manera preponderante, es decir, los autos de inicio de carpeta de investigación y la radicación de expediente si bien revisten el carácter de consumados, en sus efectos son susceptibles a la medida cautelar, ya que continuar el procedimiento y concluir con el dictado del fallo definitivo, podrían afectarse los derechos sustantivos del aquí amparista, en la medida en que posibilitaría el ordenar la separación del peticionario de amparo de su cargo, lo cual constituiría una afectación de imposible reparación. (iv) Interés jurídico o legítimo. En el caso, se advierte que el promovente de este juicio acude en defensa de un interés jurídico al pretender defender los derechos humanos que pudieran afectarse con motivo del inicio del procedimiento administrativo en su contra, de ahí que el acto reclamado puede causar una afectación directa a su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 61/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA. El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". (v) Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el caso, no se advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar se afecte el interés social o se contravenga el orden público; en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de la parte quejosa. Este órgano jurisdiccional debe hacer dicha ponderación en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/200967, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: ´SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO´, sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida." En efecto, si no se emitiera fallo definitivo en el expediente de origen mientras perdure la presente media cautelar, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría; ello dado que no producen como consecuencia la actualización de alguna de las fracciones del artículo 129 de la Ley de Amparo o diversa situación equiparable. En cambio, en caso de negarse la suspensión solicitada, se podrían causar a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil y aún de imposible reparación, pues de continuar vigente el procedimiento natural y culminar con fallo definitivo, se posibilitaría remitirlo a la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, y por ende el decretar su separación del cargo que actualmente desempeña, lo cual se traduce en una afectación a sus derechos sustantivos. De manera que de no otorgarse la medida cautelar solicitada, podrían ocasionarse a la parte quejosa daños y perjuicios de difícil reparación con los actos reclamados. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que en relación a los efectos del acto reclamado, son susceptibles a la medida cautelar, dado que por su naturaleza, produce consecuencias hacia el futuro. Asimismo, las violaciones aducidas en la demanda de amparo tienen vinculación con algunos derechos establecidos en la constitución para su protección, ya que en esencia alega la violación a sus derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. En ese orden de ideas, teniendo en consideración que la parte quejosa solicita la suspensión provisional, actualizándose por tanto, la hipótesis prevista en el artículo 128, en relación con el diverso precepto 139 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a ********************, la medida cautelar que solicita para que la autoridad responsable en el ámbito de su competencia continúe con el procedimiento de origen pero se abstenga de dictar la resolución definitiva correspondiente, en específico, la que culmine el procedimiento administrativo de origen que aquí se reclama. Lo anterior, hasta en tanto la responsable reciba notificación sobre suspensión definitiva que se dicte en el presente cuaderno incidental. Tiene aplicación sobre el particular la jurisprudencia y tesis que dicen: "Época: Décima Época Registro: 2011840 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 31, Junio de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 61/2016 (10a.) Página: 956 INTERÉS LEGÍTIMO. PARA EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY DE AMPARO, BASTA QUE EL QUEJOSO LO DEMUESTRE DE MANERA INDICIARIA.- El precepto citado prevé que cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando aquél acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue y el interés social que justifique su otorgamiento. Ahora bien, si tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de presentar la demanda y, además, que esa demostración implicará la valoración que haga el juzgador, en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado el quejoso y que lo lleven a inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causará perjuicios de difícil reparación, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, sin dejar de ponderar para ello la apariencia del buen derecho y del interés social pero, sobre todo, que de conceder la suspensión no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público.". GARANTÍA. Medida suspensiva que surte sus efectos desde luego, sin que se haga necesario fijar garantía, ya que de momento no se advierte la existencia de tercero interesado a quien pueda afectar la presente determinación. SALVEDADES La medida que se concede no surte efecto alguno, en el supuesto de que a la fecha, ya existiera fallo definitivo en el expediente de origen; tampoco, en el caso de que los actos reclamados sean de fecha posterior a la presentación de la demanda, provengan de autoridad distinta a las señaladas como responsables o que el quejoso no sea el destinatario del procedimiento administrativo de origen. Una vez determinado lo anterior, se hace del conocimiento de las responsables que en caso de que no cumplir con la suspensión provisional, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional, podrá hacer cumplir esta determinación tomando en cuenta las disposiciones relativas al Título Quinto de dicha Ley, relativo a las "Medidas Disciplinarias y de Apremio, Responsabilidades, Sanciones y Delitos". Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. AUTO DE RADICACIÓN Fórmese expediente con el escrito de cuenta y con la certificación apuntada. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Admítase la demanda de amparo promovida por Saúl Bedolla García, contra actos del titular de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Estado, con sede en esta ciudad, en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33 fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se fijan las diez horas con diez minutos del veintidós de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite, asimismo deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse ciertos los actos reclamados, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío de los informes solicitados vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, o bien, a la dirección de correo electrónico 3jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, con la precisión que de hacerlo por cualquiera de estos medios, será innecesario se emita vía postal o físicamente, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsable para que informen si alguna de las partes, ha tramitado diverso juicio de amparo contra actos derivados del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario respectivo; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con copia de la demanda fórmese incidente de suspensión en un solo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de Trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde ahora se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza, la documental que la parte quejosa exhibió con su demanda, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Ahora, de oficio y en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 75, de la ley de Amparo, se acuerda que, previo cotejo y certificación que se haga del documento que se aluden en el párrafo anterior, con las fotocopias relativas, las cuales deberán agréguense al único cuaderno incidental, para los efectos legales a que haya lugar. Lo anterior de conformidad a la jurisprudencia número 71/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que en su rubro dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97)". DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas indicadas en la demanda, sin las facultades amplias que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que no les fueron conferidas expresamente. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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