Saúl Becerril Nieto

Expediente 90/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
90/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Saúl Becerril Nieto
  • Director del Hospital General Doctor Nicolás San Juan

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es depurable, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a, del referido Acuerdo General, el cual prevé que son depurables los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; de ahí que se estima que dicha suspensión comparte la misma naturaleza jurídica que la suspensión de plano, cuyo fin es la conservación de la materia del amparo, a través de la preservación del derecho sustantivo que se defiende en la instancia constitucional. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los noventa días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será depurado el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, secretario con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo), a través del cual, el Director del Hospital General "Dr Nicolás San Juan", informa que el quejoso Saúl Becerril Nieto falleció el veintiuno de enero de dos mil veintitrés a la veintidós horas, remitiendo copias certificadas del certificado de defunción respectivo y de una nota de evolución, ambos a nombre del citado quejoso. Atento a ello, este Juzgado de Distrito considera que en la especie, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III, del artículo 63, de la Ley de amparo. En efecto, para dar claridad a esa causa de sobreseimiento, es necesario reproducir el contenido del artículo antes mencionado de la Ley de Amparo el cual establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; (.)". Del dispositivo legal transcrito se aprecia, que el sobreseimiento del juicio procede, cuando el quejoso muera durante el juicio y que el acto reclamado únicamente afecte a su persona. Ahora, los actos reclamados en el presente juicio son: La falta de atención médica y suministro de medicamentos debido a la pancreatitis aguda que padece el directo quejoso. En ese orden, si el acto ya precisado sólo afectaba al propio quejoso, es patente que a la fecha no existe parte agraviada, ni sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia para reponerlo en el goce de los derechos fundamentales violados, presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo establecido por el artículo 107 Constitucional y 77 de la Ley de Amparo, lo que impide dictar sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, surtiéndose la causa de sobreseimiento prevista en la fracción III del artículo 63 de la ley de la materia. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación, publicada en la página 1325, del Tomo XVI, del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro y texto siguientes: "MUERTE DEL QUEJOSO. Cuando las garantías reclamadas en un juicio de amparo, afectan solo a la persona del quejoso, si éste fallece, debe sobreseerse en el juicio." Y, la tesis sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, publicada con el número XVI.5o.8 K, en la página 1793, del Tomo XXI, Febrero de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. SE ACTUALIZA ÉSTE CUANDO ACAECE EL FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO AFECTANDO." SÓLO SUS DERECHOS PERSONALES. Sin la presencia de sucesión alguna, o bien, designación de herederos, luego del conocimiento del fallecimiento del quejoso, la garantía reclamada afecta entonces sólo a su persona y, por tanto, se trata de un derecho personalísimo cuya extinción por la muerte del agraviado produce sin duda la extinción del juicio de amparo en la medida en que no reviste significación ni importancia patrimonial, en cuanto a que después de su muerte no trascendió dicha garantía a su sucesión por inexistencia de la misma. De manera que, como nadie intervino con legitimación para continuar con la acción de amparo y, por tanto, no existe la parte agraviada ni, por lo mismo, sujeto jurídico en cuyo favor pudiera dictarse sentencia con efecto natural de reponerlo en el goce de la garantía violada; presupuesto procesal del juicio de amparo al tenor de lo mandado por el artículo 107 constitucional, y cuya ausencia extingue la fuerza propulsora del juicio de garantías, lo que impide que se dicte sentencia de fondo que verse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados; no cabe entonces otra conclusión que estimar que, en el caso, respecto del juicio de garantías, al quedar sin parte agraviada y sin garantía qué tutelar, se surte la causa de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo anterior, pues de lo manifestado por la promovente en la comparecencia de veinte de enero del año en curso, se advierte que el acto a combatir es el ya descrito. En consecuencia, procede sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo, conforme con lo establecido en la fracción III, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de sobreseimiento, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, en lo conducente, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Tomo XVII, Novena Época, visible a página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se deja sin efectos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del presente juicio, así como la certificación de cuenta, se aprecia que la parte quejosa no hizo valer el recurso que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo, en contra del proveído de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, en esas condiciones, se decreta que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a) de dicho Acuerdo; asimismo, que el duplicado del incidente de suspensión es destruible en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo, mientras que el original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional y la definitiva, lo que se determina de conformidad con lo que establece el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho Acuerdo General. Se comunica a las partes que de conformidad con los artículos indicados en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos seis meses y tres años de haberse dictado el presente acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión y el presente expediente serán destruidos, respectivamente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. En tanto que, el original del incidente de suspensión, permanecerá en el archivo de este órgano de control constitucional durante el lapso de tres años y, dentro de los noventa días siguientes se depurará el expediente y terminado dicho proceso se solicitará u transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En la inteligencia que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el artículo 21 de tal ordenamiento. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de José Miguel Castillo Pérez, Secretario con quien actúa. Doy fe.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, veinte de enero de dos mil veintitrés. Vista la comparecencia de cuenta, a través de la cual Leonor Nieto Franco, promueve demanda de amparo en favor de su hijo Saúl Becerril Nieto, contra actos del Director del Hospital General Doctor Nicolás San Juan; fórmese expediente físico y electrónico en atención al Acuerdo General el Pleno de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, mismo que entró en vigor en la fecha ahí indicada y regístrese en el libro de gobierno correspondiente como amparo indirecto 90/2023-IV. En ese sentido, de la comparecencia de cuenta se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: La falta de atención médica y suministro de medicamentos debido a la pancreatitis aguda que padece el directo quejoso Saúl Becerril Nieto. Ante lo cual, con fundamento en los artículos 125, 126 y 147 de la Ley de Amparo, se otorga la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados, para el efecto de que la autoridad responsable proporcione o realice las gestiones que sean necesarias para proporcionar la atención médica necesaria y suministrar al quejoso Saúl Becerril Nieto los medicamentos que requiera de acuerdo a su expediente clínico y los padecimientos que presente, y que resulten necesarios para salvaguardar su vida y salud. En la inteligencia que dicha suspensión no surtirá efecto alguno si los actos no constituyen alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, o bien, no producen algún efecto semejante al de aquéllos, independientemente como los identifiquen los promoventes. Al caso tiene aplicación la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, número de registro 229397, con el rubro siguiente: "SUSPENSION DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA. Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por éste, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo." Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 6/2009, sostuvo que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana va más allá en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo; es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental relativo a la integridad físico-psicológica, derivando de ello la tesis de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL.". Incluso, el propio Tribunal Pleno, en el amparo en revisión 315/2010, estableció que la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización, tal y como lo expuso en la tesis P. XVI/2011., visible en la página 29, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica: "DERECHO A LA SALUD. IMPONE AL ESTADO LAS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR QUE SEA EJERCIDO SIN DISCRIMINACIÓN ALGUNA Y DE ADOPTAR MEDIDAS PARA SU PLENA REALIZACIÓN. Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según el cual toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado Mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho, y existen documentos que esclarecen su contenido y alcance jurídico mínimo consensuado. Así, la Observación General número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por ejemplo, dispone que el derecho a la salud garantiza pretensiones en términos de disponibilidad, accesibilidad, no discriminación, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud y refiere que los poderes públicos tienen obligaciones de respeto, protección y cumplimiento en relación con él. Algunas de estas obligaciones son de cumplimiento inmediato y otras de progresivo, lo cual otorga relevancia normativa a los avances y retrocesos en el nivel de goce del derecho. Como destacan los párrafos 30 y siguientes de la Observación citada, aunque el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé la aplicación progresiva y reconoce los obstáculos que representa la limitación de los recursos disponibles, también impone a los Estados obligaciones de efecto inmediato, como por ejemplo las de garantizar que el derecho a la salud sea ejercido sin discriminación alguna y de adoptar medidas para su plena realización, que deben ser deliberadas y concretas. Como subraya la Observación, la realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. Al igual que ocurre con los demás derechos enunciados en el Pacto referido, continúa el párrafo 32 de la Observación citada, existe una fuerte presunción de que no son permisibles las medidas regresivas adoptadas en relación con el derecho a la salud." Aunado a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 173/2008, del cual derivó la tesis 1a. LXV/2008, estableció que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos y no sólo como el derecho a estar sano. Que el derecho a la salud conlleva libertades y derechos, entre las primeras, está la relativa a controlar la salud y el cuerpo, incluyendo la libertad sexual y genésica, así como a no padecer injerencias, torturas, tratamientos o experimentos médicos no consentidas; entre los derechos, se encuentra el relativo a contar con un sistema de protección de la salud que brinde oportunidades iguales para disfrutar del más alto nivel posible de salud. De ahí que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud. Hágase saber a la responsable que la violación a esta medida suspensional, será sancionada conforme a lo dispuesto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. Lo anterior comuníquese de inmediato por oficio a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Se previene a dicha autoridad para que en el término de veinticuatro horas, informe acerca de la forma y términos en que haya dado cumplimiento a ésta suspensión de plano, agregando a dicho informe copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho; en el entendido de que si al rendirlo afirmare una falsedad o negare la verdad, en todo o en parte, será sancionada en los términos señalados en el Título Quinto, Capítulo II de la Ley de Amparo. La determinación antes descrita, encuentra sustento en el hecho de que el Juzgador Federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por la parte promovente y los resultados dañinos temidos por ésta, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar, como en el caso acontece, pues conforme a los hechos expuesto por la peticionaria del amparo se advierte que los actos reclamados consisten en la falta de atención médica y suministro de medicamentos debido a la pancreatitis aguda que padece el directo quejoso Saúl Becerril Nieto, mismos que, prima facie, se advierten encuadran en las hipótesis previstas en el artículo 22 Constitucional. Ahora bien, toda vez que la demanda de amparo fue promovida por persona diversa al directo quejoso, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el momento de la notificación de la presente determinación, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor, apercibido que de no hacerlo sí se tendrá por no presentada, quedando sin efectos la medida cautelar decretada; asimismo, para que señale domicilio para oír y recibir notificaciones. A efecto de dar cumplimiento a lo anterior, dado que de la narrativa de los antecedentes de la citada comparecencia se advierte que el quejoso se encuentra hospitalizado en el Nosocomio General Doctor Nicolás San Juan, en esta entidad, con apoyo en el numeral 15 de la Ley de Amparo y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se comisiona a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituya en dicho lugar a efecto de que lo requiera para que, como se expuso con antelación, en el acto de la diligencia, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, apercibido que de no ratificarla se tendrá por no presentada, acorde con lo previsto en el ordinal 15 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En el supuesto de no encontrar al quejoso en el lugar indicado, el fedatario judicial deberá recabar información sobre si estuvo en esas instalaciones o si fue enviado a otro nosocomio; por tanto, se faculta al actuario para que en caso de que el quejoso hubiera sido trasladado a un lugar diverso se constituya en el a fin de realizar la diligencia encomendada, siempre que se encuentre dentro del ámbito territorial donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. Para el éxito de lo anterior, se requiere al personal de la institución médica de referencia donde se encuentra el quejoso, para que otorguen al actuario de la adscripción la colaboración y medidas necesarias para el debido cumplimento de lo encomendado en la diligencia de mérito; apercibida que en caso de no ser así, se procederá, -por el delito de desobediencia- acorde a lo dispuesto por el artículo 262, fracción V, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se reserva acordar lo conducente respecto del domicilio que designa la promovente, hasta en tanto se cumpla con el requerimiento formulado en el presente proveído. Por otro lado, con fundamento en los artículos 3°, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDTI/2011 emitida por el presidente de la Comisión para la Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. En términos del artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio. Así, en términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aludido, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Por otra parte, se faculta a la secretaria adscrita a este Juzgado de Distrito, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Finalmente, infórmese la presente determinación al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que realice la compensación del asunto a este Juzgado Federal, debiendo informar lo relativo y remitir la boleta de turno correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de María de las Mercedes Rojas Colín, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

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