Saúl Ayala Sánchez
Expediente 1441/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Saúl Ayala Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de enero de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Eloysa Torices Blanco, presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual informa que resolvió el recurso de revisión en el juicio 01/182/99-B, y remite copia certificada para acreditar su dicho. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, de donde se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, para lo cual deberán informar en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibidas que de no hacerlo así en el término que se les concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, respectivamente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se le hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Cabe destacar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO para resolver el juicio de amparo 1441/2022, promovido por Isaúl Ayala Sánchez, por conducto de su apoderada Jessica Esbeydi González Jiménez, contra actos de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido el tres de noviembre de ese año, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Isaúl Ayala Sánchez, por conducto de su apoderada Jessica Esbeydi González Jiménez, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: ? Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. ? La resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 01/182/99. SEGUNDO. El tres de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 1441/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que el acto reclamado emana de una autoridad que radica dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio laboral 01/182/99. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado por la parte quejosa a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, lo anterior por así desprenderse del informe justificado rendido por su Presidenta; lo que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias que integran el juicio laboral 01/182/99; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 278 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quinta época, materia común, consultable a página 231, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, tomo VI, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de orden público, de conformidad con el numeral 62 de la citada normatividad. QUINTO. Estudio del asunto. El impetrante del amparo expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en el escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en aras del principio de economía procesal y en relación con lo dispuesto por la jurisprudencia 2ª/J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto, conviene hacer una relatoría de los antecedentes relevantes del caso, conforme a las constancias del procedimiento de origen: 1.- El quince de agosto de dos mil once, se emitió laudo en el juicio laboral 01/182/99, en el que se condenó al demandado Marcelo Castro Berges y otros, al pago de todas y cada una de las prestaciones señaladas en el mismo. 2.- Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve, registrado con el folio 3893, el actor solicitó al Presidente de la Junta girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a efecto de investigar el o los números de cuenta de la parte condenada, a fin de que la parte actora estuviera en posibilidad de señalarlos como objeto de embargo y lograr la ejecución del laudo respectivo. 3.- En auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el Presidente de la Junta determinó que no había lugar a acordar de conformidad lo pedido en el escrito referido en el punto anterior. 4.- Inconforme el actor con la anterior determinación, interpuso recurso de revisión, mismo que se admitió a trámite por auto de nueve de octubre de dos mil veinte. 5.- Una vez substanciado el citado recurso de revisión, en interlocutoria de quince de septiembre de dos mil veintidós, la Junta responsable resolvió declararlo improcedente. Dicha resolución constituye el acto reclamado. Aduce el peticionario de amparo, que la Presidenta ejecutora de la Junta responsable en su determinación no plasma el fundamento legal que sustente la imposibilidad de girar el oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues está facultada para hacer valer el cumplimiento de las resoluciones dictadas por la misma; además, la parte actora fue quien solicitó recabar la información necesaria a fin de ejecutar el laudo, violando lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Al respecto, este órgano de control constitucional estima fundado en lo esencial el motivo de inconformidad hecho valer por la parte quejosa, suplido en su queja deficiente, en razón a las siguientes consideraciones: La resolución tildada de inconstitucional, a la letra dice, en su parte conducente: "Cuernavaca, Morelos, a quince de septiembre de dos mil veintidós. "............ "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se procede a resolver. los autos relativos al recurso de revisión de actos de ejecución en contra de actos del Presidente ejecutor. "Por lo anterior del análisis en relación a los argumentos vertidos por la parte actora, en primer término tenemos que, si bien es cierto el Presidente Ejecutor de esta Junta cuenta con ciertas medidas para hacer cumplir sus resoluciones, cierto es también que el ordinal (sic) 945 y 950 de la Ley Federal del Trabajo establece: "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación. "Artículo 950. Transcurrido el término señalado en el artículo 945, el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo. "Pero resulta de explorado derecho que el procedimiento de ejecución forzosa iniciará una vez transcurrido el término de 72 horas a que refiere el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo, a petición de la parte que obtuvo el laudo favorable, esto es, a solicitud e impulso del ejecutante, pues ya que de lo contrario convertiría a esta autoridad laboral en juez y parte, y no obstante que el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, establece que corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a las Juntas Especiales, dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita, resulta a todas luces que la prosecución de tal estado procesal no es oficiosa ni para a junta, ni para el presidente ejecutor de manera que, corresponde a la parte trabajadora o a quien sus derechos represente, dar seguimiento a la ejecución del laudo e impulsar dicha etapa realizando las peticiones que considere oportunas al tribunal obrero únicamente en relación a la materialización de la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo, ello para que el fallo laboral sea acatado, de modo que corresponde a la parte actora proporcionar los elementos para estar en condiciones de iniciar el procedimiento de ejecución y de esta manera dar cabal cumplimiento al laudo laboral. "No obstante lo anterior, resulta necesario precisar, que el actuar del ejecutante nunca ha sido ilegal por no acordar favorable la petición de la parte actora, en relación a girar sendos oficios, ya que atendiendo a lo que establece el ordinal 950 de la ley de la materia y a los principios generales del procedimiento laboral contemplados en el diverso 685, en específico el principio dispositivo o instancia de parte, le corresponde a la parte que obtuvo instar a esta autoridad con los elementos necesarios para poder llevar a cabo su petición, pues es esta, quien tiene la obligación procesal de aportar los elementos y realizar las acciones tendientes para llevar a cabo en este caso el cumplimiento del pago al que tiene derecho, pues recordemos que este tribunal no es una autoridad investigadora en la etapa en la que nos encontramos, ya que como se ha mencionado en la fase de ejecución corresponde a la parte que obtuvo aportar los elementos pertinentes para poder agotar la misma. "Aunado a lo anterior, si bien, en la legislación laboral no existe precepto que impida a esta Junta girar los oficios que pretende la parte actora, también lo es que no es dable conceder lo que pretende si la propia ley no faculta a la Presidenta Ejecutora a solicitar información a diversos entes, para obtener información relativa a si los demandados tienen cuentas bancarias a su nombre, en todo caso al no estar facultada es obvio que dicho trámite corresponde a la parte que obtuvo. "Todo lo anterior hace por demás notoria la improcedencia del incidente que nos ocupa, dadas las consideraciones anteriormente vertidas." Quien ahora resuelve estima ilegal la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós, en razón de que no existe alguna disposición que impida a la Junta responsable girar el oficio requerido, bajo la consideración de que el actor es quien debe impulsar el procedimiento de ejecución y, por tanto, proporcionar los datos necesarios para la ejecución del laudo; lo anterior, toda vez que la información de cuentas bancarias no será entregada a ninguna persona física o moral. En efecto, el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, señala que en ningún caso se podrá dar información relativa a cuentas bancarias, sino únicamente al titular de las mismas; sin embargo, dicha información bancaria podrá obtenerse por la autoridad judicial que lo solicite directamente a la institución de crédito o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, si bien no existe disposición expresa que faculte a las autoridades laborales a recabar información bancaria, las mismas deben proceder en términos del artículo 17 de la ley laboral, que indica que a falta de disposición expresa en la Constitución, en la propia ley o en sus reglamentos, se deberán tomar en consideración casos semejantes, los principios generales que deriven de esos ordenamientos, los principios generales de derecho, los principios de justicia social que derivan del artículo 123 de la Carta Magna, la jurisprudencia, la costumbre y la equidad, pues el procedimiento es de orden público y de interés social y por ende, no puede quedar paralizado. Por tanto, el Presidente de la Junta responsable debe emplear los medios legales que tenga a su alcance para que el laudo dictado quede cumplido, a fin de no contravenir las normas legales relativas a las facultades que para mejor proveer le son otorgadas para el esclarecimiento de la verdad. En consecuencia, el no ejercer la responsable las facultades para mejor proveer en el caso referido, implica una contravención a las disposiciones legales que le otorgan esas facultades, al no hacer uso de ellas en un caso en que resulta necesario a fin de no contrariar el espíritu proteccionista de la ley a favor del trabajador, a quien no se le puede condicionar que investigue las cuentas bancarias de la parte condenada, pues dicha información le será restringida. Además, la parte actora impulsó el procedimiento de ejecución y solicitó se gire oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de recabar información de las cuentas bancarias de la parte demandada; por tanto, resulta incorrecto el actuar de la responsable, pues no estaría actuando de oficio como lo refiere, ni excedería su facultades de vigilar el cumplimiento del laudo, ni ser el que impulse y ejecute el laudo. Resulta aplicable, la tesis I.3° C.212 C, Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 2081, libro 19, junio de 2015, tomo III, décima época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS. EL AUTO QUE NIEGA LA EMISIÓN DE LA SOLICITUD A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO O A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES PARA RECABAR LA INFORMACIÓN RELATIVA, IMPIDE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA QUE CONSTITUYE COSA JUZGADA, POR LO QUE, EN SU CONTRA, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente o mandante, a su representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio del cuentahabiente, por lo que el condicionar el embargo de cuentas bancarias a que el ejecutante, como persona física o moral, ajena a las cuentas que se desean embargar, investigue cuáles son éstas y en qué institución bancaria se encuentran, para proceder a su embargo impide indirectamente la ejecución de la sentencia por ser una información que no le será entregada, pues el referido numeral, en su segundo párrafo, restringe la emisión de dicha información a que ésta sea solicitada por autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio, en el que el titular o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario tenga la calidad de parte o acusado. Así se tiene que, jurídicamente, sólo podrá obtener dicha información bancaria la autoridad judicial que lo solicite directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quienes estarán obligados a dar las noticias o información bancaria por virtud del mandamiento judicial. Entonces, el auto que niega la emisión de dicha solicitud para recabar la información relativa a las cuentas a embargar impide indirectamente la ejecución de la sentencia que constituye cosa juzgada, por lo que, en su contra, procede el amparo indirecto." Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia IV.3° T. J/5, con número de registro 2007631, Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 11, octubre de 2014, tomo III, página 2622, de rubro y texto: "SECRETO BANCARIO. LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE PROVEER LO NECESARIO PARA EL DESAHOGO DE LA PRUEBA DE INFORME QUE SE SOLICITE DE ALGUNA INSTITUCIÓN FINANCIERA, AL NO ENCONTRARSE SUJETA A LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. Conforme al artículo 783 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, toda autoridad o persona ajena al juicio está obligada a contribuir con información, cuando la autoridad laboral lo requiera. Por ello, aun cuando el primer párrafo del artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito, vigente hasta el 10 de enero de 2014, tiene como finalidad la protección de la privacidad de los clientes y usuarios de las instituciones de crédito, que consiste en que en ningún caso se podrá dar información o noticia de los depósitos, operaciones o servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, fideicomitente, fideicomisario, comitente, mandante o representante legal o a quienes se les otorgue poder para disponer de la cuenta o intervenir en la operación o servicio, lo que constituye la intención del legislador de establecer el secreto bancario con el propósito de que terceros ajenos a las cuentas no intervengan ni tengan acceso a éstas en perjuicio del cuentahabiente; sin embargo, la propia disposición, en su segundo párrafo, contiene como excepción a la regla, la obligación de las instituciones de crédito de proporcionar la información relativa a las cuentas bancarias, en el caso en que la autoridad judicial solicite dicha información por virtud de una providencia dictada en juicio en el que el titular de la cuenta o, en su caso, el fideicomitente, fideicomisario, fiduciario, comitente, comisionista, mandante o mandatario sea parte o acusado; advirtiéndose que el legislador establece como opciones, que la solicitud se formule directamente a la institución de crédito o a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En ese contexto, de una interpretación armónica de los preceptos legales mencionados, se colige que las instituciones de crédito tienen la obligación de informar de sus operaciones o servicios cuando lo pida una autoridad judicial y, que la solicitud se pueda formular directamente a las instituciones de crédito o, en su caso, alternativamente, a la Comisión Nacional Bancaria, por lo que en aras de resolver con estricto apego a la verdad legal en un procedimiento laboral, la Junta responsable está obligada a proveer lo necesario para obtener dicha información, cuando alguna de las partes del juicio laboral se encuentre en ese supuesto; sin que la mención que se hace en la segunda norma tocante a que la petición la pueda hacer una de las partes "o el acusado", lleve a concluir que sólo se aluda a los procedimientos judiciales en la materia penal, porque de ser así, el legislador lo hubiere restringido expresamente". Por tanto, al negarse la responsable a proveer respecto a la petición formulada por el quejoso, sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, vulnerándose el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Apoya a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª/J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 209, del tomo XXVI, correspondiente a octubre de dos mil siete, en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En esa tesitura, al resultar fundado el concepto de violación, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Isaúl Ayala Sánchez. SEXTO. Efectos del amparo. La Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: Deje insubsistente la resolución de quince de septiembre de dos mil veintidós y emita otra en la que declare procedente el recurso de revisión de actos de ejecución, planteado por el actor y ordene a la Presidenta de la Junta responsable deje insubsistente el auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, y emita uno nuevo en el que ordene girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para el efecto de que informe el número o números de cuentas a nombre de la parte condenada en el juicio de origen; a efecto de dar certeza respecto de las diligencias tendentes a hacer efectivas las prestaciones a las que fue condenada la patronal en el juicio natural. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Isaúl Ayala Sánchez, respecto del acto y autoridad precisados en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en los considerandos quinto y sexto de la presente resolución, respectivamente. Notifíquese. Así lo resuelve y firma Jaime César Pereyra Román, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716, del tomo XXXI, mayo de 2010, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, con la asistencia de Julián Pantaleón Suárez, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el telegrama enviado ********************Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual en contestación al requerimiento formulado en auto de cinco de septiembre del año en curso, informa las gestiones realizadas ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de que rinda el informe solicitado. Al respecto, se tiene por hechas sus manifestaciones y con relación a su contenido, dígase que por auto de quince de noviembre del año en curso, se proveyó lo conducente y se requirió a la Presidente de la Junta Especial número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; por lo anterior, deberá de estarse a lo ordenado en el aludido auto. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 1 actuación en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Saturnino Uriostegui Uriostegui1981/2017
- Saturnino Villalba Doroteo1012/2015
- Saturnino Villalba Doroteo1403/2018
- Saúl Alberto Mascareñas del Angel363/2022
- Saul Armando Pardo Balderas1984/2013
- Saul Aviña Acosta2088/2016
- Saul Chacon Reachi1756/2017
- Saul Chacon Reachi1962/2014
- Saul Diaz Morales60/2023
- Saúl Gómez Rodríguez1874/2018
- Saul Hernandez Mendoza303/2017
- Saul Najera Blanco91/2023