Saul Arellano Martínez
Expediente 1376/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1376/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Saul Arellano Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio ha causado ejecutoria; se dejan sin efectos las medidas cautelares decretadas en el incidente de suspensión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de no haberse ordenado un hacer, no hacer o tolerar a la autoridad responsable, por lo que, no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que este expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, con base en lo dispuesto por la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el cuaderno original del incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, toda vez que en el mismo se concedió la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa, una vez transcurridos los cinco años, a que hace referencia el párrafo que antecede. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Notifíquese; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
ÚNICO. Se Sobresee en el juicio de amparo promovido por... contra los actos reclamados a la autoridad responsable Director General de Seguridad Pública y Tránsito de la ciudad de Gómez Palacio, Durango y otras autoridades, por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.
- Principal
Agréguense los pedimentos 497/2018 y 498/2018, del agente del Ministerio Público de la adscripción, los cuales se ordena agregar a los autos para los efectos legales conducentes. Atento a su contenido se provee lo siguiente. En relación a las diversas manifestaciones que realiza a guisa de alegatos, se ordena dar nueva cuenta con las mismas en la audiencia constitucional, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cuanto al diverso pedimento mediante el cual dicha agente de la adscripción ofrece las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional en su aspecto legal y humana, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas de nueva cuenta en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley en la materia. Finalmente, en cuanto a la solicitud del compareciente en el sentido de que se le expidan copias que refiere, dígasele una vez que se dicte sentencia dentro del presente juicio se acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
se notifica por lista al quejoso:Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración en su caso, las constancias que se encuentran agregadas en el juicio de amparo en que se actúa. Previo al análisis del cumplimiento dado por las autoridades responsables, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: Obligaciones básicas: Desincorpore de la esfera jurídica del quejoso las obligaciones previstas en el artículo 52, fracciones I y IV de la Ley de Hacienda para el Estado de Durango. Obligaciones complementarias: Devuelva a la parte quejosa la cantidad total que erogó por concepto de contrato de compra venta de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario e impuesto de fomento a la educación. Por lo que mediante auto de cinco de julio de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables (foja 199 y 200). Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en el caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones complementarias hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso se cumplió con la ejecutoria de amparo, porque del contenido de las constancias remitidas por las autoridades responsables, se advierte que se desincorporó de la esfera jurídica del quejoso el artículo 52, fracciones I y IV de la Ley de Hacienda del Estado de Durango (foja 205); asimismo, realizó la transferencia electrónica bancaria a nombre del quejoso por la cantidad de $15,027.00 (quince mil veintisiete pesos 27/100 moneda nacional), que enteró por concepto de contrato de compra venta de inmuebles y registro de contrato de crédito hipotecario e impuesto de fomento a la educación, conforme a lo establecido en la sentencia de amparo. En tal virtud, la ejecutoria de amparo HA QUEDADO CUMPLIDA. Sin que este juzgado advierta que la autoridad señalada como responsable haya incurrido en exceso o defecto en el cumplimiento, debido a que, como ya se precisó, cumplió con la obligación a que se le constriñó, sin ir más allá de lo estrictamente requerido en el fallo protector, o haberla omitido. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena el ARCHIVO definitivo, previas las anotaciones correspondientes que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Conforme al prudente arbitrio de este juzgado este asunto no es de relevancia documental, en términos del último párrafo del artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia de los expedientes generados en los juzgados de distrito, y encuadra en la hipótesis prevista por la fracción IV de dicho precepto, pues se trata de un juicio en el que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y, por otra parte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión y debido a ello es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que para tal efecto señale la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto décimo primero del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Notifíquese personalmente al quejoso; mediante oficio a la autoridad responsable y agente del ministerio público adscrito.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
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