Saúl Alejandro Martínez Torres

Expediente 998/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
998/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Saúl Alejandro Martínez Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las 0anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Saúl Alejandro Martínez Torres, se acuerda: REGISTRO. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 998/2021-II y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El dispositivo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de ese mismo ordenamiento, y con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dichos numerales, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, que rige al juicio de amparo, mismo que postula que el quejoso será quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo, es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Ante ello, el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, al ser de orden público, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, de lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación; ello siempre que dichas actuaciones no trasgredan derechos fundamentales del gobernado. Además, los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del imputado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de los actos que la autoridad ministerial puede dictar en la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación para que el imputado acuda a rendir entrevista. Conforme con los criterios tradicionales, si dicha citación [denominada orden de localización, búsqueda y presentación -diferente a la orden de detención-], no contenía apercibimiento para el indiciado, entonces no transgredía su derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo constituía un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 61, Tomo I, página 239, en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2018828, que establece: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo [Contradicción de tesis 141/2018. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Jurisprudencia, Primera Sala, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239]." Así, sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, la Suprema Corte determinó que, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. De tal modo, aunque ese acto lleve implícito un apercibimiento, lo cierto es que tal posibilidad está sujeta a una condición futura de realización incierta, y mientras no se actualice, no irroga perjuicio al imputado. En ese contexto, si en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formula la imputación y el juez de control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares; entonces, los actos de autoridad realizados antes de dicha audiencia, deben considerarse como actos fuera de juicio. Por ende, al igual que la citación a la audiencia inicial, la emitida para comparecer a la indagatoria a rendir declaración en calidad de testigo o, incluso, de imputado, también debe considerarse como un acto de autoridad emitido fuera del proceso penal, pues el mismo se emite en la etapa de investigación del procedimiento, específicamente en la de investigación inicial. En esa medida, si la Primera Sala estableció que la cita a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, a pesar de que ese acto invariablemente implicará una restricción física temporal en el espacio al que debe asistir obligadamente, entonces, por la misma razón, debe considerarse que el citatorio que emite el Ministerio Público para que el imputado rinda su entrevista en la carpeta de investigación tampoco conlleva una afectación a su libertad personal, porque consiste en una diligencia más que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal respectiva y, por tanto, no irroga perjuicio al quejoso. Lo que puede sostenerse, incluso, como ocurre en el caso, cuando el citatorio se hubiera recibido por escrito y que este contuviera algún apercibimiento, pues la determinación que podría adoptar el Ministerio Público ante la incomparecencia del imputado, sería futura e incierta, en virtud de que su entrevista no es indispensable para integrar la carpeta de investigación. En esa tesitura, los citatorios emitidos por el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad investigadora no transgrede el derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo es un aviso emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos; por tanto, no le irroga perjuicio a la parte quejosa, pues se traduce en una mera comunicación que las autoridades ministeriales realizan en cumplimiento con las obligaciones y facultades tienen encomendadas, esto es, como parte de las diligencias llevadas a cabo en la investigación del hecho que la ley señala como delito. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de las carpetas de investigación, como en el caso sucede con la citación del quejoso, toda vez que si bien es cierto, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; aunado a que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Por tanto, el acto reclamado no puede trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 205651, del rubro siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." En mérito de lo anterior, es que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de ese mismo ordenamiento, y con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por ende, con fundamento en el numeral 113 de la citada norma se desecha la demanda de amparo, promovida por Saúl Alejandro Martínez Torres. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ángela Peralta número 501, interior 5, esquina con Bulevar González Bocanegra, colonia León Moderno de esta ciudad. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de la Materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualquiera de los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones personales que deban hacerse en el presente juicio. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Alberto Portillo López, por contar con su cédula profesional 3226254 registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo se tiene como autorizados en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la citada Ley, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Francisco Javier Gómez Monjaraz, Itzamaray Guadalupe Capetillo Reyes y Luis Gustavo Cervantes Ibarra, el primero de ellos, con independencia de que no tiene el registro de su cédula profesional en el Sistema al que se ha hecho alusión, en el escrito de autorización se omitió el señalamiento de los datos con los que dicha persona acredite encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado y los restantes, por así solicitarlo expresamente. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). DETERMINACIONES ESPECIALES ANTE LA CONTINGENCIA OCASIONADA POR EL VIRUS COVID-19. En términos del artículo 23 del mismo Acuerdo General 21/2020, la notificación que se ordene de manera personal, deberá desahogarse con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Por otro lado, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos (queja, revisión o inconformidad), incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO. Finalmente, se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico.

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