Saul Alejandro Martínez García
Expediente 71/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 28/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Saul Alejandro Martínez García
- Joel Huerta Cardona
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de nueve de febrero del año en curso (fojas 93 a 97), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición del recurso de revisión al resto de las partes en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia de referencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XX. J/74, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo ochenta y tres, del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, o bien en el IUS2003 bajo el número de registro 209890, cuyo rubro es: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ". En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2°, 81, fracción I, inciso d), y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo citada, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Finalmente, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio número 1036/2017, signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Mesa 1, Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, y anexo; por medio del cual desahoga el requerimiento que se le formuló mediante acuerdo de tres de febrero del año en curso (foja 28), al efecto remite copia autentica de la carpeta de investigación número 153/2017. Documental a la que por tener el carácter de pública se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cobra aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Ahora bien, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia de este Juzgado de Distrito, el veintisiete de enero de dos mil diecisiete (fojas 1 y 2), ***, promovió juicio de amparo indirecto, contra la autoridad responsable Comandante y/o Encargado de la Fuerza Coahuila, con residencia en esta ciudad. Por los actos reclamados consistentes en: ".De la autoridad señalada como responsable, reclamo la privación ilegal de la libertad, todo acto de incomunicación, malos tratos, tortura, intimidación o vejación de cualquier especie o presentación de que pudiera ser objeto mis representados." En la citada fecha, se ordenó su registro en el Libro de Gobierno con el número 71/2017; se requirió por conducto del Actuario de la adscripción, la búsqueda y en su caso la ratificación del escrito de demanda por parte de los quejosos directos y se ordenó suspender de plano los actos reclamados a la responsable (fojas 3 a 7). En esa tesitura, de las constancias de notificación personal de veintisiete de enero del año en curso (fojas 10 y 11), efectuadas por la funcionaria adscrita se advierte que los quejosos directos ***, ratificaron la demanda de amparo instaurada en su nombre. De ese modo, mediante proveído de treinta de enero del presente año (fojas 17 a 19), se admitió a trámite la demanda de amparo de referencia; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, del oficio de cuenta signado por el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Mesa 1, Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad (foja 31), se desprende que mediante acuerdo de libertad de veintiocho de enero de dos mil diecisiete, dictado en la carpeta de investigación número 153/2017, se ordenó dejar sin efectos la detención de los aquí quejosos, tal como se advierte de la diligencia que remitió como anexo a su oficio (foja 84). Lo que se corrobora con la parte considerativa, que a continuación se transcribe: "...ACUERDO DE LIBERTAD POR ACTO EQUIVALENTE Ciudad: PIEDRAS NEGRAS Estado: COAHUILA Fecha: 28 DE ENERO DE 2017 Hora: 13:00 Agente del Ministerio Público: LIC. ALEJANDRO DE LEON MENDOZA Unidad de investigación: DE PIEDRAS NEGRAS Domicilio de la unidad: BOULEVARD REPUBLICA NÚMERO 1908 DE LA COLONIA RESIDENCIAL TECNOLOGICO Con fundamento en lo establecido en los numerales 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 146, 147, 148 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales; en atención a: El Parte Informativo de fecha 27 DE ENERO DE 2017, suscrito por Elementos de Fuerza Coahuila; mediante el cual ponen a disposición en calidad de detenida a la persona que corresponde al nombre de JOEL HUERTA CARDONA Y SAÚL ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA, por su probable participación en hechos que revisten el carácter del delito de COHECHO; y toda vez que con fundamento por lo dispuesto en los artículos 485 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al artículo 170 del Código Penal de Coahuila, se ha aplicado la reparación del daño por ACTO EQUIVALENTE, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 146 y 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que el de acuerdo el delito no existe un ofendido o victima determinado o algún daño que a su efecto se sujetara a la reparación del daño por lo que vista la solicitud del imputado de la declaración ministerial, del beneficio del pago de la multa por acto equivalente, por la cantidad de $1,500 pesos, por cada uno de los imputados, los cuales serán depositados en la cuenta del fondo para el mejoramiento de procuración de justicia o administración de justicia, por lo cual se ordena dejar sin efecto la detención JOEL HUERTA CARDONA Y SAÚL ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA. En tal virtud, deberá de dejarse en inmediata libertad a la misma, para tal efecto gírese oficio al Comandante de la Policía Investigadora; a fin de que traslade a estas oficinas al indiciado de referencia a fin de notificarle el presente acuerdo. Así lo acordó y firma el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Piedras Negras. EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE PIEDRAS NEGRAS. LIC. ALEJANDRO DE LEÓN MENDOZA. JOEL HUERTA CARDONA IMPUTADO (A) SAÚL ALEJANDRO MARTÍNEZ GARCÍA IMPUTADO (A) CARLOS GABRIEL FLORES GARCÍA ABOGADO PARTICULAR..." Ahora bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia, como en el presente caso, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página trecientos ochenta y seis, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor literal es el siguiente: *** En efecto, la parte quejosa primigeniamente reclamó la privación de la libertad fuera de todo procedimiento, incomunicación, tortura, así como los demás actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de la autoridad responsable. Sin embargo, quien ahora resuelve estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Como ilustración de los supuestos en que se actualiza de la causal en comento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de sus resoluciones ha pronunciado diversos criterios entre los cuales se tiene, el siguiente: *** Igualmente, sirve de ejemplo la tesis del rubro y texto siguientes: *** La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales de la parte quejosa, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. Sustenta lo anterior, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: *** Asimismo, es ilustrativa al caso la tesis 2a./J. 59/99, del rubro y texto siguientes: *** Como se adelantó, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que se encuentra probado en autos que los quejosos obtuvieron su libertad desde el veintiocho de enero del año en curso. Lo anterior implica la desaparición total del acto reclamado y sus consecuencias, pues la autoridad de que se trata, es decir, el Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Mesa 1, Detenidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Norte I, con residencia en esta ciudad, restituyó a los quejosos en el pleno goce de sus garantías, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose así la causal que se invoca. Apoya lo expuesto, la tesis de jurisprudencia 2a. /J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pagina treinta y ocho, tomo IX, Junio, de mil novecientos noventa y nueve, del Seminario Judicial de la Federación, con rubro y contenido siguientes: *** En tales circunstancias, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las once horas con treinta minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete (fojas 17 a y 19).
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el informe justificado rendido por el Comandante de la Policía Fuerza Coahuila, Grupo de Reacción, con residencia en esta ciudad; por tanto, póngase a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan este asunto, se advierte que los quejosos directos ***, están a disposición del Agente del Ministerio Público, Mesa de Detenidos, con residencia en esta ciudad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo , requiérase al Agente del Ministerio Público, Mesa de Detenidos, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita a este Juzgado de Distrito copia certificada legible de las constancias donde se advierta la situación jurídica de los aquí quejosos ***, documental necesaria para llegar a la verdad de los hechos y resolver conforme a derecho el presente asunto; apercibido que de no hacerlo así dentro del término concedido para tal efecto, o de no informar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta veces la unidad de medida a que se refiere el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con el artículo 236, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo .
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos, el pedimento de amparo número 27/2017, formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación en Materia de Amparos adscrito a este Juzgado, a través del cual formula alegatos de su intención con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de hacer referencia de ellos en la audiencia constitucional. Por otra parte, como lo solicita, de conformidad con el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa la copia simple que refiere en su pedimento, y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.
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