Saul Aguilera Romero
Expediente 1240/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1240/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Saul Aguilera Romero
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable; con su contenido y anexo, de conformidad con el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. De conformidad con el numeral 64, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdese por separado el anexo que se acompaña y póngase a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría del Juzgado. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito aclaratorio de cuenta remitido vía electrónica por el quejoso Saúl Aguilera Romero, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por SAÚL AGUILERA ROMERO, contra actos de la JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda. Requiérase a la responsable para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo señalado en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Héctor Felipe Martínez Calleja, con domicilio ubicado en Prolongación Ignacio Zaragoza número 819 B, de la Colonia Centro de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, quien deberá ser emplazado por el Actuario Judicial adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, copia del escrito aclaratorio, copia autorizada del auto admisiorio; haciéndole saber la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio; lo prevenga para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos originales que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que éstos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los subsecuentes diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese; hágase personalmente a la parte tercero interesada.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA Y EMPLAZA A JUICIO POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO HÉCTOR FELIPE MARTÍNEZ CALLEJA, EN TÉRMINOS DEL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, once de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales conducentes, el escrito aclaratorio de cuenta remitido vía electrónica por el quejoso Saúl Aguilera Romero, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por SAÚL AGUILERA ROMERO, contra actos de la JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda. Requiérase a la responsable para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE ENERO DEL DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. De conformidad con lo señalado en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado a Héctor Felipe Martínez Calleja, con domicilio ubicado en Prolongación Ignacio Zaragoza número 819 B, de la Colonia Centro de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, quien deberá ser emplazado por el Actuario Judicial adscrito, corriéndole traslado con copia simple de la demanda, copia del escrito aclaratorio, copia autorizada del auto admisiorio; haciéndole saber la hora y fecha que se fijaron para la celebración de la audiencia constitucional para que comparezca a este juicio; lo prevenga para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos originales que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que éstos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los subsecuentes diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo que presentó vía electrónica SAÚL AGUILERA ROMERO de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, inciso f), del Acuerdo General conjunto 1/2013 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; contra actos de la JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO; conforme lo prevén el artículo 3, párrafo quinto y séptimo, de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emitieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, en el cual regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo. En atención a su contenido y como lo prevén los artículos 55, 87 y 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emitieron los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes de la tramitación electrónica del presente juicio de amparo a través del sistema PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por lo anterior, se ordena a la responsable del Registro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), la integración del expediente electrónico, y su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el progresivo 1240/2019-IV; y al Secretario vigile la digitalización oportuna y de manera legible de las constancias que en su caso integraran el presente juicio de amparo. Ahora bien, vista la demanda promovida por SAÚL AGUILERA ROMERO, contra actos de la JUEZ PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 17 de la Constitución General de la República. Ahora bien, a efecto de determinar lo que en derecho proceda respecto de la admisión de la demanda de mérito, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 114, en relación con el artículo 108, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito y con las copias necesarias del escrito aclaratorio, esto es: una para la autoridad señalada como responsable, una para la parte tercero interesada y una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, aclare su demanda en los términos que a continuación se establece: PRIMERO.- Bajo protesta de decir verdad, manifieste en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado toda vez que del apartado respectivo, se duele que reclama la ilegal resolución de cinco de noviembre de dos mil diecinueve que confirmó la negativa de tenerle por desahogando la vista de la que habla el auto de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio ejecutivo mercantil 43/2017. SEGUNDO.- Manifieste bajo protesta de decir verdad, en forma cronológica, ordenada, correcta y clara, todos y cada uno de los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, en virtud de que si bien en el punto tres de hechos de sus demanda, aduce al requerimiento de que se hizo el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, lo cierto es que no es claro en expresar la materia de impugnación relativo al recurso de revocación de cuya sentencia se queja, así como el estado que guarda la ejecución de la sentencia en el juicio de origen. Además, de que en el apartado de conceptos de violación señala que debe concederse el amparo para tener acreditada su oposición a dar por concluida la obligación de la sociedad que entregó el finiquito a la parte reo; de ahí que deba clarificar los antecedentes derivado de la etapa de ejecución de la sentencia citada. Lo anterior, en la inteligencia de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, podría configurar la figura delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y. Apercíbase a la parte promovente que de no dar cumplimiento a lo anterior en el término de cinco días, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata. Con fundamento en los artículos 8° Constitucional y 3° de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza al quejoso la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio de amparo por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con el nombre de usuario SAGUILERAR, así como la práctica de las notificaciones dirigidas a él por dicho medio. Ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados.
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