Saul Adolfo Morales Oliva

Expediente 344/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
344/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Saul Adolfo Morales Oliva
  • José Germán Gómez Palomares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. Como se desprende de la certificación que antecede, y toda vez que transcurrió el término previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas recurrieran la resolución de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, sin que a la fecha se haya recibido recurso legal alguno o manifestado a este juzgado bajo protesta de decir verdad, haberlo hecho directamente ante la Superioridad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales procedentes. Sin que se haga referencia al cómputo respecto de la autoridad responsable, en virtud de que no está legitimada para interponer el recurso de revisión. Sirve de sustento a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número 22/2003, visible en la página 23, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Novena Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del rubro siguiente: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Ahora bien, como de la referida constancia secretarial, se obtiene que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; se hace la observación que en el juicio en que se actúa, es susceptible de depuración, el original y duplicado del incidente de suspensión, son susceptibles de destrucción, pues se negó el amparo y protección de la justicia federal al quejoso y se negó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados; lo anterior, de conformidad con los artículos 12, 18, fracción I, inciso (b, y 21 fracción I, inciso c), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, que disponen lo siguiente: ".Artículo 12. Valoración de expedientes. Los titulares de los órganos jurisdiccionales deberán valorar los expedientes que generen, de conformidad con los supuestos que se establecen en el presente Acuerdo. "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: En los Juzgados de Distrito a) Los incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar, ya sea la provisional, definitiva o ambas; b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; y c) Los expedientes relativos a las causas civiles o administrativas federales. Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los Órganos Jurisdiccionales: En los Juzgados de Distrito: Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; Expedientes en los que se haya dictado una resolución, que sin decidir el juicio en lo principal, lo den por concluido; El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo, siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado." Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno que se lleva en este Juzgado. Asimismo, toda vez que resulta innecesario que obren en autos el expediente relativo al toca de apelación - y dos discos ópticos que la autoridad responsable, adjuntó a su informe justificado, se ordena devolverlos, en el entendido que de no acusar recibo de dichas documentales, en el término de tres días legalmente computados, se dará por hecho que las recibió a entera satisfacción. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad responsable en cita, acusa recibo del diverso oficio 11060, del índice de este juzgado, relativo a la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto VI-344/2022-1; y,... Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en lo establecido en los artículos 62, 73, 74, 75, 77 Y 78 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : PRIMERO. La Justicia Federal no Ampara ni Protege a -, contra el acto reclamado al Magistrado de la Primera Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad capital, por los motivos expresados en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el último párrafo de la presente resolución, una vez que cause ejecutoria la misma, de actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 6 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, se proveerá lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8° de la citada ley. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado SALVADOR MARTÍNEZ CALVILLO, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado J. Trinidad Sánchez Ménera, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de octubre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, remitido por -, en cuanto asesor jurídico del quejoso -, carácter que tiene reconocido en autos, por medio del cual solicita a este juzgado se dicte sentencia en el presente asunto; atento a ello, dígasele a la suscribiente que atendiendo a la carga de trabajo que existe, así como las medidas tomadas por el Consejo de la Judicatura Federal ante la contingencia por el virus Covid-19, relativa al ingreso limitado del personal al órgano jurisdiccional, en cuanto sea posible y las labores del Juzgado lo permitan, se dictará la sentencia definitiva que conforme a derecho corresponda. Notifíquese.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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