Saudhy Zareth Pagola Cruz
Expediente 3679/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 1 actuación registrada, la última del 16 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3679/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 16/05/2022
Partes del expediente
- Saudhy Zareth Pagola Cruz
Actuaciones
- Principal
C i udad de México; dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Vista la copia simple del escrito de ampliación de demanda promovida por José Gabriel Cuadra García, por propio derecho, así como la copia autorizada del proveído dictado en esta fecha en el cuaderno principal del cual deriva el presente incidente. Fundamento: Artículos 115 y 125, de la Ley de Amparo. Solicitud de informe previo. Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del que queden legalmente notificadas, mismo que deberá satisfacer los requisitos previstos en el artículo 140 de la ley de la materia, y en aras de una pronta impartición de justicia podrá ser remitido vía al número 51-33-81-00 extensión 8865 o al correo electrónico oficial 1jdoaux1cto@correo.cjf.gob.mx, ambos correspondientes a este juzgado de distrito, con archivo anexo en .PDF o .JPG y que el documento esté escaneado con la firma del funcionario, debiéndose incluir en el mensaje los datos generales de la autoridad, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente, con la precisión de que se requiere su envío por uno solo de los medios citados. Asimismo, se hace de su conocimiento que para tales efectos, también cuenta con la herramienta electrónica denominada juicio en línea, el cual puede ser tramitado en la liga electrónica https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/ Ayuda. Al efecto, remítase copia del ocurso de ampliación de demanda. Apercíbase a las autoridades responsables que, en caso de no cumplir con lo antes señalado, además de presumir ciertos los actos reclamados, podrá imponérseles una multa de cien a mil veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización. Fundamento: Artículos 138, fracción III y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental Se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DIA DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental respecto de los actos reclamados por los cuales se admitió la ampliación de demanda. Precisión del acto reclamado. La aprobación y aplicación del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve (2019), La fijación de los sueldos del personal perteneciente a Banco de México en donde se establezcan reducciones salariales al quejoso y se eliminen o disminuyan otras prerrogativas o percepciones con base en dicho presupuesto. La inminente emisión, dictado o expedición de cualquier otro acto mediante el cual se pretendan aplicar y/o ejecutar el presupuesto señalado, en donde se establezcan reducciones salariales al quejoso y se eliminen o disminuyan otras prerrogativas o percepciones. Precisado lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, lo procedente para pronunciarse sobre la suspensión de los actos reclamados, es realizar un análisis ponderado tanto de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, como la no afectación al orden público e interés social. Análisis de la solicitud de suspensión provisional. En principio debe señalarse que se cumplen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa y con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, por las siguientes razones: En la especie es dable precisar que el numeral 148 de la ley citada, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa o con motivo del primer acto de aplicación, la suspensión se otorgará para impedir los efectos y consecuencias de la norma reclamada así como los subsecuentes del acto de aplicación. En consecuencia, sólo se resolverá respecto de ese aspecto, de conformidad a la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, el uno de Febrero de dos mil diecinueve, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA.". Análisis de los requisitos para conceder la suspensión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política, 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierten los requisitos para conceder la suspensión definitiva; y sólo de cumplirse con éstos, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley. Sirve de fundamento, por analogía la tesis aislada 2a. XXIII/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo II, Libro 30, Mayo de 2016, página 1376, de rubro y contenido siguientes: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA CONCEDERLA. De los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 128 y 138 de la Ley de Amparo, se advierte que para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo se requiere que: i. Expresamente la solicite el quejoso; ii. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión se solicita; iii. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión; iv. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la citada Ley y; v. Deba llevarse a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Así, sólo de cumplirse todos los requisitos que anteceden, el órgano jurisdiccional podrá conceder la suspensión definitiva sujetándola, en su caso, al otorgamiento de la garantía prevista en el artículo 132 de la propia Ley." En ese tenor los requisitos de que se trata son: 1. Solicitud. Expresamente exista solicitud de la parte quejosa; y acredite su interés suspensional (ser titular de un interés jurídico o legítimo el cual pueda verse transgredido con el acto reclamado). En el caso la parte quejosa solicitó la suspensión en su escrito inicial de demanda para que no se aplique el contenido del artículo 24 de la Ley de Austeridad Republicana, esto es, no se le prohíba el derecho a la libertad de trabajo mientras se resuelve el presente juicio de amparo. El quejoso acredita el interés suspensional con: Credencial para votar, identificación laboral, recibos de nómina a nombre del quejoso, y CFDI de recibos de nómina con sello digital y cadena original (sobre transparente con folio 164). Oficio de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve expedido por autoridades del Banco de México a nombre del quejoso, con anexos en copia simple (sobre transparente con folio 724). Sirve de fundamento, por analogía, la tesis aislada sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo IV, Segunda Parte 1, Julio a Diciembre de 1989, página 294, de rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. DEBE PROBARSE PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. Aunque la fracción I del artículo 124 de la Ley de Amparo en vigor prescribe como requisito que el quejoso solicite la suspensión del acto reclamado, éste no se llena con la sola manifestación en su libelo, ya que debe de probar su interés jurídico en el caso concreto; por lo que si la autoridad municipal impide al quejoso explotar el giro de máquinas de video electrónicas, tendrá que acreditar indiciariamente dicho interés mediante el documento expedido por el patrón de licencias municipales, para que proceda la concesión de la suspensión.". 2. Existencia. Certidumbre sobre la existencia del acto consistente en el Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve; sus efectos y consecuencias. Queda acreditada su existencia, con su publicación en la página de Internet del Banco de México, cuya información es un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles y que hace prueba plena. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 370, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo II, página 4060, de rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS EN INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.". Asimismo, la tesis V.2o.214 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, consultable en el Tomo XV-1, Febrero de 1995, página 205, de rubro siguiente: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA.". 3. Naturaleza. Los actos reclamados sean susceptibles de suspensión. Los efectos y consecuencias de la aplicación del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve, pueden paralizarse y previsiblemente impactarán la estabilidad salarial de quien promueve, ante el riesgo de que sus ingresos sean disminuidos, lo que es suficiente para considerar que es procedente la suspensión pues puede producirse una afectación en su esfera jurídica, lo que hace necesario impedir que las normas que ahora tilda de inconstitucionales produzcan efectos y consecuencias que serían de difícil reparación. Asimismo, no se advierte de qué forma el interés social pudiera verse afectado con el hecho de que la parte quejosa siga percibiendo los ingresos a que tiene derecho por la prestación de sus servicios, por el contrario, de negarse la medida cautelar solicitada se podría afectar su derecho a percibir la remuneración que le corresponde por el cargo que desempeña y, por ende, que se vea trastocado el proyecto de vida digna a que tiene derecho. Lo anterior es así, porque la medida otorgada únicamente suspende de manera temporal los efectos del acto reclamado, pero no impide en modo alguno el desarrollo de las funciones del Estado; por tanto, no implica una afectación grave a la sociedad, en proporción mayor a los beneficios que pudiera obtener la solicitante hasta en tanto se dicte la suspensión definitiva en la presente incidencia. Máxime que el artículo 123, apartado B, fracción IV, constitucional, textualmente prevé que los salarios no podrán verse disminuidos durante el encargo de los servidores públicos, en atención al principio de progresividad. Por tanto, si la medida cautelar no contraviene disposiciones de orden público ni afecta el interés social, no se actualiza alguno de los supuestos de improcedencia de la suspensión y prevalece la necesidad de conservar la materia del amparo y evitar algún daño o perjuicio que se pueda causar a la parte quejosa, esta debe concederse, caso contrario, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación; aunado a que se permitiría someter a quien ahora insta a procedimiento penal, lo que implica riesgo de privación de la libertad, entre otros. Por lo tanto, con el otorgamiento de la suspensión no se infringe lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 128, 146, fracción III y 148 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a José Gabriel Cuadra García, para el efecto de que no sigan aplicando los efectos y consecuencias del Presupuesto de Gasto Corriente e Inversión Física del Banco de México para el año dos mil diecinueve, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva, lo cual conlleva que no se inicie procedimiento penal o administrativo alguno con motivo del pago que reciba y que derive de la aplicación de los artículos que serán materia de análisis constitucional en el cuaderno principal del que deriva la incidencia en que se actúa. La suspensión provisional decretada surte sus efectos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo y sin que sea necesario fijar un requisito de efectividad dado que no existe tercero interesado en este juicio, aunado a que no se está en los supuestos del artículo 135 de la ley citada. Notifíquese.
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