Saturnino Suarez Reynoso
Expediente 4804/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 4804/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 03/05/2023
Partes del expediente
- Saturnino Suarez Reynoso
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, tres de mayo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, mediante el cual remite la resolución dictada en sesión de trece de abril de dos mil veintitrés, en el recurso de queja Q.A. 1523/2022, de su índice; acúsese recibo Hágase del conocimiento del quejoso lo resuelto por el tribunal colegiado: "(.) ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja. NOTIFÍQUESE; (.)" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico y se ordena glosar al cuaderno principal las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión. Archivo del asunto Háganse las anotaciones en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese como concluído, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Destino del juicio de amparo Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del mencionado acuerdo general, pues se trata de un expediente en el que se desechó en el juicio de amparo, por lo que carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del acuerdo general citado, en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de tres años. En ese orden de ideas, conforme lo ordenado en el artículo 35, párrafos primero y segundo, del mencionado acuerdo, hágase las anotaciones en la carátula del expediente. Devolución de documentos Hágase del conocimiento del quejoso que en caso de haber exhibido documentos que estime relevantes, deberá acudir al local que ocupa este juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, serán destruidos junto con este expediente. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, así como el estado de autos, dado que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este juicio de amparo, en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la cual sobreseyó, no amparó y amparó ha causado ejecutoria. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO Ahora bien, se precisa que los efectos para los cuales se concedió el amparo son los siguientes: "(.) DÉCIMO PRIMERO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la parte quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." ANÁLISIS RESPECTO DEL ARTÍCULO 53-B FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN De la anterior transcripción, se advierte que los efectos del fallo constitucional se hacen consistir en que, de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la quejosa y ésta no hubiese ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Esto deviene así, dado que, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación, publicado el 9 de diciembre de 2013, así como de su reforma dada a conocer en el citado medio de comunicación oficial el 18 de noviembre de 2015 violan el derecho fundamental de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, ya que la preliquidación constituye una propuesta de pago para el caso de que el contribuyente decida ponerse al corriente de sus obligaciones fiscales, mas no un requerimiento de pago cuya inobservancia de lugar a sus ejecución inmediata, a más de que se priva al contribuyente de sus bienes, derechos o posesiones, sin darle previamente la oportunidad de ofrecer en el recurso de revocación, los medios de prueba, que por cualquier circunstancia, no exhibió ante la autoridad fiscalizadora para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos. Resulta aplicable al caso la Jurisprudencia 2a./J.157/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguientes: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 53-B DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN TANTO PREVÉ LA FACULTAD CONFERIDA A LA AUTORIDAD PARA HACER EFECTIVA LA CANTIDAD DETERMINADA EN LA PRELIQUIDACIÓN, TRANSGREDE EL DERECHO DE AUDIENCIA. SE REQUIERE CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere a la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla con dichos efectos y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten: Es decir, deberá de informar si a la quejosa le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que la contribuyente fue omisa en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Lo anterior es así dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." En el entendido de que: 1. La autoridad responsable y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, tiene fundamento el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un Juez de Distrito. APERCIBIMIENTOS POR INCUMPLIR LA SENTENCIA DE AMPARO En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se les impondrá a cada autoridad, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de este juzgado la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen sus respectivos puestos seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de ***********, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este auto. Asimismo, con fundamento en artículo 197 de la ley de la materia, se requiere a la autoridad Jefe del Servicio de Administración Tributaria, a efecto que dentro del mismo plazo de tres días, informe de manera fundada y motivada a este órgano jurisdiccional, si para dar cumplimiento a lo anterior deben intervenir diversas autoridades en qué consiste y quiénes tendrán participación. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, catorce de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte se tuvieron por interpuestos diversos recursos de revisión por parte de las siguientes autoridades responsables: AUTORIDAD RESPONSABLEOFICIO DE AGRAVIOS CON REGISTRO.Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua de la Secretaría de Bienestar. OFICIO: 87502/2022 7604 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. OFICIO: 87503/2022 8592 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos OFICIO: 87504/2022 9260 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Y en atención a la Certificación de cuenta, en obvio de mayores dilaciones procesales remítanse de inmediato los autos del cuaderno original de este incidente al TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, (POR CONDUCTO DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, TODOS CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; para su conocimiento y resolución. Por otra parte, previamente a proveer lo que conforme a derecho proceda, se considera oportuno, precisar que la demanda de amparo fue promovida por *****, en su carácter de beneficiaria del programa denominado "Programa de Estancias Infantiles Para el Apoyo a Madres Trabajadoras, por sí y en representación de la Estancia Infantil, Laura Judith Arambula Olivas, en su carácter de madre del menor de iniciales D.A.R.A., Karen Palmira Campos Delgado, en su carácter de madre del menor de iniciales M.O.F.C, Claudia Ivonne Olague Urquiza, en su carácter de madre del menor de iniciales M.A.R.O, Silvia Verónica Domínguez Torres, en su carácter de madre del menor de iniciales O.D.D.D, Carolina Acosta Gardea, en su carácter de madre del menor de iniciales F.V.G.A, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. Por otra parte, vista la cuenta que antecede, como esta ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal, y en estricto acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 476/2020 de su índice; atendiendo a lo resuelto por el Tribunal de Alzada se tuvo por ampliada la demanda por el acto precisado en la ejecutoria como se advierte de la siguiente transcripción: "(.) Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena REPONER EL PROCEDIMIENTO del juicio de amparo indirecto 2704/2019 del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, por las razones, fundamentos, motivos y para los efectos precisados en el considerando cuarto de esta ejecutoria. TERCERO. Se declara SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva interpuesto por el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese; (.)". Ahora bien, en los fundamentos y motivos expuestos en el considerando quinto de la resolución de que se trata, el Tribunal Colegiado, puntualizó: "(.)En las relatadas circunstancias, lo procedente es REVOCAR la sentencia recurrida y ordenar la REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO en el juicio constitucional, a efecto de que se realice lo siguiente: Se deje insubsistente la audiencia constitucional celebrada el veinte de enero de dos mi veinte, en la que se dictó la sentencia de amparo, aquí recurrida y, en consecuencia: Se emita acuerdo en el que se realice lo sigue: Se tenga por ampliada la demanda de amparo, en relación con los actos consistentes en: - Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, emitidos mediante acuerdo signado por la titular de la Secretaría de Bienestar y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la propia secretaría, publicados el once de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. -Oficio 312.-00260, signado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, emitido por la Directora de Salud, Educación Laboral, Fiscal y Financiero de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. c) Realice el trámite correspondiente a los actos materia de ampliación, requiriendo el informe justificado a las nuevas autoridades responsables; difiera la audiencia constitucional e incluso, ordene la apertura del incidente de suspensión, atendiendo para todo ello a lo establecido en los artículos 110 y 115 de la Ley de Amparo. d) Hecho lo anterior, deberá continuar con el trámite del procedimiento hasta su conclusión, emitiendo la sentencia que en derecho corresponda. (.) QUINTO. En mérito de lo resuelto, debe declararse SIN MATERIA el recurso de revisión adhesiva, hecho valer el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos ya que desapareció jurídicamente la condición a la que estaba sujeto su interés para interponerlo. (.) Finalmente, debe destacarse, que conforme al artículo Sexto Transitorio del Decreto por el cual se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, los criterios jurisprudenciales transcritos en la presente ejecutoria, resultan aplicables al presente caso, con independencia que de que se hayan integrado conforma a la abrogada Ley de Amparo, puesto que no se oponen a lo establecido en la legislación vigente. (.)." En atención a lo anteriormente transcrito se provee lo siguiente: SOLICITUD DE INFORMES PREVIOS CONFORME AL TESTIMONIO DE TRRIBUNAL ALZADA Por tanto, vista la cuenta que antecede, como esta ordenado en auto de esta misma fecha dictado en el cuaderno principal y en estricto acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 476/2020 de su índice; con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables 1) Titular de la Secretaría de Bienestar; 2) Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la propia secretaría, 3) Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos y 4) Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, para que rindan sus informes previos, los cuales deberán exhibir por duplicado dentro del plazo improrrogable de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente proveído. De conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, en dicho informe deberá concretarse a expresar si son o no ciertos los actos consistentes en el 1) Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, emitidos mediante acuerdo signado el once de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, 2) oficio número 312.A.-00260 de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve, a través del cual se emitió la autorización presupuestaria correspondiente a las "Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, hijos de Madres Trabajadoras y 3) Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741.. Asimismo, las autoridades responsables podrán expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. De igual manera, tendrá obligación de proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano establecer, en su caso, el monto de las garantías correspondientes. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que acompañe a su informe previo cualquier documento que estime necesario para que este juzgador se pronuncie sobre la suspensión definitiva; lo anterior, con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. APERCIBIMIENTOS EN CASO DE NO RENDIR INFORME PREVIO PARA LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En caso de que la autoridad responsable sea omisa en rendir su informe previo, se presumirán ciertos los actos que se le imputan para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva; lo anterior, de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Así también, se hace de su conocimiento que, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo, en caso de expresar hechos falsos o negar la verdad al rendir sus informes, este juzgador podrá imponerles una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, así como destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos. FIJACIÓN DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo se fijan las NUEVE HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, a la cual podrán comparecer las partes, ofrecer pruebas documentales, así como de inspección judicial y, excepcionalmente, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 143 de la propia ley, la testimonial en caso de que se reclamen actos previstos en el artículo 15 del ordenamiento citado. RESOLUCIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DEL LOS ACTOS DE AMPLIACIÓN QUE EN ESTRICTO SENTIDO DETERMINÓ EL TRIBUNAL DE ALZADA Ahora bien, en cumplimiento a lo determinado por el Pleno del Tribunal Colegiado en la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental y en lo que interesa se transcribe lo siguiente: (.)" Se provea lo conducente en relación a la ampliación de demanda promovida por la parte quejosa, sin omitir observar lo dispuesto en los artículos 79, fracción III, penúltimo párrafo y 110, segundo párrafo, ambos de la Ley de Amparo. (.)". En cumplimiento a lo determinado por el Tribunal de alzada, determinó lo siguiente: "(.) Se tenga por ampliada la demanda de amparo, en relación con los actos consistentes en: - Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, emitidos mediante acuerdo signado por la titular de la Secretaría de Bienestar y el Coordinador General de Programas para el Desarrollo de la propia secretaría, publicados el once de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. -Oficio 312.-00260, signado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B", área dependiente de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741, emitido por la Directora de Salud, Educación Laboral, Fiscal y Financiero de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. (.)". Precisado lo anterior, cabe señalar que este Juzgador se pronunciará únicamente respecto de la suspensión provisional respecto a las ampliaciones en acatamiento a lo resuelto por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el recurso de revisión 476/2020 de su índice. En consecuencia, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto de los actos reclamados. Así, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." Ahora bien, en cumplimiento a lo determinado por el Pleno del Tribunal Colegiado en la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo del que deriva el presente cuaderno incidental y en lo que interesa se transcribe lo siguiente: En este sentido, es importante destacar que el acto motivo del presente estudio son las emisiones siguientes: Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, emitidos mediante acuerdo signado el once de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación. Oficio número 312.A.-00260 de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve; Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER(19/0741: En consecuencia, este juzgador procede a determinar si en el caso concreto se surten los requisitos contenidos en los artículos 128, 138, 147 y 148 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión respecto del acto referido. Así, debe precisarse, que el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar a partir de que conceda la medida cautelar; sin embargo, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia P./J. 4/2019, publicada en la Gaceta de Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo I, Libro 63, Febrero de 2019, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA." En ese sentido, se debe puntualizar que se tiene como acto reclamado los siguientes el Lineamientos Generales para la Coordinación e Implementación de los Programas Integrales para el Desarrollo, emitidos mediante acuerdo signado el once de enero de dos mil diecinueve en el Diario Oficial de la Federación, el Oficio número 312.A.-00260 de fecha veinte de febrero de dos mil diecinueve; y el Dictamen regulatorio contenido en el oficio CONAMER/19/0741. Lo anterior, debe considerarse que la suspensión de dichos acto se traduce en que se deje sin efectos los mismos. Entonces, con ese propósito, para determinar si resulta procedente o no la suspensión, se analizarán en orden los siguientes aspectos: I. La certeza de los actos reclamados II. Si su naturaleza permite su paralización III. Si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo IV. Si resulta necesario exigir alguna garantía para que surta efectos la suspensión, porque existe tercero interesado o se trate del cobro de contribuciones. De ahí que, respecto de los efectos y consecuencias de la medida cautelar, lo procedente es negar la suspensión provisional. Lo anterior es así, ya que de otorgar la medida cautelar se le otorgarían irremediablemente efectos restitutorios que solo son propios de la sentencia que, en su caso, otorgue la protección constitucional. Cabe destacar que si bien es cierto que es obligación del Juez de Distrito de conformidad con lo dispuesto en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, y de esa manera tomar las medidas pertinentes para conservar la materia de amparo, lo cierto es que la adopción de dichas medidas parte del supuesto de que sea procedente la suspensión de los actos reclamados, lo que como ya se apuntó, no ocurre en el presente caso, dado que la medida cautelar no tiene el efecto de constituir o autorizar acto alguno, pues dicha situación en todo caso, será efecto y consecuencia de una sentencia favorable que la parte quejosa llegara a obtener en el fondo del juicio de amparo del que deriva el incidente de suspensión en que se actúa, por tanto, se niega la suspensión porque el acto motivo de estudio tiene efectos exclusivos de la sentencia de amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 204/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 315, del tomo XXX, correspondiente al mes de diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." En efecto, de otorgarse la suspensión provisional se estarían abordando aspectos que forman parte del estudio del fondo del asunto (teniendo efectos restitutorios a la suspensión), de ahí que resulte improcedente el otorgamiento de la suspensión solicitada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CII, página 74, que dice: "SUSPENSION, PARA CONCEDERLA NO SE PUEDEN TOMAR EN CUENTA RAZONES DE FONDO. Las razones que son propias de tomarse en cuenta al resolver el fondo de la cuestión constitucional planteada en el juicio de garantías, no pueden tomarse en cuenta, ni servir de fundamento para la concesión de la suspensión de los actos reclamados." Finalmente dada la información que se contiene en la certificación de cuenta, el suscrito se reserva la aplicación de la normatividad correspondiente. Notifíquese; en términos de lo dispuesto por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y personalmente a la parte quejosa.
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EN VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA QUE SE PUBLICA EN ESTE JUZGADO DE DISTRITO, LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA QUINTA REGIÓN Y EL AUTO DE VEINTIUNO DEL MES Y AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL JUCIO DE AMPARO 6119/2014, A LA PARTE QUEJOSA, QUE A LA LETRA DICE:"Ciudad de México, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Primer Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con sede en Aguascalientes, Aguascalientes, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 6119/2014 del índice de este juzgado auxiliar y testimonio de la ejecutoria dictada en sesión ordinaria celebrada en forma remota el dieciséis de junio de dos mil veintidós, en el amparo en revisión 80/2018 del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, derivado del amparo en revisión 370/2017 del índice del tribunal oficiante. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes que en el citado medio de impugnación se resolvió lo siguiente: "(.) Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 6119/2014, del índice del juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en la Ciudad de México, en los términos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. .." (.) Ahora bien, resulta necesario señalar que la Superioridad determinó al revocar la sentencia emitida y reponer el procedimiento, para el siguiente efecto: "(.) CUARTO. Reposición del procedimiento. Resulta innecesario analizar las consideraciones que sustentan el fallo recurrido y los agravios que en su contra se formulan, toda vez que, de oficio, se advierte, por una parte, que carece de eficacia jurídica la firma electrónica que se acompañó a la resolución recurrida, por lo que no es apta para demostrar el consentimiento de los funcionarios que participaron en su emisión y, por otra, al haberse emitido en un cuaderno de varios o genérico, no es dable considerar que dicha resolución refleja la decisión jurisdiccional del caso en concreto, por lo que tampoco puede considerarse como una sentencia válida y, por ende, procede decretar su revocación y ordenar la reposición del procedimiento. (.) En las relatadas consideraciones, como la determinación sujeta a revisión carece del consentimiento individual de los funcionarios que participaron en ella y fue emitida de manera genérica en un cuaderno distinto al expediente de amparo, este Tribunal se encuentra impedido para reasumir jurisdicción al no existir un pronunciamiento válido en primera instancia, por ende, procede revocar la recurrida y ordenar la reposición del procedimiento, para que una vez subsanada la irregularidad advertida, se resuelva el asunto en su momento y conforme en derecho corresponda, respetando los principios de congruencia, exhaustividad, fundamentación y motivación que rigen el dictado de las sentencias, expresando además los datos que permitan individualizar la sentencia recurrida con el asunto que se resuelve." (.) Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal en que se actúa. Asimismo, como está ordenado y en estricto cumplimiento a la ejecutoria en cita, se deja insubsistente la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis y se ordena reponer el procedimiento para el efecto de que, se emita otra, particularizando el caso concreto del juicio de amparo que se revisa. AUTO DE TURNO PARA EL DICTADO DE SENTENCIA Ahora bien, a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por el órgano colegiado, una vez que se cuente con las constancias de notificación del presente proveído, PREVIO acuerdo túrnese este asunto, para que se dicte la sentencia que conforme a derecho proceda. SUGERENCIA PARA TRANSITAR A JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, se exhorta a la quejosa, para que, de ser posible transite de la tramitación del expediente físico hacia la actuación electrónica de modo que el presente juicio de amparo pueda continuar tramitándose digitalmente como "juicio en línea" a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el cual se pueda acceder al expediente electrónico, recibir notificaciones por la misma vía, así como presentar promociones y/o recursos, siempre y cuando se tramite y/o se cuente con la firma electrónica vigente (FIREL) y se solicite autorización expresa en esos términos a este Juzgado Federal por medio de escrito electrónico y además se indique el nombre del usuario ligado a la firma electrónica. Adicionalmente se informa a las partes, que a fin de privilegiar las herramientas tecnológicas, facilitar la tramitación el línea de los juicios de amparo y evitar físicamente a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación (Juzgados de Distrito), el Consejo de la Judicatura de la Federación puso a disposición del público en general la aplicación móvil (APP) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL, que se puede descargar buscando la palabra "FIREL" o "Firma Electrónica", y acceder, desde cualquier dispositivo móvil con sistema operativo "Android", o bien iniciar el proceso desde el Portal "www,firel.pjf.gob.mx" para el cual se necesita como identificación oficial la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral (INE). Notifíquese; en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y personalmente a la parte quejosa.". NOTIFÍQUESE.
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