Saturnino López Santa Ana
Expediente 673/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Saturnino López Santa Ana
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintinueve de julio de dos mil diecinueve (fojas 12 - 15), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que dentro del término de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por SATURNINO LÓPEZ SANTA ANA, contra actos del Director General del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca y otras autoridades; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 673/2019. Del estudio de la demanda de amparo, se advierte, debe desecharse la misma, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo; ya que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; numerales establecen: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Cabe destacar que para los efectos del juicio de amparo, las notas que distinguen a una autoridad, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Noviembre de 2001, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, el quejoso reclama de las responsables la negativa de otorgarle oficio de asignación como titular de la Dirección del Plantel 41 COBAO, en Totontepec, Villa de Morelos Mixe, Oaxaca; el reconocimiento de su nombramiento por tiempo indeterminado, así como la negativa a reconocerle su nombramiento por tiempo indeterminado de subdirector B del Plantel 27, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. Lo anterior, pone de manifiesto que las autoridades que señala como responsables, no tienen esa calidad, pues la relación que existe entre éstas y el aquí quejoso, no tiene su nacimiento en la ley, sino en el contrato de prestación de servicios que tengan celebrado, de ahí que su potestad no es de naturaleza pública; además, sus decisiones si bien pudieran tener fuerza vinculatoria para sus trabajadores, no menos verídico es que no pueden ser impuestas coactivamente, pues el patrón requiere ocurrir ante una autoridad para que sea ésta quien las ejecute. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 347, Tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Abril de 1996, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito". De igual manera, por su contenido, la tesis emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 1881, del Tomo XXI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "TRABAJADORES DE DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. LA COMUNICACIÓN RESPECTO DE LA TERMINACIÓN DE LOS EFECTOS DE SU NOMBRAMIENTO REALIZADA POR AQUÉLLAS, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El acto reclamado consistente en la comunicación de la terminación de los efectos del nombramiento a un trabajador de una dependencia del gobierno es de naturaleza laboral, ya que deriva del vínculo jurídico existente entre el empleado y la dependencia en su carácter de patrón, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de los tribunales del trabajo; de ahí que en la emisión de dicho acto la dependencia no actúa con potestad de imperio, esto es, como autoridad en los términos previstos en el artículo 11 de la Ley de Amparo, sino como patrón." En consecuencia, es inconcuso que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 1° y 5°, fracción II, interpretados estos últimos preceptos en sentido contrario, de la Ley de Amparo; por lo que con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo, por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica, y por autorizada para esos efectos a la persona que señala, hasta en tanto acredite contar con cédula profesional de licenciado en derecho. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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