Saturnino Gómez Peñaloza y Otros.

Expediente 290/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
290/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
19/07/2023

Partes del expediente

  • Saturnino Gómez Peñaloza
  • Saturnino Gómez Peñaloza y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, diecinueve de julio de dos mil veintitrés. AUTORIDAD ACUSA RECIBO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibo y agréguese el oficio recibido vía correo electrónico proveniente del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en la Ciudad de Morelia, Michoacán de Ocampo, a través del cual, acusa recibo del comunicado con el que se le notifico el proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, asimismo de dos tomos de prueba; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, doce de junio de dos mil veintitrés. DEVUELVE EXHORTO. Con fundamento en los artículos 61 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio 10973, a través del cual el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, devuelve Debidamente Diligenciado el exhorto 151/2023 con número de orden 609/2023, enviado a efecto de notificar al quejoso Saturnino Gómez Peñaloza, el contenido del proveído de once de mayo de dos mil veintitres. SE ORDENA DAR DE BAJA. Ahora, bien, para efectos administrativos, se ordena dar de baja en el Libro de Gobierno, la comunicación oficial de mérito. Lo anterior, sin que sea necesario realizar el acuse de recibo correspondiente, toda vez que la misma fue recibida de manera electrónica. EFECTIVO APERCIBIMIENTO. Ahora bien, visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedidos a la parte quejosa en el referido proveído, a fin de que designara domicilio en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, sin que lo haya hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento con que se le previno en aquel mandato judicial; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el 29, de la Ley de Amparo, se ordenan las subsecuentes notificaciones de carácter personal que, en su caso, tengan que practicársele, por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, hasta en tanto designe domicilio en esta ciudad, para tal efecto. CAUSA ESTADO. Ahora bien, visto el estado procesal de autos del que se desprende que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído en el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes. ARCHIVO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se tuvo por no presentada la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo supuesto por el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de ser destruido. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase el presente expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General del Archivo y Documentación, para que en el ejercicio de sus funciones proceda como corresponda. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, NO SE CONSIDERA DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no ubicarse en ninguno de los supuestos que señala el artículo 15 del propio Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, seis de junio de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS. Revisado el estado procesal de autos, se advierte que el once de mayo de dos mil veintidós, se ordenó girar el exhorto 151/2023 orden 609/2023, al Juez de Distrito en el Estado Michoacán, con sede en Morelia, en turno, con la finalidad de notificar a la parte quejosa el auto de referencia, sin que a la fecha se cuente con la recepción de las constancias que acrediten su diligenciación. En ese contexto y en atención a la certificación de cuenta, mediante oficio que derive del presente auto, solicítese al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, informe el estado procesal que guarda el exhorto de referencia, radicado con el consecutivo 113/2023, de su índice o bien remita las constancias que acrediten su diligenciación; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, once de mayo de dos mil veintitrés. INCOMPETENCIA. Téngase por recibido el oficio 2432/2023, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, por el que remite el expediente de incompetencia ********************/2023, de su estadística, formando con la demanda de amparo promovida por ******************** y otros, por su propio derecho, contra actos del Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en Morelia; oficio al que acompaña: La demanda con firma autógrafa en original de los referidos promoventes y dos copias; Oficio 521, firmado por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Michoacán, residente en Morelia, relativo a su informe justificado; Los autos originales del toca civil ********************/2022, integrado en un tomo; Los autos originales del juicio ordinario civil ********************/2019, integrado en un tomo; y, Constancia de emplazamiento del tercero interesado ********************. Acúsese recibo. Con los autos originales de las documentales de referencia, fórmense cuadernos de pruebas por separado, los que deberán ser identificados bajo los números de tomos I y II, respectivamente. Lo anterior en razón de que, el Tribunal de Alzada remitente, determinó carecer de competencia legal para conocer y resolver del referido juicio de amparo, toda vez que el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Lo que así determinó, habida cuenta que los promoventes reclaman la resolución de ********************, emitida en el toca de apelación ********************/2022, que revocó la sentencia de ********************, dictada dentro del juicio ordinario civil ********************/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, que sobre reivindicación de inmueble promovió ********************, frente a los quejosos y otras personas, para el efecto de que el a quo remitiera los autos de la referida controversia al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, al carecer de competencia, por razón de materia, para que de estimarlo procedente se avocara del mismo. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 45, en relación con el diverso 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito asume el conocimiento del asunto planteado. Comuníquese esta determinación al Tribunal Colegiado remitente, para los efectos legales conducentes. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el Artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia del Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************/2023-VI; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado. De igual manera, con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo, párrafo de la Ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este. En el entendido que, no formaran parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. CONSIDERACIÓN. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en el proemio se citan únicamente como promoventes a: ********************, Domingo Romero Martínez, Hilario Gómez Romero, Santos Gómez Peñaloza, Silvestre Gómez Velázquez, Pedro Gómez Romero, Izmael Valdez García y ********************. Asimismo, en el aparado I., relativo al "NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS QUEJOSO DIRECTOS", se indica que lo son, además de los antes indicados, las personas siguientes: ******************** y ********************; siendo que en la parte final del escrito de demanda, ésta se encuentra firmada únicamente por las personas indicadas en el párrafo precedente (********************, Domingo Romero Martínez, Hilario Gómez Romero, Santos Gómez Peñaloza, Silvestre Gómez Velázquez, Pedro Gómez Romero, Izmael Valdez García y ********************). DESECHAMIENTO 1. En ese contexto, por lo que hace a los promoventes del amparo ******************** y ********************, se desecha de plano la demanda de garantías, habida cuenta que se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, en relación con el 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, toda vez que el libelo constitucional fue presentado sin sus respectivas firmas autógrafas. En efecto, como premisa normativa, se tiene que el artículo 113 en mención, establece que el juez de Distrito, luego de examinar la demanda de amparo, la habrá de desechar de plano, en caso de que encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El vocablo manifiesto comporta que el motivo de improcedencia emerja o aparezca del sólo análisis preliminar de la demanda en forma por demás clara y patente, lo cual implica que al juzgador le basta con apreciar el acto reclamado y su naturaleza para caer en la cuenta de que no tiene ningún caso substanciar el procedimiento, pues a final de cuentas, lo así advertido no habrá de variar ni con más argumentos ni pruebas de las partes, como por ende tampoco variaría la decisión de que el juicio es improcedente; tanto que lo indudable se traduce en la contundencia y plena certeza que se tiene de que el caso concreto embona exacta y justamente en el supuesto legal de improcedencia. Ilustra lo anterior, la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a foja 730, tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad". Por su parte, la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Ahora, como es precisado, la demanda de amparo en análisis, carece de firma autógrafa original de los referidos promoventes; por tanto, debe concluirse que no existe voluntad de su parte para dar inicio al aparato constitucional, ya que la falta de tal requisito de procedibilidad no puede considerarse como una irregularidad, puesto que un escrito que carece de firma autógrafa original, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la animan, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 29 del Semanario Judicial de la Federación, bajo el número de registro 235463, volumen 80, Segunda Parte, Séptima Época, Materia Común, que establece: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata". Así como la diversa tesis, por analogía jurídica, sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 314 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, Materia Común, que es del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO IMPROCEDENTE POR FALTA DE FIRMA. El juez de Distrito no tiene obligación de ordenar que se subsane la omisión en que incurrió el quejoso, ya que la falta de firma en el escrito de la demanda de amparo, no puede considerarse como una "irregularidad" de la misma, en los términos previstos por el artículo 145 de la Ley de Amparo; puesto que un escrito que carece de firma, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna y, por tanto, en estos casos procede desechar de plano la demanda por ser notoria e indubitable su improcedencia". En esas condiciones, como quedó especificado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el numeral 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por ******************** y ********************, toda vez que ésta fue presentada sin firma autógrafa original. Bajo ese contexto, se determina tener únicamente como promoventes del amparo a ********************, Domingo Romero Martínez, Hilario Gómez Romero, Santos Gómez Peñaloza, Silvestre Gómez Velázquez, Pedro Gómez Romero, Izmael Valdez García y ********************, quienes sí suscribieron el libelo constitucional. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. En otro orden de ideas, de la intelección de la propia demanda de amparo, se extrae que los precisados quejosos señalan como acto reclamado lo siguiente: La resolución de ********************, pronunciada en el toca de apelación ********************/2022, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, que dejó insubsistente la sentencia de ********************, dictada dentro del juicio ordinario civil ********************/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió ********************, frente a los quejosos y otras personas; resolución de alzada que ordenó la reposición del procedimiento y declaró la incompetencia por razón de la materia, del mencionado órgano jurisdiccional, y por consiguiente, el a quo remitiera los autos de la controversia al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que de estimarlo procedente se avocara a su conocimiento. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito, analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como lo establece el precepto 113 de la Ley de la materia, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tomando en consideración que el citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Sustenta lo anterior la tesis siguiente: Tesis: I.6o.C. J/19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193379 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo X, Septiembre de 1999 Pag. 730 Jurisprudencia(Común) "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." DESECHAMIENTO 2. Apreciada íntegramente la demanda de garantías promovida por ********************, Domingo Romero Martínez, Hilario Gómez Romero, Santos Gómez Peñaloza, Silvestre Gómez Velázquez, Pedro Gómez Romero, Izmael Valdez García y ********************, se desecha de plano, porque se actualiza motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el invocado artículo 113, en relación con los numerales 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." De los preceptos legales transcritos, en la parte que interesa, se obtiene que las causas de improcedencia son de orden público e interés social, por ese motivo, no es necesario que las partes las hagan valer para que los juzgados estén en aptitud de emprender su análisis; de ahí que, los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio de amparo, deben examinar oficiosamente el escrito inicial de demanda a efecto de verificar la actualización de alguna causa de improcedencia; además, que el aludido juicio constitucional resulta improcedente, entre otras cuestiones, cuando se promueve contra actos cuyos efectos no sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Cabe destacar que, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediata y directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o gobernado que tutela nuestra constitución federal, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio del cual dimanan, es decir, que aún y cuando obtenga sentencia favorable, será imposible restituirle el derecho quebrantado, por ejemplo, cuando se trata de una privación de la libertad o de un bien, que el tiempo del que se le privó no será posible restituirle. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna de los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, es decir, violaciones meramente formales respecto a derechos que surgen y se generan durante el trámite del juicio o al procedimiento, de tal forma que antes de éste el gobernado no los tenía y si fueran violados, la sentencia podría tener como efecto la restitución de los mismos. En ese sentido, una vez analizada la demanda de amparo, como las disposiciones de los preceptos de la Ley de Amparo invocados, se arriba a la conclusión que la citada causa de improcedencia se actualiza respecto del acto reclamado en el libelo constitucional que nos ocupa, si se tiene en cuenta que este se hacen consistir en la resolución de ********************, pronunciada en el toca de apelación ********************/2022, del índice de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo, que dejó insubsistente la sentencia de ********************, dictada dentro del juicio ordinario civil ********************/2019, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, que sobre reivindicación de inmueble y otras prestaciones promovió ********************, frente a los quejosos y otras personas. Resolución de alzada que ordenó la reposición del procedimiento y declaró la incompetencia por razón de la materia, del mencionado órgano jurisdiccional, y por consiguiente, el a quo remitiera los autos de la controversia al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, residente en Morelia, Michoacán de Ocampo, para que de estimarlo procedente se avocara a su conocimiento. Lo anterior, porque el hecho de que el Magistrado señalado como responsable haya declarado que el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Lázaro Cárdenas, Michoacán de Ocampo, carece legalmente de competencia para seguir conociendo y resolver del juicio natural, y ordenó su remisión al Tribunal Unitario Agrario del Distrito 17, con asentamiento en Morelia, Michoacán de Ocampo, a quien se estimó legalmente competente para su conocimiento, no afecta de forma inmediata ninguno de los derechos fundamentales de los quejosos, ni constituye un acto que los lesione en grado predominante o superior, puesto que la decisión del ad quen responsable de declarar la incompetencia del tribunal de primera instancia, no puede considerarse una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino en el caso de que aquélla determinación se torne definitiva, por lo que será hasta ese momento procesal, y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, así como cuando se hayan producido todas las consecuencias del acto reclamado. De ahí que, la afectación recae en derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que sólo tiene consecuencias de carácter formal o intraprocesal, es decir, su emisión no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales de los gobernados, por lo menos hasta el momento. En ese orden de ideas, debe entenderse que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, esto es, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta, porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada, lo cual no ocurre en la especie, en términos de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo; máxime que de la narrativa de los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, realizados por los promoventes, bajo protesta de decir verdad, así como de las constancias que integran los autos de primera y segunda instancia de donde emana el acto reclamado, no se advierte dato alguno que indique, de manera objetiva, si la autoridad respecto de la cual se declinó la competencia, se haya pronunciado sobre la aceptación de la misma; de ahí que, es improcedente la demanda de amparo origen del presente juicio. Además, no se omite precisar que la competencia declinada por la Sala responsable facultó al Tribunal Unitario Agrario número 17, con sede en la Ciudad de Morelia, para que, de considerarlo pertinente o procedente, se avoque del conocimiento del asunto o de lo contrario se pronuncie respecto a tal declinatoria; lo cual, podría beneficiar a la parte quejosa. En consecuencia, es indudable que es manifiesta la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con los numerales 62 y 107, fracciones V y VIII, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo: Orienta lo anterior, el criterio emitido en relación a la contradicción de tesis, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la Jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a.), localizable en la página 5, Libro 21, Tomo I, Agosto de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Asimismo, sustenta la determinación a la que se arriba, por identidad jurídica, la jurisprudencia que resolvió la contradicción de tesis 216/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 29/2015 (10a.), consultable en la Página 22, Libro 22, Tomo I, Septiembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de la siguiente literalidad: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." Asimismo, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años de 1917-2000, de rubro y texto: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Los criterios invocados en este acuerdo, se citan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXIII, 62 y 107, fracciones V y VIII, 113, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ********************, Domingo Romero Martínez, Hilario Gómez Romero, Santos Gómez Peñaloza, Silvestre Gómez Velázquez, Pedro Gómez Romero, Izmael Valdez García y ********************, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Ténganse como personas autorizadas de los promoventes para efectos de oír y recibir notificaciones personales, con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, toda vez que al realizarse una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se constató que obra registrada su cédula profesional que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188, tomo XXIII, Abril 2006, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA. El sistema informático establecido por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2005, tiene por objeto que efectuada la inscripción de la cédula de licenciados en derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, surta sus efectos; sin embargo, requiere para su efectividad que el profesional autorizado en términos amplios del segundo párrafo del artículo 27 de la Ley de Amparo, haya registrado los datos de su cédula con fecha anterior a aquella en que intente hacer valer en beneficio de su autorizante algún medio de defensa establecido por la citada ley. Por ello, si de la consulta a dicho sistema se acredita que el registro se efectuó con posterioridad a la promoción, resulta evidente que al momento de presentar el medio de defensa carecía de legitimación en el procedimiento, atento a que este presupuesto procesal debió estar previamente acreditado porque no puede ser convalidado". USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a las parte y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Bajo ese contexto, la anterior autorización tendrá efectos en el presente juicio de amparo. HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional, el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberán precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes: "COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados." COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios. CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). EXHORTO PARA NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA. Tomando en consideración que el domicilio indicado por los promoventes del amparo para oír y recibir notificaciones personales no corresponde a esta ciudad; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2°, envíese atento exhorto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, en turno, con residencia en Morelia, para que ordene a quien corresponda notifique a la parte quejosa la presente determinación, en el domicilio procesal ubicado en ********************, de esa ciudad capital. Asimismo, la prevenga para que dentro del término de tres días, computado legalmente, designe domicilio en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, donde oír y recibir notificaciones personales; bajo apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes le serán realizadas por medio de lista que se publica en los estrados de este órgano de control constitucional, de conformidad con el artículo 26, fracción III, en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE EXHORTO.

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