Saturnino Galvan Mendoza

Expediente 522/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
522/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
15/01/2018

Partes del expediente

  • Saturnino Galvan Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a quince de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio de garantías, el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Saturnino Galván Mendoza; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. LEY DE TRANSPARENCIA Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo promovida por Saturnino Galván Mendoza, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial, Secretario Encargado de la Secretaria Civil y Actuario Encargado del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial, todas con sede en Puerto Escondido, Mixtepec, Juquila, Oaxaca, que hace consistir en lo siguiente: ".IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades señaladas como ordenadoras RECLAMO LA PARTE RELATIVA DEL ACUERDO DICTADO EN LA AUDIENCIA DE PRUEBAS Y ALEGATOS EL DIA MIERCOLES 13 DE MES Y AÑO EN CURSO, SIENDO LAS 13:00 HORAS, EN DONDE EL JUEZ SEGUNDO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO MIXTEPEC, JUQUILA, OAXACA, Y DANDO FE EL SECRETARIO JUDICIAL DE ACUERDOS DE LA MESA CIVIL, NO ADMITEN Y DESECHAN UNA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA POR EL SUSCRITO." (sic). Resulta oportuno analizar la aludida demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, ésta en relación con la fracción III del numeral 172 del mismo cuerpo de normas. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración, que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, con registro 194725, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.- El artículo 145 de la Ley de Amparo precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Por su parte el artículo 61, fracción XVIII, 170, 171, 172 fracción III y 174 en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la victima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; ." "Artículo 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del más alto Tribunal del país, los actos de imposible reparación emitidos dentro de un juicio, se distinguen porque afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos como la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, y cuyos efectos perniciosos no son susceptibles de repararse o de anularse con el hecho de que el afectado obtenga finalmente un resolución que le favorezca, porque aunque así fuera, seguiría quedando huella de la afectación provocada con el acto relativo. Esto es, de obtenerse un fallo favorable en el juicio, con ello se borra cualquier huella de afectación que se pudo provocar, se ha entendido entonces que no se está en presencia de un acto de imposible reparación y que, en todo caso, pudiera estarse en presencia de una violación intraprocesal que podría hacerse valer con ese carácter a través del juicio de amparo directo, en términos del artículo 170 de la ley de Amparo en vigor, cuando esa instancia extraordinaria se hiciera valer contra la resolución definitiva pronunciada en el procedimiento de origen. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que el acto de que se duele el quejoso Saturnino Galván Mendoza, consiste en la parte relativa del acuerdo trece de diciembre de dos mil diecisiete, en el que la autoridad responsable le desechó su prueba documental, aduciendo que con el actuar de la responsable violenta en su perjuicio sus derechos contenidas en los artículos 1, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero y 17 Constitucionales, dado que se le niega el derecho a desahogar la documental ofrecida. De la reseña antes hecha, es evidente que la violación que se reclama no puede considerarse como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que se torna en una violación procesal que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos, como la vida, la propiedad, la posesión, etc., sino la violación de derechos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del trámite del juicio familiar número 198/2016, del índice del Juez responsable, cuyas consecuencias son susceptibles de extinguirse con la emisión de un fallo definitivo que sea favorable a los intereses del quejoso, en caso contrario dicha violación puede impugnarse mediante los medios ordinarios de defensa y en su caso en amparo directo al combatirse en esa vía extraordinaria la sentencia que le ponga fin al procedimiento, en el caso de que ésta fuera adversa a sus intereses, pues hasta entonces se patentizaría la trascendencia de la violación procesal, por tanto, no debe considerarse como un acto dentro del juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente intraprocesales o adjetivos, máxime que la violación de que se duele el quejoso consistente en la parte relativa del acuerdo de fecha trece del mes y año en curso, por el que se le desechó la prueba documental ofrecida, está estrechamente vinculado con la admisión de pruebas a las partes a que alude el artículo 172, fracción III, de la Ley de Amparo, como una violación a las normas del procedimiento que pudiera trascender al resultado del fallo, impugnable a través del juicio de amparo directo que en su caso se llegare a promover contra la sentencia que ponga fin al juicio, por ende, en el caso a examen se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos artículos 170, 171, 172, fracción III y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la misma ley en vigor. Resulta aplicable a lo antes señalado el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, Tomo XIII, Marzo de 1994, página 432, Octava Época, registro 213233, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El amparo indirecto es improcedente contra el auto que desecha una prueba, dado que se trata de una violación del procedimiento comprendida en la fracción III del artículo 159 de la Ley Reglamentaria del Juicio de Garantías que debe reclamarse al interponerse el amparo contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio." Igualmente aplica a lo anterior por analogía, la diversa tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, consultable en la página 438, Tomo: II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, Materia(s): Laboral, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 230405, que establece: "PRUEBAS, DESECHAMIENTO DE LAS, EN JUICIO LABORAL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE. El desechamiento de una prueba a la parte demandada en un juicio laboral, no es un acto de imposible reparación, que haga procedente el amparo indirecto conforme a los artículos 107 de la Constitución Federal y 114 fracción IV, de la Ley de Amparo, sino que debe reclamarse en amparo directo conforme a la fracción III del artículo 159 de dicha ley, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento cuando no se reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido el quejoso, las que deben reclamarse en amparo directo que se promueve contra el laudo que ponga fin al juicio, ya que aquél, puede ser favorable al quejoso, en cuyo caso no le causaría perjuicio alguno." Asimismo por identidad jurídica, el diverso criterio jurisprudencial por contradicción sustentado por el Pleno de nuestro más Alto tribunal del País, visible en la página 13, 76, Abril de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205484, del rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En estas condiciones SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que se analiza, atenta su notoria improcedencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 113 en relación con la fracción XXIII del artículo 61, 170, 171, 172, fracción III y 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 730, Tomo: X, Septiembre de 1999, Novena Época, con registro 193379, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Igualmente aplica al caso que se analiza, el diverso criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 890, Tomo: II, Mayo de 1998, con registro 196196, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." También resulta de aplicación al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 579, Tomo: VI, Septiembre de 1997, Novena Época, registro 197719, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA. En el supuesto de que el Juez de Distrito deseche una demanda de garantías, tomando en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, de los cuales se desprenda la posible existencia de una causa de improcedencia, tal desechamiento, así decretado, contraviene lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo, que exige no sólo un motivo que impida la procedencia de la acción constitucional, sino que dicho motivo sea manifiesto y también indudable; entendiéndose que lo manifiesto es lo que se advierte clara y patentemente, y lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. En consecuencia, no basta la convicción que se forme el juzgador de los hechos y circunstancias descritos en la demanda para ordenar su desechamiento, pues en tal hipótesis es necesario que la causa de improcedencia surja de otros elementos distintos a la demanda, como podrían ser las constancias relativas al expediente en donde se dictó el acto reclamado, pero si éstas no fueron exhibidas, es necesario entonces admitir la demanda a fin de no dejar a la promovente en estado de indefensión, al no darle oportunidad de allegar ante el Juez los elementos de convicción que justifiquen, en su caso, la procedencia del juicio." Finalmente, también cobra aplicación a lo antes concluido, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 77, Tomo: 68, Agosto de 1993, Octava Época, con registro 215188, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Javier Carbajal Díaz y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. IIB-A

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