Saturnino Callejas Duarte
Expediente 1252/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1252/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Saturnino Callejas Duarte
Actuaciones
- Principal
MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de tres del mes actual, asentada en cumplimiento al auto de veintiocho de octubre del año en curso -en que se desechó la demanda de amparo-, se advierte la imposibilidad de la fedataria judicial para notificar el citado acuerdo al promovente Saturnino Callejas Duarte. Ello, en atención a que el domicilio que señaló en su demanda se encuentra incompleto, dado que no se especifica la colonia o municipio al que pertenece el inmueble que indicó como "Avenida la Paz número 245 interior B". En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar a dicha parte procesal por lista de acuerdos, el acuerdo de veintiocho de octubre del año en curso, y las subsecuentes notificaciones de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de Oaxaca o zonas conurbadas, para tal efecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL PROMOVENTE EL PRESENTE ACUERDO Y EL DIVERSO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO. INSERCIÓN: "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1252/2022. PARTE QUEJOSA Saturnino Callejas Duarte, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS La falta de contestación a su escrito de siete de septiembre del año en curso, en el cual solicita copia de un certificado de gravamen debidamente requisitado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se advierte que el acto reclamado por el momento no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del justiciable ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la autoridad responsable, con motivo de la falta de contestación a su petición formulada el siete de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, los artículos 8° de la Constitución Federal y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, disponen: "ARTICULO. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". "ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario". Por su parte, los artículos 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, señalan: [CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES A LA AUTORIDAD] "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". Ahora, conforme a los numerales 23 y 26 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta noventa días naturales, de manera que si dicha petición se presentó el siete de septiembre de dos mil veintidós, tal plazo comprende del ocho de septiembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, comprendiendo al día hábil siguiente, es decir, siete de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la cual la autoridad todavía está en condiciones de actuar dentro del plazo legal. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó el veintisiete de octubre de la presente anualidad, es evidente que la autoridad se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud del promovente y hacerle del conocimiento lo determinado. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia señalada, relativa a que por el momento, EL ACTO RECLAMADO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DE LA JUSTICIABLE YA SEA DE MANERA DIRECTA O EN VIRTUD DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ORDEN JURÍDICO, lo que motiva, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de que se trata, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto proporciona la parte quejosa. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene por autorizado sin las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo a Susana Raquel Jiménez Ortiz, dado que su cédula no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se le autoriza únicamente -al igual que a las restantes personas que menciona-, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del citado artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual ... De igual forma, se exhorta a las partes, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio .., suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1252/2022. PARTE QUEJOSA Saturnino Callejas Duarte, por propio derecho. AUTORIDAD RESPONSABLE Director General del Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca. ACTOS RECLAMADOS La falta de contestación a su escrito de siete de septiembre del año en curso, en el cual solicita copia de un certificado de gravamen debidamente requisitado. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS. Artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO En tales condiciones, con fundamento en los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, se procede a examinar de oficio si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se advierte que el acto reclamado por el momento no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del justiciable ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, por lo que SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico..." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. " De los anteriores preceptos se desprende que el juicio de amparo sólo puede promoverlo quien sufre una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por lo que, en sentido contrario, carece de legitimación quien promueva el juicio de amparo contra actos que no le produzcan una afectación de esa naturaleza. Luego, como en el caso, se advierte que el quejoso reclama violaciones al artículo 8° Constitucional, de la autoridad responsable, con motivo de la falta de contestación a su petición formulada el siete de septiembre de dos mil veintidós. Ahora, los artículos 8° de la Constitución Federal y 13 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, disponen: "ARTICULO. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". "ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quien se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario". Por su parte, los artículos 23 y 26 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, señalan: [CAPÍTULO SEGUNDO. DE LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES A LA AUTORIDAD] "ARTÍCULO 23.- El administrado deberá promover lo que a sus derechos convenga ante las autoridades responsables a las que se refiere el ámbito de aplicación de la presente Ley, y la autoridad deberá respetar el derecho de petición a la que se constriñen los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, pero si no lo hicieren, operará de inmediato la negativa ficta". "ARTÍCULO 26.- Salvo que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se establezca otro plazo para algún supuesto en particular, la dependencia, entidad u organismo descentralizado, desconcentrado, paraestatal o paramunicipal deberá resolver lo conducente en un plazo no mayor a noventa días naturales. Transcurrido el plazo aplicable, sin que se haya dictado resolución, ésta se entenderá en sentido positivo o negativo al promovente, en términos de lo que disponga la Ley. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los dos días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante quien deba resolver. Igual constancia deberá expedirse cuando otras disposiciones prevean que transcurrido el plazo aplicable la resolución deba entenderse en sentido negativo. En el caso de que se recurra al sentido positivo o negativo según sea el caso, por falta de resolución, y ésta a su vez no se resuelva dentro del mismo término, se entenderá confirmado el sentido de la misma". Ahora, conforme a los numerales 23 y 26 de la invocada legislación del acto administrativo, la autoridad debe dar contestación a lo peticionado por el solicitante en el plazo de hasta noventa días naturales, de manera que si dicha petición se presentó el siete de septiembre de dos mil veintidós, tal plazo comprende del ocho de septiembre al seis de diciembre de dos mil veintidós, comprendiendo al día hábil siguiente, es decir, siete de diciembre de dos mil veintidós, fecha en la cual la autoridad todavía está en condiciones de actuar dentro del plazo legal. Por lo que, si la demanda de amparo se presentó el veintisiete de octubre de la presente anualidad, es evidente que la autoridad se encuentra aún dentro del plazo legal para analizar y resolver lo correspondiente a la solicitud del promovente y hacerle del conocimiento lo determinado. Por tanto, se actualiza la causal de improcedencia señalada, relativa a que por el momento, EL ACTO RECLAMADO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DE LA JUSTICIABLE YA SEA DE MANERA DIRECTA O EN VIRTUD DE SU ESPECIAL SITUACIÓN FRENTE AL ORDEN JURÍDICO, lo que motiva, DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA de que se trata, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5° y 6° de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo. DOMICILIO Téngase como domicilio convencional para oír y recibir notificaciones el que para tal efecto proporciona la parte quejosa. AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene por autorizado sin las amplias facultades que otorga el artículo 12 de la Ley de Amparo a Susana Raquel Jiménez Ortiz, dado que su cédula no se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, específicamente en el apartado de Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Por lo que, se le autoriza únicamente -al igual que a las restantes personas que menciona-, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del citado artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24 del ordenamiento legal invocado. PETICIÓN ESPECIAL A LAS PARTES. Conforme al artículo 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual ... De igual forma, se exhorta a las partes, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Atención vía telefónica. Y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 9515023565, con un horario de atención de las nueve a las catorce treinta horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio .., suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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