Sarvia Castro Duarte
Expediente 1078/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 14 actuaciones registradas, la última del 25 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 25/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Sarvia Castro Duarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: se tiene por recibido el oficio de la cuenta secretarial, firmado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento a este juzgado federal el contenido de su acuerdo de veinticuatro de mayo del año en curso, en el que comunica que se admitió el recurso de revisión interpuesto por *****, autorizado de la quejosa *****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia definitiva pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo número 1078/2022-II, a que se refiere el presente cuaderno de antecedentes, habiéndose registrado bajo el toca amparo en revisión administrativa 249/2023; circunstancia de la cual queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; quince de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta; se provee: téngase por recibido el oficio de la cuenta secretarial, signado por el Gerente Jurídico Contencioso Civil y Mercantil, en representación de la autoridad responsable Gerente de Mesa de Operación de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, con residencia en la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo de los oficios 7672/2023 y 9258/2023, a través de los cuales se le notificó la sentencia dictada el veintidós de marzo del año en curso y el proveído de once de abril de este año, en el que se tuvo al autorizado de la parte quejosa, interponiendo recurso de revisión en contra de dicho fallo; de lo que queda enterado este juzgado federal, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, en atención al estado procesal que guarda este sumario y a la certificación secretarial de cuenta, se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación a las partes tanto de la sentencia de veintidós de marzo del año actual, como del acuerdo de once de abril pasado, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado de la parte quejosa; por tanto, remítase el original del sumario en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios con copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de abril de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el ocurso firmado por *****, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el veintidós de marzo del año en curso, en el presente juicio de amparo, y expresa los agravios que le causa la misma. En ese tenor, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), y 84, 86, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes con las copias conducentes, distribúyanse los ejemplares entre las demás partes y remítase el original del escrito de agravios junto con el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, anexando copia del mismo para el Fiscal de la Federación adscrito al tribunal de alzada, y en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 113 del referido Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, póngase a su disposición la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que se substancie dicho medio de impugnación. Para ello, se instruye a la Oficial Judicial "A", adscrita a este juzgado federal para que habilite los permisos necesarios para que el Tribunal de alzada se encuentre en aptitud de realizar la consulta correspondiente. Cabe destacar que dicho medio de impugnación se remitirá dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al que se integre debidamente, esto es que se alleguen las constancias de notificación a las partes tanto de la sentencia recurrida como de este auto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 116/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2004, Tomo XX, página 306). Por otro lado, requiérase a la autoridad responsable foránea, para que en el plazo de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este acuerdo, acuse recibo del oficio relativo a este proveído, así como del diverso 7672/2023, por medio del cual se le notificó la sentencia impugnada; apercibida que de no hacerlo, o de no manifestar la imposibilidad que tenga, en términos de los numerales 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se le impondrá por separado una multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio. Notifíquese por lista a la parte quejosa; y personalmente a las demás partes. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Carlos Adán Piza Cortez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las doce horas con diez minutos del veintidós de marzo de dos mil veintitrés, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1078/2022-II, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Carlos Adán Piza Cortez, secretario que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran: Escrito inicial de demanda; auto admisorio; constancias de notificación a las partes; informe justificado rendido por la autoridad responsable; proveído que acordó su recepción y se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestará su deseos de ampliar su demanda de amparo; constancia de notificación; acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, por el que se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada la parte quejosa, y se ordena continuar el presente procedimiento con la autoridad y acto reclamado en la demanda de amparo y proveído de veintiuno de febrero del año en curso, en el que se difirió la audiencia constitucional para esta fecha. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: El secretario da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa y la autoridad responsable, con su informe justificado y las requeridas oficiosamente. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de referencia, la que será tomada en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Abierto el periodo de alegatos: El Secretario da cuenta con los formulados por la parte quejosa. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 1078/2022-II, promovido por ******, por derecho propio, contra actos del Gerente Mesa de Operaciones de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Ciudad de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito depositado el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, remitido ese mismo día, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, a este Juzgado Cuarto de Distrito, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. C. GERENTE MESA DE OPERACIONES DE SOLUCIONES DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. IV.- ACTOS RECLAMADOS. La resolución dictada en el oficio SGGC/GMOS/493/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022 y con acuse de recibo de fecha 26 de octubre de 2022". SEGUNDO. Trámite del juicio Mediante proveído de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 1078/2022-II; se solicitó a la autoridad responsable rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que se reclama un acto atribuido a autoridad administrativa, que no requiere ejecución y la demanda fue presentada ante este juzgado, por tanto, es competente de conformidad con el artículo 37, primera párrafo de la Ley de Amparo. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio TERCERO. Fijación del acto reclamado Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado, que se deduce del estudio íntegro de la demanda, y demás constancias de origen, de los que se aprecia que la conducta que afecta la esfera de derechos fundamentales de la parte quejosa, es la siguiente: El oficio SGGC/GMOS/493/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Gerente de Mesa de Operaciones de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Ciudad de México, mediante el cual realiza diversos pronunciamientos en relación al crédito de vivienda número 9301029116 otorgado a la ahora parte quejosa, respecto a las aportaciones realizadas, ello, en cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de inconformidad R.I.GRO/7/20211. CUARTO. Existencia de los actos reclamados Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." La autoridad responsable Gerente de Mesa de Operaciones de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Ciudad de México, al momento de rendir su informe con justificación aceptó el acto que se le atribuye, por lo que se tiene plenamente probado el mismo. En términos de la Jurisprudencia número 305, que sustentó el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Certeza que se corrobora con las documentales que allegó como anexo a su informe justificado, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que fueron expedidas por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y tres, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. Causas de improcedencia Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, se procede a analizar la procedencia de este juicio con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo expuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, a juicio de este órgano jurisdiccional, en el asunto sometido a análisis constitucional, se surte la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que será autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, con independencia de su naturaleza formal y poniendo énfasis en su actuación material, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto y que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, pudiendo recaer dicho carácter en particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo anterior pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece su procedencia contra leyes o actos de autoridad. En el caso, la parte quejosa le reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), el oficio SGGC/GMOS/493/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Gerente de Mesa de Operaciones de Soluciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), con residencia en Ciudad de México, mediante el cual realiza diversos pronunciamientos en relación al crédito de vivienda número 9301029116 otorgado a la ahora parte quejosa, respecto a las aportaciones realizadas, ello, en cumplimiento a la resolución emitida en el recurso de inconformidad R.I.GRO/7/20211. Analizado lo reclamado, en concordancia con la totalidad de las actuaciones que integran el juicio de amparo en que se actúa, se arriba a la conclusión que la relación entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la parte quejosa se localiza en un plano de igualdad, es decir, el instituto no actúa frente a la parte quejosa como autoridad que pueda decidir en definitiva, así como de manera unilateral, imperativa y coercitiva el cumplimiento o no del crédito del que se duele la parte promovente. Lo anterior se encuentra demostrado en autos, tanto con el informe justificado rendido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como con las documentales anexas al mismo, de las cuales se desprende la relación que guarda la parte quejosa con el referido instituto, respecto del saldo y demás prestaciones que solicita a su favor derivado del referido crédito de vivienda, la cual es en un plano de igualdad. En efecto, de las constancias que obran en autos, se advierte la calidad de acreditante que guarda respecto al crédito número 9301029116, de ahí que lo reclamado en esta instancia constitucional, no pueda considerarse acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, sino actos nacidos a raíz de esa relación contractual que en un mismo plano de igualdad celebró la parte quejosa con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Máxime, si la impetrante quien tiene el carácter de acreditada se duele o inconforma con cuestiones atinentes al crédito de vivienda que solicitó, contrató y se obligó según las constancias remitidas por el multicitado instituto, es susceptible de ser objeto de controversia en un juicio ordinario o a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que textualmente menciona: "ARTICULO 52.- En los casos de inconformidad de las empresas, de los trabajadores o sus beneficiarios sobre la inscripción en el Instituto, derecho a créditos, cuantía de aportaciones y de descuentos, así como sobre cualquier acto del Instituto que lesione derechos de los trabajadores inscritos, de sus beneficiarios o de los patrones, se podrá promover ante el propio Instituto un recurso de inconformidad." El Reglamento correspondiente, determinará la forma y términos en que se podrá interponer el recurso de inconformidad a que se refiere este artículo. En efecto, la parte quejosa tiene a su alcance el citado recurso, además de que, en caso de que la inconformidad no le resulte favorable, tiene la acción laboral ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pues así lo establece el artículo 53 de la ley en cita, el cual se transcribe a continuación para una mayor ilustración. "Artículo 53.- Las controversias entre los trabajadores o sus beneficiarios y el Instituto, sobre derechos de aquéllos se resolverán por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una vez agotado, en su caso, el recurso que establece el artículo anterior. Las controversias derivadas de adeudos de los trabajadores al Instituto por créditos que éste les haya concedido, una vez agotado, en su caso, el recurso a que se refiere el artículo anterior, se tramitarán ante los tribunales competentes. Será optativo para los trabajadores, sus causahabientes o beneficiarios, agotar el recurso de inconformidad o acudir directamente a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o a los tribunales competentes." Sin que pase inadvertido que además de la vía laboral, también podrían ser posibles diversas acciones civiles ante los tribunales ordinarios, de acuerdo a la estrategia de defensa que decida la parte quejosa, pero en el caso en concreto, como ha quedado señalado, resulta evidente que las problemáticas derivadas de un crédito, suscitadas entre el mencionado instituto de vivienda y los trabajadores o beneficiarios, deben en su caso dilucidarse ante los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas en la legislación de la materia, toda vez que la autoridad señalada como responsable y la aquí quejosa están en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 93/2018 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 1021, registro digital 2017817, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN. El juicio de amparo procede cuando se pone en evidencia que el funcionario o empleado público obligado a contestar una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, en su calidad de autoridad, por estar facultado para emitir actos con apoyo en una norma jurídica, ha omitido responderla, pues esto supone una violación al derecho relativo reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un ente público y está facultado para emitir actos por medio de los cuales resuelve sobre el destino de los recursos a su cargo y el cumplimiento de diversas obligaciones previstas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando se le atribuya la omisión de responder una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, procede el juicio de amparo indirecto para garantizar la protección efectiva del derecho indicado, con la finalidad de que el funcionario o empleado público del Instituto emita una respuesta, en el entendido de que respecto de ésta no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto, cuando el tema involucrado se refiera a las facultades ejercidas por el Instituto en su carácter de administrador de fondos, sino que una vez conocida la respuesta a su petición y de estimar que no se satisface su interés, el quejoso debe estarse a lo establecido en los artículos 52 y 53 de la ley mencionada." Así como la tesis II.2o.T.7 L (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, página 2377, Undécima Época, con número de registro digital 2023361, de rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO CUANDO REALIZA LOS DESCUENTOS EN EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PARA EL PAGO DE SU CRÉDITO DE VIVIENDA. El artículo 123, apartado A, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé el derecho fundamental de los trabajadores de contar con una vivienda digna y decorosa, reservándose a la ley la regulación de las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones a que tienen derecho; por su parte, de los artículos 2o., 3o., 5o., 41, 42, fracción II, 43 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se advierte que el citado instituto es un organismo de seguridad social, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo objeto es administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores, y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; por tanto, la relación entre el instituto y el trabajador derivada de un contrato de otorgamiento de crédito para la adquisición de un bien inmueble se da en un plano de igualdad, porque se celebra libre y voluntariamente entre las partes; en consecuencia, cuando el instituto aludido actúa en cumplimiento de sus obligaciones de ente administrador y realiza descuentos al salario de los trabajadores para el pago de esos créditos, la relación jurídica se origina en un plano de coordinación, por lo que no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo." Resulta aplicable por analogía al caso, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, tomo III, segunda parte-1, enero-junio de 1989, página 394, Octava Época, con número de registro electrónico 228533, que textualmente menciona: "INFONAVIT. CUANDO CELEBRA CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO PARA EL PAGO DE BIENES INMUEBLES, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), tiene el carácter de autoridad en tanto actúa como organismo fiscal autónomo para requerir sobre las aportaciones y descuentos omitidos por los particulares, pero tal carácter no le es atribuible cuando a través de sus representantes u órganos administrativos expresa unilateralmente la voluntad de rescindir el contrato celebrado para el otorgamiento de crédito y el pago de los bienes inmuebles que financía, debido al incumplimiento de sus cláusulas por parte de los quejosos, porque tal acto emana de acuerdos celebrados entre particulares, y en esa virtud debe sobreseerse en el juicio de garantías." De igual forma es aplicable por analogía la tesis XX.2o.7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002 , página 1230, con número de registro electrónico 186933, que textualmente menciona: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo." Tiene aplicación la tesis 2a. LVIII/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 502, Novena Época, registro digital 194003, de rubro y texto: "COMPETENCIA LABORAL. CORRESPONDE CONOCER A LA JUNTA LOCAL CUANDO SE DEMANDAN DEL SEGURO SOCIAL O DEL INFONAVIT LAS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES Y OTRAS PRESTACIONES SECUNDARIAS, AUNQUE LA DEMANDA SE HAYA PRESENTADO POR SEPARADO, DE OTRA, EN QUE SE RECLAMARON PRESTACIONES PRINCIPALES DE UN PATRÓN SUJETO AL RÉGIMEN LOCAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la competencia para conocer de los juicios laborales en que se demanden prestaciones de organismos públicos descentralizados de carácter federal, ha sentado jurisprudencia en el sentido de que dicha competencia es de orden federal, cuando se pretendan prestaciones de carácter principal, entendiéndose como tales, aquellas que afecten o repercutan en su patrimonio; y que la competencia recae en la jurisdicción local, cuando se demande la inscripción del trabajador o la vigencia de sus derechos, según se deduce de la tesis publicada con el número 46/95, página 239, Tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro: "COMPETENCIA LABORAL. CUANDO EL DEMANDADO ES EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ES DE ORDEN FEDERAL SI SE LE DEMANDA EL CUMPLIMIENTO DE UNA PRESTACIÓN PRINCIPAL, PERO ES LOCAL SI SÓLO SE LE DEMANDA LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJADOR.". Tal criterio es aplicable aun cuando el trabajador demande en un juicio prestaciones no principales de organismos administrados en forma descentralizada por el Gobierno Federal, y en otro juicio relacionado, prestaciones derivadas de la relación laboral del responsable de la fuente de trabajo, a condición de que éste se halle sujeto al régimen local, pues aquellas prestaciones sólo son consecuencia de derechos mínimos insertos en las fracciones XII y XXIX del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III, de la Ley Federal del Trabajo. Debe entenderse así, porque la circunstancia de que se enderece una demanda en contra de los organismos públicos en cuestión en las condiciones apuntadas, no otorga a las prestaciones pretendidas el carácter de principales y, por otra parte, resulta preponderante la otra demanda regida por la vía local, donde se reclaman prestaciones principales impidiendo que se surta la competencia federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 123, fracción XXXI, inciso b, subinciso 1, constitucional y artículo 527, fracción II, inciso 1, de la Ley Federal del Trabajo." Por lo aquí expuesto lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1, fracción I y 5°, fracción II, del mismo ordenamiento legal. La conclusión que antecede, no entraña, per se, el desconocimiento al derecho a un recurso efectivo frente a la actuación del poder público, en términos de los artículos 8, numeral 1 (garantías judiciales) y 25, numeral 1 (protección judicial), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que esa obligación del Estado se satisface previendo un medio de defensa a través del cual el afectado pueda plantear con toda amplitud su defensa; sin embargo, la obligación de garantizar ese "recurso efectivo" no implica soslayar la existencia y aplicación de los requisitos procesales que rigen al medio de defensa respectivo. Incluso, la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso resulta compatible con la propia Convención, dado que su efectividad implica que, potencialmente, cuando se cumplan los requisitos del caso, el órgano jurisdiccional evalúe sus méritos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN LOS JUICIOS. EL DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO ENTRAÑA, PER SE, EL DESCONOCIMIENTO AL DERECHO DE TODO GOBERNADO A UN RECURSO EFECTIVO, EN TÉRMINOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo 2014, Tomo II, la página mil novecientos cuarenta y siete. Por virtud del sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación propuestos por la quejosa. Ello en estricto apego a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO"2. Finalmente, en relación con los alegatos presentados por la parte quejosa, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por *****, respecto del acto y autoridad señalada en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el considerando quinto del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma electrónicamente Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, ante el secretario Carlos Adán Piza Cortez, que autoriza y da fe. Doy fe.
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