Sarita Salcedo Pérez

Expediente 565/2015 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 56 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
565/2015
Año
2015
Actuaciones
56
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Sarita Salcedo Pérez
  • José Ricardo Pedro Santamaría Sánchez
  • Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado
  • Claudia Pérez Rojas (madre del finado)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 56.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, este Órgano Colegiado, en su anterior denominación, concedió a Sarita Salcedo Pérez, la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: ".1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia, y ordene al juez de la causa: a) reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción; b) realice la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la procesada, a manera de ejemplo, conforme al Protocolo de Estambul; c) se allegue de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia; d) provea lo necesario para la práctica de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, (G. R. P y M. R. P.); y e) dé vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma. En el entendido que respecto de los careos procesales, para salvaguardar el interés superior de los declarantes (G. R. P y M. R. P.), en la preparación y desahogo de la prueba deberán observarse las formalidades correspondientes para quienes participan en diligencias de carácter jurisdiccional siendo menores de edad. Se precisa también, que el desahogo de los careos procesales deberá estar sujeto a que la inculpada acepte voluntariamente intervenir en la diligencia, a fin de respetar su derecho fundamental a no declarar, reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación" (fojas 69 y 70). I. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el entonces Presidente de este Primer Tribunal Colegiado (fojas 389 a 399), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las razones que a continuación se trascriben en lo conducente: ".Como ya se indicó, uno de los efectos de la protección constitucional otorgada, fue para que en primera instancia se proveyera lo conducente para el desahogo de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos G. R. P y M. R. P. Ambos testigos menores de edad, de acuerdo con el informe de la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, sustentado en las entrevistas practicadas por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y por la psicóloga Yuliana Medel González, no es conveniente que participen en ningún tipo de diligencia, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Informe que a su vez se soporta en el padecimiento que aqueja a la menor M. R. P., descrito en la nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; cuya gravedad se aprecia ha requerido la hospitalización de dicha adolescente en diferentes ocasiones. Conforme a lo anterior y en aras de proteger el interés superior de ambos menores, se estima que existe causa justificada para que no hayan sido recabados de manera presencial los careos procesales en que ambos habrían de intervenir, dada la opinión profesional que determina como inconveniente para ellos que participen en algún tipo de diligencia, para evitar ser revictimizados y tener episodios de regresión o sufrimiento psicológico; aunado a esa afectación o impacto emocional, se estima que podría estar en riesgo también la integridad de la menor a quien se le diagnóstico Leucemia Linfoblastica Aguda, si se le obliga a comparecer ante la autoridad jurisdiccional, pues podría implicar que debido a ello desatendiera algún tratamiento médico o que al comparecer no se tomarán las medidas pertinentes para enfrentar en ese momento cualquier eventualidad adversa para su salud. Esta determinación tiene como fundamento los artículos 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal, 2 y 83, fracciones I, IV y VIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen: (.). Así como los siguientes criterios sostenidos por el Alto Tribunal del país, en torno al interés superior de los menores de edad: (.). Sin embargo, aun cuando se encuentra justificado que no hayan comparecido ambos menores ante la autoridad jurisdiccional, para la celebración de la diligencia respectiva, ello no implica que no pudieran desahogarse de algún otro modo los careos procesales referidos. Esto es así, pues el artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable, contempla la posibilidad de celebrar careos supletorios, cuando no es posible obtener la comparecencia ante el juzgador, de alguna de las personas que habrá de ser careada, como en el caso sucede; posibilidad que debió entonces agotar la juez del proceso, como una forma de armonizar el interés superior de los menores y los derechos de la inculpada. Sin que sea obstáculo que en la ejecutoria de amparo no se haya hecho mención de la posibilidad de recurrir a la celebración de careos supletorios, pues tal alternativa la contempla la legislación procesal penal local. Aunado a que la misma encausada, mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, ante el juez natural, dejó ver su intención de participar en el desahogo de aquellos careos, ya que insistió en que se practicaran personalmente con el menor G.R.P., y que se celebrarán supletorios con la diversa M.R.P. (Foja 290). (.). Por otro lado, luego de examinar la sentencia de primera instancia, se advierte que al analizar la materialidad del delito, las calificativas que se consideraron demostradas, así como la plena responsabilidad penal de la enjuiciada Sarita Salcedo Pérez en la comisión de dicho injusto, la juez de la causa tuvo en cuenta la declaración ministerial que ésta rindió en etapa indagatoria el veintitrés de enero de dos mil diez, a la que le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 231 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 352, 353, 359 vuelta, 362 vuelta, 365 vuelta y 366), como prueba en contra de la propia declarante; pero no aparece que para ello haya sido valorada la opinión pericial en materia de psicología, emitida por la perito María Reyna Rivera Sosa, ni tampoco el diverso dictamen en materia de medicina forense, a cargo de la experta Ma. Del Rosario Patricia Islas García, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento; tal como se ordenó en la sentencia de amparo. Es cierto que en el dictamen pericial en materia de psicología mencionado previamente, quien lo emitió concluyó lo siguiente: ".CONCLUSIONES. SARITA SALCEDO PÉREZ, PRESENTA: DESVALIMIENTO, PRODUCIÉNDOLE: INCERTIDUMBRE, MUCHA INSEGURIDAD AFECTADAS SUS ÁREAS AFECTIVA Y CONDUCTUAL, CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE HA VIVIDO AL SER PRIVADA DE SU LIBERTAD EN PRISIÓN, EL MALTRATO, AMENAZAS, INTIMIDACIÓN Y EL SOMETIMIENTO AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, EL CAMBIO DE SUS PRÁCTICAS HABITUALES, POR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, SÍ, SE OBSERVA COHERENCIA ENTRE EL RELATO QUE HACE, DE UN TRATO INHUMANO MAS SIN EMBARGO ESTO NO LIMITA SU SANO DESARROLLO NORMAL DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES YA QUE MANIFIESTA QUE ES LA ENCARGADA DEL TALLER DE COSTURA Y QUE TIENE MUCHA FE AL FUTURO". (Foja 169). Mientras que en el diverso dictamen en materia de medicina forense, se concluyó que: ".1.- LA C. SARITA SALCEDO PÉREZ, NO PRESENTÓ LESIONES FÍSICAS EXTERNAS POR LAS ALEGACIONES DE TORTURA Y MALOS TRATOS QUE DICE HABER SUFRIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- EN ESTE CASO PARTICULAR, MEDIANTE Y DURANTE LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SECUELAS, HUELLAS O INDICIOS DE SUPUESTAS LESIONES FÍSICAS PRODUCIDAS EN EL PASADO MEDIANTE ACTOS DE TORTURA FÍSICA, ÉSTAS NO SE EVIDENCIARON". (Foja 185). No obstante, debe ser en la sentencia donde se precise si fueron o no infringidos actos constitutivos de tortura en contra de la inculpada, a partir del alcance probatorio que se dé a las opiniones periciales mencionadas, al ser, de inicio, una atribución de la autoridad jurisdiccional, según se obtiene de los artículos 200 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, y porque así se ordenó en la ejecutoria dictada por este Órgano Colegiado. No se inadvierte que al valorar la declaración ministerial de la aquí quejosa, la juez de la causa de manera general mencionó que la misma había sido vertida sin coacción o violencia física (fojas 352 vuelta y 366 vuelta). Además, al restarle valor probatorio a la retractación de la inculpada contenida en su declaración preparatoria e inclinarse por el principio de inmediatez, la juez de origen indicó que no obraban pruebas que justificaran la violencia moral y menos física ejercida en su contra de aquélla (foja 369). No obstante, a tales conclusiones se arribó teniendo en cuenta solamente la fe ministerial de lesiones y examen médico de integridad física, recabados el veintitrés de enero de dos mil diez, pero no porque se hubieran considerado los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina legal mencionados, desahogados ante la juzgadora de origen. Tampoco se soslaya que previo a establecer las sanciones que indicó le correspondían a la sentenciada, la juez del proceso se refirió, entre otros, a los dictámenes mencionados en el párrafo que antecede, a los cuales les concedió valor probatorio pleno y agregó que fueron ratificados ante esa autoridad, pero no indicó qué es en sí lo que evidenciaba cada uno de ellos. II. Por lo mismo, de nueva cuenta se requirió a la Sala responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, en los siguientes términos (foja 399): "Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable y juez de la causa como autoridad involucrada en el cumplimiento, para que en el término de tres días, provean lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo; en el caso concreto, proveyendo lo conducente para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G. R. P y M. R. P., en términos del artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable. Previamente, se deberá dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal 14/2010 y luego de recabar los careos procesales supletorios mencionados, se deberá continuar con la secuela procesal correspondiente y emitir con libertad de jurisdicción una nueva sentencia, en la que deberán ser considerados los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, para determinar si existieron o no actos de tortura en contra de Sarita Salcedo Pérez, y si para el caso debe o no darse valor probatorio a la declaración ministerial rendida por ésta. III. La autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, por lo que nuevamente se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 553), y sólo la primera de ellas se pronunció en el sentido que la sentencia de amparo no quedó acatada (fojas 559 y 560). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. IV. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y juez de la causa como autoridad involucrada en el acatamiento, se aprecia lo siguiente: a) El veinte de abril de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución (fojas 78 a 110), en la que dejó insubsistente la sentencia reclamada; ahí mismo, revocó el fallo de primera instancia. b) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ordenó a la juez de la causa acatar las determinaciones precisadas en los incisos a) al e), trascritos a fojas 1 y 2, las que incluso reprodujo en la nueva resolución para conocimiento de la juzgadora de primer grado (fojas 80 y 109). c) La reposición de procedimiento se advierte fue ordenada por la juez del proceso mediante auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. d) En ese mismo proveído, la juzgadora de origen designó peritos en psicología y medicina legal y forense, respectivamente, según se aprecia, para la obtención de dictámenes en esa materia, como una forma de allegarse de medios de prueba tendentes al esclarecimiento de la tortura denunciada por la aquí quejosa, como violación a derechos fundamentales (foja 115 y 116). e) En el mismo auto, con copias certificadas de las constancias respectivas de la causa penal, la juez de origen dio vista a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que designara a un Agente del Ministerio Público Investigador, distinto al que conoció de la indagatoria, para que investigara, de oficio y en su vertiente de delito según se obtiene, la denuncia de tortura hecha por la inculpada Sarita Salcedo Pérez, a fin de determinar si existieron actos de esa naturaleza en su contra; incluso, le sugirió que la prueba idónea para ello es el dictamen pericial que se apegara a los estándares del manual conocido comúnmente como Protocolo de Estambul (foja 117 vuelta); de lo que se aprecia tomó conocimiento la Representación Social (foja 145). f) En seguimiento a tal denuncia, mediante oficio 5862/2016, de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a la juez del proceso que se inició la averiguación previa 291/2016/TLAX-1, por el delito de tortura en agravio de la aquí quejosa, y que se ordenó practicar las diligencias correspondientes (foja 195). g) Como parte del punto anterior, se aprecia que la juez del proceso ordenó también girar oficio al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que ordenara a quien corresponda, se diera cabal cumplimiento a la investigación de tortura ordenada (foja 118) y también se allegaron al proceso diversas constancias relativas a la integración de la indagatoria respectiva, entre las que se encuentran, los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, con intervención de un perito en fotografía, recabados a su vez por el Ministerio Público, (fojas 208 a 223). h) En el mismo proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, la juez de origen fijó hora y fecha para el desahogo de careos procesales entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, G. R. P y M. R. P. (foja 118). Previamente, la juez de primera instancia ordenó enviar también oficio a la Procuraduría de la Defensa del Menor, para que designara perito en materia de psicología, a fin de que previo a su participación en los careos referidos, los testigos menores de edad fueran evaluados y se determinara si era dable que intervinieran o no en el desahogo de la prueba, y para que una persona de aquella institución los asistiera durante su intervención, aun cuando erróneamente se dijo que sería como tutor o representante legal. i) También dispuso que un visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debía asistir a los menores en cualquier diligencia que intervinieran en el proceso penal y como forma de proteger la identidad de ambos infantes, omitió citar el nombre de éstos (foja 118). j) Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis (foja 123), la juez de la causa tuvo por recibido el oficio 608, de dos de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el que ésta le informó que con motivo de las entrevistas practicadas a los menores aludidos, en presencia de su madre, por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y psicóloga Yuliana Medel González, quienes también firmaron dicho oficio, no era conveniente llevar a cabo ningún tipo de diligencia en la cual éstos tuvieran intervención, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Además, la citada Procuradora mencionó que la adolescente M. R. P., padece Leucemia Linfoblastica Aguda y ha ameritado hospitalización en diferentes ocasiones; lo que apoyó con copia certificada de una nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 124 a 126). Ello la llevó a informar a la juzgadora que médica y psicológicamente no era conveniente la participación de ambos adolescentes en ningún tipo de diligencia (foja 123). k) En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en presencia del juez de la causa, con la intervención de las partes, y con la aceptación voluntaria de la aquí quejosa, se llevó a cabo la diligencia de careos procesales entre ella y la testigo Marilen Pérez Salcedo (fojas 133, 134, 139 y 140). l) Mediante oficio 2301, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la juez de origen remitió a este órgano copia certificada de los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos respectivamente, por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, practicados a la quejosa (fojas 163 a 187). m) Como parte de la posibilidad que tenía de allegarse de cualquier probanza que considerara necesaria para el esclarecimiento de la denuncia en su vertiente de violación a derechos dentro del proceso, aparece que mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, a petición de la encausada, la juez de origen solicitó a su homólogo del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, le remitiera copia certificada de diversas constancias de la diversa causa penal 268/2015 (foja 291). V. Asimismo, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable y el juez de la causa a partir de que este Tribunal tuvo por no cumplido el fallo protector, se aprecia lo siguiente: a) Mediante resolución de enero de dos mil dieciocho, dictada en segunda instancia (fojas 411 a 420), se ordenó dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal de origen. b) En esa nueva resolución, la Sala responsable ordenó a la juez del proceso que repusiera el procedimiento de primera instancia, hasta antes del cierre de la instrucción, a fin de que agotara los medios necesarios para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G.R.P y M.R.P. Una vez recabados éstos, siguiera con la secuela procesal correspondiente hasta dictar sentencia. c) A fin de acatar lo anterior, se aprecia que la juez de la causa realizó lo siguiente: - El dos de febrero de dos mil dieciocho, desahogó careos supletorios entre la encausada Sarita Salcedo Pérez, con los menores identificados con las iniciales M.R.P y G.R.P, y el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción (fojas 434 a 439). - El tres de abril siguiente, se celebró la audiencia de vista en el proceso penal (fojas 502 y 503). - El nueve de abril de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia, en la que consideró los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, los cuales fueron obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, y en los que se concluyó que la sentenciada Sarita Salcedo Pérez no presentó afectación psicológica, ni lesiones por hechos de tortura. Asimismo, con libertad de jurisdicción, la juez del proceso consideró los diversos dictámenes periciales en materia de medicina y psicología, que dijo fueron recabados dentro de la averiguación previa 291/2016/TLAX-1 iniciada por el delito de tortura, en los que refiere se concluyó que la aquí quejosa no presenta signos ni síntomas psicológicos de estrés postraumático, ni signos de tortura (fojas 212 a 224). A los anteriores dictámenes, con libertad de jurisdicción, la juez de primer grado les otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 200, 216 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, para concluir precisamente que la sentenciada no presenta signos de haber sido torturada; de ahí que considerara procedente otorgarle valor probatorio de indicio, a la declaración ministerial rendida por dicha encausada. Finalmente, con la misma libertad de decisión, en la sentencia que dictó, la juez de la causa consideró penalmente responsable a la aquí quejosa, por el delito de homicidio calificado, y le impuso las penas que estimó procedentes. VI. Por otro lado, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 553), la quejosa se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida; consideración que hace depender de dos aspectos generales. El primero, porque considera que las constancias del proceso penal evidencian que su detención fue ilegal; mientras que el segundo, por estimar que contrario a lo sostenido en la nueva sentencia de primera instancia, sí existe evidencia de que fue torturada. Ambos argumentos se califican como ineficaces, ya que se refieren a cuestiones que no podrían ser materia de examen al verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues en el primero cuestiona un tema que es cosa juzgada, ya que en la ejecutoria de amparo este Órgano Colegiado concluyó que no fue ilegal su detención en el proceso génesis del acto reclamado. En tanto que el segundo, porque corresponde a un aspecto sobre el que el juzgador de primer grado, gozaba de plena jurisdicción al emitir la nueva sentencia, como es la posibilidad de pronunciarse en el sentido si existió o no tortura en su vertiente de violación a derechos humanos dentro del proceso; por lo mismo, esta última decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Se cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice:; "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), emitida por la misma Segunda Sala, registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, este Órgano Colegiado, en su anterior denominación, concedió a Sarita Salcedo Pérez, la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: ".1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia, y ordene al juez de la causa: a) reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción; b) realice la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la procesada, a manera de ejemplo, conforme al Protocolo de Estambul; c) se allegue de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia; d) provea lo necesario para la práctica de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, (G. R. P y M. R. P.); y e) dé vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma. En el entendido que respecto de los careos procesales, para salvaguardar el interés superior de los declarantes (G. R. P y M. R. P.), en la preparación y desahogo de la prueba deberán observarse las formalidades correspondientes para quienes participan en diligencias de carácter jurisdiccional siendo menores de edad. Se precisa también, que el desahogo de los careos procesales deberá estar sujeto a que la inculpada acepte voluntariamente intervenir en la diligencia, a fin de respetar su derecho fundamental a no declarar, reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación" (fojas 69 y 70). I. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el entonces Presidente de este Primer Tribunal Colegiado (fojas 389 a 399), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las razones que a continuación se trascriben en lo conducente: ".Como ya se indicó, uno de los efectos de la protección constitucional otorgada, fue para que en primera instancia se proveyera lo conducente para el desahogo de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos G. R. P y M. R. P. Ambos testigos menores de edad, de acuerdo con el informe de la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, sustentado en las entrevistas practicadas por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y por la psicóloga Yuliana Medel González, no es conveniente que participen en ningún tipo de diligencia, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Informe que a su vez se soporta en el padecimiento que aqueja a la menor M. R. P., descrito en la nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; cuya gravedad se aprecia ha requerido la hospitalización de dicha adolescente en diferentes ocasiones. Conforme a lo anterior y en aras de proteger el interés superior de ambos menores, se estima que existe causa justificada para que no hayan sido recabados de manera presencial los careos procesales en que ambos habrían de intervenir, dada la opinión profesional que determina como inconveniente para ellos que participen en algún tipo de diligencia, para evitar ser revictimizados y tener episodios de regresión o sufrimiento psicológico; aunado a esa afectación o impacto emocional, se estima que podría estar en riesgo también la integridad de la menor a quien se le diagnóstico Leucemia Linfoblastica Aguda, si se le obliga a comparecer ante la autoridad jurisdiccional, pues podría implicar que debido a ello desatendiera algún tratamiento médico o que al comparecer no se tomarán las medidas pertinentes para enfrentar en ese momento cualquier eventualidad adversa para su salud. Esta determinación tiene como fundamento los artículos 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal, 2 y 83, fracciones I, IV y VIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen: (.). Así como los siguientes criterios sostenidos por el Alto Tribunal del país, en torno al interés superior de los menores de edad: (.). Sin embargo, aun cuando se encuentra justificado que no hayan comparecido ambos menores ante la autoridad jurisdiccional, para la celebración de la diligencia respectiva, ello no implica que no pudieran desahogarse de algún otro modo los careos procesales referidos. Esto es así, pues el artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable, contempla la posibilidad de celebrar careos supletorios, cuando no es posible obtener la comparecencia ante el juzgador, de alguna de las personas que habrá de ser careada, como en el caso sucede; posibilidad que debió entonces agotar la juez del proceso, como una forma de armonizar el interés superior de los menores y los derechos de la inculpada. Sin que sea obstáculo que en la ejecutoria de amparo no se haya hecho mención de la posibilidad de recurrir a la celebración de careos supletorios, pues tal alternativa la contempla la legislación procesal penal local. Aunado a que la misma encausada, mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, ante el juez natural, dejó ver su intención de participar en el desahogo de aquellos careos, ya que insistió en que se practicaran personalmente con el menor G.R.P., y que se celebrarán supletorios con la diversa M.R.P. (Foja 290). (.). Por otro lado, luego de examinar la sentencia de primera instancia, se advierte que al analizar la materialidad del delito, las calificativas que se consideraron demostradas, así como la plena responsabilidad penal de la enjuiciada Sarita Salcedo Pérez en la comisión de dicho injusto, la juez de la causa tuvo en cuenta la declaración ministerial que ésta rindió en etapa indagatoria el veintitrés de enero de dos mil diez, a la que le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 231 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 352, 353, 359 vuelta, 362 vuelta, 365 vuelta y 366), como prueba en contra de la propia declarante; pero no aparece que para ello haya sido valorada la opinión pericial en materia de psicología, emitida por la perito María Reyna Rivera Sosa, ni tampoco el diverso dictamen en materia de medicina forense, a cargo de la experta Ma. Del Rosario Patricia Islas García, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento; tal como se ordenó en la sentencia de amparo. Es cierto que en el dictamen pericial en materia de psicología mencionado previamente, quien lo emitió concluyó lo siguiente: ".CONCLUSIONES. SARITA SALCEDO PÉREZ, PRESENTA: DESVALIMIENTO, PRODUCIÉNDOLE: INCERTIDUMBRE, MUCHA INSEGURIDAD AFECTADAS SUS ÁREAS AFECTIVA Y CONDUCTUAL, CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE HA VIVIDO AL SER PRIVADA DE SU LIBERTAD EN PRISIÓN, EL MALTRATO, AMENAZAS, INTIMIDACIÓN Y EL SOMETIMIENTO AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, EL CAMBIO DE SUS PRÁCTICAS HABITUALES, POR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, SÍ, SE OBSERVA COHERENCIA ENTRE EL RELATO QUE HACE, DE UN TRATO INHUMANO MAS SIN EMBARGO ESTO NO LIMITA SU SANO DESARROLLO NORMAL DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES YA QUE MANIFIESTA QUE ES LA ENCARGADA DEL TALLER DE COSTURA Y QUE TIENE MUCHA FE AL FUTURO". (Foja 169). Mientras que en el diverso dictamen en materia de medicina forense, se concluyó que: ".1.- LA C. SARITA SALCEDO PÉREZ, NO PRESENTÓ LESIONES FÍSICAS EXTERNAS POR LAS ALEGACIONES DE TORTURA Y MALOS TRATOS QUE DICE HABER SUFRIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- EN ESTE CASO PARTICULAR, MEDIANTE Y DURANTE LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SECUELAS, HUELLAS O INDICIOS DE SUPUESTAS LESIONES FÍSICAS PRODUCIDAS EN EL PASADO MEDIANTE ACTOS DE TORTURA FÍSICA, ÉSTAS NO SE EVIDENCIARON". (Foja 185). No obstante, debe ser en la sentencia donde se precise si fueron o no infringidos actos constitutivos de tortura en contra de la inculpada, a partir del alcance probatorio que se dé a las opiniones periciales mencionadas, al ser, de inicio, una atribución de la autoridad jurisdiccional, según se obtiene de los artículos 200 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, y porque así se ordenó en la ejecutoria dictada por este Órgano Colegiado. No se inadvierte que al valorar la declaración ministerial de la aquí quejosa, la juez de la causa de manera general mencionó que la misma había sido vertida sin coacción o violencia física (fojas 352 vuelta y 366 vuelta). Además, al restarle valor probatorio a la retractación de la inculpada contenida en su declaración preparatoria e inclinarse por el principio de inmediatez, la juez de origen indicó que no obraban pruebas que justificaran la violencia moral y menos física ejercida en su contra de aquélla (foja 369). No obstante, a tales conclusiones se arribó teniendo en cuenta solamente la fe ministerial de lesiones y examen médico de integridad física, recabados el veintitrés de enero de dos mil diez, pero no porque se hubieran considerado los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina legal mencionados, desahogados ante la juzgadora de origen. Tampoco se soslaya que previo a establecer las sanciones que indicó le correspondían a la sentenciada, la juez del proceso se refirió, entre otros, a los dictámenes mencionados en el párrafo que antecede, a los cuales les concedió valor probatorio pleno y agregó que fueron ratificados ante esa autoridad, pero no indicó qué es en sí lo que evidenciaba cada uno de ellos. II. Por lo mismo, de nueva cuenta se requirió a la Sala responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, en los siguientes términos (foja 399): "Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable y juez de la causa como autoridad involucrada en el cumplimiento, para que en el término de tres días, provean lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo; en el caso concreto, proveyendo lo conducente para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G. R. P y M. R. P., en términos del artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable. Previamente, se deberá dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal 14/2010 y luego de recabar los careos procesales supletorios mencionados, se deberá continuar con la secuela procesal correspondiente y emitir con libertad de jurisdicción una nueva sentencia, en la que deberán ser considerados los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, para determinar si existieron o no actos de tortura en contra de Sarita Salcedo Pérez, y si para el caso debe o no darse valor probatorio a la declaración ministerial rendida por ésta. III. La autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, por lo que nuevamente se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 553), y sólo la primera de ellas se pronunció en el sentido que la sentencia de amparo no quedó acatada (fojas 559 y 560). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. IV. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y juez de la causa como autoridad involucrada en el acatamiento, se aprecia lo siguiente: a) El veinte de abril de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución (fojas 78 a 110), en la que dejó insubsistente la sentencia reclamada; ahí mismo, revocó el fallo de primera instancia. b) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ordenó a la juez de la causa acatar las determinaciones precisadas en los incisos a) al e), trascritos a fojas 1 y 2, las que incluso reprodujo en la nueva resolución para conocimiento de la juzgadora de primer grado (fojas 80 y 109). c) La reposición de procedimiento se advierte fue ordenada por la juez del proceso mediante auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. d) En ese mismo proveído, la juzgadora de origen designó peritos en psicología y medicina legal y forense, respectivamente, según se aprecia, para la obtención de dictámenes en esa materia, como una forma de allegarse de medios de prueba tendentes al esclarecimiento de la tortura denunciada por la aquí quejosa, como violación a derechos fundamentales (foja 115 y 116). e) En el mismo auto, con copias certificadas de las constancias respectivas de la causa penal, la juez de origen dio vista a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que designara a un Agente del Ministerio Público Investigador, distinto al que conoció de la indagatoria, para que investigara, de oficio y en su vertiente de delito según se obtiene, la denuncia de tortura hecha por la inculpada Sarita Salcedo Pérez, a fin de determinar si existieron actos de esa naturaleza en su contra; incluso, le sugirió que la prueba idónea para ello es el dictamen pericial que se apegara a los estándares del manual conocido comúnmente como Protocolo de Estambul (foja 117 vuelta); de lo que se aprecia tomó conocimiento la Representación Social (foja 145). f) En seguimiento a tal denuncia, mediante oficio 5862/2016, de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a la juez del proceso que se inició la averiguación previa 291/2016/TLAX-1, por el delito de tortura en agravio de la aquí quejosa, y que se ordenó practicar las diligencias correspondientes (foja 195). g) Como parte del punto anterior, se aprecia que la juez del proceso ordenó también girar oficio al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que ordenara a quien corresponda, se diera cabal cumplimiento a la investigación de tortura ordenada (foja 118) y también se allegaron al proceso diversas constancias relativas a la integración de la indagatoria respectiva, entre las que se encuentran, los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, con intervención de un perito en fotografía, recabados a su vez por el Ministerio Público, (fojas 208 a 223). h) En el mismo proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, la juez de origen fijó hora y fecha para el desahogo de careos procesales entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, G. R. P y M. R. P. (foja 118). Previamente, la juez de primera instancia ordenó enviar también oficio a la Procuraduría de la Defensa del Menor, para que designara perito en materia de psicología, a fin de que previo a su participación en los careos referidos, los testigos menores de edad fueran evaluados y se determinara si era dable que intervinieran o no en el desahogo de la prueba, y para que una persona de aquella institución los asistiera durante su intervención, aun cuando erróneamente se dijo que sería como tutor o representante legal. i) También dispuso que un visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debía asistir a los menores en cualquier diligencia que intervinieran en el proceso penal y como forma de proteger la identidad de ambos infantes, omitió citar el nombre de éstos (foja 118). j) Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis (foja 123), la juez de la causa tuvo por recibido el oficio 608, de dos de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el que ésta le informó que con motivo de las entrevistas practicadas a los menores aludidos, en presencia de su madre, por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y psicóloga Yuliana Medel González, quienes también firmaron dicho oficio, no era conveniente llevar a cabo ningún tipo de diligencia en la cual éstos tuvieran intervención, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Además, la citada Procuradora mencionó que la adolescente M. R. P., padece Leucemia Linfoblastica Aguda y ha ameritado hospitalización en diferentes ocasiones; lo que apoyó con copia certificada de una nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 124 a 126). Ello la llevó a informar a la juzgadora que médica y psicológicamente no era conveniente la participación de ambos adolescentes en ningún tipo de diligencia (foja 123). k) En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en presencia del juez de la causa, con la intervención de las partes, y con la aceptación voluntaria de la aquí quejosa, se llevó a cabo la diligencia de careos procesales entre ella y la testigo Marilen Pérez Salcedo (fojas 133, 134, 139 y 140). l) Mediante oficio 2301, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la juez de origen remitió a este órgano copia certificada de los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos respectivamente, por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, practicados a la quejosa (fojas 163 a 187). m) Como parte de la posibilidad que tenía de allegarse de cualquier probanza que considerara necesaria para el esclarecimiento de la denuncia en su vertiente de violación a derechos dentro del proceso, aparece que mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, a petición de la encausada, la juez de origen solicitó a su homólogo del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, le remitiera copia certificada de diversas constancias de la diversa causa penal 268/2015 (foja 291). V. Asimismo, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable y el juez de la causa a partir de que este Tribunal tuvo por no cumplido el fallo protector, se aprecia lo siguiente: a) Mediante resolución de enero de dos mil dieciocho, dictada en segunda instancia (fojas 411 a 420), se ordenó dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal de origen. b) En esa nueva resolución, la Sala responsable ordenó a la juez del proceso que repusiera el procedimiento de primera instancia, hasta antes del cierre de la instrucción, a fin de que agotara los medios necesarios para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G.R.P y M.R.P. Una vez recabados éstos, siguiera con la secuela procesal correspondiente hasta dictar sentencia. c) A fin de acatar lo anterior, se aprecia que la juez de la causa realizó lo siguiente: - El dos de febrero de dos mil dieciocho, desahogó careos supletorios entre la encausada Sarita Salcedo Pérez, con los menores identificados con las iniciales M.R.P y G.R.P, y el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción (fojas 434 a 439). - El tres de abril siguiente, se celebró la audiencia de vista en el proceso penal (fojas 502 y 503). - El nueve de abril de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia, en la que consideró los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, los cuales fueron obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, y en los que se concluyó que la sentenciada Sarita Salcedo Pérez no presentó afectación psicológica, ni lesiones por hechos de tortura. Asimismo, con libertad de jurisdicción, la juez del proceso consideró los diversos dictámenes periciales en materia de medicina y psicología, que dijo fueron recabados dentro de la averiguación previa 291/2016/TLAX-1 iniciada por el delito de tortura, en los que refiere se concluyó que la aquí quejosa no presenta signos ni síntomas psicológicos de estrés postraumático, ni signos de tortura (fojas 212 a 224). A los anteriores dictámenes, con libertad de jurisdicción, la juez de primer grado les otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 200, 216 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, para concluir precisamente que la sentenciada no presenta signos de haber sido torturada; de ahí que considerara procedente otorgarle valor probatorio de indicio, a la declaración ministerial rendida por dicha encausada. Finalmente, con la misma libertad de decisión, en la sentencia que dictó, la juez de la causa consideró penalmente responsable a la aquí quejosa, por el delito de homicidio calificado, y le impuso las penas que estimó procedentes. VI. Por otro lado, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 553), la quejosa se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida; consideración que hace depender de dos aspectos generales. El primero, porque considera que las constancias del proceso penal evidencian que su detención fue ilegal; mientras que el segundo, por estimar que contrario a lo sostenido en la nueva sentencia de primera instancia, sí existe evidencia de que fue torturada. Ambos argumentos se califican como ineficaces, ya que se refieren a cuestiones que no podrían ser materia de examen al verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues en el primero cuestiona un tema que es cosa juzgada, ya que en la ejecutoria de amparo este Órgano Colegiado concluyó que no fue ilegal su detención en el proceso génesis del acto reclamado. En tanto que el segundo, porque corresponde a un aspecto sobre el que el juzgador de primer grado, gozaba de plena jurisdicción al emitir la nueva sentencia, como es la posibilidad de pronunciarse en el sentido si existió o no tortura en su vertiente de violación a derechos humanos dentro del proceso; por lo mismo, esta última decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Se cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice:; "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), emitida por la misma Segunda Sala, registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo

  4. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso b) DE LA LEY DE AMPARO.Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, este Órgano Colegiado, en su anterior denominación, concedió a Sarita Salcedo Pérez, la protección constitucional solicitada, para los efectos siguientes: ".1) Deje insubsistente la sentencia reclamada; 2) Dicte otra en la que revoque la sentencia de primera instancia, y ordene al juez de la causa: a) reponer el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción; b) realice la investigación correspondiente respecto de la tortura denunciada, mediante la realización de exámenes psicológicos y médicos pertinentes a la procesada, a manera de ejemplo, conforme al Protocolo de Estambul; c) se allegue de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de dicha denuncia, únicamente desde el punto de vista de violación de derechos humanos dentro del proceso penal, a efecto de corroborar si existió o no dicha trasgresión para los efectos probatorios correspondientes al dictar sentencia; d) provea lo necesario para la práctica de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, (G. R. P y M. R. P.); y e) dé vista al Agente del Ministerio Público para que, de oficio e inmediatamente se inicie una investigación de manera independiente, imparcial y meticulosa, cuya finalidad sea determinar si existió la tortura aducida por la hoy quejosa, y en su caso identificar y procesar a las personas responsables de la misma. En el entendido que respecto de los careos procesales, para salvaguardar el interés superior de los declarantes (G. R. P y M. R. P.), en la preparación y desahogo de la prueba deberán observarse las formalidades correspondientes para quienes participan en diligencias de carácter jurisdiccional siendo menores de edad. Se precisa también, que el desahogo de los careos procesales deberá estar sujeto a que la inculpada acepte voluntariamente intervenir en la diligencia, a fin de respetar su derecho fundamental a no declarar, reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a las reformas publicadas el dieciocho de junio de dos mil ocho en el Diario Oficial de la Federación" (fojas 69 y 70). I. Mediante resolución de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitida por el entonces Presidente de este Primer Tribunal Colegiado (fojas 389 a 399), se determinó que la ejecutoria de amparo no había quedado cumplida en su totalidad, por las razones que a continuación se trascriben en lo conducente: ".Como ya se indicó, uno de los efectos de la protección constitucional otorgada, fue para que en primera instancia se proveyera lo conducente para el desahogo de careos procesales entre la inculpada Sarita Salcedo Pérez con los testigos G. R. P y M. R. P. Ambos testigos menores de edad, de acuerdo con el informe de la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, sustentado en las entrevistas practicadas por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y por la psicóloga Yuliana Medel González, no es conveniente que participen en ningún tipo de diligencia, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Informe que a su vez se soporta en el padecimiento que aqueja a la menor M. R. P., descrito en la nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social; cuya gravedad se aprecia ha requerido la hospitalización de dicha adolescente en diferentes ocasiones. Conforme a lo anterior y en aras de proteger el interés superior de ambos menores, se estima que existe causa justificada para que no hayan sido recabados de manera presencial los careos procesales en que ambos habrían de intervenir, dada la opinión profesional que determina como inconveniente para ellos que participen en algún tipo de diligencia, para evitar ser revictimizados y tener episodios de regresión o sufrimiento psicológico; aunado a esa afectación o impacto emocional, se estima que podría estar en riesgo también la integridad de la menor a quien se le diagnóstico Leucemia Linfoblastica Aguda, si se le obliga a comparecer ante la autoridad jurisdiccional, pues podría implicar que debido a ello desatendiera algún tratamiento médico o que al comparecer no se tomarán las medidas pertinentes para enfrentar en ese momento cualquier eventualidad adversa para su salud. Esta determinación tiene como fundamento los artículos 4, párrafo noveno, de la Constitución Federal, 2 y 83, fracciones I, IV y VIII, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que establecen: (.). Así como los siguientes criterios sostenidos por el Alto Tribunal del país, en torno al interés superior de los menores de edad: (.). Sin embargo, aun cuando se encuentra justificado que no hayan comparecido ambos menores ante la autoridad jurisdiccional, para la celebración de la diligencia respectiva, ello no implica que no pudieran desahogarse de algún otro modo los careos procesales referidos. Esto es así, pues el artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable, contempla la posibilidad de celebrar careos supletorios, cuando no es posible obtener la comparecencia ante el juzgador, de alguna de las personas que habrá de ser careada, como en el caso sucede; posibilidad que debió entonces agotar la juez del proceso, como una forma de armonizar el interés superior de los menores y los derechos de la inculpada. Sin que sea obstáculo que en la ejecutoria de amparo no se haya hecho mención de la posibilidad de recurrir a la celebración de careos supletorios, pues tal alternativa la contempla la legislación procesal penal local. Aunado a que la misma encausada, mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil diecisiete, ante el juez natural, dejó ver su intención de participar en el desahogo de aquellos careos, ya que insistió en que se practicaran personalmente con el menor G.R.P., y que se celebrarán supletorios con la diversa M.R.P. (Foja 290). (.). Por otro lado, luego de examinar la sentencia de primera instancia, se advierte que al analizar la materialidad del delito, las calificativas que se consideraron demostradas, así como la plena responsabilidad penal de la enjuiciada Sarita Salcedo Pérez en la comisión de dicho injusto, la juez de la causa tuvo en cuenta la declaración ministerial que ésta rindió en etapa indagatoria el veintitrés de enero de dos mil diez, a la que le otorgó valor probatorio de indicio en términos del artículo 231 del Código de Procedimientos Penales para el Estado (fojas 352, 353, 359 vuelta, 362 vuelta, 365 vuelta y 366), como prueba en contra de la propia declarante; pero no aparece que para ello haya sido valorada la opinión pericial en materia de psicología, emitida por la perito María Reyna Rivera Sosa, ni tampoco el diverso dictamen en materia de medicina forense, a cargo de la experta Ma. Del Rosario Patricia Islas García, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento; tal como se ordenó en la sentencia de amparo. Es cierto que en el dictamen pericial en materia de psicología mencionado previamente, quien lo emitió concluyó lo siguiente: ".CONCLUSIONES. SARITA SALCEDO PÉREZ, PRESENTA: DESVALIMIENTO, PRODUCIÉNDOLE: INCERTIDUMBRE, MUCHA INSEGURIDAD AFECTADAS SUS ÁREAS AFECTIVA Y CONDUCTUAL, CONSECUENCIA DE LOS HECHOS QUE HA VIVIDO AL SER PRIVADA DE SU LIBERTAD EN PRISIÓN, EL MALTRATO, AMENAZAS, INTIMIDACIÓN Y EL SOMETIMIENTO AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, EL CAMBIO DE SUS PRÁCTICAS HABITUALES, POR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS AL MOMENTO DE SU DETENCIÓN, SÍ, SE OBSERVA COHERENCIA ENTRE EL RELATO QUE HACE, DE UN TRATO INHUMANO MAS SIN EMBARGO ESTO NO LIMITA SU SANO DESARROLLO NORMAL DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES YA QUE MANIFIESTA QUE ES LA ENCARGADA DEL TALLER DE COSTURA Y QUE TIENE MUCHA FE AL FUTURO". (Foja 169). Mientras que en el diverso dictamen en materia de medicina forense, se concluyó que: ".1.- LA C. SARITA SALCEDO PÉREZ, NO PRESENTÓ LESIONES FÍSICAS EXTERNAS POR LAS ALEGACIONES DE TORTURA Y MALOS TRATOS QUE DICE HABER SUFRIDO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA. 2.- EN ESTE CASO PARTICULAR, MEDIANTE Y DURANTE LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SECUELAS, HUELLAS O INDICIOS DE SUPUESTAS LESIONES FÍSICAS PRODUCIDAS EN EL PASADO MEDIANTE ACTOS DE TORTURA FÍSICA, ÉSTAS NO SE EVIDENCIARON". (Foja 185). No obstante, debe ser en la sentencia donde se precise si fueron o no infringidos actos constitutivos de tortura en contra de la inculpada, a partir del alcance probatorio que se dé a las opiniones periciales mencionadas, al ser, de inicio, una atribución de la autoridad jurisdiccional, según se obtiene de los artículos 200 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, y porque así se ordenó en la ejecutoria dictada por este Órgano Colegiado. No se inadvierte que al valorar la declaración ministerial de la aquí quejosa, la juez de la causa de manera general mencionó que la misma había sido vertida sin coacción o violencia física (fojas 352 vuelta y 366 vuelta). Además, al restarle valor probatorio a la retractación de la inculpada contenida en su declaración preparatoria e inclinarse por el principio de inmediatez, la juez de origen indicó que no obraban pruebas que justificaran la violencia moral y menos física ejercida en su contra de aquélla (foja 369). No obstante, a tales conclusiones se arribó teniendo en cuenta solamente la fe ministerial de lesiones y examen médico de integridad física, recabados el veintitrés de enero de dos mil diez, pero no porque se hubieran considerado los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina legal mencionados, desahogados ante la juzgadora de origen. Tampoco se soslaya que previo a establecer las sanciones que indicó le correspondían a la sentenciada, la juez del proceso se refirió, entre otros, a los dictámenes mencionados en el párrafo que antecede, a los cuales les concedió valor probatorio pleno y agregó que fueron ratificados ante esa autoridad, pero no indicó qué es en sí lo que evidenciaba cada uno de ellos. II. Por lo mismo, de nueva cuenta se requirió a la Sala responsable para que dentro del término de tres días proveyera lo necesario para acatar en sus términos la sentencia de amparo, en los siguientes términos (foja 399): "Consecuentemente, con fundamento en los artículos 77, 192 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Sala responsable y juez de la causa como autoridad involucrada en el cumplimiento, para que en el término de tres días, provean lo necesario a efecto de acatar en sus términos la ejecutoria de amparo; en el caso concreto, proveyendo lo conducente para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G. R. P y M. R. P., en términos del artículo 186 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, aplicable. Previamente, se deberá dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal 14/2010 y luego de recabar los careos procesales supletorios mencionados, se deberá continuar con la secuela procesal correspondiente y emitir con libertad de jurisdicción una nueva sentencia, en la que deberán ser considerados los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, para determinar si existieron o no actos de tortura en contra de Sarita Salcedo Pérez, y si para el caso debe o no darse valor probatorio a la declaración ministerial rendida por ésta. III. La autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, por lo que nuevamente se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 553), y sólo la primera de ellas se pronunció en el sentido que la sentencia de amparo no quedó acatada (fojas 559 y 560). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. IV. Al respecto, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y juez de la causa como autoridad involucrada en el acatamiento, se aprecia lo siguiente: a) El veinte de abril de dos mil dieciséis, dictó una nueva resolución (fojas 78 a 110), en la que dejó insubsistente la sentencia reclamada; ahí mismo, revocó el fallo de primera instancia. b) Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ordenó a la juez de la causa acatar las determinaciones precisadas en los incisos a) al e), trascritos a fojas 1 y 2, las que incluso reprodujo en la nueva resolución para conocimiento de la juzgadora de primer grado (fojas 80 y 109). c) La reposición de procedimiento se advierte fue ordenada por la juez del proceso mediante auto de veintidós de abril de dos mil dieciséis, a partir de la diligencia inmediata anterior al auto que declaró cerrada la instrucción. d) En ese mismo proveído, la juzgadora de origen designó peritos en psicología y medicina legal y forense, respectivamente, según se aprecia, para la obtención de dictámenes en esa materia, como una forma de allegarse de medios de prueba tendentes al esclarecimiento de la tortura denunciada por la aquí quejosa, como violación a derechos fundamentales (foja 115 y 116). e) En el mismo auto, con copias certificadas de las constancias respectivas de la causa penal, la juez de origen dio vista a la Procuradora General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que designara a un Agente del Ministerio Público Investigador, distinto al que conoció de la indagatoria, para que investigara, de oficio y en su vertiente de delito según se obtiene, la denuncia de tortura hecha por la inculpada Sarita Salcedo Pérez, a fin de determinar si existieron actos de esa naturaleza en su contra; incluso, le sugirió que la prueba idónea para ello es el dictamen pericial que se apegara a los estándares del manual conocido comúnmente como Protocolo de Estambul (foja 117 vuelta); de lo que se aprecia tomó conocimiento la Representación Social (foja 145). f) En seguimiento a tal denuncia, mediante oficio 5862/2016, de cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la Agente del Ministerio Público adscrita al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó a la juez del proceso que se inició la averiguación previa 291/2016/TLAX-1, por el delito de tortura en agravio de la aquí quejosa, y que se ordenó practicar las diligencias correspondientes (foja 195). g) Como parte del punto anterior, se aprecia que la juez del proceso ordenó también girar oficio al Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, para que ordenara a quien corresponda, se diera cabal cumplimiento a la investigación de tortura ordenada (foja 118) y también se allegaron al proceso diversas constancias relativas a la integración de la indagatoria respectiva, entre las que se encuentran, los dictámenes periciales en materia de psicología y medicina forense, con intervención de un perito en fotografía, recabados a su vez por el Ministerio Público, (fojas 208 a 223). h) En el mismo proveído de veintidós de abril de dos mil dieciséis, la juez de origen fijó hora y fecha para el desahogo de careos procesales entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los testigos Marilen Pérez Salcedo, G. R. P y M. R. P. (foja 118). Previamente, la juez de primera instancia ordenó enviar también oficio a la Procuraduría de la Defensa del Menor, para que designara perito en materia de psicología, a fin de que previo a su participación en los careos referidos, los testigos menores de edad fueran evaluados y se determinara si era dable que intervinieran o no en el desahogo de la prueba, y para que una persona de aquella institución los asistiera durante su intervención, aun cuando erróneamente se dijo que sería como tutor o representante legal. i) También dispuso que un visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, debía asistir a los menores en cualquier diligencia que intervinieran en el proceso penal y como forma de proteger la identidad de ambos infantes, omitió citar el nombre de éstos (foja 118). j) Por acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciséis (foja 123), la juez de la causa tuvo por recibido el oficio 608, de dos de mayo de dos mil dieciséis, signado por la Procuradora para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, en el que ésta le informó que con motivo de las entrevistas practicadas a los menores aludidos, en presencia de su madre, por la licenciada Mariela Vásquez Pérez y psicóloga Yuliana Medel González, quienes también firmaron dicho oficio, no era conveniente llevar a cabo ningún tipo de diligencia en la cual éstos tuvieran intervención, a fin de evitar su revictimización y episodios de regresión o sufrimiento psicológico. Además, la citada Procuradora mencionó que la adolescente M. R. P., padece Leucemia Linfoblastica Aguda y ha ameritado hospitalización en diferentes ocasiones; lo que apoyó con copia certificada de una nota de egreso hematológica expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 124 a 126). Ello la llevó a informar a la juzgadora que médica y psicológicamente no era conveniente la participación de ambos adolescentes en ningún tipo de diligencia (foja 123). k) En acatamiento a la ejecutoria de amparo, se advierte que el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en presencia del juez de la causa, con la intervención de las partes, y con la aceptación voluntaria de la aquí quejosa, se llevó a cabo la diligencia de careos procesales entre ella y la testigo Marilen Pérez Salcedo (fojas 133, 134, 139 y 140). l) Mediante oficio 2301, de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, la juez de origen remitió a este órgano copia certificada de los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos respectivamente, por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, practicados a la quejosa (fojas 163 a 187). m) Como parte de la posibilidad que tenía de allegarse de cualquier probanza que considerara necesaria para el esclarecimiento de la denuncia en su vertiente de violación a derechos dentro del proceso, aparece que mediante proveído de once de enero de dos mil diecisiete, a petición de la encausada, la juez de origen solicitó a su homólogo del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, le remitiera copia certificada de diversas constancias de la diversa causa penal 268/2015 (foja 291). V. Asimismo, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable y el juez de la causa a partir de que este Tribunal tuvo por no cumplido el fallo protector, se aprecia lo siguiente: a) Mediante resolución de enero de dos mil dieciocho, dictada en segunda instancia (fojas 411 a 420), se ordenó dejar insubsistente la sentencia de seis de junio de dos mil diecisiete, emitida en primera instancia dentro del proceso penal de origen. b) En esa nueva resolución, la Sala responsable ordenó a la juez del proceso que repusiera el procedimiento de primera instancia, hasta antes del cierre de la instrucción, a fin de que agotara los medios necesarios para recabar los careos procesales supletorios entre la procesada Sarita Salcedo Pérez con los menores de edad a quienes se les identifica como G.R.P y M.R.P. Una vez recabados éstos, siguiera con la secuela procesal correspondiente hasta dictar sentencia. c) A fin de acatar lo anterior, se aprecia que la juez de la causa realizó lo siguiente: - El dos de febrero de dos mil dieciocho, desahogó careos supletorios entre la encausada Sarita Salcedo Pérez, con los menores identificados con las iniciales M.R.P y G.R.P, y el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, declaró cerrada la instrucción (fojas 434 a 439). - El tres de abril siguiente, se celebró la audiencia de vista en el proceso penal (fojas 502 y 503). - El nueve de abril de dos mil dieciocho, dictó una nueva sentencia, en la que consideró los dictámenes en materia de psicología y medicina forense, emitidos por los peritos María Reyna Rivera Sosa y Ma. Del Rosario Patricia Islas García, respectivamente, los cuales fueron obtenidos como parte de la investigación de la denuncia de tortura como violación a los derechos humanos de la persona sometida a procedimiento, y en los que se concluyó que la sentenciada Sarita Salcedo Pérez no presentó afectación psicológica, ni lesiones por hechos de tortura. Asimismo, con libertad de jurisdicción, la juez del proceso consideró los diversos dictámenes periciales en materia de medicina y psicología, que dijo fueron recabados dentro de la averiguación previa 291/2016/TLAX-1 iniciada por el delito de tortura, en los que refiere se concluyó que la aquí quejosa no presenta signos ni síntomas psicológicos de estrés postraumático, ni signos de tortura (fojas 212 a 224). A los anteriores dictámenes, con libertad de jurisdicción, la juez de primer grado les otorgó valor probatorio pleno en términos de los artículos 200, 216 y 218 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, para concluir precisamente que la sentenciada no presenta signos de haber sido torturada; de ahí que considerara procedente otorgarle valor probatorio de indicio, a la declaración ministerial rendida por dicha encausada. Finalmente, con la misma libertad de decisión, en la sentencia que dictó, la juez de la causa consideró penalmente responsable a la aquí quejosa, por el delito de homicidio calificado, y le impuso las penas que estimó procedentes. VI. Por otro lado, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 553), la quejosa se pronunció en el sentido que la ejecutoria no se encuentra cumplida; consideración que hace depender de dos aspectos generales. El primero, porque considera que las constancias del proceso penal evidencian que su detención fue ilegal; mientras que el segundo, por estimar que contrario a lo sostenido en la nueva sentencia de primera instancia, sí existe evidencia de que fue torturada. Ambos argumentos se califican como ineficaces, ya que se refieren a cuestiones que no podrían ser materia de examen al verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues en el primero cuestiona un tema que es cosa juzgada, ya que en la ejecutoria de amparo este Órgano Colegiado concluyó que no fue ilegal su detención en el proceso génesis del acto reclamado. En tanto que el segundo, porque corresponde a un aspecto sobre el que el juzgador de primer grado, gozaba de plena jurisdicción al emitir la nueva sentencia, como es la posibilidad de pronunciarse en el sentido si existió o no tortura en su vertiente de violación a derechos humanos dentro del proceso; por lo mismo, esta última decisión sólo puede ser materia de un diverso juicio de amparo, no de la presente resolución donde se examina el correcto cumplimiento del fallo constitucional. Se cita como apoyo la jurisprudencia 2a./J. 29/2016 (10a.), registro 2011178, visible en la página 1074 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice:; "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE CONTROVIERTEN EL CRITERIO DEL JUZGADOR FEDERAL CONTENIDO EN LA SENTENCIA DE AMPARO. Uno de los elementos indispensables a verificar en el recurso de inconformidad, para determinar si la resolución que declara cumplido el fallo protector está apegada a derecho, radica en el análisis de las consideraciones en las que se sustentó. Ahora bien, tal estudio tiene el fin de revisar que exista congruencia entre esos razonamientos y los alcances y efectos ahí delimitados, mas no tiene el propósito de reexaminar la litis del juicio constitucional. Por ello, se concluye que el criterio adoptado por los órganos federales en sus sentencias de amparo constituye cosa juzgada en el recurso de inconformidad, por lo que los agravios que lo controvierten son ineficaces". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), emitida por la misma Segunda Sala, registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, de rubro y texto: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo

Quedan 52 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · 6,390 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano