Sarita Marivel Silva Rodríguez
Expediente 896/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/12/2022
Partes del expediente
- Sarita Marivel Silva Rodríguez
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, a través del cual informa que recibió el oficio mediante el cual este órgano jurisdiccional, le hace del conocimiento que no se acepta la competencia declinada del juicio de amparo 2100/2022-I, de su índice. Asimismo, refiere que no insiste en declinar la competencia, por lo que continuara conociendo del asunto antes referido, correspondiente a la demanda promovida a favor de Sarita Marivel Silva Rodríguez; en consecuencia, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente juicio de amparo, atendiendo a sus particularidades, es destruible y carece de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto o séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su destrucción en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del nueve de diciembre de dos mil veinticinco.
- Principal
CUMPLASE.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días hábiles que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia constitucional de tres de noviembre de dos mil veintidós, pronunciada dentro de los autos del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con los diversos numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia en la que sobreseyó en el presente asunto, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes, y en su oportunidad archívese el presente asunto como totalmente concluido; asimismo, glósese el cuaderno de suspensión respectivo y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Sin que se oponga a la anterior determinación el que no se encuentre glosado el acuse por los que se ordenó notificar a la autoridad responsable foránea, la sentencia que el día de hoy causa ejecutoria, toda vez que se estima que con ello no se causa algún agravio a la misma, entendiendo como tal, todo menoscabo, lesión, ofensa o perjuicio en su esfera jurídica o en su patrimonio, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente con motivo de la actividad u omisión del órgano jurisdiccional que esté conociendo del asunto o haya tenido conocimiento de él; ello acontece en el caso, en virtud de que, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, dicha resolución sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa. En este orden de ideas, si establecemos que el recurso de revisión que dispone el artículo 81 de la ley de la materia, es el medio de impugnación para el caso de que el recurrente considere que se le ha causado un agravio, y su objetivo es que un órgano superior, examine la resolución dictada por el inferior para obtener una mejoría jurídica de la resolución impugnada, ya sea por revocación o modificación del asunto de que se trate, y que el diverso numeral 87 de la legislación invocada, establece que las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que a cada una de ellas se haya reclamado; en consecuencia, como se apuntó, en este caso en particular, no se estudió el acto reclamado por las razones antes expuestas, por tanto, se llega al convencimiento de que no existe tal afectación; aunado a que, el presente asunto no se encuentra en los supuestos que establece la parte final del primer párrafo del citado numeral. A mayor abundamiento, cabe puntualizar que si conforme a lo dispuesto por los artículos 107, fracción I, constitucional y 6 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en de la fracción I, del artículo 5 de la invocada legislación, debiendo por ello seguirse por el agraviado, su representante, apoderado o por su defensor, lo que significa que tanto la promoción del amparo como sus recursos e instancias se seguirán siempre por persona interesada, o sea, aquella a quien el acto reclamado o la actuación u omisión impugnados causen un agravio personal y directo; es evidente que siendo esto un principio fundamental del juicio constitucional que legitima a los promoventes, para accionar, y al haberse sobreseído el presente juicio, las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión en cuestión, dado que, con el dictado de la sentencia correspondiente ha quedado agotada su actuación, de modo que el interés para que en todo caso tal determinación subsista o no, sólo la tiene la parte promovente. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 21, inciso a) y 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales, el expediente principal es destruible y el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable, asimismo, se establece que ambos carecen de relevancia documental, por no encuadrar en los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva, así como la relativa al archivo del presente expediente. Expediente principal que de conformidad con lo asentado en la certificación secretarial de cuenta, no encuadra en alguna de las hipótesis que establecen los capítulos quinto, sexto y séptimo del Acuerdo General en cita. Consecuentemente, una vez que transcurra el término de tres años a que se refiere el primer párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, procédase a su depuración en términos del penúltimo párrafo del referido dispositivo; lo que se estima acontecerá a partir del veinticinco de noviembre de dos mil veinticinco. Ahora, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el duplicado del incidente de suspensión se encuentra dentro de la hipótesis que establece el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por tanto, el mencionado duplicado es susceptible de destrucción; en consecuencia, una vez que transcurra el término de seis meses que establece el citado Acuerdo, dese nueva cuenta para acordar lo procedente, hasta entonces el citado duplicado deberá archivarse en el lugar que corresponda, debiendo la Secretaria realizar el cómputo respectivo para facilitar, en su oportunidad, la destrucción respectiva. En el entendido de que el término de seis meses de que se habla, se computará a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, razón por la cual la fecha probable para su destrucción, lo será a partir del día veintiséis de mayo de dos mil veintitrés.
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