Sareli Adalid Flores Arango

Expediente 1192/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1192/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
01/03/2021

Partes del expediente

  • Sareli Adalid Flores Arango

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de marzo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta se advierte que ninguna de las partes recurrió el proveído de catorce de enero de dos mil veintiuno por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo; por lo que, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. ...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los Órganos Jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" ,en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno y; que una vez transcurrido dicho plazo se reanudarían los términos y los plazos procesales conforme a las disposiciones 2 y 32 del diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno; que el presente juicio de amparo no cumplió con los supuestos precisados en el citado Acuerdo General 13/2020, necesarios para poder actuar durante el período de suspensión previamente referido, y ninguna de las partes solicitó la consulta y notificación electrónica de los autos que integran el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Magistrado Presidente, Magistrado representante del Estado y Magistrada representante de los Trabajadores, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente, designan delegados y hacen valer causal de improcedencia. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que citan en el oficio que se acuerda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte la copia certificada del auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral D-140/2014, y de sus constancias de notificación, que acompaña en el informe justificado. Por otro lado, se tiene a la autoridad oficiante haciendo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la que este juzgado de Distrito toma conocimiento. Ahora, de las constancias que remitió en su informe justificado el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-140/2014, dicho tribunal regularizó el procedimiento en el aludido expediente y señaló con fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, 11, 83 y 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante la crisis de salud pública declarada por la organización mundial de la salud como "pandemia" por el "coronavirus" denominado "covid-19", con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio y propagación virus, de acuerdo a la agenda estratégica implementada para el paulatino y ordenado desahogo de audiencias, las ONCE HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente; y lo notificó a las partes en dicho juicio, lo que se corrobora con las constancias remitidas, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Sareli Adalid Flores Arango, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de señalar fecha para el desahogo de pruebas en el expediente laboral D-140/2014, de su índice, lo que se acredita con las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que la autoridad responsable mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-140/2014, regularizó el procedimiento en el aludido expediente y señaló las ONCE HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente, y lo notificó a las partes, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ...Finalmente, sin que haya lugar a señalar nueva fecha de audiencia constitucional -señalada para las nueve horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno-, dado el sobreseimiento del presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. ..

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que en sesión extraordinaria de veinte de diciembre de dos mil veinte, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó la "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los Órganos Jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal" ,en la que se determinó el regreso al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, durante el periodo del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno y; que una vez transcurrido dicho plazo se reanudarían los términos y los plazos procesales conforme a las disposiciones 2 y 32 del diverso Acuerdo General 21/2020 del propio Pleno; que el presente juicio de amparo no cumplió con los supuestos precisados en el citado Acuerdo General 13/2020, necesarios para poder actuar durante el período de suspensión previamente referido, y ninguna de las partes solicitó la consulta y notificación electrónica de los autos que integran el presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio con anexo de cuenta, del Magistrado Presidente, Magistrado representante del Estado y Magistrada representante de los Trabajadores, en representación del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual rinden el informe justificado correspondiente, designan delegados y hacen valer causal de improcedencia. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante rindiendo el informe justificado respectivo y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En términos del artículo 9º de la citada ley, se le tiene designando como delegados a las personas que citan en el oficio que se acuerda. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene ofreciendo como prueba de su parte la copia certificada del auto de cuatro de enero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente laboral D-140/2014, y de sus constancias de notificación, que acompaña en el informe justificado. Por otro lado, se tiene a la autoridad oficiante haciendo valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, de la que este juzgado de Distrito toma conocimiento. Ahora, de las constancias que remitió en su informe justificado el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-140/2014, dicho tribunal regularizó el procedimiento en el aludido expediente y señaló con fundamento en los artículos 4 de la Constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos, 11, 83 y 87 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante la crisis de salud pública declarada por la organización mundial de la salud como "pandemia" por el "coronavirus" denominado "covid-19", con la finalidad de disminuir el riesgo de contagio y propagación virus, de acuerdo a la agenda estratégica implementada para el paulatino y ordenado desahogo de audiencias, las ONCE HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente; y lo notificó a las partes en dicho juicio, lo que se corrobora con las constancias remitidas, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere, que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa Sareli Adalid Flores Arango, hizo consistir el acto reclamado en la omisión por parte del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla de señalar fecha para el desahogo de pruebas en el expediente laboral D-140/2014, de su índice, lo que se acredita con las constancias que adjuntó la autoridad oficiante a su informe justificado. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado ya que la autoridad responsable mediante proveído de cuatro de enero de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral D-140/2014, regularizó el procedimiento en el aludido expediente y señaló las ONCE HORAS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia de ley correspondiente, y lo notificó a las partes, por tanto, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. ... En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. ...Finalmente, sin que haya lugar a señalar nueva fecha de audiencia constitucional -señalada para las nueve horas con cuarenta y tres minutos del cuatro de enero de dos mil veintiuno-, dado el sobreseimiento del presente juicio de amparo al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente. ..

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de noviembre de dos mil veinte. De la certificación que antecede se advierte que por auto de diez de agosto de dos mil veinte causo estado la resolución de diez de marzo de dos mil veinte, mediante la cual se declaró infundado el incidente de daños y perjuicios interpuesto por el tercero interesado. En consecuencia, hágase del conocimiento de la quejosa que se encuentra a su disposición el billete de depósito ****), que exhibió con la finalidad de que surtiera sus efectos la suspensión concedida. Con el apercibimiento que de no comparecer a recogerlo en el plazo de dos años, se declarará la prescripción del mismo y se ordenará endosar y enviarlo a la Tesorería de la Federación para su aplicación al Erario Federal, lo anterior con fundamento en los artículos 36 y 50 de la Ley Federal del Servicio de la Tesorería de la Federación. Asimismo, única y exclusivamente la parte quejosa o el depositante de dicho billete podrán recoger el mismo, previa identificación, endoso y razón que de ello quede en autos. Notifíquese personalmente al quejoso. ....

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