Saray Velásquez Bartolón

Expediente 1056/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1056/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración
  • Saray Velásquez Bartolón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de garantías, dictado en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro correspondiente. En tal virtud, archívese este expediente como asunto totalmente concluido y, en atención a que el presente asunto se otorgó la suspensión de plano, en términos del artículo 18, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se estima que el presente es depurable, en el que deberán conservarse la demanda, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación y este auto; de conformidad con el citado acuerdo y artículo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Acorde a lo dispuesto en el numeral décimo octavo, del citado acuerdo, se ordena su archivo en este juzgado por tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, se declara que a juicio de este Juzgado de Distrito este asunto carece de relevancia documental e histórica, y en atención a que se encuentra una suspensión concedida, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, así como también que es depurable. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de tres días concedidos al promovente del amparo y a la directa quejosa, para que dieran cumplimiento con la prevención que se les formuló en autos, relativo a ratificar ante la presencia judicial la demanda de amparo promovida en favor de la quejosa Saray Velasquez Bartolon, sin que a la fecha hubiera acontecido tal evento. En ese contexto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, y con fundamento en el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo intentada a favor de la referida quejosa. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo, que se tramitan en este Juzgado Federal. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades señaladas como responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guarda los presentes autos y como se desprende de la razón actuarial de veintiocho de diciembre del dos mil veintidós, en la que se establece que no se pudo llevar a cabo la notificación de la aquí quejosa, por los motivos asentados en dicha razón. Por lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que notifique a la quejosa Saray Velásquez Bartolón, los autos de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, uno y seis de diciembre del citado año, lo anterior, mediante lista que se coloque en los estrados que para tal efecto se tienen en este Juzgado, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada vía electrónica por ********************, al parecer de nacionalidad Colombiana, contra actos del Encargado o Titula de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades, de quienes reclama: "A) DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES RECLAMO: 1. La ilegal detención del quejoso La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. La omisión de detección de necesidades de protección internacional conforme al artículo 16 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas. 2. La ilegal e infundada detención y retención y privación de la libertad autorizada por el DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN CHIHUAHUA O SUBREPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN a pesar de que el Quejoso cuenta con INE ya que es de nacionalidad mexicana La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de retención en contra de los quejosos. La omisión, inaplicación e inobservancia de los artículos 1, 11, 14 y 16 de la Constitución Federal y demás aplicables. 3. La Recepción del quejoso y autorización de acuerdo de presentación, misma que tuvo como consecuencia su privación de libertad en la Estación Migratoria en Chihuahua si es que fue trasladado a ella o a una diversa La emisión de una alerta migratoria 'restrictiva', en ausencia de garantías de debido proceso, incluyendo la ausencia de notificación, de derecho de audiencia y debido proceso 4.La insuficiente fundamentación de competencia y facultades para determinar y ejecutar la medida de detención y retención en contra del quejoso. La prohibición de poder transitar por territorio nacional mexicano por cuestiones administrativas por ser de nacionalidad Colombiana." Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 1056/2022-V-B. Cabe señalar que la demanda de cuenta carece de firma autógrafa y firma electrónica de la promovente, no obstante ello no es el caso desechar la misma, en virtud de que los actos reclamados en el escrito de demanda, se advierte que son de los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, de ahí que el suscrito juzgador, proceda a proveer lo conducente a la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, y únicamente en lo conducente a lo establecido en el párrafo que antecede, el contenido en la jurisprudencia P./J.8/2019, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 79, con número de registro digital 2019715 de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Lo resaltado el propio de este Juzgado. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Así, atendiendo a lo manifestado por la promovente, se reitera, que la directa quejosa al parecer es de origen Colombiana, asimismo, que se encuentra detenida en la Estancia Migratoria de Chihuahua, por consecuencia, sujeta a la expulsión o deportación del país, por parte de las autoridades señaladas como responsables, actos que se encuentran prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, así como al riesgo latente de que sea trasladada a diversa Estación Migratoria, este Juzgado Federal, en tal virtud, se estima procedente decretar la suspensión de plano en relación a los actos reclamados, atendiendo a que la promoción del presente juicio amparo deriva precisamente de la privación de la libertad personal de la directa quejosa, cualquiera que sea la forma de su denominación, por lo que, este tribunal estima que resulta aplicable la regla prevista en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público y no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que la quejosa sea puesta en libertad, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 164. Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, se ordenará que sin demora cese la detención, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público. Cuando en los supuestos del párrafo anterior, la detención del quejoso no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá por efecto que sea puesto en libertad." Así, atendiendo al principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del uno de junio del mismo año, así como en los artículos 5, fracción V, y 7 de la Ley Sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, antes transcritos que disponen que los Estados contratantes no aplicarán a los refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y las cuales se aplicarán únicamente hasta que se hubiese regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país; y que no se impondrá sanción alguna por motivo de ingreso irregular al país. En ese orden, también importa destacar que la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, establece en su numeral 11 que todo extranjero que se encuentre en territorio nacional tiene derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Además, el numeral 18 del mismo ordenamiento dispone que el extranjero que solicite ser reconocido como refugiado deberá presentar por escrito su solicitud ante la Secretaría de Gobernación dentro del término de treinta días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al en que haya ingresado al país o, en su caso, a aquél en que le haya sido materialmente posible presentarla. Destacando que el artículo 21 del aludido ordenamiento legal dispone que cuando un extranjero se encuentre en alguno de los lugares destinados al tránsito internacional de personas, o sujeto a un procedimiento administrativo migratorio, sin importar la etapa de dicho procedimiento, o bien, carezca de documentación que acredite su situación migratoria regular en el territorio nacional, solicite el reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá dictar las medidas que resulten estrictamente necesarias en cada caso, de conformidad con el reglamento. Por su parte, los numerales 24 y 25 del mismo ordenamiento disponen que la Secretaría analizará y evaluará todas las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado y deberá emitir, en cada caso, resolución escrita, fundada y motivada, dentro de los cuarenta y cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud, plazo que podrá ampliarse hasta por un período igual a juicio de la Secretaría, sólo en casos excepcionales; que la resolución deberá ser notificada por escrito al solicitante; en los casos de reconocimiento de la condición de refugiado, la Secretaría deberá expedir el documento migratorio correspondiente que acredite su situación migratoria regular en el país, pero si la resolución fuese en sentido negativo, el extranjero podrá interponer recurso de revisión dentro de los quince días hábiles contados a partir de la notificación respectiva. Por consiguiente, de acuerdo con las normas antes citadas en relación con los tratados internacionales de la materia, y atendiendo a la información con que se cuenta hasta este momento así como que debe privilegiarse la solución conforme con el derecho a la libertad personal del quejoso, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración sólo lo expuesto en la demanda de garantías por la promovente del juicio de amparo, quien aduce que se encuentra privada de su libertad por autoridades migratorias, sujeta a ser expulsada o deportada a su país de origen, razón por la cual, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que cesen dichos actos, y las autoridades responsables se abstengan de obligar a la quejosa a realizar su salida definitiva del país. Asimismo, se decrete la inmediata libertad de la quejosa bajo las siguientes condiciones: Las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración: - Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que la impetrante del amparo no evada el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno, mismo que deberá resolverse en el término indicado en la ley que rija dicho procedimiento. - Le requiera a la directa quejosa para que proporcione tanto a esa autoridad administrativa como a este órgano jurisdiccional, un domicilio en donde pueda ser localizada, el cual deberá encontrarse en esta ciudad, así mismo la directa quejosa deberá informar los cambios que de dicho domicilio pudiera acontecer, los cuales también deberá ubicarse en esta Ciudad. - La quejosa deberá presentarse a firmar ante este órgano jurisdiccional, para lo cual se levantara una comparecencia en los autos del presente juicio de amparo, los días quince y treinta de cada mes. Bajo el entendido de que la quejosa no deberá abandonar la demarcación geográfica de Ciudad Juárez, Chihuahua, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. - Asimismo, se requiere a la quejosa para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efectos si la quejosa incumple con alguna de la condiciones antes precisadas, así como si en el caso existe una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la quejosa y se contraponga con lo aquí ordenado. De igual forma, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de su legal notificación, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano, para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten, debiendo acreditar que no existe hacinamiento, incomunicación, ni riesgo para la salud de la quejosa en virtud del internamiento del que son objeto, así como que se le permita su comunicación directa con sus representante legales, esto es, con el que la quejosa decida atribuir tal carácter. Bajo el apercibimiento, que de no cumplir con la suspensión de plano decretada, serán sancionadas en términos de los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo. ".Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (.)". Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. /J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Igualmente es sustento a lo expuesto con antelación por analogía jurídica, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), Materias(s): Común, Administrativa, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo: Libro 52, Marzo de 2018 Tomo IV, Página 3551, del contenido siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO. De conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención del quejoso, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la prolongación del alojamiento temporal de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe ser que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar a detención de la comisión de un delito, debe ser excepcional.". Con la aclaración para las autoridades señaladas como responsables, que tratándose de juicios de amparo en los que se reclama cualesquiera de los supuestos previstos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no hay horas ni días inhábiles para la rendición de sus informes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley de Amparo. ".Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." Por otra parte, atendiendo a que la promovente del presente juicio de amparo manifiesta que se encuentra privada de su libertad dentro de las instalaciones de la Estación Migración en el Estado de Chihuahua, por lo que, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, por ello, se ordena al Actuario Judicial adscrito se constituya en las instalaciones de migración con sede en esta ciudad, en busca de ******************** y en el caso, deberá realizar lo siguiente: a) Vocear o llamar a la directa quejosa en los separos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta ciudad. b) Notificarle el presente proveído y requerirle para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida y que dio origen al juicio de amparo 1056/2022-IV. c) Dar fe del estado físico en el que se encuentre la directa quejosa; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se les ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto a su libertad personal. e) Apercibir a la quejosa ********************, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados consistente en la deportación o expulsión, así como el traslado a diversa Estación Migratoria; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de los agraviados, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación. g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Por otra parte, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir los estrados del tribunal y los correos electrónicos y números telefónicos que indica en la demanda de amparo, a través de los cuales se le pueda entablar comunicaciones no procesales. Notifíquese, haciéndolo personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como de forma inmediata y personalmente a ********************, en el lugar en donde aduce la promovente que se encuentra recluida. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua, primero de diciembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene a las autoridades las autoridades Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración; Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua; y Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, informando la imposibilidad que tiene para dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada a la quejosa en los autos del amparo en que se actúa, en virtud de que la impetrante del amparo no se encuentra a su disposición y que tampoco está sujeta a un procedimiento administrativo. Asimismo se tiene a las citadas autoridades, en términos del numeral 9 de la Ley de Amparo, señalando como delegados a los profesionistas que refieren. Por otra parte, se tiene a las referidas autoridades, solicitando el acceso al expediente electrónico, para lo cual proporciona su usuario "etarin". Así, atento a su solicitud, conforme lo dispuesto por el ¨ACUERDO GENERAL 12/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO", se autoriza el acceso al expediente electrónico, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el nombre de usuario "etarin"; en virtud de ello, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expediente realice el alta respectiva en dicho sistema. De igual forma, como lo solicitan las mencionadas responsables, que las notificaciones se les realicen de manera electrónica, a través del usuario "etarin"; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 del ¨Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo¨, se ordena al Actuario Judicial adscrito realice a las responsables las notificación que a las mismas se orden en autos, de manera electrónica, a través del usuario en cita, y a fin de que llevar a cabo lo anterior, se ordena al Analista Jurídico del Sistema Integral de Expediente realice el alta respectiva en dicho sistema. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta, de la cual se advierte la imposibilidad que tiene el Actuario Judicial adscrito para notificar a la directa quejosa el auto de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, emitido en el controvertido juicio constitucional en que se actúa. Por lo anterior, y dado que del escrito de demanda de amparo, se advierte que la directa quejosa Saray Velásquez Bartolón, al parecer se encuentra internada en la Estación Migratoria de la Ciudad de Chihuahua, Capital, y en atención a los actos que dicha quejosa reclama, en términos del segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada, en consecuencia, con fundamento en el citado numeral, así como con lo dispuesto en los artículos 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíense exhorto urgente, al Juez de Distrito en Turno, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, para que, en auxilio de las labores de este tribunal, ordenen a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupan la Estación Migratoria, con sede en Chihuahua, Chihuahua, en busca de Saray Velásquez Bartolón, y bajo su más estricta responsabilidad, y en el caso de localizarla deberá realizar lo siguiente: a) Vocear o llamar a la directa quejosa en los separos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esa ciudad. b) Notificarle el presente proveído, así como el diverso de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós y requerirle para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida y que dio origen al juicio de amparo 1056/2022-V. c) Dar fe del estado físico en el que se encuentre la directa quejosa; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se les ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto a su libertad personal. e) Apercibir a la quejosa Saray Velásquez Bartolon, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas. f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, en el proveído de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, respecto de los actos reclamados; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de los agraviados, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación, y para el efecto deberá entregarles copia de los proveídos en mención, a fin de que den cumplimiento a los mismos. g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al juez exhortado, a efecto de que habilite a los fedatarios de su adscripción a fin de que realicen las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en días y horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. Solicitándole que una vez desahogada la comunicación oficial, deberá devolverla a este Órgano de control constitucional a la brevedad posible vía electrónica. Notifíquese, por medio de exhorto a la quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe. Ciudad Juárez, Chihuahua, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio y anexos, con los que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos para que obre como corresponda, en atención al mismo se tiene a la Juez Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Chihuahua, remitiendo sin diligenciar el exhorto 337/2022-V-B, orden 436/2022, sin que sea acusar recibo, toda vez que el mismo lo genera automáticamente el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo anterior, y toda vez de la comunicación referida en el párrafo que precede, se advierte que la quejosa Saray Velásquez Bartolón, no fue localizada en la Estación Migratoria, con sede en la Ciudad de Chihuahua, Capital, por ende no se le pudo notificar el auto de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, dictado en el juicio de amparo en que esto se provee. Ahora bien, y con la finalidad de agotar los medios para la localización de la aquí quejosa Saray Velásquez Bartolón, y en atención a los actos que dicha quejosa reclama en el juicio de amparo, en términos del numeral 15 de la Ley de Amparo, el suscrito se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la parte agraviada; en consecuencia, con fundamento en el citado numeral, así como lo dispuesto en los artículos 298 y 300, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíense despacho urgente, previa certificación que al efecto se realice, al Juez Menor Mixto en Ascensión, Chihuahua, para que, en auxilio de las labores de este tribunal, ordenen a quien corresponda se constituya en las instalaciones que ocupan la oficina de la Estación Migratoria de la Delegación Local de Migración del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Janos, Chihuahua, en busca de Saray Velásquez Bartolón, y para tal efecto, bajo su más estricta responsabilidad, en el caso, deberá realizar lo siguiente: a) Vocear o llamar a la directa quejosa en los separos de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración con sede en Janos, Chihuahua; b) Notificarle el presente proveído, así como el diverso de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós y requerirle para que en la propia diligencia o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente, manifieste si es su voluntad ratificar la demanda de amparo promovida y que dio origen al juicio de amparo 1056/2022-V-B; c) Dar fe del estado físico en el que se encuentre la directa quejosa; d) Analizar el libro de registro de entrada, para verificar cuándo ingresó la persona buscada al lugar donde se les ubicó; y en específico, el momento exacto de su arribo y de ser posible, el motivo o fundamento del ingreso a dicho establecimiento y a cargo de qué autoridad se encuentran a disposición en cuanto a su libertad personal; e) Apercibir a la quejosa Saray Velásquez Bartolon, que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedarán sin efecto las medidas decretadas; f) Ratificarle a la autoridad ante quien esté detenida la agraviada, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, en el proveído de veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, respecto de los actos reclamados; suspensión concedida para el efecto de que cesen cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, que afecten o pudieran afectar la integridad personal de los agraviados, tales como privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, desaparición forzada de personas, debiendo acatar esta orden las autoridades responsables e informar a este juzgado, en el improrrogable término de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión otorgada. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables, para que de inmediato se abstengan de hacer cualquiera de los actos mencionados contra la directa quejosa, debiendo informar de inmediato el cumplimiento que den a la presente determinación, y para el efecto deberá entregarles copia de los proveídos en mención, a fin de que den cumplimiento a los mismos; y g) Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se autoriza al juez exhortado, a efecto de que habilite a los fedatarios de su adscripción a fin de que realicen las diligencias necesarias para cumplir la decisión asumida en este proveído, en días y horas inhábiles, de ser necesario, debiendo razonar ésta y las demás circunstancias que ocurran en la diligencia. Solicitándole que una vez desahogada la comunicación oficial, deberá devolverla a este Órgano de control constitucional a la brevedad posible. No obstante lo anterior, y atendiendo que a la fecha no se ha logrado la ubicación o el lugar en donde pudiera encontrarse detenida la quejosa Saray Velásquez Bartolón, por tal motivo, gírese oficio vía estafeta al Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, solicitándole informe a este Juzgado, en un plazo de tres días, si la quejosa Saray Velásquez Bartolón, se encuentra internada en alguna estación migratoria del País, en caso afirmativo indique en cuál se localiza y el estatus que guarda su situación migratoria; y para el caso que la misma ya no se encuentra interna en alguna estación migratoria, informe la fecha en que se les puso en libertad y la situación que de la misma se resolvió, debiendo remitir en copia certificada las constancias que acrediten su informe que al respecto emita. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo solicitado o de no informar los motivos que le impidan hacerlo, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio con el que da cuenta la Secretaría, agréguese a sus autos, sin que sea el caso proveer sobre su contenido, ya que mediante auto de catorce del presente mes y año, se tuvo por recibido el despacho 96/2022-V-B, orden 443/2022, vía correo electrónico. Cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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