Sarath Carpanta Ramos
Expediente 963/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 963/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sarath Carpanta Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Humberto Díaz Vargas, Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante el cual remite copia certificada del auto de veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, donde precisó la pruebas faltantes por desahogar y provee lo siguiente: Ordenó girar de nueva cuenta oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para rindan el informe de autoridad solicitado. Por cuanto a las pruebas de inspección ofrecidas por la parte actora y demanda, señaló el catorce de diciembre del año en curso para su desahogo. Así también, refiere que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo por desahogada la prueba confesional a cargo del Consejo Municipal de Xoxocotla, Morelos. Por cuanto a la prueba Confesional a cargo de Miguel Canalis Carrillo, en su carácter de Síndico del Consejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, refiere que cambió de situación jurídica y la tuvo como prueba testimonial, misma que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, la tuvo por desierta por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. Ahora, en relación a la prueba Testimonial a cargo de Félix Nava Adame y Rogelio Enrique Aguilar Montero, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, declaró la deserción de dicha probanza. Asimismo, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo por desahogada la prueba Confesional a cargo de Sarath Carpanta Ramos. Ahora, en relación a la prueba Testimonial a cargo de Eloy Santiago Cruz Domínguez y Jorge Antonio Jimenez Godoy, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, declaró la deserción de dicha probanza, por no aportar los elementos necesarios para su desahogo. Y por cuanto a las pruebas periciales ofrecidas por la parte actora y demanda, señaló el trece y catorce de diciembre de dos mil veintitrés, respectivamente, para su verificativo, todo ello en el juicio laboral 01/04/2021. Al respecto, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Humberto Díaz Vargas, Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada de los acuses de envío-recibo de los oficio que ordenó girar a al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para rindan el informe de autoridad solicitado en el juicio natural. Informe y acredite si se encuentran debidamente integradas las pruebas periciales ofrecidas por la parte actora y demanda, que señaló para el trece y catorce de diciembre de dos mil veintitrés, respectivamente, para su verificativo, todo ello en el juicio laboral 01/04/2021. Remita copia certificada del auto de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio natural, donde refiere que tuvo por desahogadas y desiertas diversas probanzas, la cuales fueron descritas en párrafos anteriores. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable, para que en el término de tres días, contados a partir del momento al en que quede notificada del presente auto, cumpla con la ejecutoria en los términos precisados, informando en ese lapso sobre su cumplimiento, apercibida que de no hacerlo así en el término que se le concede, el siguiente requerimiento se le hará por conducto de su superior jerárquico, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194, de la Ley de Amparo, y en su caso remitir el expediente al Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito en Turno o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso; por tal motivo, se les hace del conocimiento que dichos órganos al momento de resolver el incidente de inejecución de sentencia que en su caso se formule, están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, es decir, no solo verifican el cabal cumplimiento de la ejecutoria dictada, sino, también si hubo retardo en el cumplimiento de la misma, aplicando a las autoridades responsables las sanciones previstas en el artículo 107, Constitucional, ya que el cumplimiento extemporáneo no exime a las autoridades responsables de su responsabilidad, ni se decretará sin materia el incidente, puesto que en esa etapa se determina si hubo responsabilidad o no en el cumplimiento. En apoyo a lo anterior se cita la jurisprudencia cuyos datos de identificación y rubro, son los siguientes: Décima época Registro: 2007912 Instancia: Pleno Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, noviembre de 2014, tomo I Materia: Común Tesis: P./J. 60/2014 Página: 7 "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Con independencia de lo anterior, se hará efectiva una medida de apremio equivalente a cien días el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 192 y 258, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo; sin perjuicio de que, una vez que este órgano jurisdiccional agote las etapas del procedimiento de ejecución, se remita al Tribunal Colegiado de este circuito, para la continuación del procedimiento de ejecución respectivo. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta, firmado por ********************, autorizada de la parte quejosa, mediante el cual solicita que cause ejecutoria la sentencia de referencia y se dé cumplimiento a la misma; al respecto, hágase del conocimiento a la parte promovente que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Erik Calderón Ocampo, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 963/2023, promovido por ********************contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial y ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Actos reclamados: ".LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA POR PARTE DE LA RESPONSABLE AL NO DESAHOGAR LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS DENTRO DEL JUICIO LABORAL ********************." SEGUNDO. El siete de julio de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 963/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama la omisión de desahogar la totalidad de las pruebas, dentro del juicio laboral ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompaña al mismo; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo se hace constar que las partes no invocaron alguna causal que torne improcedente el presente juicio de amparo, aunado a que esta juzgadora tampoco advierte que se actualice algún supuesto de improcedencia en términos de lo previsto en el ordenamiento antes referido. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". La quejosa considera que la conducta omisiva de la responsable, viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es esencialmente fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en razón de las siguientes consideraciones. Conviene destacar que, al ser el acto de molestia de carácter omisivo, la carga de la prueba no corresponde al peticionario de amparo, sino que se revierte a la autoridad señalada como responsable el demostrar que no incurrió en esa abstención. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Tercera Parte, página 27, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR QUE CUMPLIÓ LOS REQUISITOS QUE SE LE RECLAMAN. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, debe entenderse que la carga de la prueba de esas omisiones o de los hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos". En ese contexto normativo, la responsable a través de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, las cuales integran el expediente laboral ********************, que hacen prueba plena de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Ahora bien, del informe justificado remitido por la responsable se advierte la existencia del acto reclamado y se desprende que no se han desahogado las siguientes pruebas: Ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa Ofrecidas por la parte demandada Confesional a cargo del consejo municipal de Xoxocotla, Morelos. Confesional a cargo de ********************. Confesional a cargo de ********************, en su carácter de Síndico del consejo municipal de Xoxocotla, Morelos. Testimonial a cargo de Eloy Santiago Cruz Domínguez y Jorge Antonio Jimenez Godoy. Informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Inspección. Testimonial a cargo de ******************** y ********************. Inspección. Lo anterior evidencia, que los medios de prueba mencionados con anterioridad únicamente se tuvieron por admitidas, sin que se hayan desahogado los mismos. Precisado lo anterior, el artículo 17 de la Constitución Política Federal, determina lo siguiente: "Artículo 17. (...) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". Del análisis al precepto de referencia se desprende, medularmente, lo siguiente: a) Un derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos jurisdiccionales previamente establecidos para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión, y en su caso, la ejecución forzosa de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que la impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes adjetivas aplicables al caso, es decir, que tanto los actos procesales que practiquen los órganos jurisdiccionales, como las resoluciones que éstos emitan, ya sean acuerdos o sentencias, se deben realizar dentro de los términos establecidos en la legislación procesal, de manera completa e imparcial. Sirve de apoyo la tesis 2ª L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 299, tomo XV, mayo de 2002, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.". En el caso, se hace necesaria la transcripción de los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil, los cuales norman el procedimiento laboral, en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. Los ordinales invocados, en lo conducente prevén: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que, si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se desprende de lo anterior, el procedimiento laboral ante el tribunal estatal de conciliación son claros y breves, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma; en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, es evidente que los términos antes aludidos, en la tramitación del juicio laboral del que emana la omisión reclamada han transcurrido sin que se haya desahogado la totalidad de las pruebas. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 113/2001, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de diez de septiembre último, que resolvió la contradicción de tesis 35/2000, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Cuarto Circuito, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". Siendo pertinente aclarar, que dado que la ley burocrática local prevé que el procedimiento que debe seguirse en los juicios de su competencia, es incuestionable, que no procede la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario fijar términos para el desahogo de las pruebas, ni que previo al dictado del laudo se debe citar para oír alegatos o se deba de cerrar la instrucción, y menos aún, que se elabore un proyecto de resolución, ni que se lleve a cabo una sesión en la que se discuta y vote, por lo que, estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer. Al caso tiene aplicación la Jurisprudencia, por Contradicción de Tesis 2ª/J. 52/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Mayo de 2005, visible en la página 526, del tenor literal siguiente: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS). Para que proceda la aplicación supletoria de la Ley Federal del Trabajo tratándose de procedimientos burocráticos locales, es menester que la ley que los regula contemple la institución respecto de la cual se pretende tal aplicación y que aquélla no esté reglamentada, o bien que su reglamentación sea deficiente. Por tanto, si la ley burocrática local prevé que el procedimiento se sujetará a la presentación de la demanda, contestación y celebración de una sola audiencia en la que las partes ofrecerán sus pruebas y alegatos, y en su caso se dictará el laudo respectivo, es incuestionable que no procede la aplicación supletoria de los artículos 885 a 889 de la Ley Federal del Trabajo, pues el legislador no consideró necesario que previamente al dictado del laudo se elaborara un proyecto de resolución, ni que se llevara a cabo una sesión en la que se discutiera y votara aquél, por lo que de estimar lo contrario se estarían integrando a la ley burocrática local aspectos que el legislador no tuvo intención de establecer; además de que la ausencia de dichas formalidades no conlleva el desconocimiento de los hechos controvertidos ni la falta de ponderación de las pruebas relativas por parte del Tribunal o de la Junta de que se trate, al ser jurídicamente válido que atendiendo a la menor o mayor complejidad del asunto y a las cargas de trabajo, el laudo se dicte en una fecha posterior a la señalada para la celebración de la aludida audiencia.". Sin embargo, en el caso el tribunal responsable no ha dado cumplimiento con los términos antes señalados, ya que el estado procesal que guarda el expediente laboral impide que haga el pronunciamiento respectivo del dictado del laudo, dado la existencia de pruebas por desahogar. Por otro lado, si bien el acto reclamado trata sobre violaciones de naturaleza procesal, a juicio de quien resuelve ésta sí afecta en forma directa e inmediata a la parte quejosa, pues vulnera el principio de celeridad en la administración de justicia, contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial. Sirve de sustento por analogía, la jurisprudencia I.1o.T. J/32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Marzo de 1998, Página 724, que dice: "PRUEBAS. EL SEÑALAMIENTO DE UNA FECHA REMOTA PARA SU RECEPCIÓN IMPLICA UNA VIOLACIÓN PROCESAL DE IMPOSIBLE REPARACIÓN.- Cuando los tribunales de trabajo señalan una fecha distante para la recepción de los medios de prueba que las partes proponen, tal proceder constituye un acto de imposible reparación que irroga, por sí solo, un perjuicio irreparable conforme al artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo; no obstante que se trata de una violación adjetiva o procesal, afecta en forma directa e inmediata al oferente, vulnerándose el principio de celeridad contenido en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente estatuye que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, y deberán emitir sus resoluciones en forma pronta, completa e imparcial.". Por lo antes expuesto, al incurrir la responsable en denegación de justicia por no desahogar el tiempo y forma la prueba consistente en el informe de autoridad antes referido, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada. SEXTO. Efectos del amparo. En las relatadas consideraciones, al resultar fundados los conceptos de violación hechos valer, lo procedente es conceder el amparo solicitado por ********************para que la autoridad responsable, dentro del plazo de tres días, siguientes a la notificación del auto por el que esta sentencia cause ejecutoria, y en caso de no haberlo hecho, efectúe lo siguiente: Realicen todas les gestiones necesarias para el desahogar de las siguientes pruebas: Ofrecidas por la parte actora, aquí quejosa Ofrecidas por la parte demandada Confesional a cargo del consejo municipal de Xoxocotla, Morelos. Confesional a cargo de ********************. Confesional a cargo de ********************, en su carácter de Síndico del consejo municipal de Xoxocotla, Morelos. Testimonial a cargo de Eloy Santiago Cruz Domínguez y Jorge Antonio Jimenez Godoy. Informes de autoridad a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Inspección. Testimonial a cargo de ******************** y ********************. Inspección. Debiendo desahogar las mismas en las fechas que se señalen para que se lleven a cabo las audiencias relativa, para lo cual deberá notificar a las partes intervinientes, lo anterior dentro de los plazos y términos que marca la ley; y en su caso, hacer efectivos los apercibimientos para lograr su debido desahogo, o en su caso, provea sobre la imposibilidad para tal efecto. En caso de que se llegue la fecha del desahogo de la audiencia de referencia, y esta no se encuentren preparadas, la responsable deberá señalar nueva fecha para su desahogo, lo anterior respetando los plazos y términos que marca la ley. Lo anterior con la salvedad que la autoridad responsable se encuentra en plenitud de jurisdicción para declarar la imposibilidad para su desahogo o en su caso deserción de las mismas. Se considerará cumplida la presente sentencia concesoria una vez que la responsable dé cumplimiento a lo anteriormente precisado, momento en el que habrá subsanado el motivo del retardo en el procedimiento laboral del que se duele la quejosa en el presente juicio y por ende cumplido el núcleo esencial de la presente sentencia amparadora. Lo así considerado encuentra apoyo en la tesis 2ª CV/2013, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 732, del Libreo 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro electrónico 2005150, que es del contenido siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y protege a ********************respecto de la omisión reclamada al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, para los efectos señalados en el último considerando de la misma. Notifíquese Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, residente en esta ciudad, mediante el cual el cumplimiento al proveído de veintinueve de agosto del año en curso, remite diversas constancias que le fueron requeridas; al respecto agréguense a los autos para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dichas constancias para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Sarai Abrajan Pliego377/2022
- Sarai Monroy Pineda1040/2019
- Sarai Pérez Torres738/2019
- Sarai Perez Torres36/2015
- Sarai Selene Apolinar Catalan498/2022
- Saraid Arenas Botello997/2017
- Saturnina Jiménez Morales1054/2019
- Saturnina Jiménez Morales440/2022
- Saturnina Jiménez Morales1466/2019
- Saturnina Martinez Arellano1129/2020
- Saturnino Blas Bermudez Moreno600/2016
- Saturnino Blas Bermudez Moreno2564/2014