Sarain Díaz Velázquez
Expediente 580/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 580/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 23/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Sarain Díaz Velázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad de México, veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, en los que se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de ocho de julio de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
En la Ciudad de México, ocho de julio de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio de la Apoderada General para la Defensa Jurídica de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al proveído de uno de julio del presente año, informa que mediante oficio PBI/CJ/1140/07-2021, de seis de julio del presente año, solicitó el visto bueno ante la Dirección General de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos tomando conocimiento de su contenido y téngase a la autoridad oficiante informando las gestiones que se están realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En ese sentido, y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil tres prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que, al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley, se REQUIERE al Director General de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, dada la naturaleza de los actos a realizar, en el ejercicio de sus facultades otorgue el Visto Bueno, a fin de que se efectúe el pago correspondiente al quejoso. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 297, fracción I del citado código, REQUIÉRASE al Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, como superior jerárquico del Director General de Servicios Legales, ambos de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, en su calidad de superior jerárquico, lo conmine a cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, esto es, haber otorgado el "Visto Bueno" para que las autoridades responsables y superiores jerárquicos paguen al quejoso la cantidad a la que tiene derecho; haciendo de su conocimiento que no sólo deberá conminar a su subalterno a que proceda acatar la ejecutoria de amparo, pues también incurre en responsabilidades por falta de cumplimiento de la ejecutoria en los mismos términos que las autoridades responsables. Apercibidas las autoridades requeridas que, en caso omiso de su parte, se le impondrá una multa de cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México, a cada una de las personas físicas que ocupen los cargos precisados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis: P.I/2016 (10ª), la cual establece lo siguiente: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES Y YA SE ENCUENTRE DETERMINADO SU MONTO COMO EFECTO DE LAS EMITIDAS EN EL CASO DE LOS POLICÍAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Una vez que en el procedimiento de ejecución el Juez de Distrito ha determinado el referido monto, el procedimiento para el pago respectivo debe llevarse a cabo atendiendo a lo previsto en los artículos 19, fracción IX; 42, fracciones III, V y IX, y 45, fracción IV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública, en relación con lo señalado en los diversos 54 de la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad de México, y 30, fracciones IV y XIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, para lo cual deberá requerirse a las autoridades que a continuación se indica con el objeto de que, sucesivamente, realicen los actos conducentes, a saber: Primera etapa. El Secretario de Seguridad Pública, por sí o por conducto de los titulares de las Direcciones Generales de Administración de Personal y de Asuntos Jurídicos, debe solicitar el otorgamiento del visto bueno a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México a que se refiere el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal en que se actúe, para el efecto de que se realice el pago al quejoso por la cantidad fijada por la autoridad de amparo; Segunda etapa. El Titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Director General de Servicios Legales de esa Consejería, ambos del Gobierno de la Ciudad de México, otorgarán el visto bueno respectivo y notificarán a la Secretaría de Seguridad Pública, o bien deberán informar a ésta si a la solicitud respectiva no se acompañó la documentación necesaria; Tercera etapa. Los Directores Generales de Asuntos Jurídicos y de Recursos Financieros, ambos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, solicitarán al titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México el envío y puesta a disposición de la Secretaría de Seguridad Pública del contra-recibo correspondiente; Cuarta etapa. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, emitirá el contra-recibo correspondiente y lo entregará a la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; Quinta etapa. El Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, notificará personalmente al quejoso y hará entrega del contra-recibo de mérito que le permita obtener el respectivo cheque. Cabe señalar que atendiendo a las particularidades del procedimiento que deben seguir las referidas autoridades para realizar los actos que competen a cada una de ellas, en el ámbito de su competencia, el plazo para que se cumpla con cada una de las referidas etapas, es el de diez días hábiles, con fundamento en lo previsto en la fracción IV del Punto Segundo del Acuerdo General número 10/2013, de dos de julio de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a las atribuciones de los órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los incidentes de inejecución de sentencia previstos en el Título Tercero de la Ley de Amparo, así como en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo.(Décima Época, Registro: 2012303, Instancia: Pleno, fuente, Gaceta del Semanario Judicial de la, Federación, libro 33, agosto 2016 tomo I). Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que en caso de contumacia de su parte, la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito en inejecución de sentencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, puede concluir con una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la cual las autoridades consideradas renuentes serán inmediatamente separadas de su cargo y consignadas al Juez de Distrito que corresponda, aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
(RAZÓN ACTUARIAL).-VISTO.- POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO DE 08/JUL/2021, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEÍDO DE REFERENCIA. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por la quejosa Sarain Díaz Velázquez, mediante el cual pretende desahogar la prevención formulada a través del proveído de doce de mayo de dos mil veintiuno. En ese contexto, no ha lugar a tener por desahogada en sus términos la prevención en cuestión, en razón de lo siguiente: De las constancias que integran los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que mediante el referido proveído de doce de mayo del año en curso, este órgano jurisdiccional determinó lo siguiente: Ahora bien, de un estudio integral efectuado al ocurso de cuenta, se advierte que la parte promovente no desahogó en su totalidad la prevención de mérito, debido a que, no atendió el requerimiento formulado en los incisos 3) y 4), dado que se abstuvo de señalar de manera clara y sin que quede lugar a dudas, que acto le reclama a cada una de las autoridades responsables, así como también omitió realizar la protesta de ley exigida por la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo. En este sentido, tomando en consideración que aún cuando la protesta de ley no es una fórmula sacramental que deba darse con una expresión formal, en el presente caso no puede tenerse por satisfecha, dado que no hay manifestación de la parte peticionaria de amparo de conducirse con verdad respecto de los hechos que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señala: PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL "PROTESTO LO NECESARIO" Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA. .(No. Registro: 192843, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X ,Noviembre de 1999, Página: 32) Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda, este Juzgado Federal se encuentra en posibilidad de volver a requerir a la parte promovente para que la misma sea subsanada, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 110 y 114 fracciones I, de la Ley de Amparo, así por analogía la jurisprudencia número 2a./J. 106/2003, de rubro y texto siguientes: AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO. De conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está facultado para mandar aclarar el escrito inicial de demanda cuando advierta alguna irregularidad, se haya omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 116 de la ley citada, no se haya indicado con precisión el acto reclamado o no se hayan exhibido las copias correspondientes a que alude el artículo 120 de dicho ordenamiento, debiendo precisar en el auto relativo las irregularidades o deficiencias advertidas, a fin de requerir al promovente para que en el término de tres días las subsane. Ahora bien, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la mencionada ley, según su artículo 2o., todas las promociones deberán acordarse a más tardar al día siguiente de presentadas, y en atención al principio de justicia pronta y expedita consignado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el de economía procesal, es indudable que cuando el quejoso en el primer o segundo de los tres días señalados en el referido artículo 146, presenta un escrito mediante el cual pretende cumplir con la prevención que le fue impuesta, el Juez debe emitir un acuerdo en el que tenga por presentado dicho escrito y admita la demanda si se satisfizo lo ordenado, o bien, en caso de no cumplir con tal requerimiento, señale las omisiones o defectos que aún subsistan para darle oportunidad de subsanarlos antes del vencimiento de esos tres días, ello en razón de que dicho término se le otorga en su beneficio. De no actuar así, se impediría al promovente enterarse de las razones por las cuales no está cumpliendo cabalmente con la prevención que le fue formulada, pese a estar en posibilidad temporal de aclarar su escrito de demanda.(No. Registro: 182896, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVIII, Noviembre de 2003, Página: 133) De ahí que se estima que no se encuentra desahogada la prevención formulada en auto del doce de mayo pasado, en tal virtud REQUIÉRASE a la parte promovente para que dentro del resto del término otorgado en el proveído de uno de junio de dos mil veintiuno, esto es, tres días, en virtud que el escrito aclaratorio fue presentado el quince de los corrientes, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, cumpla bajo protesta de decir verdad, con lo siguiente: a) Deberá precisar con claridad y sin que quede lugar a dudas el acto que reclama a cada una de las autoridades que señaló como responsables. b) Cumpla con el requisito a que se refiere la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, y realice la protesta de decir verdad que exige dicho numeral en relación con la totalidad de los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. c) De conformidad con el artículo 110, de la ley de la materia, se requiere a la parte promovente para que exhiba once copias de su escrito aclaratorio, las cuales serán distribuidas de la siguiente forma, ocho para emplazar a las autoridades señaladas como responsables, una para dar la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Ejecutivo adscrito, y dos para formar por separado los cuadernos incidentales. Se cita por su contenido esencial, la jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. (No. Registro: 189,977, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Página: 79) En ese sentido, se hace del conocimiento de la parte promovente que queda subsistente el apercibimiento decretado en el referido auto de doce de mayo del presente año, esto es, en caso de ser omisa en desahogar los requerimientos que se le formulan, se tendrá por no presentada su demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a Sarain Díaz Velázquez, en el domicilio ubicado en Calle Doctor Jiménez número cuarenta y siete (47), despacho cincuenta y dos (52), Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.
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