Sarai Vieyra Castillo
Expediente 890/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 890/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 25/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sarai Vieyra Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de tres de agosto de dos mil quince, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento fuera de audiencia ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
- Principal
Agréguense a los autos para que obren como correspondan los oficios signados por el Registrador del Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, apoderado legal de la Comisión Federal de Electricidad, Directora General Jurídica de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos y apoderado legal de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; por medio de los cuales, en cumplimiento al auto de veintisiete de julio de dos mil quince; proporcionan la información respecto al domicilio de los terceros interesados, al respecto, este Órgano Jurisdiccional se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se cuente con la totalidad de los informes requeridos en el auto mencionado. Por otra parte, del estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, se advierte lo siguiente: Que la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante oficio 767/2015-BHM, informó a este Órgano Jurisdiccional que Martín Saldaña García, no es apoderado legal de la aquí quejosa Saraí Vieyra Castillo en el expediente laboral 01/586/2013. Por auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días exhibiera documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, sin que cumpliera con el requerimiento correspondiente, al respecto, se provee: En ese contexto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5 y 11 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo siguiente: El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". Por su parte, los artículos 5 y 11 de esa misma legislación, establecen: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Artículo 11. Cuando quien comparezca en el juicio de amparo indirecto en nombre del quejoso o del tercero interesado afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas, salvo en materia penal en la que bastará la afirmación en ese sentido. En el amparo directo podrá justificarse con la acreditación que tenga en el juicio del que emane la resolución reclamada. La autoridad responsable que reciba la demanda expresará en el informe justificado si el promovente tiene el carácter con que se ostenta". En ese contexto, si la parte quejosa promueve el juicio constitucional por medio de su representante legal, el juez de amparo tiene la atribución y facultad de examinar si la persona que promueve con el carácter de representante legal de una persona tiene realmente ese carácter, es decir, si justifica dicha personalidad en la forma que previene la ley. Por su parte, el artículo 11 de la Ley de Amparo establece que cuando el que promueva el juicio a nombre del quejoso afirme tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, le será admitida siempre que lo acredite con las constancias respectivas. De no acreditarse la personalidad, el juicio de garantías se tornará improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 5 y 11 de la Ley de Amparo. Al respecto deviene ilustrativa la tesis VI.1o.89 K, del entonces denominado Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página quinientos cincuenta y siete del Tomo XV-II, febrero de mil novecientos noventa y cinco, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo rubor y texto se leen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO, CUANDO LA PARTE QUEJOSA NO ACREDITA LA REPRESENTACIÓN CON QUE SE OSTENTA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Cuando quien ejercita la acción constitucional en representación de una persona, física o moral, por así permitirlo el artículo 4° de la Ley de Amparo, y durante el procedimiento omite acreditar tal personalidad, o los documentos que aporta son insuficientes para ello, se surte la causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73, fracción XVIII en relación con el artículo antes invocado, ambos de la ley de la materia". En el presente caso, la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, es promovida por Martín Saldaña García, quien se ostenta como apoderado legal de la aquí quejosa Saraí Vieyra Castillo en el expediente laboral 01/586/2013, contra los actos que reclama de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Ahora bien, mediante oficio 767/2015-BHM, la autoridad responsable informó a este Juzgado Federal que Martín Saldaña García, no es apoderado legal de la aquí quejosa Saraí Vieyra Castillo en el expediente laboral de origen. No obstante lo anterior, por auto de veinticinco de mayo de dos mil quince, se requirió a la parte promovente del amparo para que dentro del término de tres días exhibiera documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta, sin que cumpliera con el requerimiento respectivo. Por lo anterior, este juzgador se encuentra impedido en reconocer la personalidad al promovente del amparo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que no tiene el carácter de representante legal de Saraí Vieyra Castillo, ante la autoridad señalada como autoridad responsable, y por ende, no está facultado para promover el presente juicio de amparo. Lo anterior, aunado al hecho de que el promovente no acreditó en el presente juicio tener el carácter de apodero legal de Saraí Vieyra Castillo, parte actora en el expediente laboral 01/586/13. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los arábigos 5 y 11 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese sentido, en relación a la parte tercero interesada no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el Juez Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, licenciado Salvador Hernández Hernández, quien actúa con el Secretario Luis Mariano Sanchez Martinez, que autoriza. Doy fe.VIEYRA
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio, se advierte que por auto de nueve de julio de dos mil quince, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente en que surtiera efectos la notificación proporcionara el domicilio correcto de la parte tercero interesada, sin que haya dado cumplimiento a tal requerimiento; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se da inicio al procedimiento correspondiente a la localización del domicilio de dicha parte procesal. En mérito de lo que antecede, se ordena girar sendos oficios a las autoridades correspondientes, todas con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación del presente auto, informen si dentro de sus respectivos registros cuentan con información relativa a ***; apercibiéndose al titular de cada una de dichas dependencias, que de no cumplir con lo anterior, se harán acreedoras a una medida de apremio consistente en una multa por la cantidad equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Finalmente para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia señalada para el día de hoy y en su lugar se señalan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, para su celebración. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guarda el expediente en que se actúa, de que se advierte que aún no se ha llevado a cabo el emplazamiento de la parte tercero interesada, al respecto se provee: A efecto de que este Órgano Jurisdiccional se encuentre en posibilidad de emplazar a la parte tercero interesada **, se requiere nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, proporcione el domicilio correcto, cierto y actual en donde pueda ser emplazada la parte tercero interesada, en el entendido que de no cumplir con lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional dará inicio a la localización o búsqueda oficiosa de dicho domicilio, y si a pesar de la investigación que se realice se desconociera su ubicación, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos a costa de la parte quejosa. Para dar tiempo lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y DOS MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUILIO DE DOS MIL QUINCE. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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