Sarai Vega Juarez

Expediente 465/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
465/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Sarai Vega Juarez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de quince de mayo de dos mil dieciocho, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA IV NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    MESA IV SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE QUINCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo formulada por Saraí Vega Juárez, contra actos de Moisés Malpica Córdova, en su carácter de Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el número 465/2018-IV-A. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo:. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama lo siguiente: La negativa del Jefe de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta Ciudad Victoria, Tamaulipas, de acordar y dar contestación a la solicitud de otorgamiento de pensión de viudez presentado en fecha veintiséis de abril del año en curso, a dicha Jefatura, ello en acatamiento a la condena que fuera impuesta a dicha autoridad, con motivo del laudo condenatorio emitido en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, en autos del expediente laboral ***. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, a consideración de la suscrita, en el presente caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario imperio, mismos que disponen lo siguiente:. De la interpretación de estos numerales se deduce que el juicio de garantías tiene como finalidad resolver las controversias que se susciten por leyes o actos emitidos por una autoridad, transgresores de la Constitución, con el propósito de defender a los gobernados por las violaciones a sus derechos fundamentales tutelados constitucionalmente a través de las garantías individuales. De ahí que, de una intelección de esos numerales, también se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando en éste no se reclamen actos de autoridad, misma que para efectos de este juicio es la que teniendo las características de órgano público que le confieren las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Asimismo, en la especie, resulta conveniente tener presente los requisitos que debe reunir el acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", a saber: 1) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2) Que la relación tenga nacimiento en la ley y que el ente tenga facultad administrativa; 3) Que con motivo de esa relación, el ente emita actos unilaterales por medio de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; 4) Que para emitir esos actos no se requiera acudir a los órganos judiciales ni requiera de la aceptación de la voluntad del afectado. Atento a lo anterior, es de advertir que no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de diversos criterios que ha integrado, sostiene que para efectos del amparo, no sólo es autoridad responsable aquélla que se encuentra constituida con ese carácter conforme a la ley, sino también la que dispone de la fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho, y que por lo mismo esté en la posibilidad formal o material de obrar como individuo que ejerza actos públicos, dictando resoluciones obligatorias para los gobernados, cuyo cumplimiento pueda ser exigible mediante el uso directo o indirecto de la fuerza pública, o bien, a través de otras autoridades. Ahora, para determinar si los actos que por esta vía constitucional se reclaman, es de los considerados por el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se debe precisar si la autoridad los realizó actuando con el imperio de la ley, para lo cual se atiende a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares, se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Así, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, entre sujetos colocados en diferentes planos. Por tanto, es autoridad para efectos del juicio de amparo, la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, aquella que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad y aquella que omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Conforme a lo expuesto, los juzgadores de amparo deben verificar si en el caso concreto los actos u omisiones reclamadas constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En ese sentido, se estima conveniente destacar que de lo manifestado, bajo protesta de decir verdad, por la propia quejosa en la demanda de amparo, se desprenden los siguientes antecedentes de los actos reclamados: a) Con fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, la aquí quejosa demando al Instituto Mexicano del Seguro Social, dando origen al expediente 45/2016, asimismo, siguiendo las etapas procesales el diecisiete de agosto de dos mil quince, se concedió a las partes el término para formular alegatos, hecho lo anterior se ordenó dictar el laudo correspondiente, en el cual se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social al otorgamiento de la pensión de viudez a la aquí quejosa y la pensión de orfandad a favor de su menor hijo. b) En fecha veintiséis de abril del año en curso la aquí quejosa en acatamiento al laudo emitido a su favor solicitó a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, le proporcionara la pensión de viudez a la que fuera condenada la citada dependencia, tal como se acredita con la documental que anexa a su escrito de demanda, sin que a la fecha se haya dado respuesta a dicha solicitud. De lo así expuesto, se pone en evidencia que la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, no puede considerarse como una autoridad para efectos del presente juicio de amparo, ello, toda vez que su participación en el juicio de origen, únicamente es con el fin de auxiliar a la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde se encuentra radicado el expediente 45/2016, de donde surge la actuación de la autoridad responsable; es decir como autoridad vinculada a cumplir con la condena decretada a cargo del Instituto Mexicano del Seguro social. Así las cosas, la omisión atribuida a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, de proporcionar la pensión de viudez a la aquí quejosa y la pensión de orfandad a favor de su menor hijo, no constituye un acto de autoridad por sí mismo, susceptible de ser combatido en el juicio de amparo, sino que, en todo caso, es susceptible de constituir un desacato a lo solicitado por la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde se encuentra radicado el expediente 45/2016, y de donde emana el acto reclamado, cuya enmienda no es a través del juicio constitucional, porque el hecho de que la autoridad aquí señalada como responsable no hubiese realizado el trámite correspondiente al otorgamiento de la pensión de viudez a la aquí quejosa y la pensión de orfandad a favor de su menor hijo, solamente implica que desatendió la solicitud que le fue realizada con motivo de la condena decretada en el juicio de origen. Por esa razón, la abstención u omisión reclamada a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, no constituye por sí misma un acto de autoridad, sino, en todo caso, se está en presencia de un desacato o desobediencia a un mandato del órgano jurisdiccional, lo cual, se itera, para ser enmendado, o más bien, para lograr su cumplimiento, es necesaria la intervención de la propia Junta que dictó el laudo en el cual condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, para que procediera a otorgar la pensión de viudez a la aquí quejosa y la pensión de orfandad a favor de su menor hijo. Todo lo anterior, revela que la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, es un simple auxiliar de la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde se encuentra radicado el expediente 45/2016, y de donde emana el acto reclamado, por lo cual su abstención no constituye propiamente un acto de autoridad susceptible de impugnación autónoma en el juicio constitucional. Así, se pone de manifiesto que la actuación que se imputa a la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal en Tamaulipas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Ciudad Victoria, no deriva de una relación de supra a subordinación con la quejosa, porque, como se dijo, no tiene ni actúa con el poder de imperio de manera unilateral y coercitiva, en razón de que, en la especie, se encuentra subordinada a las determinaciones que al respecto tome la Junta de Conciliación y Arbitraje en donde se encuentra radicado el expediente 45/2016, y de donde emana el acto reclamado. Así las cosas, ante la notoria e indudable improcedencia del presente juicio de amparo, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda formulada por Saraí Vega Juárez. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado; lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, se tiene como autorizados de la parte quejosa, en los términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a Yolanda Gabriela Piñones Moreno, José Luis Larraga Piñones, Luz Irene del Ángel Delgado y Luis Enrique Altamirano Cruz, con cédula profesional debidamente registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y en términos de la parte final del último párrafo del precepto legal antes citado, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Luis Ramón Larraga García, por no encontrarse registrada su cédula en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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