Sarai Perez Vazquez
Expediente 400/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 17 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 01/06/2022
Partes del expediente
- Sarai Perez Vazquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de junio de dos mil veintidós. Causa ejecutoria sentencia definitiva. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia de nueve de mayo de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con la sentencia que determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes de juicio de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y la definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno original es susceptible de depuración, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberán conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento y del presente proveído. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruible una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia que determinó sobreseer el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, las copias certificadas del juicio de alimentos 1712/2021 de su índice, que remitieron al presente juicio de amparo en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Ahora bien, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a la parte quejosa, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que acompañó a su escrito inicial de demanda, apercibida que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán glosados al expediente en que se actúa y en su momento podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Se hace de su conocimiento que, en atención al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura, publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en donde en su artículo 2° se determinó que, si bien subsistía la situación de emergencia sanitaria, se levanta la suspensión de plazos y términos en cuestión a partir del tres de agosto de dicha anualidad, deberá atender a los lineamientos referidos en el acuerdo de mérito para poder acudir a las instalaciones del juzgado federal por los documentos referidos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y vía electrónica al representante especial del menor.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, nueve de mayo de dos mil veintidós. Autoridad responsable informa gestiones de cumplimiento. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del Juez de lo Civil de Zacatlán, Puebla, por el cual transcribe el proveído del tres de mayo pasado, dictado en el expediente 299/2019 de su índice, e informa las gestiones de cumplimiento a la sentencia de amparo. Ahora bien, del oficio de cuenta se advierte que el Juez responsable informa lo siguiente: Que ya fue realizada la visita domiciliaria por el Sistema DIF Municipal de Puebla, Puebla, en el domicilio de la parte quejosa; asimismo, manifiesta adjuntar las constancias que robustecen su dicho, sin que se advierta que las haya remitido. Requerimiento. En consecuencia, se requiere al Juez responsable a fin de que en el término de tres días hábiles siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído: Remita copia certificada del acta de visita domiciliaria verificada por el Sistema Municipal DIF, Puebla, Puebla. Apercibido que de ser omiso al presente requerimiento, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Notifíquese.
- Incidental
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintidós. San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Se ordena remitir recurso de inconformidad. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido a las partes mediante acuerdo de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, que contempla el artículo 202 de la Ley de Amparo. En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, y como se encuentra ordenado en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio, a fin de que determine si efectivamente se actualiza imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo protector. Notifíquese.
- Principal
En dieciocho de abril de dos mil veintidós, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito el estado procesal de autos; asimismo, CERTIFICA: que feneció para las partes el plazo de tres días otorgado mediante acuerdo de uno de abril del año en curso, a fin de realizar manifestaciones respecto al dictamen pericial rendido por el perito oficial en valuación, en virtud que la misma fue notificada de la siguiente manera: ParteNotificaciónSurte efectosInicia y concluye términoDías inhábilesQuejosa4 de abril de 2022 4 de abril de 20221 5 a 7 de abril de 2022 Autoridades responsables 6 de abril de 2022 6 de abril de 2022 7 a 11 de abril de 2022 9 y 10 de abril de 2022 Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Diana Cortes González Secretaria de juzgado En la misma fecha, la Secretaria da cuenta a la Jueza de Distrito con la certificación que antecede, con el estado procesal que guardan los presentes autos y con los oficios registrados con los folios 7512 y 7514. ConsteSan Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Desahoga vista peritaje. Agréguense a los autos los oficios del Síndico y Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentable, ambos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla, mediante los cuales desahogan la vista otorgada en auto de uno de abril de dos mil veintidós. Al respecto, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable desahogando la vista otorgada. Finalmente, téngasele realizando las manifestaciones que de sus oficios se desprenden, las cuales podrán ser tomadas en el momento procesal oportuno. Audiencia incidental. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que mediante proveído de uno de abril de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el peritaje en valuación rendido por el perito oficial y que la parte quejosa, Síndico y Secretario de Desarrollo Urbano y Sustentable, ambos del Municipio de San Andrés Cholula, Puebla desahogaron la vista otorgada en dicho proveído. Por lo tanto se declara precluido el derecho de las demás partes a realizar manifestaciones respecto del mencionado dictamen pericial. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." En ese sentido, se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS para la celebración de la audiencia incidental. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa.
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