Saraí Iriana Alejandro Domínguez
Expediente 990/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 990/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Saraí Iriana Alejandro Domínguez
- Tribunal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Tabasco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Mesa 8. Con fundamento en el artículo 27 Inciso C) de la Ley de Amparo, notifico el acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veinte, a la parte quejosa, en virtud de no haberse presentado dentro de los dos días hábiles siguientes, tal y como le fue indicado en el aviso, acuerdo que en lo conducente dice:---------------------------------------------------------------- VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; de la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de seis de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 85 a 100), en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, para los efectos siguientes: "Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 411/2012 de su índice, lo que se traduce en pagar a la quejosa la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos 01/100 moneda nacional. Para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco". El once de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito (fojas 107 y 108); en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. No obstante, por acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridades vinculadas al Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, así como a sus integrantes del Cabildo, para efecto de que dentro del término de tres días, remitieran copia certificada de los actos encaminados a lograr el pago de la aquí quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, la suma de la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos 01/100 M.N.). Inconforme con dicha determinación, por acuerdo de treinta de octubre del mismo año (foja 171), se tuvo a Elías Martínez Cornelio, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, interponiendo recurso de queja. Por tanto, mediante oficio 8916 el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió oficio con transcripción del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del recurso de queja 296/2019 de su índice, del que se desprende que desechó por notoriamente improcedente dicho medio de impugnación. Consecuentemente, se requirió a la autoridad vinculada, cómo órgano colegiado, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, el apoderado legal de la entidad pública demandada, remitió copia certificada del acta concerniente a la vigésima primera sesión extraordinaria de cabildo número treinta y cuatro, de la que se advierte que destinó la cantidad de $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el pago de laudos. No obstante, por oficio TCYA/AMP/2549/2020, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, envió copia certificada de la diligencia de ratificación de convenio de cinco de marzo del año actual, misma que se llevó a cabo en la controversia laboral 411/2012 de su índice, y que consistió en el pago total de la cantidad de $320,273.29 (trescientos veinte mil doscientos setenta y tres pesos 29/100 M.N.), menos la deducción de impuestos retenidos por la cantidad de $53,528.48 (cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 48/100 M.N.), haciendo como total la cantidad de $266,744.81 (doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), ordenando así el archivo definitivo del precitado juicio laboral. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por conducto de su Magistrado Presidente, el cinco de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo en la controversia laboral de origen, mismo que consistió en el pago total de la cantidad de $320,273.29 (trescientos veinte mil doscientos setenta y tres pesos 29/100 M.N.), menos la deducción de impuestos retenidos por la cantidad de $53,528.48 (cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 48/100 M.N.), haciendo como total la cantidad de $266,744.81 (doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), ordenando así el archivo definitivo del precitado juicio obrero patronal; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, con fundamento en los artículos 131 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se hace un llamado de atención a la licenciada Estela Angélica Mena Rosado, Secretaria de Acuerdos adscrita a este juzgado Federal, a fin de que en lo conducente, sea más cuidadosa en el ejercicio de sus funciones, dado que tal proceder afecta la pronta impartición de justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, aunado a que deben tener en cuenta las causas de responsabilidad de incumplir con las obligaciones inherentes a su función y lo que manda el servicio público asignado. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA 8 VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista; de la certificación de cuenta se tiene que las partes no desahogaron la vista ordenada en auto de seis de agosto de la presente anualidad, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, el suscrito resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (fojas 85 a 100), en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, para los efectos siguientes: "Realizar con la mayor celeridad posible, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trámites conducentes y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para procurar la pronta, expedita y completa ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 411/2012 de su índice, lo que se traduce en pagar a la quejosa la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos 01/100 moneda nacional. Para lo cual deberá adoptar las medidas necesarias y eficaces en la forma y términos que a su juicio sean procedentes para conseguir su cumplimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco". El once de septiembre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia de mérito (fojas 107 y 108); en consecuencia, se requirió a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de cinco días. No obstante, por acuerdo de once de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo como autoridades vinculadas al Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, así como a sus integrantes del Cabildo, para efecto de que dentro del término de tres días, remitieran copia certificada de los actos encaminados a lograr el pago de la aquí quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, la suma de la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos 01/100 M.N.). Inconforme con dicha determinación, por acuerdo de treinta de octubre del mismo año (foja 171), se tuvo a Elías Martínez Cornelio, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, interponiendo recurso de queja. Por tanto, mediante oficio 8916 el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitió oficio con transcripción del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en los autos del recurso de queja 296/2019 de su índice, del que se desprende que desechó por notoriamente improcedente dicho medio de impugnación. Consecuentemente, se requirió a la autoridad vinculada, cómo órgano colegiado, para que diera cumplimiento al fallo protector en el plazo de tres días. El treinta y uno de enero de dos mil veinte, el apoderado legal de la entidad pública demandada, remitió copia certificada del acta concerniente a la vigésima primera sesión extraordinaria de cabildo número treinta y cuatro, de la que se advierte que destinó la cantidad de $60,000,000.00 (sesenta millones de pesos 00/100 M.N.), para el pago de laudos. No obstante, por oficio TCYA/AMP/2549/2020, el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, envió copia certificada de la diligencia de ratificación de convenio de cinco de marzo del año actual, misma que se llevó a cabo en la controversia laboral 411/2012 de su índice, y que consistió en el pago total de la cantidad de $320,273.29 (trescientos veinte mil doscientos setenta y tres pesos 29/100 M.N.), menos la deducción de impuestos retenidos por la cantidad de $53,528.48 (cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 48/100 M.N.), haciendo como total la cantidad de $266,744.81 (doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), ordenando así el archivo definitivo del precitado juicio laboral. Por tanto, se dio vista y corrió traslado a las partes, con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que manifestaran lo que sus intereses conviniere, sin que hayan hecho lo propio. En las relatadas condiciones, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, por conducto de su Magistrado Presidente, el cinco de marzo de dos mil veinte, se llevó a cabo en la controversia laboral de origen, mismo que consistió en el pago total de la cantidad de $320,273.29 (trescientos veinte mil doscientos setenta y tres pesos 29/100 M.N.), menos la deducción de impuestos retenidos por la cantidad de $53,528.48 (cincuenta y tres mil quinientos veintiocho pesos 48/100 M.N.), haciendo como total la cantidad de $266,744.81 (doscientos sesenta y seis mil setecientos cuarenta y cuatro pesos 81/100 M.N.), ordenando así el archivo definitivo del precitado juicio obrero patronal; lo cual, constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Por lo que, al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Finalmente, con fundamento en los artículos 131 y 135 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, se hace un llamado de atención a la licenciada Estela Angélica Mena Rosado, Secretaria de Acuerdos adscrita a este juzgado Federal, a fin de que en lo conducente, sea más cuidadosa en el ejercicio de sus funciones, dado que tal proceder afecta la pronta impartición de justicia tutelada en el artículo 17 constitucional, aunado a que deben tener en cuenta las causas de responsabilidad de incumplir con las obligaciones inherentes a su función y lo que manda el servicio público asignado. Notifíquese personalmente.
- Principal
mesa 8.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual -en vía de notificación- transcribe el proveído de veinticinco de noviembre del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja 296/2019 de su índice, del que se desprende que desechó por notoriamente improcedente el recurso de queja interpuesto por el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, por conducto de su apoderado legal Elías Martínez Cornelio, en contra del acuerdo dictado por este órgano de control constitucional el once de octubre del año que transcurre, de lo que este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad vinculada Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, integrado por: Antonio Alejandro Almeida, Presidente Municipal y Primer Regidor del Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco. Fani Santos García, Segundo Regidor y Síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Santiago Pérez Uscanga, Tercer Regidor y Segundo Síndico de Hacienda del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Hilda Ileana Izquierdo Ruiz, Cuarto Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Hernán Guillermo de la Cruz Ortiz, Quinto Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Cecileyvis Pérez Portela, Sexto Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Raúl Enrique Palma Falconi, Séptimo Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Marivel Rodríguez Pérez, Octavo Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Jesús Trinidad Pérez, Noveno Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. María Eugenia Hernández Magaña, Décimo Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. José Enrique Morales Gil, Décimo Primer Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. María Dolores Martínez Córdova, Décimo Segundo Regidor del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Edilberto Díaz Almeida, Secretario del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Miguel Ángel González Jiménez, Director de Programación del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Guillermo de los Santos Vallejos Tun, Director de Finanzas del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Jesús Alberto Collado Ruiz, Director de Administración del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Jorge Luis Collado Ramírez, Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles contados a partir del siguiente al que quede notificada del presente proveído, de cumplimiento total a la sentencia dictada en el presente juicio remitan copia certificada de los actos encaminados a lograr el pago de la aquí quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, la suma por la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos un centavo moneda nacional); que se traduce en los efectos de amparo respecto a "los efectos relacionados con su ejecución", en virtud que resulta necesario para que este órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá a cada uno una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a CIEN valores diarios de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el artículo 26, apartado B, último párrafo de la Constitución Federal, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Por lo cual deberá atenderse a las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.". "Artículo 193 . Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo .." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta Ley será de cien a mil días." Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial 2a./J. 9/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Tomo I, febrero de 2016, página 832, cuyo rubro y texto son: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD. Acorde al nuevo sistema en materia de cumplimiento de sentencias de amparo, establecido por el legislador en la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, dicho cumplimiento debe ser total, sin excesos o defectos; por tanto, tratándose del pronunciamiento de sentencias o laudos, éstos deben contener la declaración de la autoridad en relación con la solución integral del conflicto conforme a los principios de congruencia y de exhaustividad, que obligan a dirimir todas las cuestiones litigiosas, entre las que se encuentran tanto las que son materia de ejecución de la sentencia de amparo, como las que quedaron definidas o intocadas por la propia ejecutoria; de ahí que la autoridad debe reiterarlas en la sentencia o laudo que cumplimente." De igual forma se apercibe al Titular de la autoridad responsable que en caso de persistir con el desacato a la determinación judicial dictada en el presente expediente en el plazo de tres días decretado con anterioridad, serán denunciados ante el Ministerio Público de la Federación por el delito establecido en el artículo 267, fracción I de la ley de la materia, el cual se transcribe a continuación: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; [...] Lo anterior con independencia de que se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, en turno, del Décimo Circuito, para los efectos previstos en la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pudiendo concluir con su inmediata separación.
- Principal
MESA 8. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista; la certificación secretarial de cuenta, se advierte que mediante oficios 35133/2019, 35134/2019, 35135/2019, 35136/2019, 35137/2019, 35138/2019, 35139/2019, 35140/2019, 35141/2019, 35142/2019, 35143/2019, 35144/2019, 35145/2019, 35146/2019, 35147/2019, 35148/2019 y 35149/2019, todos de once de octubre de la presente anualidad, se requirió al Ayuntamiento Constitucional de Paraíso, Tabasco, como órgano colegiado, para que dentro del término de tres días remitiera copia certificada de los actos encaminados a lograr el pago de la aquí quejosa Saraí Iriana Alejandro Domínguez, la cantidad de $450,391.01 (cuatrocientos cincuenta mil trescientos noventa y un pesos 01/100 moneda nacional), mismos que recibió el vientres de octubre de la presente anualidad, tal y como se advierte del rastreo realizado a la estafeta con número de código 0429698170, correspondiente a los citados oficios, en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual transcribe el proveído de quince de los corrientes, en el que se ordenó registrar el recurso de queja interpuesto por la parte tercera interesada Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Paraíso, Tabasco, a través de su apoderado legal Elías Martínez Cornelio, bajo el número de queja 296/2019 de su índice. Ahora bien, en cuanto a la constancia que requiere el órgano colegiado y como lo solicita, remítase copia certificada de la búsqueda efectuada en la página electrónica https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo a la estafeta con número de código 0429698170, que ampara los oficios citados en párrafos que anteceden, lo anterior, para que se encuentre en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda.
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