Saraí Hernández Flores

Expediente 793/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
793/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Saraí Hernández Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado suscrito por el presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por ministerio de ley, con residencia en esta ciudad, mediante el cual comunica que por acuerdo emitido el cuatro de febrero de la presente anualidad, se ordenó el archivo del expediente administrativo laboral 007296/E06/2020, al haberse desistido la parte actora aquí quejosa Saraí Hernández Flores, de la acción principal y accesorias, dejando sin efectos la excusa planteada en dicho juicio laboral de origen; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. En otro contexto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, el sobreseimiento del juicio de garantías se debe decretar cuando sobrevenga una causa de improcedencia, lo cual se puede dar en cualquier momento del juicio; pues bien, en el presente caso, este Juzgado de Distrito estima que referente a los actos reclamados por la quejosa Saraí Hernández Flores, sobreviene la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en la inteligencia que tal numeral, en lo conducente, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir la fracción I, del artículo 77, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y (.)" La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el acto reclamado por la impetrante Saraí Hernández Flores, consiste en la omisión por parte de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de impulsar el procedimiento y convocar a las partes a la audiencia de conciliación, demanda, excepciones, pruebas y resolución; y, por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en la omisión de resolver la excusa planteada por la primera. Sin embargo, del oficio de cuenta y de la constancia que en copia certificada se anexó al mismo, relativa al expediente 00729/E06/2020, se desprende que el cuatro de febrero de dos mil veintiuno, se emitió un auto en el cual se ordenó el archivo del cuaderno de trato, al haberse desistido la parte actora aquí quejosa Saraí Hernández Flores, de la acción principal y accesorias, dejando sin efectos la excusa planteada en dicho juicio laboral de origen. Constancias a las que, por ser expedidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se les atribuye el valor de prueba plena, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2°, de la Ley de Amparo. Asimismo, no pasa por desapercibido que la autoridad que la parte quejosa denominó como Actuario adscrito a la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, omitió rendir informe justificado no obstante de haber sido debidamente notificado para ello desde el uno de agosto de dos mil veintidós, según el acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 9). Sin embargo, cabe precisar que de las constancias de autos se desprende que al momento en que se presentó la demanda de derechos humanos, que lo fue el veintidós de julio de dos mil veintidós, la Junta a la que se encuentra adscrito al Actuario responsable, aún no admitía la demanda laboral que le fue presentada por la aquí quejosa, ello en virtud de que se había planteado excusa para conocer de la misma; por tanto, a la fecha en que se presentó el escrito que dio origen a este asunto no existía emplazamiento que realizar. En mérito de lo anterior, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables, al haber sobrevenido la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. No constituye obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causal de improcedencia de que se habla es notoria, y a nada práctico conduciría esperar hasta el desahogo de la audiencia para tal determinación, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido, lo cual es acorde con la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que la administración de justicia tiene que ser pronta y expedita. Tiene aplicación al respecto, la tesis de jurisprudencia, 2a./J. 10/2003, emitida por la Segundad Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, tomo XVII, del mes de marzo de 2003, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Finalmente, en virtud de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra programada para las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  2. Principal

    VIDe conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a al parte quejosa, la resolución de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.

  3. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado actual que guardan los autos del presente asunto, se desprende que las autoridades responsables Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y actuario adscrito a la misma, no han enviado las constancias que les fueron solicitadas mediante oficios 20862/2022 y 20863/2022, que contienen el proveído de veinticuatro de agosto del año en curso; en consecuencia, dado que las mismas resultan necesarias a efecto de que este Tribunal pueda emitir un fallo estrictamente apegado a derecho, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase por última ocasión a las autoridades de referencia, para que en el improrrogable término de tres días, remitan copias certificadas de las constancias que acrediten el acto reclamado en esta contienda constitucional. Con el apercibimiento que de no hacerlo en el indicado plazo o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, equivalente a la cantidad de $4,811.00 (cuatro mil ochocientos once pesos 00/100) moneda nacional. Por tener consideraciones inherentes al caso, se cita la tesis jurisprudencial V.1º. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la página 712, tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "PRUEBAS. LA OMISION DEL JUEZ DE AMPARO DE RECABARLAS OFICIOSAMENTE, OCASIONA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. El Juez de amparo en cumplimiento al último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, está obligado a requerir a la autoridad responsable para que remita las pruebas o constancias que sean necesarias a efecto de practicar el análisis adecuado del acto reclamado, de tal manera que la infracción a dicho precepto ocasiona la reposición del procedimiento del juicio de garantías, conforme a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 91 de la Ley de Amparo." Por lo anteriormente expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta para su desahogo las diez horas con cuarenta minutos del diecinueve de octubre de dos mil veintidós, debiendo comunicar lo anterior a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

  4. Principal

    Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el informe justificado rendido por el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria; en tal razón, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Por otra parte, en relación con la documental que se recibe con el informe de cuenta, téngase a la autoridad de mérito cumpliendo con la exigencia que establece el párrafo quinto del numeral 117 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Gilberto Anaya Camargo, secretario que actúa y da fe.

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