Sarai Delgado Cosme
Expediente 1075/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1075/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Sarai Delgado Cosme
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes haya recurrido la resolución dictada en estos autos, en la que en su único punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que la sentencia dictada por este Juzgado Federal, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. I. Requerimiento. Con fundamento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, dentro del término de cinco días, contados a partir del momento en que quede legalmente notificada de este auto, cumpla con la sentencia de amparo, la cual se concedió para los siguientes efectos. ".1. Inapliquen los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos. 2. Realicen el registro de nacimiento de la menor que se pretende registrar con el nombre de iniciales V.N.L.D., a favor de Sarai Delgado Cosme y Juan Manuel López Granados, quienes la pretenden reconocer como legítima hija." Debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Asimismo, se precisa que el plazo concedido a la autoridad responsable, se fija en términos del último párrafo del citado precepto legal. Se apercibe a la responsable que, en caso de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Lo anterior, en razón de que las sentencias de amparo son de orden público y su observancia es obligatoria, evitando realizar gestiones o actuaciones tendentes a evadir su cumplimiento, pues la ley faculta a este órgano jurisdiccional para proceder en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, en relación con los ordinales 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo, por lo que con exactitud, deberá cumplir el fallo protector, ya que en caso contrario, se hará efectiva la medida de apremio aludida y se le dará trámite al incidente de inejecución de sentencia. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro electrónico, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese a los autos, para que obre como corresponda, el escrito firmado la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de: El original del certificado de Nacimiento con folio 032294134. Las copias certificadas derivadas del expediente de divorcio incausado exhibidas en autos. Lo anterior por ser útil y de interés personal de los aquí quejosos. Al respecto, vista la tercera certificación de cuenta, se advierte que el nueve de noviembre del año en curso, en cumplimiento al proveído de seis de noviembre, dictado en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, le fue entregado a la quejosa el certificado de nacimiento que solicita le sea devuelto en el escrito de cuenta, por lo que no hay necesidad de realizar mayor pronunciamiento al respecto. Luego, por lo respecta a la devolución de las copias certificadas derivadas del expediente de divorcio incausado exhibidas en autos, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dígase a los promoventes que, una vez que cause ejecutoria la sentencia dictada en autos, podrán acudir a que les sea devuelta la documental solicitada, previa toma de razón que de su recibo se deje asentada, sin que haya lugar a dejar en su lugar las copias certificadas que indica, toda vez que dicha documental ya obra digitalizada en el expediente electrónico. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Carlos Roberto Sáenz Ramos, quien autoriza y da fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Agréguese el oficio enviado por la Delegada de la autoridad responsable Oficial del Registro Civil Uno de esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, por medio del cual refiere que se encuentra imposibilitada para dar cumplimiento a la suspensión definitiva dictada en la presente pieza incidental, en razón de que la parte quejosa no reúne los requisitos que establecen el artículo 438 del Código Familiar para el Estado de Morelos, solicita se le expida copia de la suspensión definitiva, así como se ordene la devolución del certificado de nacimiento que obra en los autos del juicio principal de donde deriva esta pieza incidental. Con lo anterior, dése vista a la parte quejosa para los efectos legales correspondientes. Ahora, como lo solicita la autoridad oficiante no obstante que la copia de la suspensión definitiva le fue enviada mediante oficio 20961/2023 de veinticuatro de agosto del año en curso, remítase de nueva cuenta la misma, con evidencia criptográfica, a efecto de que dicha autoridad se encuentre en aptitud de registrar a la persona menor de edad quejosa. Por otro lado, atendiendo a que el certificado de nacimiento que les es requerido por la autoridad responsable a los aquí quejosos para el registro provisional de la menor, obra en autos del juicio principal en sobre cerrado de sigilo, con fundamento en los artículos 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, previo cotejo y certificación que se realice del mismo, hágase la devolución a los directos quejosos. Por tanto, queda a disposición de los quejosos el expediente en esta secretaría para el trámite correspondiente y, requiéraseles para que dentro del término de tres días comparezcan ante este Juzgado a recoger dicho certificado, a efecto de que una vez que cuenten con la documental que les es requerida, comparezcan dentro de los cinco días posteriores a la entrega de dicha copia certificada, ante la autoridad responsable, a presentar los requisitos que les son solicitados para el registro provisional de la niña quejosa y expedir el acta correspondiente, ello en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en este juicio, lo cual deberán informar a este juzgado. Se apercibe a los quejosos que de no cumplir con lo ordenado en el párrafo anterior, dentro del plazo que se les concede o manifestar el impedimento que al respecto tengan, se les impondrá a cada uno de los quejosos una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a los quejosos. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.
- Principal
Juicio de amparo: 1075/20231075/2023 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Erika de la Cruz Uribe, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1075/2023, promovido por********************y********************por propio derecho y en representación de la menor que pretenden registrar con el nombre de iniciales ********************, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial y aclaratorio de la demanda, auto de prevención y admisión de la demanda e informes justificados, sin que sea necesario hacer relación expresa de cada una de ellas. De igual forma la secretaria certifica: Que entre la notificación del auto de dieciséis de octubre de dos mil veintitrés -mediante el cual se dio vista a la parte quejosa con la aclaración del informe rendido por la autoridad responsable Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos- y la de celebración de la presente audiencia, no median los plazos establecidos en el artículo 117, párrafos segundo y último, de la Ley de Amparo, ni la parte quejosa o el tercero interesado solicitaron el diferimiento de la audiencia. Doy fe. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, atenta a la certificación realizada, resulta innecesario diferir la audiencia constitucional, a pesar de que se encuentran transcurriendo los plazos que señala el artículo 117, párrafos segundo y último, de la Ley de Amparo, toda vez que de la aclaración del informe rendido por la autoridad responsable Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, se advierte que precisamente señala como los motivos de la negativa verbal del registro de nacimiento de la menor aquí quejosa, los referidos por los impetrantes de amparo en el escrito inicial de demanda; de ahí que se considere que ya tienen conocimiento pleno de los motivos de dicha negativa y los impugnaron en la demanda de amparo, pues precisamente es en éstos que consiste su reclamo en este juicio. Asimismo, esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente, en perjuicio de los derechos de la menor quejosa que no cuenta con registro de nacimiento, lo cual vulnera su derecho a la identidad -entre otros-, por lo que en atención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, se celebra la presente audiencia constitucional, para otorgar una determinación pronta y expedita a las partes, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia, por lo que con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales exhibidas por la parte quejosa, así como las que remitió la autoridad responsable Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, mismas que en su caso, serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el presente período. Luego, se declara abierto el período de alegatos, en el que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogados los formulados por la parte quejosa y el tercero interesado, los cuales podrán ser tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, se hace constar que la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, no formuló pedimento alguno, por lo que se cierra este periodo. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponde. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1075/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación y datos de la demanda. Por escrito depositado el dos de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos,********************y********************por propio derecho y en representación de la menor que pretenden registrar con el nombre de iniciales ********************, solicitaron el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por el acto reclamado siguiente: "ACTO RECLAMADO: La autoridad referida en el inciso A, se le reclama la NEGATIVA de registrar a nuestra hija "menor", con el nombre de ********************, esto es, el apellido paterno del padre primero y apellido materno de la madre después." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 4, 8, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Prevención y admisión de la demanda, trámite del juicio. Por auto de cuatro de agosto de dos mil veintitrés, este juzgado requirió a los quejosos para que manifestaran si deseaban señalar como autoridad responsable al Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, pues de la relatoría de los antecedentes de la demanda, se advertía que acudieron a registrar a la menor ante la citada autoridad, la cual negó verbalmente dicho registro, sin que la hubieran señalado como responsable, sino que únicamente indicaron con ese carácter al Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, aun cuando la diversa tuvo participación en el acto reclamado; lo anterior, con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido, este órgano jurisdiccional tomaría las medidas suficientes para garantizar los derechos de la menor quejosa. Además, en el citado proveído hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sin que hayan realizado manifestación al respecto. Mediante escrito recibido el nueve de agosto de dos mil veintitrés, los quejosos precisaron que también señalaban con el carácter de autoridad responsable al Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, por lo que en auto de diez de agosto siguiente, este juzgado admitió la demanda de amparo y pidió a las autoridades responsables su informe justificado. En proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado tuvo con el carácter de tercero interesado a Uzziel Jair Sauza Hernández, ex cónyuge de la progenitora quejosa, a la cual requirió para que proporcionara el domicilio en el que podía ser emplazado; sin embargo, el dos de octubre de dos mil veintitrés, dicho tercero interesado compareció a notificarse del presente juicio y mediante escrito de esa misma data se apersonó a éste y formuló alegatos, en los que manifestó su conformidad y allanamiento a la demanda de amparo, expresando que no tenía inconveniente alguno para que la quejosa lleve a cabo el registro de su menor hija. El treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además por tratarse de una omisión atribuida a autoridades administrativas, con residencia en la circunscripción territorial en la que ejerce jurisdicción este juzgado, que previno en el conocimiento del asunto. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en lo siguiente: Autoridades responsables [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos. [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado La negativa verbal de registro de nacimiento de la menor que se pretende registrar con el nombre de iniciales ********************, como hija de********************y********************con fundamento en los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, con motivo de que se encontró registro de matrimonio de********************-progenitora de la menor quejosa-, con Uzziel Jair Sauza Hernández, por lo que al haber nacido la menor durante la vigencia de éste, se presumía nacida dentro de dicho matrimonio. Con la precisión de que si bien al momento de que la autoridad responsable [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, rindió la aclaración a su informe justificado, refirió sustentar la negativa de registro de la menor quejosa únicamente en los artículos 182, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, de los motivos expuestos por la citada autoridad para tal negativa, se advierte que ésta tiene sustento también en lo dispuesto en los artículos 183 y 187 del citado ordenamiento legal, por los motivos que se explicarán en la presente sentencia, de ahí que se tenga como acto reclamado destacado el que ha quedado fijado en el recuadro que antecede. III. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado al [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, pues con independencia de lo manifestado en sus respectivos informes justificados, de la legislación que los rige se desprende que cuentan con facultades para efectuar el registro de nacimiento de la menor quejosa, el cual fue negado, por los motivos que señaló la autoridad citada en segundo lugar. Se afirma lo anterior, pues de lo dispuesto en los artículos 419, 420 y 421 del Código Familiar para el Estado de Morelos y numerales 3, 11, 16, 17 y 18 del Reglamento del Registro Civil del Estado de Morelos, se desprende que las citadas autoridades cuentan con facultades para realizar el registro de nacimiento de la menor aquí quejosa. Además, la autoridad citada en segundo lugar, en la aclaración a su informe justificado, señaló que efectivamente negó en forma verbal el registro de nacimiento de la menor, por haber localizado el registro de un matrimonio previo, por lo que se presumía el nacimiento de la infante dentro de dicho matrimonio; aseveraciones que se consideran suficientes para acreditar la existencia de la omisión reclamada, en términos de lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, no se actualiza la causa de sobreseimiento que hicieron valer las autoridades responsables, prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, pues como se explicó sí se acreditó su existencia. IV. Procedencia del juicio de amparo. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente caso, la autoridad responsable [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos, señaló que el juicio de amparo es improcedente y si bien precisó las fracciones XII y XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, concreta la improcedencia aludida en la primera fracción referida, ya que sostiene que la parte quejosa carece de interés jurídico para instar el juicio de amparo, causa de improcedencia que también fue señalada por la diversa autoridad responsable [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, no se actualiza tal planteamiento, ya que además de que las autoridades responsables no precisan en donde radica la falta de interés jurídico de la parte quejosa, ésta demostró ser la destinataria afectada con la negativa de registro de la menor de edad que se pretende inscribir con el nombre de iniciales ********************, de ahí que le cause un perjuicio directo dicha negativa. Luego, es que resulta procedente el presente juicio de amparo, sin que se inadvierta que en contra de la negativa reclamada no se agotó medio ordinario de defensa alguno, como lo hizo valer la autoridad responsable [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, al precisar que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior, porque no obstante ello, opera una excepción al principio de definitividad, en tanto que la parte quejosa únicamente reclama violaciones directas a la constitución -sin impugnar cuestiones de legalidad-, ya que se duele de la transgresión a los derechos fundamentales a la identidad de la menor de edad, contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales y diversas disposiciones internacionales. Asimismo, no se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al ordinal 1 y 5, fracción II, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que hace valer el [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, en lo relativo a que no le asiste el carácter de autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que el precepto legal citado en último lugar señala que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; y, en el caso, contrario a lo afirmado, la autoridad aquí señalada sí tiene intervención en el acto reclamado en su carácter de responsable. Ello, porque como ya se mencionó, conforme a lo previsto en el Código Familiar y el Reglamento del Registro Civil, ambos del Estado de Morelos, las autoridades aquí señaladas como responsables cuentan con facultades para realizar el registro de nacimiento de la menor aquí quejosa, por tanto, al reclamarse violaciones directas a la constitución, por virtud de las funciones que realizan, sí les asiste el carácter de autoridades responsables. En esos términos, al no haber hecho valer las partes más causas de improcedencia y no advertirse de oficio su actualización, procede realizar el estudio del fondo del asunto. V. Estudio de fondo. Son esencialmente fundados los conceptos de violación que sostiene la parte quejosa, suplidos en su deficiencia conforme al artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual es suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. En efecto, en sus motivos de disenso, la parte amparista defiende en esencia que, la negativa reclamada vulnera el derecho a la identidad de la menor consagrado en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como diversos preceptos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales, así como el de la autonomía de la voluntad para decidir sobre asuntos familiares de ********************y********************consagrado en los artículos 4 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al impedir registrar a la infante, a pesar de que ambos quejosos mayores de edad así lo solicitaron. Asiste razón a los promoventes del juicio constitucional, en esencia, ya que si bien la negativa de acto reclamado se sustenta en el impedimento que informó el Oficial del Registro Civil responsable, que se precisó en el acto reclamado que es respecto a lo previsto en los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, dichos preceptos, conforme a la aplicación que se les está otorgando, contravienen el parámetro de regularidad de nuestro sistema jurídico, al transgredir los derechos a la identidad de los infantes, así como de voluntad procreacional o parental de los padres y a la no discriminación, contenidos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, así como los diversos 1 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 6 de la Convención de Belem do Pará; de modo tal que a la luz del control de convencionalidad ex officio, esas disposiciones no deben aplicarse en perjuicio de la parte quejosa y, por ende, al haberse negado el trámite solicitado, ello es violatorio de los derechos mencionados. Cabe precisar, que si bien la parte quejosa no impugnó de forma destacada los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, al no haber señalado como responsables a las autoridades encargadas de su expedición y promulgación, por tanto, el juicio de amparo únicamente se sigue en contra del [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, como las autoridades que negaron la solicitud de la parte amparista de registro de la menor que se pretende inscribir con el nombre de iniciales ********************, empero, no se están analizando los actos emitidos por el legislador que sustentaron esa determinación; y por ende, no cabe un control de constitucionalidad concentrado de tales preceptos. Sin embargo, ello no impide que este juzgado estudie el vicio de constitucionalidad aludido del acto reclamado, mediante un control de convencionalidad ex officio, a la luz del control de regularidad constitucional, previsto por los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual puede realizarse siempre y cuando se actualice su necesidad, lo cual ocurre en casos como este, pues se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos, en tanto que sustenta una diferencia que resulta discriminatoria, y la cual además, violenta los derechos a la identidad de la menor y a la voluntad procreacional o parental de sus padres; aunado a que existe causa de pedir respecto de este tipo de control. Sustenta lo anterior los criterios 1a. LXVII/2014 (10a.) y 2a./J. 69/2014 (10a.), emitidos por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respectivamente, de rubros: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO", "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. CONDICIONES PARA SU EJERCICIO OFICIOSO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES." Precisamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en el expediente Varios 912/2010 relativo al cumplimiento de la sentencia del Caso Radilla, que conforme a los artículos 1 y 133 de la Constitución Federal, los jueces están obligados a preferir la aplicación de los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales aun a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. En tal virtud, nuestro tribunal constitucional consideró que si bien los jueces no podían hacer una declaración general sobre invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideraran contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados, sí estaban obligados, de oficio, a dejar de aplicar estas normas inferiores dando preferencia a la aplicación de los derechos humanos de la Constitución y los Tratados Internacionales. Mientras que, en el caso, la quejosa solicitó al [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, el registro de la menor amparista, y las autoridades responsables referidas negaron dicha solicitud de manera verbal con base en los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, ya que consideraron, en esencia, que la literalidad de esas disposiciones, establecían que al haber nacido tal infante dentro de un matrimonio, no podía ser registrada por un padre distinto al contrayente varón, al presumirse como hija de este último. Con base en lo anterior, este juzgado considera que, en el caso, debe analizarse que la negativa reclamada se sustentó en los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos -tal como se precisó en la fijación del acto reclamado-, y que por imperativo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reformado el diez de junio de dos mil once, en relación con el diverso 133, todas las autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, deben garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este sentido, el Tribunal Pleno al resolver el expediente varios 912/2010 estructuró el modelo general de control de constitucionalidad y convencionalidad, órganos jurisdiccionales facultados y medios de control para llevarlos a cabo, y determinó que respecto de todas las demás autoridades del país en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. De esta manera, aunque las autoridades responsables tenían la obligación de interpretar la norma de la manera más favorable a la quejosa, no tenía la facultad de efectuar un control constitucional difuso para resolver sobre la petición de la parte quejosa, conforme a la tesis 2a. CIV/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007573, del contenido siguiente: "CONTROL CONSTITUCIONAL CONCENTRADO O DIFUSO. LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN FACULTADAS PARA REALIZARLO. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deben cumplir con una serie de obligaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, en términos de la tesis P. LXIX/2011 (9a.) (*), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las autoridades administrativas no están facultadas para realizar algún tipo de control constitucional, sea concentrado o difuso; es decir, no pueden declarar la invalidez de un determinado precepto e inaplicarlo, ni siquiera bajo el argumento de una reparación de derechos humanos, ya que ello implicaría desatender los requisitos de procedencia señalados por las leyes para interponer un medio de defensa, y que deben cumplirse de manera previa a un pronunciamiento de fondo del asunto. En todo caso, han de interpretar las disposiciones jurídicas en el sentido más favorable a las personas, pero sin que ello llegue a descuidar las facultades y funciones que deben desempeñar en atención a sus ámbitos competenciales. Aceptar lo contrario, generaría incertidumbre jurídica en franca contravención a otros derechos humanos como los de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica, previstos en los artículos 14 y 16 constitucionales." No obstante lo anterior, al tener este juzgado constitucional la facultad de ejercer un control de regularidad convencional difuso por virtud del cual se pueden inaplicar en su caso las normas que funden el acto si éstas son violatorias de un derecho humano contenido en un tratado internacional, es que se efectuará un análisis de los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, a la luz del aludido control, porque dichos preceptos fueron aplicados al caso y además, resultan sospechosos de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. Se afirma lo anterior, ya que tales disposiciones parecen potencialmente violatorias de derechos humanos, porque transgreden los derechos a la identidad de la menor de edad al impedir su registro, así como a la voluntad procreacional o parental de los padres, al imposibilitarles aceptar de forma voluntaria la filiación de la infante, además de resultar una disposición discriminatoria, ya que hace una distinción injustificada respecto de los hijos nacidos fuera y dentro del matrimonio, y a su vez sustenta un estereotipo del género, al presumir que todo hijo que tiene una mujer mientras permanece casada, es hijo de su cónyuge, lo que constituye una práctica discriminatoria. Siendo que, al realizar su estudio exhaustivo, resulta que efectivamente tales disposiciones transgreden esos derechos humanos contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales, así como los diversos 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 3 del Pacto Internacional sobre Derechos Políticos, 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, así como los diversos 1 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 6 de la Convención de Belem do Pará. En efecto, los artículos del Código Familiar del Estado de Morelos que prevén el obstáculo para el registro del nacimiento de la menor y en los que se apoyó el [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para negarlo, son los siguientes: "ARTÍCULO 182.- PRESUNCIÓN FILIAR EN EL MATRIMONIO. Se presumen hijos de los cónyuges: I.- Los hijos nacidos después de ciento ochenta días contados desde la celebración del matrimonio; y II.- Los hijos nacidos dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, ya provenga ésta de su nulidad, de muerte del marido o de divorcio. Este plazo se contará en los casos de divorcio o nulidad, desde que de hecho quedaron separados los cónyuges por orden judicial. ARTÍCULO 183.- DESCONOCIMIENTO DE LOS HIJOS POR EL MARIDO. El marido no podrá desconocer a los hijos, a menos que demuestre judicialmente con prueba pericial genética que no es el padre. ARTÍCULO 187.- CONTRADICCIÓN DE LA PATERNIDAD POR EL MARIDO. En todos los casos en que el marido tenga derecho de contradecir que el nacido es hijo de su matrimonio, deberá deducir su pretensión dentro de sesenta días contados desde el nacimiento, sí está presente o desde el día en que se enteró del mismo, transcurrido ese plazo opera la caducidad de su derecho. Si el marido está bajo tutela por disminución o perturbación en su inteligencia, u otro motivo que le impida gobernarse por sí mismo, este derecho puede ser ejecutado por su tutor. Si éste no lo ejercitare, podrá hacerlo el marido después de haber salido de la tutela, pero siempre en el plazo antes designado, que se contará desde el día en que legalmente se declare haber cesado el impedimento. ARTÍCULO 193.- RECLAMACIÓN DE LA FILIACIÓN DEL MARIDO. No basta el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido. Mientras éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo concebido durante el matrimonio ARTÍCULO 206.- HIJO DE MUJER CASADA DESCONOCIDO POR EL MARIDO. El hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo, por otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por sentencia ejecutoria se haya declarado que no es hijo suyo." Como se aprecia, los anteriores numerales consignan una presunción legal en el sentido de que al haber sido procreado un menor durante la vigencia de un matrimonio, tal infante se considera hijo del cónyuge varón, lo que tiene como consecuencia que en el caso de que una persona lo pretenda reconocer voluntariamente o bien, incluso, que la madre lo hubiera procreado con persona distinta de quien legalmente es su esposo, sólo pueda reconocerlo como su hijo el hombre legítimamente reconocido con tal carácter, derivado de que sólo puede ser registrado por persona distinta, cuando el contrayente hubiere desconocido al menor como su hijo y exista sentencia ejecutoria que así lo declare. Esto es, como ocurre en el caso particular, tratándose de hijos que pretenden ser reconocidos por una mujer casada y un hombre distinto a quien legalmente es su cónyuge, pero dentro del plazo establecido en el artículo 182 del Código Familiar del Estado de Morelos de disuelto el vínculo matrimonial, no podrán ser registrados, dada la presunción legal de que se trata. Ahora bien, los artículos 1 y 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas." "Artículo 4°. [.] Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez." Por su parte, los numerales 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén: "Artículo 18. Derecho al Nombre Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. Artículo 19. Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. [.] Artículo 24. Igualdad ante la Ley Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley." El artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece: "Artículo 24 Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad." Mientras que los artículos 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño disponen: "Artículo 3. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." "Artículo 7. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida." "Artículo 8. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad." Los anteriores preceptos constitucionales y convencionales establecen como derechos fundamentales torales respecto al caso concreto los siguientes: a) La igualdad ante la ley y la no discriminación, cualquiera que sea el motivo, siempre que se atente contra la dignidad humana y ello implique el menoscabo o la anulación de derechos humanos. b) El derecho de los niños a la protección y cuidado que sean necesarias para garantizar su bienestar que por su propia condición de menores de edad requieren. c) El derecho de los niños a la protección y cuidado que sean necesarias para garantizar su bienestar que por su propia condición de menores de edad requieren. d) El derecho a tener un nombre y apellidos. e) El derecho a tener una identidad en relación con la pertenencia con su familia biológica. Como se advierte, los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, al condicionar el reconocimiento de un menor de edad nacido dentro de un matrimonio a que únicamente sean los dos cónyuges quienes legítimamente tengan el derecho a registrarlo, vulnera los derechos fundamentales reseñados en los incisos precedentes en perjuicio del menor de edad. Se estima así, puesto que dichos preceptos legales claramente constituyen disposiciones discriminatorias que tratan de forma desigual a los menores de edad atendiendo no a sus condiciones particulares como individuos, sino a aquél escenario y contexto familiar en que fueron procreados, lo que conlleva un menoscabo no justificable en sus derechos humanos, ya que condicionan su registro, nombre, apellidos, identidad e, incluso, lazos familiares o sentido de pertenencia con sus progenitores biológicos a que los niños hayan nacido o no dentro de la vigencia de un matrimonio, lo que se insiste, constituye un trato discriminatorio condicionado al contexto en que fueron procreados y se realizó su nacimiento, tal como ejemplifica la tesis 1ª. CCCXX/2014 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2007456, del contenido siguiente: "FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS. Esta Primera Sala ha reconocido la existencia de principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación y reconocimiento de paternidad. Entre estos principios se encuentran, de manera ejemplificativa y no limitativa, la no discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la verdad biológica, la incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas y, de manera preeminente, la protección del interés del hijo. Al respecto, debe tenerse presente que es un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible. Ahora bien, la calificación de estos valores como principios no es gratuita, ya que su protección y reconocimiento presupone que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta. En este sentido, los alcances que se le otorguen al derecho a la identidad biológica de una persona en un caso específico, máxime cuando se trata de un menor, tendrán que estar siempre dirigidos a atender su interés; no podrán desvincularse de las circunstancias particulares y podrán variar en la medida en la que varíen los principios en conflicto." Aspecto que, desde luego atenta contra su dignidad humana y anula sus derechos fundamentales, pues aquellos menores que hubieran nacido en condiciones similares, esto es, procreados por personas que no están unidos legalmente a través del vínculo matrimonial, específicamente, cuando la madre está casada con persona distinta del padre del menor, o que el nacimiento aconteció dentro de los trescientos días siguientes a la disolución del vínculo matrimonial, no podrían ser registrados de manera inmediata a su nacimiento por sus progenitores o la respectiva persona, puesto que en términos de los artículos del código sustantivo en la materia analizados, para que ello sea posible, se requiere que quien aún aparece como esposo de la madre del menor, desconozca al infante y esto se determine mediante sentencia ejecutoria. Por ello, las referidas disposiciones legales ordinarias empleadas por las autoridades responsables, resultan contrarias a los derechos humanos y a los preceptos constitucionales y convencionales ya referidos. Así, se trastocan los derechos fundamentales de la menor de edad en detrimento de su bienestar integral, en la medida de que de forma innecesaria se obliga a dicha menor y a sus padres biológicos a someterse a un proceso judicial en el que se declare que determinada persona no es su real o verdadero padre biológico, cuando ello resulta totalmente injustificado en el caso particular, habida cuenta de que a su registro comparecieron ambos progenitores, quienes la reconocieron como su hija. Lo anterior, además, porque como ha definido nuestro tribunal constitucional, la vía administrativa registral es la que ofrece estándares de privacidad, sencillez, expeditez para la adecuada protección de derechos mediante la emisión de un documento en ese sentido, a diferencia de la vía judicial que dota de una excesiva publicidad a la solicitud respectiva y provoca afectaciones indebidas e innecesarias al implicar mayores formalidades y demoras, por lo que aquella resulta la idónea para la protección del derecho a la identidad de la infante quejosa, tal como se visualiza en sus consideraciones, aplicables de manera analógica, en las tesis 1a. CCXXXIV/2018 (10a.) y 2a./J. 173/2019 (10a.), de las Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registros digitales 2018667 y 2021582, de rubros "IDENTIDAD DE GÉNERO AUTO-PERCIBIDA (REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA). EL PROCEDIMIENTO IDÓNEO PARA LA ADECUACIÓN DEL ACTA DE NACIMIENTO ES EL DE NATURALEZA FORMAL Y MATERIALMENTE ADMINISTRATIVA" y "REASIGNACIÓN SEXO-GENÉRICA. LA VÍA ADMINISTRATIVA REGISTRAL ES LA IDÓNEA PARA LA ADECUACIÓN O EXPEDICIÓN DE LAS ACTAS DE NACIMIENTO POR ESE MOTIVO (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE CHIHUAHUA Y GUANAJUATO)." Por ello es que, si bien es cierto lo preceptuado en las normas del Código Familiar para el Estado de Morelos y lo resuelto por el [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, busca salvaguardar el derecho de la menor a una identidad, al asegurar que cuente con un padre reconocido al haber nacido durante la vigencia de su vínculo matrimonial, empero, en el caso concreto, ello no está por encima del derecho de la menor de edad a que se le registre inmediatamente después de su nacimiento, y se le respete su derecho a la identidad y pertenencia a una familia -la cual no sólo depende de la cuestión biológica-, y se proteja su desarrollo y bienestar integral al garantizarle y reconocerle sus lazos familiares. De ahí que, la medida dispuesta en los artículos aplicados y lo resuelto por la autoridad responsable resulte discriminatorio y atenta contra el derecho humano de igualdad ante la ley, puesto que no persigue ningún fin constitucional ni convencionalmente válido, por el contrario vulnera los derechos fundamentales de la Carta Magna y los Tratados Internacionales ya invocados; ello, ya que, se insiste, condicionan el registro de una niña basado en el contexto en el que fue procreada y ocurrió su nacimiento, circunstancia que le impide de facto acceder a los derechos fundamentales de ser registrada inmediatamente después de su nacimiento, tener un nombre y una identidad. Siendo que, en el caso, atendiendo a la realidad social que se vive en la actualidad, la circunstancia de que un menor haya sido procreado por un hombre y mujer unidos legalmente en matrimonio, o que hubiera nacido de una relación que no está reconocida por ese vínculo, no puede ser un motivo jurídicamente válido para que se impida su registro y, por consecuencia, gozar de los derechos fundamentales que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales le reconocen, tomando en consideración también la preeminencia del interés superior del menor en todos los asuntos. Ello, derivado de que la sociedad está en constante cambio y transformación, tan es así que incluso el concepto de matrimonio, entendido como el vínculo legal que une a un hombre y a una mujer ha sido modificado conforme lo ha ameritado la realidad social que se vive en este momento, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1ª./J. 46/2015 y 1ª./J. 86/2015 (invocadas como ilustrativas y por su contenido jurídico en torno a la evolución de las instituciones de derecho familiar), de rubros: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO." y "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.", incluso ha establecido que el matrimonio también se debe reconocer con sus respectivas consecuencias legales entre personas del mismo sexo; de ahí que tales normas objeto de análisis y control en este asunto y que impiden el registro de un menor de edad procreado entre una mujer casada con una persona distinta de quien legalmente es su esposo, dentro del plazo de trescientos días siguientes a la disolución del matrimonio, hasta que éste lo desconozca como hijo y ello se determine mediante sentencia ejecutoria, han quedado superadas; y, por tanto, no pueden aplicarse en detrimento de los ya enunciados derechos fundamentales del menor de edad que se ven trastocados con la aplicación de esas disposiciones legales ordinarias, pues no tienen ningún sustento constitucional ni convencional. Además, debe tomarse en consideración que de acuerdo con el principio de interés superior del niño, se debe velar por su bienestar pleno, analizando, incluso a futuro, el grado de afectación a sus intereses; siendo que en el caso, evidentemente, la negativa a registrar a la infante trastoca su derecho fundamental a ser registrada, a tener un nombre y a la identidad, sentido de pertenencia familiar y, en consecuencia, a un desarrollo integral; es así, pues su registro y reconocimiento -con independencia de la identificación biológica de sus ascendientes-, constituyen el punto de partida para que el menor pueda conocer su nacionalidad, su filiación y su origen y también conlleva el acceso a que sus padres, e incluso, aquéllos que estén en un grado superior, pueden satisfacer en un momento dado sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, hasta el consecuente reconocimiento de sus derechos sucesorios y su identidad derivado de su concepción biológica y sentido de pertenencia familiar. Aunado a ello, es precisamente el conocimiento del origen lo que determina quién es el menor y cómo se percibe frente a los demás, por lo que es primordial que el Estado le respete su derecho fundamental a su registro para así también salvaguardar el derecho a su identidad y garantizar su salud física, mental y emocional, ya que tal aspecto está compuesto por factores no sólo biológicos, sino también psicológicos que determinan el desarrollo de la personalidad del menor. Es aplicable la tesis 1a. XXV/2012 sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, visible en la página 653, Libro V, febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro digital 2000213, que dice: "DERECHO HUMANO AL NOMBRE. SU SENTIDO Y ALCANCE A PARTIR DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y A LA LUZ DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Conforme a las obligaciones establecidas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 29 del mismo ordenamiento, se advierte que el sentido y alcance del derecho humano al nombre, a partir de su propio contenido y a la luz de los compromisos internacionales contraídos por el Estado Mexicano en la materia, son el conjunto de signos que constituyen un elemento básico e indispensable de la identidad de cada persona sin el cual no puede ser reconocida por la sociedad; este derecho está integrado por el nombre propio y los apellidos; lo rige el principio de autonomía de la voluntad, pues debe elegirse libremente por la persona misma, los padres o tutores, según sea el momento del registro; y, por tanto, no puede existir algún tipo de restricción ilegal o ilegítima al derecho ni interferencia en la decisión; sin embargo, puede ser objeto de reglamentación estatal, siempre que ésta no lo prive de su contenido esencial; incluye dos dimensiones, la primera, relativa a tener un nombre y, la segunda, concerniente al ejercicio de modificar el dado originalmente por los padres al momento del registro, por lo que, una vez registrada la persona, debe garantizarse la posibilidad de preservar o modificar el nombre y apellido; y, es un derecho no suspendible, incluso en tiempos de excepción. Así, la regulación para el ejercicio del derecho al nombre es constitucional y convencionalmente válida siempre que esté en ley bajo condiciones dignas y justas, y no para establecer límites que en su aplicación equivalgan en la realidad a cancelar su contenido esencial." Asimismo, la tesis 1ª. CXVI/2011 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1034, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 161100, que dice: "DERECHO A LA IDENTIDAD DE LOS NIÑOS. Es un derecho de rango constitucional que deriva del artículo 4 de la Constitución Federal, ya que el objetivo de la reforma a dicho precepto consistió en reconocer como derechos constitucionales todos los derechos de los niños establecidos en los diversos tratados internacionales que México ha suscrito. Así, al estar reconocido el derecho a la identidad en los artículos 7o. y 8o. de la Convención sobre los Derechos del Niño, es innegable su rango constitucional. Asimismo, de acuerdo a dichos preceptos y al artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el derecho a la identidad está compuesto por el derecho a tener un nombre, una nacionalidad y una filiación. En efecto, si bien la identidad se construye a través de múltiples factores psicológicos y sociales, en términos de derechos, la imagen propia de la persona está determinada en buena medida, por el conocimiento de sus orígenes y su filiación, así como por la identificación que tiene en la sociedad a través de un nombre y una nacionalidad. De la determinación de dicha filiación, se desprenden a su vez, diversos derechos del menor, como son los derechos alimentarios y sucesorios." Además de que, la falta de identificación que se genera en perjuicio de la menor ante la negativa a su registro, conlleva consecuencias jurídicas que inciden en el acceso pleno a los derechos que el Estado tiene la obligación de proveerle, tales como el derecho a la nacionalidad, a la educación, a la salud, entre otros, puesto que el acta que el Registro Civil expide para hacer constar el registro de un menor de edad es un requisito sine qua non para que éste pueda acceder a los espacios que el Estado le otorga para garantizar tales derechos. De ahí que, si la condicionante establecida en las disposiciones legales analizadas no cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional y convencional sino -como ya se dijo-, por el contrario, vulnera los derechos fundamentales previstos en los artículos 1 y 4 de la Constitución Federal, 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y, 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, es evidente que los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos, son inconvencionales por discriminatorios. Lo anterior, también porque dicha norma sustenta un estereotipo de género en perjuicio de la mujer, en el sentido de que los hijos que concibe dentro de un matrimonio son descendientes de su cónyuge, lo que parte de una percepción simbólica de propiedad y pertenencia, concebida en el hecho de que la mujer casada sólo puede tener hijos con su esposo, y que no puede separarse de hecho con el mismo, lo que transgrede los numerales 1 y 5 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y 6 de la Convención de Belem do Pará. Razón por la cual, tales preceptos realizan una distinción respecto de una categoría sospechosa de las contenidas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al hacer una diferencia de trato entre la mujer casada y el hombre casado, en el sentido de que sólo respecto de la primera genera una presunción de que sus hijos son descendientes de su cónyuge varón, lo cual no encuentra justificación válida en aquellos casos en que se le impide a la mujer registrar a su menores hijos, con una persona diversa a su cónyuge, quien voluntariamente los pretende reconocer, incluso, en aquellos casos en que se trata de un hijo concebido por dichas personas fuera del matrimonio. De allí, que al tratarse de una categoría sospechosa, el escrutinio de igualdad de dichas normas debe ser estricto, y es por ello que no superan la primer etapa del mismo, en tanto que no se demuestra la existencia de una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, pues la filiación del menor y su derecho a la identidad, también se ven salvaguardados en aquellos casos en que su filiación es reconocida de forma voluntaria, la cual incluso puede coincidir con la biológica, luego es que tal medida no cumple con funcionalidad alguna, y al contrario, resulta un impedimento para el ejercicio de derechos constitucionalmente consagrados, resultando por ello aplicable la jurisprudencia P./J. 10/2016 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2012589, que establece: "CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. Una vez establecido que la norma hace una distinción basada en una categoría sospechosa -un factor prohibido de discriminacióncorresponde realizar un escrutinio estricto de la medida legislativa. El examen de igualdad que debe realizarse en estos casos es diferente al que corresponde a un escrutinio ordinario. Para llevar a cabo el escrutinio estricto, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, sin que deba exigirse simplemente, como se haría en un escrutinio ordinario, que se persiga una finalidad constitucionalmente admisible, por lo que debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante; es decir, proteger un mandato de rango constitucional. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa. La medida legislativa debe estar directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales antes señalados; es decir, la medida debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que se considere suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Por último, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva posible para conseguir efectivamente la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional." Por tales razones es que se estima, debió efectuarse el registro de la menor con el reconocimiento de los que se ostentaron como sus padres, pues en el acto del registro la reconocieron como su hija; además de que no existe prueba de que fue procreada por********************y ********************(su primer cónyuge y reconocido ante el registro civil), como presumiblemente lo determinaron las autoridades registrales responsables; de ahí que asista razón a la hoy parte quejosa dado que el acto reclamado se sustentó en normas cuya aplicación es contraria a los derechos humanos. Además, porque al tratarse de una norma discriminatoria, que atenta contra una de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la misma no admite una interpretación conforme, tal como lo sustenta la jurisprudencia 1ª./J. 47/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2009726, que establece: "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR. Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria sufrida por dichas personas. Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo." Cabe señalar que en similares términos se pronunció el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, al resolver el amparo en revisión 226/2017 (cuaderno auxiliar 867/2017), en donde analizó los artículos 477 y 504 del Código Civil del Estado de Jalisco, que son esencialmente idénticos en cuanto a lo que establecen los aquí analizados y de ello, derivó el criterio siguiente: "REGISTRO Y RECONOCIMIENTO DE MENORES. LOS ARTÍCULOS 477 Y 504 DEL CÓDIGO CIVIL Y 47 DE LA LEY DEL REGISTRO CIVIL, AMBOS DEL ESTADO DE JALISCO, AL CONDICIONARLOS CUANDO LA MADRE LOS PROCREE CON PERSONA DISTINTA DE SU CÓNYUGE, VIOLAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES PREVISTOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE EN FAVOR DE AQUÉLLOS.- Los preceptos citados condicionan el registro y reconocimiento de los menores cuando su madre los procree con persona distinta de su cónyuge, a que sea sólo éste quien pueda reconocerlos como sus hijos, de conformidad con la presunción legal que prevén en el sentido de que, al haber sido procreados durante el matrimonio, se presumirán como hijos del esposo y sólo podrán reconocerse por persona distinta cuando éste los hubiere desconocido como hijos suyos y exista sentencia ejecutoria que así lo declare. Por tanto, las disposiciones mencionadas violan los derechos fundamentales de los menores, previstos por los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 18, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 3, 7 y 8 de la Convención de los Derechos del Niño, al constituir una medida discriminatoria que contraviene el derecho humano de igualdad ante la ley pues, sin que persiga ningún fin constitucional ni convencionalmente válido, trata de forma desigual a los menores, atento al escenario y contexto familiar en que fueron procreados, ya que si bien se pretende proteger el derecho del esposo a que se le reconozca el carácter de padre de los hijos que hubiere tenido su cónyuge durante la vigencia de su vínculo matrimonial, ello no puede estar por encima de los derechos del menor a que se le registre inmediatamente después de su nacimiento, se le asigne un nombre y apellidos, se le respete su derecho a la identidad y filiación en un sentido de pertenencia con sus progenitores biológicos y se protejan su desarrollo y bienestar integral, al garantizársele y reconocérsele sus lazos familiares, prerrogativas que salvaguardan los artículos de la Carta Magna y de los tratados internacionales invocados." Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por los quejosos y el tercero interesado en vía de alegatos, dado el sentido de la presente resolución, tales planteamientos fueron tomados en consideración al momento de resolver este asunto. En tales condiciones, al ser fundado el concepto de violación analizado suplido en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo; lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal respecto de la negativa verbal para realizar el registro de la menor quejosa, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. VI. Efectos de la protección de la Justicia de la Unión. Acorde al artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, se especifica que el efecto de la concesión del amparo consiste en que una vez que cause ejecutoria la presente determinación, las autoridades responsables [1] Director General del Registro Civil del Estado de Morelos y [2] Oficial del Registro Civil Uno del Municipio de Cuernavaca, Morelos, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, realicen lo siguiente: 1. Inapliquen los artículos 182, 183, 187, 193 y 206 del Código Familiar para el Estado de Morelos. 2. Realicen el registro de nacimiento de la menor que se pretende registrar con el nombre de iniciales ********************, a favor de********************y********************quienes la pretenden reconocer como legítima hija. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************y********************por propio derecho y en representación de la menor que pretende registrar con el nombre de iniciales ********************, respecto del acto reclamado precisado, por las razones y fundamentos expuestos en el considerando penúltimo y para los efectos precisados en la última parte, ambos de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, secretaria que autoriza y da fe. treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés
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