Sarai Carrillo Pineda
Expediente 827/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 827/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2023
Partes del expediente
- Sarai Carrillo Pineda
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de once de julio de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General. Indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/Akms
- Principal
Tijuana, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés.********************Agréguense a los autos para que obren como corresponda el oficio y anexos de cuenta remitidos por la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que el nueve de junio de dos mil veintitrés se resolvió fundado el recurso de revocación promovido por los -aquí tercero interesados- ********************y******************** en contra del auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno -el cual constituye en el presente juicio el acto reclamado-; asimismo, informa que el siete de julio pasado se admitió la recusación con causa promovida por ********************en su calidad de albacea de la sucesión a bienes de********************-aquí tercero interesada-, por lo que dicho juzgador se inhibió de seguir conociendo del juicio de origen ********************.********************Ahora, dado que el siete de julio pasado se tuvo al Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, informando que dicho tribunal de alzada declinó competencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que conociera del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós, lo anterior, hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado que deberá conocer del medio de impugnación hecho valer y remítase copia certificada del oficio y anexos que hoy se atienden, para los efectos legales que haya lugar.********************Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/JDMA/Ara
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DICTADO EN ONCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "..Tijuana, Baja California, once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como corresponda el escrito de demanda de amparo presentado por ********************, en su carácter de Directora de la Escuela Pública, Secundaria General 99 "Alberto García Luna", turno vespertino, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con sede en Ciudad de México, y de otras autoridades; en consecuencia, fórmese expediente y captúrese en el control electrónico respectivo bajo número 827/2023-V. Ahora bien, vista la demanda en su integridad, tenemos que procede desecharla de plano, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; ello, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 7º, ambos, de la Ley de Amparo, preceptos legales que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 7o. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los particulares. [.]" En el caso, tenemos que los actos reclamados se hacen consistir en los oficios TJ/DS/1197/2022-2023 y TJ/DS/1197/2022-2023, de tres de julio de dos mil veintitrés, expedidos por Mario Castillo, Jefe de Departamento de Educación Secundaria el SE-ISEP en Tijuana, Baja California, como primer acto de aplicación del Decreto Publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, por el que se expide la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, en preciso, del capítulo III de dicha ley. Ahora, la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que dichos oficios le causan afectación, en virtud de que, a través de los mismos, el Jefe de Departamento de Educación Secundaria el SE-ISEP en Tijuana, Baja California, requiere a su inferior jerárquico -Subdirector de la Escuela Pública, Secundaria General 99 "Alberto García Luna", turno vespertino- realice actos que son facultad exclusiva del Director de la institución educativa que dirige, como es la firma de movimientos de personal para actualizar plantilla. Asimismo, precisa que le causa agravio el hecho de que en la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras, no se establezcan las atribuciones de las funciones docente, directivas y de supervisión, debido a que, al no estar limitadas las competencias, autoridades de confianza sin previa experiencia directiva y de supervisión, traspasan la autonomía de los centros escolares, ignorando a la máxima autoridad del centro escolar, desconociendo la estructura jerárquica para la comunicación y enlace entre las autoridades, como lo es, los oficios que reclama, lo que a su juicio, insiste, constituye una invasión a su competencia, conforme al nombramiento que ostenta. En ese sentido, tenemos que ********************, en su carácter de Directora de la Escuela Pública, Secundaria General 99 "Alberto García Luna", turno vespertino, comparece a esta instancia constitucional como ente dotado de poder público. Cabe destacar que el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, conforme al artículo 7º de la Ley de Amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; supuesto que en la especie no se surte, dado que la afectación que señala la impetrante se genera con motivo del cargo que ostenta, lo que en todo caso, implica cuestiones de índole administrativo conforme al ejercicio de sus funciones. Por consiguiente, si no existe una afectación directa a su patrimonio, carece de legitimación para acudir al juicio de amparo, lo que constituye un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia con número de registro digital 2006609, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO ADHESIVO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. LA AUTORIDAD DEMANDADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL O LOCAL, CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO, EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO. Del artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la interpretación sistemática de los artículos 7o. y 182 de la Ley de Amparo, se concluye que las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal o local, carecen de legitimación para promover el amparo adhesivo en materia administrativa, en su carácter de tercero interesado en el juicio de amparo directo, pues el único supuesto en el que las personas morales públicas pueden solicitar amparo, es cuando la norma general, acto u omisión afecte su patrimonio respecto de las relaciones jurídicas en las que se encuentran en un plano de igualdad con los particulares, supuesto en el que no actúan en funciones de autoridad, sino como personas morales de derecho privado; lo que no ocurre cuando en el procedimiento referido intervienen como parte demandada en defensa de la legalidad del acto administrativo emitido en ejercicio de sus funciones de derecho público, pero no despojado de imperio." Por lo expuesto, se desecha la demanda de amparo, en términos del numeral 113 del propio ordenamiento legal. Se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Por otra parte, agréguese únicamente para que obre como corresponda el diverso escrito y anexos presentados por la promovente ********************, sin que haya lugar a emitir mayor pronunciamiento respecto de su contenido, dado el sentido de la presente determinación. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Ahora bien, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la promovente.."
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