Sarahy Pérez Martínez

Expediente 723/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
723/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
03/03/2021

Partes del expediente

  • Sarahy Pérez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Téngase por recibido el oficio electrónico 885, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, por medio del cual informa que dicho órgano colegiado aceptó la competencia planteada y se avoca al conocimiento del presente asunto. En consecuencia, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido, previa anotación que se haga en el libro respectivo... este expediente debe considerarse DESTRUIBLE... pues se trata de un expediente en el que este juzgado declaró su incompetencia. En tal virtud, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno respectivos; y, una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 antes invocado, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE, LA SIGUIENTE RESOLUCIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Agréguese a los autos el oficio 115, recibido vía interconexión, signado electrónicamente por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele acusando recibo de la demanda de amparo que dio origen al presente juicio e informando que previo a proveer en torno a si el Órgano Colegiado de su adscripción acepta o no la competencia planteada, y en su caso, la admisión o no del libelo constitucional en la vía directa, se requirió a la Junta Especial número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Veracruz, Veracruz, a efecto de que dé el trámite correspondiente a la misma, en términos de lo dispuesto por los artículos 176, 177 y 178 de la Ley de Amparo. En consecuencia, estese en espera de que el Tribunal Colegiado de referencia informe a este órgano jurisdiccional lo que se determine en ese sentido, a fin de estar en condiciones de proveer lo conducente.

  3. Principal

    Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE A LA LETRA DICE: Boca del Río, Veracruz, catorce de diciembre de dos mil veinte. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por Sarahy Pérez Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; por tanto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 723/2020-III, en atención al contenido del escrito de demanda, se provee: De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de amparo reclama la resolución de catorce de agosto de dos mil diecinueve que declaró improcedente la tercería excluyente de dominio (T.E.D. 05/IX/2016), promovida por la peticionaria de amparo, respecto del inmueble embargado en el expediente laboral 351/IX/2006, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. INCOMPETENCIA Ahora, el primer párrafo del artículo 16 constitucional, prevé los requisitos que debe cumplir todo acto de autoridad, uno de ellos consiste en que sea expedido por autoridad competente, lo cual implica que previo a cualquier estudio, la competencia debe ser clara para la autoridad, pues constituye un presupuesto procesal de orden público, que debe analizarse preferentemente al fondo de la cuestión planteada. Es aplicable la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 456 del Apéndice de 1995, Tomo VI, que establece: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Así las cosas, la tercería excluyente de dominio promovida por la aquí quejosa en su carácter de Propietaria del inmueble ubicado en el lote de terreno número (12), Manzana (55), colonia Dos Caminos, de Veracruz, Veracruz, embargado en el juicio laboral 351/IX/2006, del índice de la Junta Especial Número Nueve de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al tener la naturaleza de un juicio, la resolución que se dicta en aquélla pone fin al juicio, por ello, es un acto que solamente puede impugnarse a través del amparo directo. Para demostrar lo anterior es necesario transcribir el contenido de los numerales 976 a 978 de la Ley Federal del Trabajo, que señalan: "Artículo 976. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el producto de los bienes embargados." "Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes: I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las pruebas pertinentes; II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de desahogadas las pruebas, dictará resolución; III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo dispuesto en los capítulos XII, XVII y XVIII del título catorce de esta ley; IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el pago del crédito; y V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente." "Artículo 978. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia de la Junta exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados. La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería." De la lectura de los artículos transcritos se desprende que, las tercerías constituyen una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, la cual se ejerce por un tercero ajeno a la controversia; es decir, en ellas se discute un problema sustantivo diferente al que se controvierte en el procedimiento del que derivan. Asimismo, se advierte que su promoción no suspende el curso del negocio del cual derivan; que se ventilan por cuerda separada a través de un procedimiento propio en forma incidental, en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, como consecuencia de lo cual el tercerista tiene los derechos, cargas y obligaciones que en todo juicio tienen las partes. Así las cosas, las tercerías son verdaderos juicios, tanto material como formalmente, dado que en las mismas se tramita una acción de oposición ejercida por un tercero respecto de la propiedad de bienes embargados, o en cuanto a la preferencia de los créditos que deban cubrirse con el producto de aquéllos, que forzosa y necesariamente debe resolverse mediante la sustanciación de un procedimiento contradictorio en el que se dé oportunidad a las partes de plantear sus pretensiones, rendir pruebas y formular alegatos, y la circunstancia de que se siga de manera incidental, no le hace perder esa naturaleza porque lo que se debate en ella difiere de la cuestión de fondo planteada en el juicio laboral con el que se vincula. Lo anterior es así, en atención a que la materia de la controversia en la tercería es distinta a la que se debate en el juicio principal, pues aun cuando éste es el que le da origen, lo cierto es que lo que a través de ella se pretende, es que no se afecten los derechos del tercerista por la resolución que se emita en el juicio principal, derechos que en ambas contiendas son distintos; por tanto, la resolución que recaiga a la tercería con carácter de cosa juzgada, no se ve afectada por lo que se resuelva en el juicio de donde derivó....

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